LA ADVERTENCIA DE LAUER Y LA CVR

Una moción en el Congreso que puede complicar las cosas para el sistema democrático.

El martes 27 de marzo, en su habitual columna de La República, Mirko Lauer hizo una advertencia importante sobre una Moción que viene dando vueltas en el Congreso y que podría consagrar el sentido común fujmorista sobre la lucha antisubversiva.

La Moción 965, busca la conformación de una “Comisión Investigadora para que analice la Política Antiterrorista a partir de noviembre del año 2000 hasta julio 2006, investigue los cambios del régimen penitenciario a los condenados por delitos de terrorismo, investigue el otorgamiento de indultos y conmutaciones de penas por terrorismo, investigue el traslado de los condenados por terrorismo a los diferentes penales e investigue la anulación de los procesos judiciales por terrorismo“. Es decir, un exocet contra los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, a los que el fujimorismo y sus voceros mediáticos han pretendido acusar de lenidad con la subversión, bajo la idea de que la democracia es débil para el combate a Sendero Luminoso. En suma, se toma como base la premisa “solo Fujimori y su autoritarismo, salvarán al Perú”, la misma que esta semana señaló sin escrúpulo alguno Martha Chávez.

Es cierto que el Congreso de la República tiene todo el derecho a evaluar la política antisubversiva, a fin de verificar lo avanzado y recomendar mejoras de ser necesario. Es parte de su labor de fiscalización y de canalización de demandas ciudadanas. Sin embargo, la forma en cómo se presenta la moción y quienes la presentan me hace pensar en un interés subalterno detrás.

Esta moción señala, como justificación, que “la política antiterrorista iniciada con la presente década, la flexibilización del sistema penitenciario de los condenados por terrorismo, el sistema de conmutación de penas, el otorgamiento de indultos a condenados por terrorismo, la anulación de los procesos contra terroristas y demás acciones y omisiones del Estado, han podido ser un elemento coadyuvante para que no se haya logrado la total erradicación de dicho fenómeno“.

Lo que no toma en cuenta la moción es que durante los últimos años de Fujimori se descuidó la política contrasubversiva y que, más bien, en democracia se corrigieron los errores cometidos durante el fujimorato. Según indica la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su estudio sobre el regimen fujimorista:

“Debido a la inacción, una de las herencias que su gobierno dejó fue una situación penitenciaria descontrolada, gracias a la cual los reclusos del PCP-SL habían logrado nuevamente el control de las cárceles como sus “luminosas trincheras de combate”. El estricto régimen carcelario de dichos reclusos en los penales de máxima seguridad, incluyendo la Base Naval del Callao, no era tal para 1999“.

La CVR recogió lo que ocurrió en los penales de Yanamayo (Puno), Picsi (Lambayeque), Socabaya (Arequipa) y Potracancha (Huánuco): en estos establecimientos la infraestructura penitenciaria colapsó y los pabellones se convirtieron nuevamente en centros de adoctrinamiento. ¿Y Fujimori? No hizo nada para remediar dicha situación.

Claro, los proponentes también se olvidan de las tortas de cumpleaños a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre dadas por Montesinos o, como recuerda Lauer, “las visitas a la Base Naval de más de 17 dirigentes de Sendero (en distintas ocasiones), la última de las cuales fue el 14 de noviembre del 2000“. Esta última reunión supuso la instauración del plan “por una solución política a los problemas derivados de la guerra“, que plantea una amnistía general – inaceptable desde todo punto de vista – para los miembros de Sendero.

Y también se olvida que los regímenes de conmutación de penas e indultos vienen desde la época de Fujimori y no se ha podido comprobar que alguna de las personas beneficiadas haya incurrido en actos terroristas. Esta fue la acusación que quisieron plantearle, en su momento, a Diego García – Sayán en su momento, y que fue archivada hace un mes por el propio Congreso. Ahora quieren reactivar esta vieja acusación, pero pretendiendo enlodar a todos los ministros de Justicia del gobierno toledista.

Tampoco se recuerda que el cambio de la legislación antisubversiva se debió a que buena parte de la misma era inconstitucional. No se quiere tomar en cuenta que sólo un mínimo porcentaje de los subversivos que fueron vueltos a procesar han sido absueltos por falta de pruebas y, claro, se omite que los principales cabecillas de SL y el MRTA han sido condenados a penas severas por la Sala Penal Nacional, que ha realizado un eficiente trabajo. ¿Se pretende ignorar estos logros en democracia y volver a consagrar a los jueces sin rostro, los tribunales militares para procesar a civiles, los inocentes en prisión?

¿Y quienes han presentado esta moción? Para comenzar, los fujimoristas Renzo Reggiardo y Cecilia Chacón, en un afan de defender el supuesto “legado” de su jefe. Se han sumado congresistas inimputables como Isaac Mekler y Luciana León, pero, sobre todo, han firmado gustosos esta propuesta la parlamentaria de Unidad Nacional Lourdes Alcorta – cuyo “respeto” por la vida humana es por todos conocido – y el primer vicepresidente de la República Luis Giampietri Rojas, cuyas posiciones sobre la guerra contrasubversiva son por todos conocidas.

