FONAVISTAS EN ASCUAS

Convertido en un pleito de instituciones estatales y en una pugna de abogados, el destino de los aportes al FONAVI está inmerso en una complicación jurídica que, aquí, trataremos de dilucidar para que podamos entender de que estamos hablando.

Como lo relaté en un post anterior, el Fondo Nacional de Vivienda fue creado en la dictadura de Francisco Morales Bermúdez para la construcción de casas y servicios básicos para todos los trabajadores, a quienes se les descontaba una parte de su sueldo por este motivo. Dicho descuento procedió hasta 1998, en que el FONAVI fue disuelto. Los beneficiarios de dichos programas fueron pocos y buena parte del dinero solo Dios y los gobernantes entre 1979 y 1998 saben en que se utilizaron.

Por ello, es que se fueron formando diversas Asociaciones de Fonavistas, a fin que se les devolviera los aportes dados durante años. Algunos consideran que dicha devolución puede hacerse mediante programas de vivienda y hay otros, en la expectativa de una pronta jubilación o ante un presente desempleo, que solicitan una devolución individual, para disponer de lo que consideran sería una suma importante de dinero. Este es el problema social de fondo a atender, pero que, como vemos, tiene varias complicaciones legales.

Los fonavistas, durante varios años, han reclamado la realización de un referéndum para que todos los ciudadanos podamos decidir si es que se devuelven o no dichos aportes. El Jurado Nacional de Elecciones se ha opuesto a la realización de esta consulta, debido a que considera, de acuerdo a fallos que anteriormente dio el Tribunal Constitucional, que nos encontramos ante un tributo y, tal como lo señala la Constitución que nos rige, los temas tributarios no están sujetos a referéndum. Y no lo están por una cuestión elemental: ¿quién no quiere pagar menos tributos?

Ahora bien, según nuestra Carta fundamental, hay 3 tipos de tributos: los impuestos, las contribuciones y las tasas. El impuesto se recauda y va a un fondo común que el Estado utiliza para cualquier fin que crea conveniente, la contribución se destina a un uso específico por parte del Estado y la tasa es empleada para un servicio puntual.

Muchos abogados consideran que el aporte al FONAVI es una contribución y, por tanto, no debe ser materia de un referéndum. Ello implicaría, además, que la devolución sea improcedente, a menos que el Estado decida devolver los aportes a través de programas similares al FONAVI. Es decir, no estaríamos ante un derecho, sino ante una medida de liberalidad por parte del gobierno, para solucionar un problema social generado por el mal uso de estos fondos.

Pero otros especialistas en Derecho consideran que nos encontramos ante un aporte que no reviste naturaleza tributaria. Y, por lógica, se producían dos efectos: la devolución de los aportes en forma individual y, además, si cada aporte pertenecía a quien lo hizo y, era pasible, por tanto, del derecho de propiedad privada, no podía estar sujeto a la realización de un referéndum.

¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Pues, para decirlo en castellano simple, el Tribunal Constitucional no ha justificado bien sus sentencias sobre este tema y el Jurado Nacional de Elecciones se olvida que los fallos judiciales de última instancia deben cumplirse, por más erróneos que estos sean.

La primera sentencia del TC señaló que estabamos ante un aporte no tributario, pero (primer error), no indicó claramente porque se apartaba de sus precedentes anteriores que si señalaban su naturaleza tributaria y, posteriormente (segundo error) convoco a un referéndum para decidir sobre los aportes, cuestión que, como hemos visto, resulta ilógica si se trata de fondos sobre los que se tiene propiedad privada.

El JNE, como sabemos, tercamente se opuso, con el apoyo de un sector del gobierno que pretende manipular al TC como le viene en gana, dado que este organismo se ha convertido en el control principal de los yerros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Pero, en un afán de quedar bien con Dios y con Satanás, al mismo tiempo, el TC ha emitido una segunda sentencia que complica más las cosas. Si bien insiste en que estamos ante un aporte no tributario, el mismo no tiene carácter individual. Por tanto, las soluciones que podrían darse serían colectivas. Es decir, olvidénse del dinero en efectivo, sino que pagaremos en bonos, acceso preferencial a programas tipo Mi Vivienda o cuestiones similares.

