Ollanta, las Fuerzas Armadas y el Informe Bernales

(Los ascensos militares de Humala bajo la lupa. Foto: El Comercio)

En pocos círculos se ha discutido, hasta ahora, el informe presentado por la Comisión de evaluación de los ascensos y pases al retiro en las Fuerzas Armadas entre 2012 y 2016, conocido también como Informe Bernales (en alusión a que el grupo de trabajo era presidido por el abogado y exsenador Enrique Bernales).

La formación de la Comisión fue una salida que tuvo el Ministerio de Defensa – en el breve paso de Mariano Gonzáles – para poner paños fríos a los reclamos de oficiales en retiro (sobre todo, en el Ejército) sobre un tema que siempre resulta delicado en las instituciones castrenses.

La hipótesis del informe es que Ollanta Humala buscó el control político del Ejército, favoreciendo a oficiales cercanos a él – sobre todo, de su promoción -, para lo cual se variaron las normas sobre permanencia de los altos mandos castrenses en sus rangos.

Este tema comenzó a discutirse públicamente en 2015, cuando la promoción “Héroes de Pucará y Marcavalle” del Ejército Peruano comenzó a tener fuertes expectativas de ascenso al rango mayor de la institución: General de División. A tal punto llegaron las discrepancias que el entonces ministro Jakke Valakivi debió ir al Congreso a explicar los ascensos y que excomandantes generales del Ejército discrepaban en público respecto de los mismos.

Lo mismo ha ocurrido con el Informe Bernales. Como indicó Ricardo Uceda hace semanas, el clima castrense ha ido calentando junto con el verano:

Ahora mismo, en el Ejército, y a escala nacional, hay una confrontación de sectores que ha saltado a las redes, donde se atacan duramente. El informe, dice una parte, reivindica a fujimoristas. A su vez, hay páginas elocuentes respecto del supuesto humalismo de (Luis) Ramos Hume (actual comandante general del Ejército, nota de DTP). El ministerio está en una encrucijada. La gravedad de las aseveraciones del informe bien merece un examen público, aunque el debate en sí mismo no resuelve las cosas. Quizá, entre los promovidos por Humala o por los gobiernos anteriores hay institucionalistas con los que pueda hacerse una pirámide virtuosa.

Ayer Rosa María Palacios terció en el debate, señalando que la comisión Bernales postulaba que, en la práctica, el Presidente de la República no tenga la posibilidad de cambiar las recomendaciones de ascensos y pases al retiro de los institutos armados, lo que resultaba controvertido en términos constitucionales.

Para ahondar más la polémica, en su presentación del miércoles, Bernales indicó que Humala tenía un proyecto de permanencia en el poder de quince años. Y también señaló la bronca con el primer comandante general del Ejército de la era Humala. Citamos a La Republica:

“El general Paul da Silva era el comandante general del Ejército, pero a los nueve días de estar en el cargo durante el gobierno del ex presidente Humala fue destituido. La información que nos ha llegado es que se trató de presionar al general Da Silva para que diese información sobre cómo había sido el voto de los oficiales del Ejército en el proceso electoral del 2011 y quiénes habían votado por Ollanta Humala o Keiko Fujimori”, relató.

El problema es que la fuente de Bernales tiene una relación – por decir lo menos – complicada con el expresidente. Da Silva y Humala no se tragan por diferencias políticas. Y el proyecto de 15 años resultaba inviable, además de la debilidad de Humala, por el hecho que la oficialidad en actividad y en retiro se hallaba descontenta por el cierre de la cédula viva militar. De hecho, lo ven como un traidor. Lo que sí resulta cierto es que el favorecimiento a la promoción 1984 era, por decir lo menos, inocultable.

El otro punto de polémica del informe se centra en las recomendaciones para revisión de casos. Un informe de Ángel Páez hizo que la comisión Bernales retrocediera en la posibilidad del retorno al Ejército del exsecretario de Vladimiro Montesinos, Mario Ruiz Agüero. Otros dos informes presentados por el periodista de La República consignaron los problemas con los reingresos de Oswaldo Zapata Corrales – tio del controvertido Oscar López Meneses – y Gualberto Zevallos.

Y anoche Rosa María Palacios presentó nuevos problemas con la reincorporación de Zevallos, así como los casos de otros tres oficiales donde las recomendaciones del grupo de trabajo resultan bastante controvertidas. A ellos se suman los casos ya señalados de Ruiz y Zapata.