Y conociendo a estos últimos, no dudo cuál va a ser el objetivo final de esta propuesta: la invalidación del documento que documenta mejor la violencia provocada por los grupos subversivos y los groseros errores cometidos durante la guerra contra la subversión: el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La ojeriza que el fujimorismo y los congresistas antes mencionados tienen a dicho documento se centra en que va a contracorriente de la “historia oficial” sobre la derrota del terrorismo, que centra las glorias de dicha victoria en las Fuerzas Armadas y Fujimori, olvidando lo fundamental del trabajo de la Policía y de los Comités de Autodefensa, que fueron las entidades realmente decisivas para dicha victoria. Y claro, el Informe contradice los discursos de los partidos políticos sobre sus responsabilidades políticas – y en el caso de Fujimori, penales – sobre lo ocurrido durante los años de violencia.

Además, la CVR plantea cuestionamientos de fondo a la política antisubversiva empleada durante los años noventa y no avala seguir una “línea dura” en el combate a los remanentes del terrorismo, sino que propone una estrategia integral que vaya más allá de lo estrictamente militar.

Dado que existe este peligro, me permito una sugerencia a los defensores del Informe Final y del trabajo de la CVR. Muchos de ellos se han concentrado sustancialmente en el tema de las responsabilidades penales y políticas, a modo de respuesta a los detractores de su trabajo – algunas veces, sólo tomando algunos elementos del Informe Final, sin considerar otros – cayendo en el error centrar su agenda sobre este tema en responder a los ataques de los detractores de este documento.

Mi propuesta va hacia lo siguiente: es necesario concientizar a la clase política, a los intelectuales y a la opinión pública en el hecho de que la CVR, su trabajo y su Informe Final constituyen en conjunto uno de los más importantes instrumentos para generar políticas públicas en diversos temas.

El IF describe, de manera singular, los procesos de modernización frustrados, la exclusión de las poblaciones de la sierra y selva de nuestro país, el narcotráfico, los problemas estructurales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fallas en los poderes del Estado, los problemas de la educación peruana y las particularidades regionales persistentes hasta hoy. Temas que, por cierto, se hicieron notorios en la campaña electoral presidencial del año pasado y que parecen haber sido dejados de lado.

Tomar como foco los procesos y problemas señalados por la CVR implica centralizar la discusión en los temas de fondo y, además, da pie para que, en ese marco de análisis, se puedan ver sus recomendaciones y el tema de las responsabilidades. Ello implica que el país se asuma como una sociedad de post-guerra – cuestión que hasta el día de hoy no se ha hecho – y que el Estado varíe sus políticas sobre la base de este reconocimiento.

No digo con esto que los juicios deban detenerse. Por el contrario, es necesario atender a la demanda de justicia y lucha contra la impunidad de la manera más rápida, con el respeto al debido proceso y garantizando el derecho de las víctimas. Pero estas legítimas demandas debe comprenderse en un proceso mayor de cambios institucionales y reparaciones que consoliden la democracia y los derechos humanos en su integridad en el país.

Hacer esta variación de enfoque determinaría que se pueda posicionar de mejor manera el trabajo de la CVR en la agenda pública y deje de verse como un tema entre “conservadores” y “pro militares” vs. “caviares” y “pro senderistas”, sino como un diagnóstico que involucra problemas de toda la sociedad, así como de realiddes particulares de cada región.

Por ello, la advertencia hecha por Mirko Lauer no sólo nos debe invitar a estar alertas para evitar reversiones perjudiciales para el sistema democrático, sino a tomar una actitud más propositiva. Ello implica no sólo continuar con las denuncias sobre estos intentos autoritarios – liderados por el Primer Vicepresidente de la República -, sino también implica posicionar de mejor manera los temas necesarios para la consolidación democrática en el Perú. De lo contrario, la democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar, se habrá perdido nuevamente, esta vez, por nuestra falta de acción.

DISOLVER, DISOLVER, EL JUICIO DEL GOLPE DE ESTADO

Uno de los procesos más importantes que tiene el Poder Judicial peruano entre sus manos es el referido al golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

Como se recuerda, ese día Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República, destituyó a los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de Garantías Constitucionales, intervino a los demás organismos constitucionales, limitó la libertad de prensa y comenzó una dictadura que duraría 8 años y que dejó al país con una institucionalidad debilitada, una economía en recesión, violaciones a los derechos humanos y actos sistemáticos de corrupción.

En el proceso judicial, son comprendidos los Ministros que suscribieron la Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, norma con la cual se quiso legitimar jurídicamente a la dictadura.

Recordemos esta lista de la infamia: Oscar de la Puente Raygada, Carlos Boloña Behr, Jaime Yoshiyama Tanaka, Víctor Joy Way, Absalón Vásquez Villanueva, Juan Briones Dávila, Víctor Malca Villanueva, Augusto Blacker Miller, Jaime Sobero Taira, Fernando Vega Santa Gadea, Augusto Antonioli Vásquez y Víctor Paredes Guerra. De ellos, solo Malca se encuentra fuera del país, en calidad de prófugo.

