LOPE, FUENTE OVEJUNA Y PALACIO DE GOBIERNO

Una broma que generalmente hago a mis amigos es preguntarles ¿Qué sería del mundo sin los abogados? Claro, el 99.99% de ellos me la devuelve al toque: Un lugar mejor. Y es que ciertamente, en muchas ocasiones, quienes hemos sido adiestrados en el arte de lo jurídico tenemos la tendencia de enredar todo o hacer piruetas con las normas y las sentencias para beneficiar al interés que se defiende. Basta ver a César Nakasaki decir en tono de letanía de Vigilia Pascual que no se ha encontrado nada a Fujimori a la salida de cada audiencia para comprobar lo que les digo.

Sin embargo, dicha manipulación es peligrosa cuando se da en el momento de formación de las leyes. Como bien lo pueden explicar mejor mis amigos lingüistas, una palabra te puede cambiar el significado de una frase. Y como lo sabemos los abogados, la introducción de una palabra, e incluso, de un signo de puntuación, puede alterar completamente el sentido de la frase.

Esto es lo que ha ocurrido con el texto de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), alterado para permitir la contratación de más asesores en los Ministerios, lo que en realidad, siendo deudores de las dotes de traducción de Carlos Ferrero, podría expresarse como “El Perú avanza, los apristas en puestos públicos, también”. La grosería fue hecha en el mismo Congreso, es decir, alteraron el texto ya aprobado para meter, de contrabando, el texto que permitiría a varios cantar “Es fin de mes, pagaron ya”.

La alteración de la LOPE me recuerda a una obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, en la que un crimen es cometido por toda una colectividad, que se refugia en la autoría de varios actores, los cuales se encubren los unos a los otros. Algo de eso hay en el ambiente en torno a este escándalo. Como bien lo resume Marco Sifuentes, por el momento, están involucrados el ex Oficial Mayor del Congreso, dos funcionarios de mediano nivel del parlamento y el desconocido congresista aprista Wilder Calderón (buenas tardes, José Alejandro Godoy, a sus órdenes). Pero analistas como Juan Paredes Castro y Juan Carlos Valdivia coinciden en que una investigación más exhaustiva podría arrojar a menos chivos expiatorios y a más responsables de alto vuelo.

Sin embargo, existe otro detalle de la LOPE que me llamó la atención y que tiene que ver con la regulación de las funciones de los vicepresidentes, un tema que mereció la atención de este blog durante el año pasado. El artículo 10° de la Ley, a la letra, dice lo siguiente:

“Los Vicepresidentes de la República cumplen las funciones establecidas en la Constitución Política del Perú y la Ley, y aquellas otras que les encargue el Presidente de la República. Pueden participar en las sesiones del Consejo de Ministros con voz pero sin voto. Forman parte del Despacho Presidencial”.

¿Cuáles son las consecuencias de esta norma?

1. Se intenta cubrir el ilegal nombramiento de Luis Giampietri como jefe de la APEC. Como mencionó Alvarez Rodrich en su momento, dicho nombramiento no era procedente y, en realidad, debió ser una función de la Cancillería.

2. Se pretende dar un manto de legalidad para la contratación de asesores para los Vicepresidentes. Al ponerlos como parte del Despacho Presidencial, tienen ahora un pliego asignado a ellos. Era lo que no ocurría hasta el año pasado, lo que hacía que las contrataciones de asesores no fueran legales.

Y como podrán imaginar, ya han aprovechado el pánico y han contratado un asesor más para Giampietri. Mejor, dicho, recontratado.

Hace algunos meses, les conté sobre José Antonio Delfín Jaime, ex asesor del Congreso y ex marino, que había sido contratado por PCM para la primera Vicepresidencia de la República. Un detalle a tomar en cuenta son los términos de referencia de su contratación, que reseñé de esta manera:

Los términos de referencia para la contratación son bastante claros: un ex miembro de la Marina de Guerra del Perú, con Maestría en Economía, con experiencia previa en cargos de asesoría de alto nivel. Las funciones, entre otras, se refieren al apoyo profesional para elaborar proyectos y presupuestos y la elaboración de proyectos de Ley sobre Defensa, Seguridad e Inteligencia. Este último punto, por cierto, bastante parecido a la función de un asesor parlamentario.