Pero, además, se limitan los montos y supuestos beneficiarios. Se dice que el monto a devolver se puede reducir, pudiendo deducirse del monto aportado, los programas ejecutados por el Estado con cargo al Fondo y se excluirían a las personas que, entre otros supuestos, hubieran accedido parcial o totalmente a dicho Fondo o a aquellos que, dadas las circunstancias, hubieran concretado su derecho a la vivienda digna.

Y claro, el TC sigue insistiendo en el referéndum como mecanismo para canalizar este tema. Y, tercamente, el JNE sigue diciendo que no acatará la sentencia.

A estas alturas, me va quedando claro que, conforme pasen los días, este asunto se enredará más. Entre un gobierno que no quiere pagar, una caja fiscal que se puede ver afectada, un Tribunal Constitucional que no fundamenta bien sus fallos y un Jurado Nacional de Elecciones que quiere ser un ente sin controles, estamos asistiendo ante una comedia de equivocaciones que puede terminar con dos consecuencias claras: la dilación en la solución de un problema social que tiene varios años sin resolverse y una afectación fuerte de la institucionalidad en el Perú.

Mientras tanto, señores fonavistas, parece que van a tener que ir viendo en que banca se sientan a seguir esperando. La solución a su problema está tan lejos como nuestra clasificación al próximo mundial de fútbol. Y de ello, parece que nadie quiere hablar.

MAS SOBRE EL TEMA:
Santiago Pedraglio: ¿Conspirando contra el Tribunal Constitucional?
Mirko Lauer: ¿Y si agarramos al TC por acá y le damos una vuelta por allá?
Gonzalo Zegarra: FONAVI: JNE versus TC
Laura Arroyo Gárate: Más allá del FONAVI
Alberto de Belaunde: JNE: ¿Por qué no se callan?
Walter Albán: Caso FONAVI es pretexto para recortarle facultades al TC

FONAVI: EL LIO CALIENTE DEL VERANO

No tengo vocación de Nostradamus o de Xandrox. Pero no hace falta tener dotes de adivino para darse cuenta de lo que va a ser el lio caliente del verano: el FONAVI.

Para quienes se encontraban en edad de pediatria o eran nonatos a finales de los años setenta, el Fondo Nacional de Vivienda fue una de las últimas criaturas creadas por el gobierno militar, para supuestamente financiar prestamos para la construcción o adquisición de viviendas, a través de una retención del sueldo de los trabajadores en planilla.

Como se imaginarán, el dichoso fondo no sirvió para los fines planeados. Solo el 3.6% de los aportantes se benefició de los créditos del FONAVI y el resto de la plata fue utilizada en otros asuntos. (¿Por cierto, García Pérez nos puede aclarar que se hizo con el FONAVI durante su gobierno?). En 1998, el Fondo fue cerrado y reemplazado por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad, que duró hasta hace unos 3 años.

Durante varios años, las asociaciones de fonavistas han procurado que el Estado les devuelva los aportes que hicieron durante todos los años que duró el Fondo. Los resultados fueron exiguos hasta una reciente y polémica sentencia del Tribunal Constitucional.

El TC señaló dos cuestiones importantes: a) que la naturaleza de los fondos del FONAVI no es tributaria; b) que no tratándose de materia tributaria, procedía la petición de un referéndum para definir el destino final de dichos aportes.

¿Por qué digo que la sentencia es polémica? Porque nuestros abogados laboralistas y tributaristas no terminan de ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de dichos aportes y, además, como pregunta lógica y válida, si los fondos son de libre disposición, ¿por qué hacer un referéndum para definir su destino?

Al margen de dichas cuestiones legales, lo cierto es que estamos ante una sentencia de última instancia y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento por parte de todas las instituciones.