Todos los ministros son acusados del delito de rebelión. Además, Malca y Briones son acusados del delito de secuestro, por la serie de detenciones ilegales que se produjeron ese día (como las de Jorge del Castillo, Roberto Ramírez del Villar, Felipe Osterling, Gustavo Gorriti, entre otras). A Fujimori se le reservó el proceso hasta que venga al país.

El juicio es importante por dos motivos.

El primero, las penas. La pena máxima es de 20 años por el delito de rebelión. Con ello, personas como Boloña, que hasta ahora pasaban piola o habían recibido penas benignas, podrían pasar una buena temporada en San Jorge. O sentenciados como Joy Way ampliarían su temporada en Castro Castro.

El segundo, el hecho de que por primera vez se condene a los autores de un golpe de Estado en un proceso civil en América Latina. Ello es un mensaje para quienes quisieran ver a la democracia nuevamente derrotada y para los tontos útiles que se siguen creyendo el cuento de que el golpe de abril de 1992 era necesario.

Como lo dijimos hace unos meses:

“Cabe recordarle al pais y al ex autócrata que la bancada del FREDEMO le daba apoyo a todas sus leyes que permitían la liberalización de la economía. Y si las bancadas del APRA, la izquierda y el FREDEMO rechazaron sus leyes contra el terorismo fue porque dichas normas vulneraban la Constitución y los derechos de las personas (como se demostró despúes) e incluso estaban trabajando en proyectos de ley sobre medidas judiciales para enfrentar al terrorismo, pero sin los excesos que caracterizaron al régimen. Por tanto, Fujimori no podía señalar que los partidos lo obstaculizaban en sus tareas, todo lo contrario, pretendían colaborar con el y consensuar medidas, pero él optó por hacer las cosas a su manera.

Es también falso que el golpe de Estado fuera causa directa de la estrategia contrasubversiva que permitió la captura de los máximos líderes terroristas. El Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que capturó a Abimael Guzmán fue formado en 1989, con el apoyo de Agustín Mantilla y el general PNP Luque Freyre. Su labor quiso incluso ser infiltrada por Montesinos, sin conseguir exito en dicha infiltración. La verdadera estrategia contrasubversiva fue la detención arbitaria, las desapariciones forzadas en el interior del país y en pueblos jóvenes (de esta época, oh casualidad, son los sucesos de Madre Mía) y el procesamiento de acusados por terrorismo sin ninguna garantía”.

Sin embargo, este proceso podría volver a fojas cero por algo que los abogados conocemos como leguleyada. Como lo ha mencionado el Procurador Omar Chehade, la defensa de Fujimori y los ministros – que en muchos casos tiene nombre propio: César Nakasaki – se busca recursar a un vocal de la sala penal de la Corte Suprema que procesa este caso para que, en jerga judicial, “el juicio se quiebre”, con lo que tendría que iniciarse un nuevo juicio oral.

Para la quiebra del proceso, se necesita la aceptación de la recusación de dos magistrados. Ya se logró con uno, el honesto juez César San Martín Castro, por haber trabajado en el estudio del ex procurador José Ugaz. Actualmente, dos miembros de la sala tienen una recusación pendiente, interpuesta por la defensa para ver si les resulta lograr la demora del proceso.

Ciertamente, estaremos alertas a este proceso y que no se hagan maniobras para intentar dilatarlo más. De no prosperar las artimañas fujimoristas, estos ex funcionarios de la dictadura podrían ir haciendo maletas hacia San Jorge en poco más de un mes. Por la salud moral y democrática del país, ojalá ocurra en un futuro cercano.

MAS SOBRE EL TEMA:
Agencia Perú: ¿Qué pasó el 5 de abril?
Archivo del Tercer Piso: 5 de Abril: el día de la infamia que no debemos olvidar.

¿PACTO PARA NO TRAERLO?

La revelación de El Mercurio: Entre la verosmilitud y la agenda politica chilena.

Para estas alturas, el reportaje de la periodista Andrea Sierra en el diario El Mercurio de Chile, referido a un supuesto pacto entre Alan García y Alberto Fujimori para impedir la extradición del ex dictador, ha puesto de vuelta y media a la política peruana.

El reportaje en cuestión revela varios off the record que han circulado en el ambiente con relación a la relación extraña – pero coincidente – entre el actual gobierno y los representantes de la mafia que gobernó el país en la década de 1990.

Aunque el reportaje no menciona los siguientes hechos, éstos serían los indicios más cercanos de una alianza o pacto implícito entre ambos sectores:

– La inclusión como primer vicepresidente de la República de Luis Giampietri Rojas, personaje con un discurso contrario a la defensa de los derechos humanos e involucrado en los sucesos de los penales de 1986, así como en acusaciones de corrupción durante la época de Alberto Fujimori. A ello se suma la presencia como Ministro de la Producción de Rafael Rey, hombre ligado al fujimorismo durante la década pasada, quien votó a favor de la indignante ley de amnistía.

– El desinterés general en la lucha contra la corrupción y en la extradición de Alberto Fujimori.

– La Ley que modifica las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con el fin de controlar los proyectos de las ong’s. Esta norma fue claramente una vendetta del APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo contra as organizaciones no gubernamentales involucradas en temas de institucionalidad democrática, derechos humanos, lucha contra la corrupción y defensa del medio ambiente.