Eso, en cualquier parte del mundo, se llama contratación hecha a la medida. Algo que Giampietri conoce bien, pues así contrataron a su hermana en IMARPE. Pero la fórmula la han vuelto a repetir con Delfín Jaime, pues su nueva contratación se ha hecho bajo términos de referencia similares a los de su contrato anterior.

En otras palabras, si bien PCM puede alegar ahora la legalidad de su contratación, lo que no puede negar es que el proceso de menor cuantía al que nos referimos estaba arregladazo.

Ello nos indica la necesidad de ordenar mejor el aparato estatal, con normas claras sobre las personas a las que se contrata y sin aprovechar resquicios legales para seguir haciendo del Estado lo que es el lema de este gobierno: La Vida es un Carnaval.

EL DELFIN DE GIAMPIETRI

Ya en anteriores ocasiones hemos denunciado una práctica irregular en la Presidencia del Consejo de Ministros: la contratación de asesores para los Vicepresidentes de la República.

Como lo hemos explicado hasta el hartazgo, los Vicepresidentes tienen dos funciones claras en la Constitución Política del Perú: reemplazar al Presidente si este muere o es vacado y asumir su despacho diario cuando este viaja. Cualquier otra función que se le otorgue está fuera del ámbito legal. De hecho, como también ya ha sido mencionado, las Vicepresidencias de la República no están en el organigrama del Poder Ejecutivo y menos aún en el de Palacio de Gobierno.

Sin embargo, en dos ocasiones, este blog ha detectado la contratación de asesores para los despachos de los vicepresidentes. Tanto Lourdes Mendoza del Solar como Luis Giampietri se han visto beneficiados con una práctica doblemente irregular. Por un lado, se inventan puestos que no existen en la administración pública. Del otro, le hacen la trampa a las normas de austeridad del Congreso que han limitado el número de asesores para cada congresista – y ambos vicepresidentes lo son – y para las comisiones parlamentarias.

Aun así, la práctica se sigue efectuando.

El 10 de octubre último, al día siguiente que este blog presentara la contratación de un asesor de prensa para el Almirante y el mismo día que dicha información fuera rebotada en Perú.21, la Presidencia del Consejo de Ministros requirió la contratación de una persona natural que brinde apoyo profesional a la Primera Vicepresidencia de la Republica. Mismo modus operandi que las veces anteriores, pero, esta vez, el favorecimiento a alguien en particular es más nítido.

Los términos de referencia para la contratación son bastante claros: un ex miembro de la Marina de Guerra del Perú, con Maestría en Economía, con experiencia previa en cargos de asesoría de alto nivel. Las funciones, entre otras, se refieren al apoyo profesional para elaborar proyectos y presupuestos y la elaboración de proyectos de Ley sobre Defensa, Seguridad e Inteligencia. Este último punto, por cierto, bastante parecido a la función de un asesor parlamentario.

¿Y quien es el favorecido? Pues el señor que ven a la derecha de la foto de arriba, junto al congresista José Urquizo. Se llama José Antonio Delfín Jaime y se llevará, por dos meses de trabajo con Giampietri, la suma total de S/. 8,700.00.

Delfin es un viejo conocido de Giampietri y también es ex miembro de la Marina. Durante el año parlamentario anterior se desempeñó como asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso. E incluso tuvo un incidente en las investigaciones del caso de la filtración de información de Inteligencia de la Marina. Así lo informó La República:

A pesar de que la Inspectoría de la Marina ha determinado que Barba trabajaba en complicidad con los técnicos de inteligencia Roberto Solórzano Samanez y Luis Vásquez Meneses, ni siquiera los mencionó y mucho menos señaló a nadie más involucrado en la fuga de información reservada. “Yo actué de buena fe, he sido sorprendido”, alegó Barba de acuerdo con fuentes de dicho grupo legislativo.

Tras su presentación, llegó el turno de Vásquez Meneses, quien también negó haber tenido en sus manos documentos reservados. Esto fue lo único que dijo. La presencia del ex marino José Antonio Delfín Jaime en la subcomisión lo inhibió de seguir declarando. Delfín es un asesor del grupo de trabajo llevado por Luis Giampietri.

Un ¿ex? asesor parlamentario contratado para asesorar a un Vicepresidente que es parlamentario. Como que ya va siendo hora de poner un alto a esta mala práctica injustificable.