Claro, como estamos en el Perú, la telenovela ha seguido. Y es que el Jurado Nacional de Elecciones no convocará a referéndum para definir la situación del FONAVI. Y es que el JNE sigue basándose en que los aportes son un tributo para denegar este tema. Y, además, en que el TC había dado sentencias en las que consideró a los aportes de los fonavistas como tributo. Es decir, lio de abogados y capricho para no poner un tema extremadamente sensible sobre la mesa. Si la sentencia se expidió, pues el JNE tiene que acatar lo que haya dicho el Tribunal, por más que no esté de acuerdo con lo señalado por el fallo.

Para completar el sainete, ya los políticos han salido a opinar. Alan sutilmente ha salido en favor del JNE, mientras que nuestros parlamentarios ya planean recortarle facultades al TC (nuevamente el síndrome Flores – Araoz). Por su parte, para morigerar los ánimos, el magistrado Fernando Calle ha dicho que el TC emitirá en las próximas semanas una nueva sentencia sobre el tema.

El lio es bastante grosso. Y es que, además de las aristas jurídicas e institucionales que hemos cubierto en los párrafos anteriores, hay dos temas a contemplar y que son los más sensibles. El primero es el económico y tiene que ver con como pagar estos aportes sin que la caja fiscal se resienta demasiado. (Para veamos la posible magnitud, el propio Alan ha dicho que aportó 20,000 soles al FONAVI).

Pero el gobierno también tiene que contemplar que, si el TC ha dicho que este dinero se puede disponer en su favor, tienen el derecho de reclamar que se les devuelva. Asimismo, hay un tema social de por medio, ya que muchos de los aportantes tienen expectativas en la devolución de estos aportes, para tener una vejez digna, más allá de las exiguas jubilaciones del Estado.

Toda una papa caliente. La primera del 2008. A tenerla en cuenta.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: El fondo del Fonavi
Opiniones discrepantes en el Gabinete: Rosario Fernandez vs. Rafael Rey
Carlos Mesía, magistrado del TC: Si AGP no toma en cuenta opinión de Rosario Fernández, la Ministra debe renunciar.
Ernesto de la Jara: Es grave que Alan no sepa que fallo cumplir en caso FONAVI.
Duelo de parlamentarios: Carlos Bruce vs. Víctor Andrés García Belaúnde
Apuntes Peruanos: Aportes al FONAVI, devolución y los efectos del clientelismo

LAS REGLAS PARA EL 2011

La semana pasada, dos hechos sintómaticos me hicieron pensar que algunas agrupaciones políticas ya vienen pensando en los preparativos hacia las elecciones de 2006. La gira Toledo 2007 (con cortina de humo incluida) y los intentos de Unidad Nacional por ampliar su plataforma – ahora que saben que no cuentan con Castañeda – van comenzando a delinear las primeras movidas hacia el 2011. A ellos se suma el aun silencioso esfuerzo del PDS por juntarse con partidos regionales.

Pero, más allá de estas primeras escaramuzas electorales, bien valdría la pena preguntarse por cuáles son las reglas que van a regir los procesos electorales para el 2011, cuestión que es tan o más importante como quienes serán los actores que se presentarán a la elección. Aunque estas reglas no tienen incidencia directa en la calidad de quienes se presenten, pueden ayudarnos a elevar la calidad del voto.

Un primer tema – propuesto desde las canteras liberales – es la instauración del voto voluntario, sobre el cual tengo mis simpatías. Los argumentos a favor de adoptar esta forma de elección se centran en el carácter del ejercicio del sufragio como un derecho, así como la posibilidad de reducir las opciones populistas y estimular la difusión de programas (lo que debe complementarse con una mayor educación ciudadana). Como aspectos en contra, se señala que los partidos más organizados serían los únicos ganadores – ¿y eso no sería mejor para el país? – y que la legitimidad de un elegido con poco porcentaje de votos sería muy baja. Sobre este último argumento debo decir que la legitimidad puede ser mayor en el caso del voto voluntario, dado que quienes eligen son quienes realmente quieren participar en política.