– Los proyectos presidenciales para imponer la pena de muerte para violadores y terroristas, que ocasionarían la salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos. su único apoyo: quien más, el fujimorismo.

– Las leguleyadas con las que se intenta evadir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Penal Castro Castro y el no reconocimiento de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales en 1992. El principal involucrado en este caso: Fujimori.

– La exagerada postura de parte de la bancada aprista de acusar constitucionalmente a Alejandro Toledo por los allanamientos del Perú ante el sistema interamericano. Acusación que, de todas maneras, respaldará el fujimorismo.

A ello se suma la gritería que desde el diario Expreso – convertido en “El Peruanito” de este régimen – se ha hecho sobre el tema. Con el título “Ataque al Perú” y haciendo una enrevesada teoría de la conspiración entre lo que llaman “izquierda caviar” y los sectores más nacionalistas de Chile para desestabilizar al gobierno, el diario del nuevo “compañero” Luis García Miró procura dejar de lado esta hipótesis. Solo a Carlos Raffo se le ocurrió una idea asi.

Sin embargo, hay algunas cuestiones que me llaman la atención del reportaje y que me hacen dudar de lo mencionado allí.

La primera, es que la periodista no presenta pruebas de sus afirmaciones, más allá de lo que menciona y que, de alguna manera, ha estado circulando también por Lima, en particular, entre la primera y la segunda vuelta.

La segunda, es que algunos datos parecerían erróneos o confundidos:

1. Ronald Gamarra, a quien mencionan como renunciante luego de la toma de mando de García, dejó el cargo de procurador durante el Gobierno de Toledo. Claro está, acusando la falta de voluntad política del gobierno anterior para luchar contra la corrupción.

2. Argentina no sería una alternativa de refugio para el ex dictador. Al igual que en Chile, se viene procesando las violaciones a los derechos humanos producidas durante la dictadura militar y Kirschner no está a favor de la impunidad. Además, el hecho que nos hayan devuelto a los Crousillat nos hace ver cual sería el futuro del ex mandatario de llegar a B. Aires.

La tercera, es una hipótesis que tengo sobre la verdadera motivación de la publicación.

Hay que recordar que El Mercurio fue el medio de comunicación que apoyó hasta el final a la dictadura de Augusto Pinochet y que mantiene una línea de derecha. Claro, a veces se mandan con reportajes sobre derechos humanos, pero su línea editorial es claramente conservadora y es el periódico desde el cual más propaganda han dado al Chino.

Pero hay temas de política chilena involucrados en el caso. No en vano la noticia intenta dejar mal parado al gobierno de Michelle Bachelet en temas de derechos humanos, algo que la presidenta conoce por experiencia personal.

Cabe preguntarse entonces:

1. ¿A quien en Chile no le conviene que se extradite a Fujimori?
2. ¿A quien le conviene perjudicar la imagen de la presidenta Bachelet?

Claro, Pinochet esta muerto, pero sus seguidores siguen pretendiendo boicotear causas de derechos humanos para “preservar el legado histórico” del extinto General. Y hay muchos militares y civiles que colaboraron en ese régimen, además de la familia Pinochet, que vienen siendo procesados por diversos delitos.

A ello se suma el momento particular que vive Chile. Con un Sebastían Piñeira debilitado por acusaciones de corrupción, el sector más democrático de la derecha chilena ha quedado sin rumbo y serían más bien los pinochetistas los que quieren hacer problemas al gobierno de la Concertación, aprovechando que Bachelet tiene una agenda interna bastante complicada por enfrentar.

Creo que más que en Lima, la pista podría estar en Santiago. Sin embargo, la hipótesis del pacto no puede ser descartada de plano, por los elementos antes señalados.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Al Descubierto (?) Pacto García – Fujimori.
Una Bitácora de Jomra: Pacto Fujimori – García: por la no extradición.
Ernesto Velit: Supuesto pacto Fujimori – García es operativo de la derecha radical chilena.
Mauricio Mulder: Gobierno aprista si busca extraditar a Fujimori.
Gran Combo Club: De la alianza aprofujimorista al pacto Fujimori – García.
El Fondo del Vaso: Existe un acuerdo secreto entre Fujimori y García.

PARA QUE SE VUELVA A ATRAGANTAR

Como ya deben de saber, en noviembre del 2006, Fujimori tuvo un incidente que casi lo lleva al otro mundo. Este hecho lo hemos podido conocer a raiz de la presentación de los alegatos finales en el proceso de extradición que se le sigue en Chile y que tendrían una pronta resolución, por lo menos en primera instancia.

Sin embargo, más allá de los calamares y camarones que forman parte de la dieta del extraditable, son los expedientes conformados en su contra los que lo deberían tener con un guardaespaldas o un carabinero presto a aplicarle la maniobra Heimlich.

Dentro de mis manías de lector casi compulsivo, tengo la tendencia a la relectura. A raíz de la última revelación del agente Jesús Sosa Saavedra sobre el asesinato de dos espías en 1988, volví a revisar algunos capítulos de Muerte en el Pentagonito, la investigación hecha por Ricardo Uceda sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército Peruano durante el conflicto armado interno.

