ATENTADOS, MARINOS Y RADICALES

Investigación de La República revela detalles sobre supuesto atentado contra Alan

Hace unas semanas, un reportaje de Panorama alertaba sobre amenazas hechas supuestamente por el MRTA al Presidente de la Repùblica, sobre la base de una nota de inteligencia. Como lo detalló en su momento Marco Sifuentes en su blog, un documento de ese tipo se realiza incluso cuando la amenaza es rídicula y sin sentido. Sifuentes incluso dio una regla que la prensa seria debiera seguir cuando se reportan este tipo de temas:

“Una amenaza al Presidente de la República es algo que no se debe tomar a la ligera, pero también es una hipótesis cuya verosimilitud hay que calibrar para no gastar pólvora en churruminos. Lo mismo se aplica para todo informe de “resurgimiento” terrorista”.

Hoy, un reportaje de Edmundo Cruz en La República revela los entretelones de una amenaza de atentado – al estilo de las FARC colombianas – contra Alan García, producida a finales del 2006. Lo revelado por Cruz alerta sobre cuatro cuestiones fundamentales:

1. La primera, el creciente poder que tiene el Vicepresidente Luis Giampietri en los temas de seguridad y defensa. Es sintomático que la seguridad presidencial durante los dìas en que se reportó el hecho la seguridad estuvo a cargo de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina (FOES), a la que perteneció Giampietri durante muchos años (nunca estuvo en inteligencia). En entrevista dada al mismo diario, Giampietri confirma que él fue el primero en dar esta alerta.

2. El poder de las agencias de seguridad privada. En especial, Forza S.A., cuyos fundadores también son oficiales de la Marina. Fueron ellos quienes hicieron una exposición para el Comando Conjunto y también para Giampietri. Resulta, por lo menos, llamativo a la atención, que uno de los directores de Forza sea el empresario Ricardo Vega Llona, amigo del Presidente de la República, y cuyo hermano ha sido sindicado por las investigaciones de la CVR (y propia confesión fraternal) como el principal responsable de la matanza del Frontón en 1986.

También llama la atención el poder de Forza, por los cuestionamientos a sus seguimientos a activistas ambientales, más aún cuando Giampietri tiene carta blanca para gastar en la cumbre de la APEC, lo que incluye la seguridad del evento.

3. El contexto en que se produce la supuesta amenaza. Como se señala al final del informe de Cruz y sus colaboradoras, este tema se produjo cuando el gobierno estaba enfrascado en campañas que lo enfrentaban a la comunidad de derechos humanos: la ley contra las ONGs, la sentencia de Castro Castro y los intentos por salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la campaña en favor de la pena de muerte para violadores de menores de edad y terroristas. Asuntos en los que Giampietri tenía (y tiene) un interés particular.

4. Los supuestos perpetradores. Sin duda, la gente del movimiento Todas las Voces está en la delgada línea de la radicalidad dentro y fuera de la Ley, de la misma manera como estuvo mucha gente en los sectores más radicales de la izquierda. ¿Ello lleva a calificarlos directamente como terroristas? No, pero si a estar alertas sobre este tema y, a que, de la misma manera como no se hizo en los ochenta, el sistema político sea capaz de incorporar a los sectores radicales a las prácticas democráticas. Esa es una lección que debimos aprender de los años de violencia.

Sin duda, este tipo de hechos debe tratarse de la mejor manera, como lo mencionamos anteriormente: sin amplificar las amenazas, pero tampoco sin minimizarlas. El trabajo hecho por Edmundo Cruz y su equipo no solo nos ha dado una lección de periodismo, sino también nos ha permitido conocer una serie de intereses alrededor de la seguridad nacional, que siempre es un tema que en un país como el nuestro se ha prestado a altos manejos, con miras a asegurar poderes tras las sombras.

MAS SIGNOS EXTRAÑOS, EN DOS INVESTIGACIONES DE EL COMERCIO:
Andrés Gomez de la Torre, actual Director de la Escuela de Inteligencia, fue asesor de Montesinos en epoca de la re-reelección.
Daniel Ramsay Romero, Subjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue cercano a Fujimori y, durante gobierno de Toledo, fue acusado de filtrar información falsa a la prensa.