Un segundo punto tiene que ver con la elección presidencial. Fernando Tuesta ha planteado la eliminación de la segunda vuelta electoral, dado que la legitimidad que se tendría es artificial. La pregunta que subyace al planteamiento de Tuesta y que me genera aun mis dudas sobre esta propuesta es: ¿con qué mayoría se elige al Presidente de la República?

En lo que respecta a la elección del Congreso, hace algún tiempo di algunas propuestas sobre la materia, en el marco de una vuelta al sistema bicameral: tener la elección parlamentaria en fecha distinta a la de las elecciones, eliminar el voto preferencial, incrementar el número de parlamentarios en la Cámara Baja sobre la base de distritos electorales más pequeños y renovar el Congreso por tercios y mitades. A ello se suma la implementación de la valla electoral de 5% para las próximas elecciones.

Para que esto funcione, también es necesario hacer algunos ajustes a la Ley de Partidos Políticos. Y aquí si concuerdo con Fernando Tuesta: garantizar la realización de elecciones internas y democráticas para la elección de candidatos y sancionar a los partidos que no presentan información de gastos de campaña. A ello, yo sumaría la veda de inscripción de partidos en el año anterior a las elecciones, a fin de limitar la posibilidad de candidaturas improvisadas o de una sábana electoral como la del 2006. Y claro, ya en el aspecto extrajurídico, mejorar la capacidad de fiscalización y sanción frente al incumplimiento de los requisitos de la Ley de Partidos para considerar a estas agrupaciones como tales. Además, a pesar de lo que algunos digan, sí es importante contar con financiamiento público para los partidos.

Finalmente, debe resolverse de una vez por todas el añejo lío entre el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, apostando por una separación clara de funciones y una convivencia sana entre ambas instituciones.

Como lo decía al inicio, un buen sistema de elección no garantiza por sí solo la calidad de la elección, pero vaya que ayuda. Lo cierto es que esto no funcionará si es que no hay una eficiente educación ciudadana. Y de ello aún nos falta mucho por hacer.

FUSIONES Y FRICCIONES ELECTORALES


El último fin de semana ha significado un nuevo capítulo en la ya añeja disputa entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Básicamente, lo que se discute aquí es un tema de importancia: ¿cómo será, de ahora en adelante, la organízación electoral?

Entre 1931 y 1993, tuvimos un sistema donde una entidad autónoma, llamada Jurado Nacional de Elecciones, se hacía cargo de la organización de las elecciones y, al mismo tiempo, de resolver los conflictos jurídicos en materia electoral.

Con la Constitución de 1993, el Perú pasa a tener un modelo bi-cefálico en materia electoral. Se crea la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como ente encargado de la organización y administración de las elecciones, mientras que el Jurado sólo se encargaría de certificar a los ganadores de los comicios y resolver cuestiones jurisdiccionales en materia electoral. Algunos consideran que el modelo, en realidad, es de tres cabezas, dado que también se crea el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y se coloca dentro del llamado “sistema electoral”, pero, en realidad, la única función de este organismo dentro de los procesos electorales es tener actualizado el padrón de electores.

Existían dos problemas que, posteriormente, se fueron agudizando.

El primero, tenía que ver con la naturaleza del régimen político que había decidido la división: al ser una presidencia autocrática, Fujimori y Montesinos tenían entre manos ejercer el control de las instituciones electorales a fin de asegurar su permanencia en el poder, por lo que dividieron las funciones sin criterio técnico. Ello fue lo que ocurrió en las elecciones de 1998 y 2000, donde personajes cuestionados accedieron a los puestos de la ONPE y el JNE.

El segundo, se relaciona con las funciones de cada organismo. Y allí, ni la Constitución ni las leyes orgánicas fueron claras, con lo que se presentó una superposición de funciones entre ambas entidades, lo que genera duplicación de esfuerzos y gastos en algunas materias.

El primer defecto fue felizmente superado con el retorno a la democracia. Con el ingreso de personas honestas y competentes, tanto el JNE como la ONPE han desarrollado procesos limpios, transparentes y respetados por la ciudadanía, que manifiesta su confianza a ambas entidades por su trabajo. Ello revela una de las virtudes del sistema democrático: es mucho más difícil controlar el resultado electoral con personas honestas y competentes al mando de las instituciones electorales.