En el capítulo 19 de este libro, La Solución Política, se encuentra una reveladora conversación entre miembros del grupo Colina y el coronel Enrique Oliveros, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Dado su contenido y el poco conocimiento que se tiene sobre este revelador pasaje, reproducimos su contenido.

(Esta conversación puede verse en UCEDA, Ricardo, Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército Peruano, Bogotá, Planeta, 2004, pp. 448 -449)

LA PROFECIA

Casete 1, lado A.
Conversación con el Coronel Enrique Oliveros
Cuartel Simón Bolivar, 22 de marzo de 1994
.

Ha pasado un mes desde la primera sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar. Los reos consideraban muy severas las condenas y los abogados preparaban una apelación. El coronel Enrique Oliveros se reunió con Martin, Pichilingue y los suboficiales.

(Nota: La sentencia a la que Uceda hace referencia es a la condena a 20 años de prisión que se dio a los miembros de Colina en el fuero militar por el caso La Cantuta. Como es sabido, el fuero militar no tiene competencia para procesar casos de derechos humanos.)

JULIO CHUQUI AGUIRRE: Mi coronel, nosotros ya hemos cumplido nuestra parte, ¿no es cierto?
OLIVEROS: Claro.
CHUQUI: Entonces, ahora queremos ver cómo está caminando la otra parte, pes. Por lo menos ver si hay alguna intención, que nos den alguna respuesta concreta. que nos digan, bueno, tal fecha, tal día, tal mes va a ser la … ¿No?
OLIVEROS: Ya.
CHUQUI: O la amnistía, toda esa cuestión. Tal como nos han ofrecido. Estamos así, está pasando el tiempo. Bueno, nosotros seguimos haciendo cosas, entretenidos. Pero por lo menos queremos saber algo.
OLIVEROS: Ya les he dicho que se va a ver eso, pero no pidan precisiones. Es difícil, pues.
CHUQUI: Por lo menos que nos diga: un año. Un año sé que…
JESUS SOSA: Un plazo para más o menos estar tranquilos, mi coronel.
OLIVEROS: Yo más o menos tengo un esquema. El plazo podría ser el siguiente: entre julio o agosto del 95. Porque hay dos posiciones. Si no se reelige el ingeniero Fujimori, antes de irse da una ley. Si se reelige, después de su reelección: ¡pa!
NELSON CARBAJAL: Así es.
SOSA: Nosotros más o menos hemos pensado también igual.
CHUQUI: Igualito ¿ah?
OLIVEROS: Osea, piensen entre julio y de agosto a septiembre. Porque después de que se reelija, con el poder y todo, Fujimori va a dar una gran ley de… de… Va dar una gran ley de…
SOSA: Como decir, de concordia nacional. Que todo el mundo estuvo en esta situación de…
OLIVEROS: Y (alzando la mano) ¡buuuuum!
CHUQUI: (Imitando a Fujimori) Olvidamos todo y empezamos mi nuevo gobierno con esta ley.
OLIVEROS: ¡Aaaasí es! Así va a empezar su gobierno, con una nueva ley.
CHUQUI: También lo hemos pensado.
OLIVEROS: Así va a ser. Hasta esa fecha hay que aguantar.

Como vemos, este díalogo nos revela a las claras que Fujimori tenía conocimiento de las acciones del sanguinario Grupo Colina y que estuvo dispuesto a darles impunidad. Los miembros de este destacamento lo sabían y Oliveros, hombre de Montesinos en el SIE, era el correveidile del asunto.

Por cierto, ¿habrán incluido este diálogo en el cuaderno de extradición?

DOS BANDERILLAS DESDE SAN JOSE

Las sentencias que a Fujimori lo pueden poner en un LAN de regreso a Lima.

(Hecho sobre la base de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

LOS HECHOS

LA CANTUTA

El 18 de julio de 1992, en horas de la madrugada, miembros del Ejército peruano y agentes del Grupo Colina , vestidos con pantalones oscuros y “chompas” negras de cuello alto, encapuchados y armados, ingresaron al campus universitario irrumpiendo en las residencias de profesores y estudiantes.

Una vez en las residencias estudiantiles, los militares violentaron las puertas de las habitaciones y obligaron a todos los estudiantes a salir de sus dormitorios y a echarse al piso boca abajo mientras uno de los efectivos militares, a quien los estudiantes identificaron como el Teniente Medina, evitando ser visto, procedía a levantar violentamente la cabeza de cada uno de los estudiantes apartando a aquellos cuyos nombres figuraban en una lista que llevaba en las manos. Los militares se llevaron a los estudiantes Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa. Al mismo tiempo, fue detenido el profesor Hugo Muñoz.

Supuestamente, los detenidos tenían relación con el atentado de la calle Tarata, producido 2 días antes. Sin embargo, nunca se demostró su relación con dicho hecho luctuoso, ni si tenían relación con Sendero Luminoso. Todo indica que tanto los estudiantes como el profesor pertenecían a sectores de izquierda radical.