MARINA SIN INTELIGENCIA

Tal parece que la crisis en los sistemas de inteligencia de la Marina de Guerra del Perú.

A las serias acusaciones de venta de información clasificada a empresas privadas de seguridad, se ha sumado el nombramiento de un Director de Inteligencia que sólo ha posidod durar en el puesto 48 horas.

Carlos Chanduví Salazar fue nombrado el sabado en reemplazo de LuisChumbiauca Muñante como el nuevo responsable de la DINTEMAR. Chanduvi no era un oficial desconocido por el Ministro de Defensa Allan Wagner, ya que fue él quien acompañó al Ministro en la defensa de la autenticidad del informe de la Marina sobre el accidente del Fokker de Alianza Lima en 1987.

El problema con Chanduvi se genera por una resolución emitida en 2004 cuando pertenecía al Consejo Supremo de Justicia Militar. Frente al pedido de las víctimas del caso La Cantuta para que se declarara nulo el juicio en el fuero militar celebrado en 1994, se declaró improcedente la solicitud. Cabe recordar que en ese proceso militar no se declaró la culpabilidad de los autores intelectuales, entre ellos, Vladimiro Montesinos Torres.

Dicha resolución tenía dos vicios graves. El primero, la confirmación de un fallo de la justicia militar, que no es competente para resolver sobre violaciones de derechos humanos, pues no estos delitos no son considerados como delitos de competencia de este fuero. El segundo, que agravaba la impunidad persistente en este caso, al no poder procesarse a los autores intelectuales del crimen de La Cantuta en el fuero común, junto a los responsables materiales.

Incluso personas que tradicionalmente no se preocupan por el tema de los derechos humanos, como el congresista aprista Luis Gonzáles Posada, se manifestaron en desacuerdo con el nombramiento a todas luces desacertado.

La Marina tuvo que rectificar el error y el nuevo director de la DINTEMAR es el Contralmirante Pedro García Llaque, un oficial sin manchas en su foja y que incluso ni siquiera firmó la famosa “Acta de Sujección” a Montesinos.

Sin duda, las Fuerzas Armadas deben cuidar este tipo de nombramientos cuestionados. Este es un ejemplo más de la necesidad que se tiene para diferenciar a los violadores de derechos humanos – y sus cçomplices legales – de los oficiales correctos y cumplidores de su deber. Los “espíritus de cuerpo” solo terminan haciendo más daño a la institución militar.

DESINTELIGENCIAS

Más sobre el caso de venta de información de inteligencia de la Marina a agentes privados.

Hoy hemos tenido mayores repercusiones sobre el escandaloso caso de venta de información de inteligencia, hecha por el ex agente Carlos Barba Daza, a empresas privadas, así como la contratación de este personaje para laborar en estas corporaciones, a pesar de estar prohibido que se contrate a personal en actividad de las Fuerzas Armadas para hacer labores propias de su función.

El diario La República señaló hoy un potencial conflicto de intereses del Presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso (y Primer Vicepresidente de la República) Luis Giampietri en una posible investigación sobre este tema, dado su carácter de marino. Un argumento más fuerte, a mi modo de ver, lo presenta Augusto Alvarez Rodrich, que recuerda que el Almirante, como primera acción dentro como presidente de esta comisión, investigó a una institución incómoda para sus intereses: el Instituto de Defensa Legal. Y a ello habría que sumar los rumores incesantes de que algunas de las primicias del llamado “SIN Chicha” serían de su autoría.

Pero también se han producido nuevas revelaciones sobre el caso del capitán Barba. Un reportaje elaborado por Augusto Thorndike para Domingo al Día (América Televisión), reveló que Barba también había prestado servicios de poligrafía – el famoso detector de mentiras – para Telefónica Seguridad Integral, división de la transnacional española. El director de esta división, hasta el año pasado, era un oficial de la Marina en situación de retiro. Y según información de primera mano que he tenido durante esta tarde, varios oficiales en retiro de la Marina trabajan en esta subsidiaria de la empresa española.