Sin embargo, el segundo defecto se ha agudizado y no son pocos los choques entre ambas instituciones por competencias. A las leyes orgánicas de elecciones y de cada institución, la Ley de Partidos Políticos ha sumado funciones a cada una de estas entidades, sin tener en claro que cosa corresponde a cada cual.

En este marco, desde hace algunos años, el Jurado Nacional de Elecciones propone la unificación de los entes electorales. Basta ver lo que dice su página web, en los últimos párrafos de su reseña histórica:

Más adelante, la Constitución 1993, constituyó un retroceso para el máximo organismo electoral, al fragmentarlo en tres entes autónomos.

Actualmente, el JNE lucha por su unificación y, desde el año 2001, se constituye como un sólido organismo que marcha al servicio de la nación bajo los principios rectores de imparcialidad, independencia y transparencia, así como con el compromiso indesmayable de fortalecer el sistema democrático del país. La indiscutida limpieza de los procesos presidenciales del 2001 y las regionales y municipales del 2002 así lo demuestran.

La misión que desarrolla es garantizar el respeto y el cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales, mientras que su visión es constituirse como el ente electoral unificado, encauzador de los procesos electorales y generador de la activa participación de la ciudadanía, base de la democracia“.

Para ello, además, se esgrimen los argumentos dados por comentaristas a la Constitución de 1993 en materia electoral, en particular, Valentín Paniagua, quien advirtiera sobre los peligros de tener separadas las funciones electorales en un contexto de autocracia y corrupción como el vivido en los años 90.

Sin embargo, el funcionamiento efectivo de la ONPE en democracia ha hecho revisar esta posición a varios especialistas en materia electoral (como Carlos Blancas Bustamante o Fernando Tuesta), quienes ya no se inclinan por una reunificación, sino por especificar cuáles son las funciones que competen a cada organismo para evitar conflictos.

Para complicar este panorama, el sábado Alan García salió a respaldar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Enrique Mendoza, en sus esfuerzos de unificacion. Sin embargo, el Presidente de la República no ha escuchado los argumentos de Magdalena Chu, jefa de la ONPE y se ha dejado llevar por los vínculos profesor – alumno que tuvo con Mendoza años atrás.

¿Mi posición? Creo que se ha demostrado en la práctica que ambas entidades pueden existir y que la fusión ya no es necesaria. Sí es necesario tener en cuenta cuáles funciones deberían quedar para cada entidad y, ver hacia el futuro temas como el voto voluntario y el voto electrónico, que sin duda obligarán a modificar la organización electoral. Por lo pronto, el JNE no tiene el respaldo de las otras fuerzas políticas para la reunificación, pero el respaldo presidencial puede inclinar la balanza a su favor, aunque sin tomar en cuenta criterios técnicos. Es necesario un debate mayor sobre este tema, a fin de tomar la mejor decisión posible.

RESPONSABILIDAD CIUDADANA

El siguiente es un aviso de servicio público.

¿Aun no sabes por quién votar en las elecciones regionales (si vives en un sitio que no sea la ciudad de Lima) y/o municipales? (Por si acaso, son el domingo 19, es decir, en tres semanas).

¿Te preocupa saber quién va a dirigir los destinos de tu distrito, provincia o región?

¿O simplemente te interesa saber como no votar por un impresentable?

Bueno, el blogger Diego Avendaño hizo algo que recomiendo a todos los lectores de este blog: revisar las hojas de vida de los candidatos.

Diego vota en Surquillo y vio la hoja de vida de (ta,ta,ta,tan) Gustavo Sierra, nada menos que el alcalde fiestero por cuya responsabilidad tuvimos un apagón hace unas semanas. Y encontró que la trayectoria política del alcalde había sido la de todo un tránsfuga que ha pasado por todos los partidos (incluyendo Vamos Vecino).

(Ya sabes, tantra a la hora de hacer meditación, surquillano: no votaré por Sierra, no votaré por Sierra).