Como luego se supo, los estudiantes y el profesor fueron ejecutados extrajudicialmente y enterrados en dos sitios distintos, luego que sus restos fueran calcinados en el Pentagonito.

El caso alcanzó relevancia por las denuncias de los congresistas Henry Pease y Roger Cáceres Velásquez y por las investigaciones hechas por las revistas Sí y Caretas. A ello se sumó el testimonio del General EP Rodolfo Robles, que sacrificó su carrera por denunciar la implicación de Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza en estos hechos.

Posteriormente, el caso fue sentenciado por el Fuero Militar en 1994, cuando no le correspondía, para que, un año después, los responsables del crímen fueran liberados por los efectos de la Ley de Amnistía, ley cuyos efectos han quedado suspendidos, de acuerdo a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001.

LA SEGUNDA MATANZA DE LOS PENALES: CASTRO CASTRO

El Estado, carente de políticas y estrategias penitenciarias, improvisó un sistema único de concentración de reclusos, sin implementar regímenes adecuados a estos nuevos internos. De este modo, la relación entre el Estado y los acusados y sentenciados por terrorismo durante la década de los ochenta fue extremadamente tensa. En este contexto se presentaron una serie de motines durante las décadas de 1980 y 1990.

En este contexto, entre el 6 y 9 de mayo de 1992, luego del golpe de Estado de Alberto Fujimori, se desarrolló el denominado operativo “Mudanza 1”, destinado al traslado de presas senderistas de la prisión conocida como “Miguel Castro Castro” al establecimiento penal de mujeres de Chorrillos (“Santa Mónica”).

Las autoridades estatales no informaron del referido traslado ni al Director del penal, ni a las prisioneras, sus familiares o abogados. Asimismo, el operativo fue planificado por el Estado sin advertir al personal policial sobre el respeto irrestricto por la vida y la integridad física de los internos.

Por esa razón, el descontrol territorial de los pabellones, la ausencia de una estrategia y táctica disuasiva, así como la prolongada resistencia de los internos acusados por delito de terrorismo, determinó que las fuerzas del orden, ilegalmente, usaran armas de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, vomitivas y paralizantes en contra de civiles, desde el inicio de la operación.

El Estado, asimismo, no recurrió a mecanismos alternativos tendientes a lograr una solución negociada del conflicto con la población del penal y se rechazó expresamente la intervención de la Cruz Roja Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Episcopal de Acción Social y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuyos representantes ofrecieron mediar en el conflicto.

De acuerdo a las investigaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el objetivo real del “operativo” no fue el referido traslado de las internas, sino que se trató de un ataque premeditado, un operativo diseñado para atentar contra la vida y la integridad de los prisioneros que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro. Los actos de violencia fueron dirigidos contra dichos pabellones, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados o sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria.

Según artículos periodísticos publicados los días 7 y 8 de mayo de 1992, al finalizar el día 6 de mayo de 1992 el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori, se reunió en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército, conocida como “Pentagonito”, con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares, para evaluar la situación del penal.

El 7 de mayo, Fujimori se reunió nuevamente con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares en el “Pentagonito” para evaluar la situación del penal. En esas fuentes se señaló que entre otras acciones inmediatas se prohibió la presencia en las cercanías del penal de los organismos de derechos humanos, se dispuso el corte de luz, agua y alimentos para los internos, así como el incremento de los ataques con armas de fuego y explosivos.

El 9 de mayo, 42 internos del Establecimiento Penal de Máxima Seguridad “Miguel Castro-Castro” ubicado en San Juan de Lurigancho, al este de la ciudad de Lima, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado.

El 10 de mayo se levantó un acta del material incautado en el penal por el personal especializado de la Policía Nacional, en la cual constan 10 armas (2 subametralladoras, 4 revólveres, 1 escopeta y 3 pistolas), 11 granadas y 24 artefactos explosivos caseros “queso ruso”. Dicha acta fue firmada por la fiscal Mirtha Campos.

Una vez que salieron de los pabellones la mayoría de los internos sobrevivientes fueron obligados a permanecer en las zonas del penal denominadas “tierra de nadie” y “admisión”, tendidos boca abajo sobre la tierra, en posición de cúbito ventral, sin abrigo, a la intemperie, permitiéndoseles levantarse únicamente para ir a orinar, y fueron objeto de constantes golpes y agresiones. Quienes estuvieron en estas condiciones durante varios días, recibieron como único alimento pan y agua de manera irregular por las mañanas y una sopa aguada, y fueron vigilados por agentes de seguridad armados y con perros, y si alguien se movía o se quejaba dichos agentes se paraban sobre el cuerpo del sobreviviente y lo insultaban.

Fujimori estuvo presente en el penal y caminó entre los prisioneros tendidos boca abajo en el suelo de los patios del presidio.

LAS CUESTIONES RELEVANTES EN TÉRMINOS JURIDICOS


LA CANTUTA

La particular gravedad de los hechos se revela en la existencia de toda una estructura de poder organizado y de procedimientos codificados mediante los cuales operaba la práctica de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Estos no constituían hechos aislados o esporádicos, sino que llegaron a configurar un patrón de conducta durante la época en que ocurrieron los hechos, como método de eliminación de miembros o sospechosos de pertenecer a organizaciones subversivas, empleada en forma sistemática y generalizada por agentes estatales, la mayoría de las veces por miembros de las Fuerzas Armadas.