Pero más revelador aún es saber que, entre la información que Barba filtró, se encontraban las coordenadas exactas de los remanentes de Sendero Luminoso, así como informes de inteligencia que permiten establecer que estos remanentes vienen sufriendo varias enfermedades y dificultades logísticas. Ojo, los informes son del segundo semestre del 2006, cuando este gobierno ya estaba en el poder. Pregunta: ¿por qué no se actuó aprovechanddo ese momento de debilidad? ¿Falta de estrategia, de recursos o, porque no preguntarlo, convencimiento en las Fuerzas Armadas que mantener una amenaza latente es la única manera de obtener recursos?

Demasiadas preguntas sueltas. Demasiados intereses alrededor. ¿Alguna respuesta?

MAS SOBRE EL TEMA:
Jorge Bruce: Naufragio Moral.
Jorge del Castillo: Se sancionará a traficantes de información de inteligencia.
El Comercio: Especialista Alberto Bolívar recomienda regular a empresas privadas de seguridad.

EL VERDADERO SIN “CHICHA”

Venta de información de Inteligencia de la Marina revela verdadero estado de los sistemas de inteligencia.

Jerónimo Centurión, reportero de La Ventana Indiscreta, reveló el último jueves la existencia de, por lo menos, un agente de inteligencia de la Marina de Guerra del Perú que ha vendido información clasificada a una empresa privada y se ha desempeñado como polígrafo en otra empresa (Ver Parte 1 y Parte 2)

La denuncia es bastante seria. Por un lado, Carlos Barba Daza, el agente de inteligencia involucrado en la denuncia, está impedido de laborar para una empresa privada (Grupo Atenea) – al igual que sus pares – y, menos aún, poniendo en práctica la actividad para la que fue entrenado: la detección de mentiras.

Por otro lado, es significativamente grave la venta de información a una empresa privada (Andrick Service, que tiene en su plantilla a Raúl Gonzáles, senderòlogo vinculado a las Fuerzas Armadas), quien a su vez, suministraba los datos dados por Barba a empresas mineras. Lo que se hacía era seguimiento y files de las autoridades y personas que presuntamente se oponían a la actividad minera, para poder encontrar algo que pudiera involucrarlos en actividades o conductas poco santas. No es difìcil recordar lo ocurrido con el seguimiento al padre Marco Arana y al equipo de Grufides en Cajamarca.

Si bien Allan Wagner y la Marina de Guerra del Perú han reaccionado rápidamente, disponiendo la separación del oficial involucrado y una investigación en Inspectoría de la Marina, la cuestión es más seria de lo que se piensa, dado que las empresas involucradas pertenecen a oficiales retirados de la Marina y Barba no sería más que uno de los varios agentes de inteligencia que hacen este “doblete” de información.

Cuestión que nos debe hacer reflexionar sobre el verdadero estado de la Inteligencia en el Perú. Hace unas semanas escribí al respecto y concluía diciendo que era necesaria una reforma, pero que habían varias personas en el gobierno poco interesadas en que dicha reforma se produzca, dado que conviene a sus intereses particulares tener un servicio desarticulado, que les permita acceder a información que pueda servirles para sus propias campañas.

Jerónimo promete más reportajes sobre este tema para la próxima semana. Sin duda, para que el Gobierno comience a ponerse a las pilas.

INTELIGENCIA Y DEMOLICIONES

Cuando la política peruana cobra niveles de alcantarilla

Durante los últimos días, Roberto Bustamante y Marco Sifuentes han hecho posts bastante interesantes sobre dos temas bastante que se han cruzado en los últimos días: las campañas de difamación y la privatización de la inteligencia.

Si una de las reformas pendientes de la transición democrática ha constituido un cabal fracaso ha sido la reestructuración de los servicios de inteligencia, luego de la hipertrofia que supuso – en términos de crecimiento y delictivos – la etapa que estuvieron bajo el mando real de Vladimiro Montesinos.