Bueno, para que no te lleves sorpresas, entra a la página del Jurado Nacional de Elecciones y chequea la hoja de vida (y si te da el tiempo) además del plan de gobierno de los candidatos de tu preferencia.

Este ha sido un servicio del Tercer Piso a la colectividad.

JNE VS. ONPE: ROUND 13,453

Una añeja pelea, un proyecto inoportuno, un falso dilema

Ya sé, vieron el titulo y de seguro van a cambiar de canal (o de blog). Pero ya era tiempo de un tema que escapa (en algo) a la politiquería (y ausencia de temas políticos) de estas semanas.

Contemos la historia por partes.

Entre 1930 y 1995, todas las elecciones celebradas en el Perú las organizaba el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Al mismo tiempo, el JNE tenía la facultad de resolver cuanto reclamo en materia electoral hubiera. Es decir, era juez y parte en estas elecciones.

El JNE tuvo un buen periodo entre 1979 y 1990, cuando todas las elecciones que se celebraron en esa época no tuvieron visos de fraude alguno. Pero también tuvo baldones, como la amarrada elección de 1950, donde Odría – único candidato – fue “elegido” Presidente, o la elección parlamentaria de 1995, donde más de un millón de votos se “perdieron”.

La Constitución de 1993 separó al otrora superorganismo en 3: la RENIEC, que no es otra cosa que el Registro Civil (donde sacas tu DNI o tu duplicado), la ONPE, que se encargaría de organizar las elecciones y el JNE, que tendría la función de justicia electoral.

Desde esa época, el JNE ha reclamado, piteado, sacado comunicados y poco le faltaba hacer una marcha para que lo devuelvan a la situación de “super JNE”.

Es cierto que, en la época en que se dio este cambio, la intención no fue técnica sino política. Vale decir, manejar los organismos electorales a fin de hacer que las votaciones del Chino se inflaran como la espuma. Juristas como Valentín Paniagua denunciaron esta intención en escritos académicos y no académicos. Las elecciones del 2000, que fueron un fraude de principio a fin, confirmaron la hipótesis del recientemente fallecido ex Presidente.

Pero, también es cierto que con una o con tres instituciones electorales, el fujimorismo manipularía las elecciones de la re-reelección. No solo puso su gente en la ONPE, sino que por lo menos 3 magistrados del JNE pasaron por la salita del SIN y no precisamente a tomar té y galletitas con Vladimiro.

Pues bien, los procesos electorales manejados por la ONPE luego que regresara la democracia (es decir, de 2001 hasta hoy) han sido medianamente eficientes y constituyen la prueba de que, en efecto, era necesario contar con un organismo independiente que organizara las elecciones, distinto del encargado de resolver los litigios electorales.

Sin embargo, la ambición del JNE por volver a ser la entidad que otrora fue, sumado a las contradicciones sobre competencias que existen en la Ley Orgánica de Elecciones, dan motivo a que, de cuando en cuando, JNE y ONPE se jalen de las mechas (en especial, el Presidente del JNE contra el jefe de la ONPE).

Pero el nuevo capítulo en esta historia larga de peleas ha sido un proyecto bastante inoportuno presentado por la Celula Parlamentaria Aprista. Es decir, con la venia de Alan.

Inoportuno por dos razones. La primera, la oportunidad. Estamos a un mes de las elecciones y eso de exacerbar conflictos entre instituciones electorales como que no es muy proper a esta altura del partido. La segunda, lo que dice: se trata de una reforma constitucional para liquidar la OPNE y volver al “super JNE”.

La tendencia en América Latina es que ambas funciones se separen en dos entidades distintas. Y la verdad, con los resultados tan apretados que tenemos ahora en nuestras elecciones (México y Ecuador son el mejor ejemplo de ello), es mejor que así sea. Por lo demás, es técnicamente mejor que dichas funciones estén en dos organismos separados, a fin de brindar mayores garantías de que lo que tú decidiste sea lo que se refleje en el resultado final.

¿Otro proyecto al aire en el APRA, escuché por allí?