Por su determinante papel en este caso, es preciso hacer notar la participación del denominado Grupo Colina, que en el seno de las fuerzas armadas hacía parte preponderante de una política gubernamental consistente en la identificación, el control y la eliminación de aquellas personas de quienes se sospechaba pertenecían a los grupos insurgentes, mediante acciones sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y torturas. El grupo fue organizado directamente dentro de la estructura jerárquica del Ejército peruano y sus actividades y operaciones fueron desarrolladas, según diferentes fuentes, con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército.

Recordemos que a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 se estableció un régimen de facto que suspendió la institucionalidad democrática del país a través de la abierta intervención en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público y en otros órganos constitucionales. Se gobernó por decreto a través del denominado «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional», que concentró durante un breve lapso las funciones ejecutivas y legislativas del Estado, neutralizando en la práctica el control político y judicial sobre sus actos. A la luz de las más recientes investigaciones judiciales, se puede concluir, además, que durante ese tiempo se hizo uso de los recursos del Estado con la finalidad de organizar, adiestrar y emplear grupos operativos encubiertos que tuvieron como finalidad el asesinato, la desaparición y la tortura de personas, todo ello alrededor de la estructura del Servicio de Inteligencia Nacional.

El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para completar eficazmente y llevar a término, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en la jurisdicción penal común, así como activar, en su caso, los que sean necesarios, para determinar las correspondientes responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos en perjuicio de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Bertila Lozano Torres, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana. Con el propósito de juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, el Estado debe continuar adoptando todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, y proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspondan.

CASTRO CASTRO

En el presente caso es claro que los actos estatales del llamado “Operativo Mudanza 1”, que duró cuatro días, fueron ampliamente difundidos en la sociedad peruana, fueron tratados por los medios de comunicación y públicamente por las autoridades estatales como acciones estatales tendientes a controlar un amotinamiento de reclusos considerados como miembros de grupos subversivos, así como también significaron una exposición pública acerca de la magnitud de fuerza que el Estado era capaz de utilizar en la lucha antisubversiva.

Los hechos, realizados de forma directa por agentes estatales cuya actuación se encontraba protegida por su autoridad, se dirigieron contra personas recluidas en un centro penal estatal, es decir, personas respecto de quienes el Estado tenía la responsabilidad de adoptar medidas de seguridad y protección especiales, en su condición de garante directo de sus derechos, puesto que aquellas se encontraban bajo su custodia.

El Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos denunciados en el presente caso, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables, para lo cual debe abrir los procesos pertinentes y conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite así como los que se llegaren a abrir, adoptar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de todos los hechos del presente caso, con el propósito de determinar la responsabilidad intelectual y material de quienes participaron en dichas violaciones, y divulgar públicamente los resultados de estos procesos penales.

En el voto razonado del juez Antonio Cancado Trindade se dice que:

El bombardeo de la Prisión de Castro Castro fue una masacre premeditada, planificada y ejecutada por agentes del Estado, desde la más alta jerarquía del poder estatal hasta los integrantes de las fuerzas de seguridad. Fue, como ya señalado, un crimen de Estado. Una vez más esta Corte decidió, mediante la presente Sentencia, sobre un crimen de Estado, cuya ocurrencia se muestra mucho más frecuente de lo que uno puede imaginar. Los crímenes de Estado que han alcanzado la justicia internacional son un microcosmo de las atrocidades del cotidiano, en distintos continentes, que todavía no han logrado ser alzadas al conocimiento de los tribunales internacionales contemporáneos.

Ahora comprendemos porque en Santiago tiemblan por estos dos fallos.

MAS SOBRE EL TEMA:
César Hildebrandt: Sangre de terceros.
Perú.21: Presentarán fallo de la CIDH en caso de extradición de Fujimori.
Santiago Pedraglio: Más argumentos para la extradición.

ALGUNAS PERSONAS NUNCA CAMBIAN

No es una nueva versión de “Volver al Futuro”, pero parece que regresaramos a 1993.

De CPN Radio:

“La ex candidata presidencial, Martha Chávez, sostuvo que los miembros de las Fuerzas Armadas, entre los que se encuentran los integrantes del grupo paramilitar Colina, merecen el reconocimiento del país a pesar de los errores o excesos que cometieron.

Recordó que algunos miembros de este grupo -acusado de haber cometido las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- fueron veteranos de las guerras que el Perú libró con Ecuador por el control de una zona de la frontera.

“Para mí, los que nos defendieron del terrorismo son mejores a pesar de sus excesos o errores que habrían cometido en una guerra que fue comenzada por los terroristas y no conozco una guerra donde no hayan caído inocentes”, argumentó.”