Luego de la huida del ex asesor, el fujimorismo hizo una suerte de liquidación del SIN, sin que se pudiera formar una entidad alternativa. Durante el gobierno de transición, la tarea de desmontaje del aparato persecutorio y delictivo de la comunidad de inteligencia fue la prioridad principal de quienes se encargaron de dirigir este puesto. En el gobierno de Toledo, simple y llanamente este aspecto se descuido: pasaron personajes valiosos pero que no tuvieron el respaldo político para emprender cambios – como Fernando Rospigliosi o Juan Velit – o personas sumamente cuestionadas, como el ex asesor presidencial César Almeyda. En las postrimerías del gobierno anterior se dio una Ley de Inteligencia y se creó la Dirección Nacional de Inteligencia como órgano central del sistema, sin que hasta ahora conozcamos de manera clara sus alcances y funcionamiento.

Hay que tener en cuenta, además, que la huida de Montesinos supuso un desmantelamiento de los principales equipos de interceptación telefónica (previo a la desactivación del SIN) y, además, un grupo de gente especializada en tareas de espionaje súbitamente desempleada y, claro, dispuesta a ofrecer sus servicios al mejor postor. Ni investigaciones académicas ni periodísticas han podido establecer cuanto de esta logística y recursos humanos – por llamarlos de alguna manera – han sido captados por partidos políticos, instituciones privadas o por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En este panorama, llegamos al gobierno actual, con pocas ideas sobre esta materia, pero con mucha gente ávida de utilizar este aparato de inteligencia o a los privados que la realizan.

Voces como los analistas Mirko Lauer y Juan Carlos Tafur, una entrevista hecha en Perú.21 y el post de Sifuentes apuntan a que Luis Giampietri, el primer vicepresidente de la República, y, no olvidemos, vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú, es el hombre detrás de estos intentos de inteligencia paralela, al servicio de su agenda particular.

¿Indicios?
1. De todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el único que se encuentra en condiciones de realizar los trabajos de seguimiento y campañas de desinformación que se plantean hacer es el de la Marina de Guerra.
2. Giampietri es el actual presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Su primera acción en este cargo fue una investigación al Instituto de Defensa Legal, entidad a la que le tiene ojeriza por patrocinar el caso del Frontón, en el que estuvo involucrado, así como por considerar que ningún militar violador de los derechos humanos durante el conflicto armado interno debe ser procesado ante la justicia.
3. Desde algunos medios de comunicación afines a las Fuerzas Armadas se han hecho campañas en contra de dos objetivos claros:
a) Las organizaciones de defensa de derechos humanos, a las que se acusa de prosenderistas, instrumentos del imperialismo norteamericano, contrarias a las Fuerzas Armadas y controladoras de parte del Poder Judicial y de cierta prensa. Según una reciente investigación hecha por la revista Ideele, los diarios Expreso y La Razón se han dedicado a hacer esta labor de manera sistemática, tanto en sus titulares como en sus columnas editoriales y a traves de seudo reportajes de investigación. Y es claro que Giampietri impulsa – o por lo menos, es anuente – con iniciativas como esta.
b) El Ministerio de Defensa y la Cancillería. En estos casos, son dos puntos de la agenda: evitar que el Perú firme la Convención del Mar y resuelva su diferendo martímo con Chile y evitar cambios mayores en las Fuerzas Armadas. Ambos objetivos son parte clara de la agenda del vicepresidente de la República. Y por ello se ataca desde Expreso y La Razón a personajes que impulsan estas agendas.

Sin embargo, también sectores del APRA estarían utilizando este sistema de inteligencia paralela. La reciente acusación hecha por La Razón contra Carlos Bruce por su supuesta tendencia homosexual, en clara venganza por sus denuncias sobre Carlos Arana – vinculado a Agustín Mantilla – y las irregularidades en el Ministerio de Vivienda. Los métodos, aunque más sofisticados, bastante parecidos a los de Montesinos: la feminización del opositor y la utilización de la homosexualidad como descalificador en la política. El ejemplo más claro de dichos métodos, los ataques contra Gustavo Mohme Llona en el diario El Tío, donde se le acusaba de ser gay y de armar orgías romanas.

¿Qué es lo peligroso de todo esto? En primer lugar, que continuamos sin un sistema de inteligencia que haga las labores para las cuales debe existir. En segundo lugar, que estamos utilizando categorías aplicables a la década pasada para analizar a este gobierno. En tercer y último lugar, que los temas centrales y de reforma quedan de lado.

¿Seguiremos por esa ruta?