Que recuerde, ninguno de los miembros de Colina peleó en la guerra contra Ecuador en 1981. Era menos probable que lo hicieran en 1995, porque en ese momento muchos de ellos estaban en una prisión militar cumpliendo la sentencia que el Consejo de Justicia Militar les impuso – indebidamente, porque no tenía competencia para procesarlos por violaciones a los derechos humanos – en 1994 y que intercambiarían por la vergonzosa Ley de Amnistía, la cual, por cierto, Chávez también aplaudió en la entrevista dada a CPN.

Por lo demás, no extraña de una persona que dijo en su momento que los estudiantes de La Cantuta se habían autosecuestrado, que votó a favor de la Ley de Amnistía, que amparaba a Vladimiro Montesinos, que señaló que “valía matar en algunos casos” para justificar que dispararan a quienes protestaban contra Fujimori y que incluso se atrevió a señalar que había que analizar el video Kouri – Montesinos porque en Forrest Gump se había puesto a Tom Hanks junto a presidentes muertos.

Un ejemplo más de que la Universidad no lo hace todo y que la señora Chavez al parecer no ha entendido que las vidas humanas no son costos a pagar. El “pensamiento Raúl Romero”, que no es otra cosa que el cinismo más puro y justificar la muerte, sigue vivito en la defensora de Fujimori.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Blog del Morsa: Martha Chávez y el horror de la guerra.
Utero de Marita: ¡Esa es mi tía Martha!

MERCANTILISTAS S.A.

La relación entre empresarios y política en debate.

La semana pasada, Lourdes Flores Nano presentó su balance de los 100 primeros días de gestión del Presidente Alan García. Aunque reconoció aciertos del gobierno, la tónica general fue de crítica a las reformas que el gobierno estaría dejando de hacer, en un momento de bonanza económica y alta popularidad.

Sin embargo, las declaraciones que más llamaron la atención fueron aquellas referidas a los empresarios – entendiéndose como ellos a los agrupados en CONFIEP – y su relación con AGP: “se han echado con el gobierno”, “son mercantilistas”, fueron algunas de las expresiones utilizadas y que fueron rechazadas por representantes de los gremios empresariales.

Es ciertamente curioso que sea Lourdes Flores quien haga estas declaraciones. Después de todo, el Partido Popular Cristiano – que preside -, a pesar de su impronta socialcristiana, ha sido el mejor defensor político de los intereses empresariales. Y no olvidemos el mote de “candidata de los ricos” a los que se hizo acreedora por llevar en su plancha a Arturo Woodman, uno de los brazos derechos de Dionisio Romero, como por tener el respaldo de aquellos cuya única y sempiterna preocupación ha sido que los intereses de los grupos económicos se solidifiquen, incluso a despecho de trabajadores y del crecimiento del propio país.

Pero, a pesar de esta observación, Lourdes Flores no ha dicho una mentira. Por el contrario, que recuerde, es la primera vez que un político que no pertenece a la izquierda o haya sido zurdo haya dicho palabras como esta. Aunque, debemos decirlo, Hernando de Soto fue quien acuñó la percepción sobre el mercantilismo en su libro El Otro Sendero.

En el Perú, se ha confundido el apoyo al empresariado y a la inversión con “hagamos lo que el inversionista quiere”, “demósle prebendas no importa su productividad”, “quedemos bien con el poderoso” o “no importa que los trabajadores o las comunidades revienten, flexibilicemos las reglas laborales al máximo y no nos preocupemos del medio ambiente, papá Estado siempre defenderá la inversión”.

Esta situación nos resume nuevamente la precariedad institucional de nuestro país, donde el empresariado trata de congraciarse con el gobierno, para que éste no boicotée sus actividades o le permita trabajar como desea. Pasó en el segundo belaundismo con Ulloa y Rodríguez Pastor como representantes de los empresarios, con los 12 apóstoles de García en su primer gobierno, con los contubernios con el fujimorismo, con PPK durante casi todo el gobierno de Toledo.

Es cierto que algunos empresarios parecen haber entendido el mensaje de responsabilidad social empresarial que está en boga en el mundo contemporáneo y de no pasar por Palacio para hacer negocios. Sin embargo, un gran bloque, que parece ser aún mayoritario sigue considerando que la legislación sólo debe estar adecuada a sus intereses, que el trato directo con el gobierno es la única manera de hacer business, que el medio ambiente y el trabajador son sólo meros instrumentos del capital. Eso es contrario a la existencia de una economía social de mercado estable, sólida, con reglas claras y que permita un desarrollo sostenible.

El país necesita inversión para poder crecer. Es cierto. Pero no por ello todos los pedidos empresariales son per se saludables. Nuestros empresarios deben reflexionar en que no son una isla, ni los únicos en el país y que el desarrollo de sus actividades debe tener en cuenta su entorno, tanto dentro como fuera de la empresa.

En el país necesitamos más Wong, Añaños y Acurios, empresarios emprendedores y creativos, y menos Dionisios que sigan sacándole dádivas a un Estado siempre dispuesto a hacerles caso.

ENLACES:
Lourdes Flores Nano: Empresariado está “totalmente echado” al gobierno.
Juan de la Puente: Empresariado nacional es tradicionalmente mercantilista.
Augusto Alvarez Rodrich: Los políticos de los ricos. Pérdidas y Ganancias.
Federico Salazar: Lourdes descubre la pólvora.