Por ahora, el ministro Jorge Nieto ha optado por el mutismo, pero también por una salida intermedia. Ya presentó un proyecto de Ley para modificar las normas sobre ascensos y tiempos mínimos en el grado, pero ha mantenido a Luis Ramos Hume al frente del Ejército. Aun no se ha pronunciado sobre los casos presentados por Páez y Palacios que complican las recomendaciones de la Comisión Bernales.

Todo indica que la verdad se ubica en un punto intermedio. Humala sí habría tenido proclividad por su promoción del Ejército, pero también es cierto que algunos oficiales de la misma merecían ascender. Al mismo tiempo, varios pases al retiro de aquellos años si resultan justificados y otros podrían tener una revisión. Y, finalmente, deberá analizarse con calma si es que las actuales disposiciones normativas son las más adecuadas para mantener la institucionalidad castrense.

Vaya que Nieto va a tener harta chamba en este inicio de año.

HUMALA: CUESTIONES CASTRENSES

Una de las cuestiones más complejas del gobierno de Ollanta Humala es el tema militar.  Dos son las variables que determinan esta cuestión. De un lado, la situación de Humala como oficial en retiro del Ejército Peruano. Del otro, varios problemas existentes en la gestión del sector Defensa. Veamos algunas de las aristas importantes.

EL MINISTRO MORA:

La crítica principal que se le ha hecho a Humala es el incumplimiento parcial de uno de los compromisos que hizo en un juramento simbólico. Allí dijo:

10. Proclamo que los ministros de Defensa y del Interior serán civiles, en respeto al principio del control civil democrático sobre las fuerzas de seguridad.

Ciertamente, los militares en retiro son civiles. Y como le ha dicho José Robles a Correo Semanal, enfatizar en una división civiles – militares le hace un flaco favor a una mejor relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.  Y de hecho, hemos tenido experiencias disímiles con ministros militares y civiles en Defensa.

En lo que se refiere a ministros civiles hemos tenido desde personas intachables y con vocación reformista como Loret de Mola con Toledo y Wagner con García, hasta personajes que terminaban defendiendo temas cuestionables, como fue el caso de Rafael Rey, cuyo paso por el sector Defensa es digno de recordación, para que se sepa que es lo que no se tiene que hacer. En el tema de ministros castrenses, hemos tenido a personas que han manejado con cuidado el sector, como el caso de Walter Ledesma en el gobierno de Paniagua, como ministros cuya gestión es francamente olvidable, como el de Marciano Rengifo, a fines del periodo de Toledo.

Dicho esto, sí creo necesario que, en la medida de lo posible, el Ministro de Defensa sea civil y con vocación democrática. Y enfatizo en lo de civil porque, más allá de la saludable identificación de los militares retirados con su institución, lo cierto es que, en muchos casos, no han sido ajenos a las pugnas entre promociones, armas y hasta pleitos personales que pueden provenir desde tiempos de las escuelas castrenses.

En esa medida, ¿cómo calificar el nombramiento de Daniel Mora? Como un error grave. Luego de 15 días en los que los ministros se han venido ubicando en sus distintos puestos y realizando los nombramientos de su plana mayor , queda claro que el punto más bajo del gabinete está en Defensa.

Como lo ha señalado Ana María Tamayo del IDL, un primer error de Mora es un repliegue hacia adentro, con nombramientos que no contemplan a civiles en la plana mayor e incluso la designación de militares con poca capacidad de dialogo con oficiales y suboficiales en retiro. Ello es importante para que la política de Defensa no se convierta en un ghetto vedado para quienes no están en el Ministerio.

El segundo error de Mora son sus declaraciones públicas. Ya antes de asumir se despachó con todo sobre temas vinculados a Chile y la demanda marítima, afortunadamente aplacadas por Salomón Lerner Ghitis. Pero lo dicho esta semana sobre el caso Antauro Humala es una patinada de campeonato que le pone tarjeta amarilla.

EL ASESOR VILLAFUERTE

Para complicar la situación de Mora dentro del Ministerio de Defensa, quien viene teniendo un peso creciente en las decisiones castrenses es Adrián Villafuerte Macha, nombrado como asesor presidencial en estas materias. Marco Sifuentes describió hace un par de meses su breve biografía y conexiones:

Adrián Villafuerte (a) “El Ácido” es el más mediático de los tres compañeros de promoción. Durante los 90 fue el hombre de confianza del general montesinista César Saucedo Sánchez. Ahora, es el principal consejero de Humala en asuntos militares, hasta tal punto que, pese a las críticas, integra la comisión de transferencia del Ministerio de Defensa. En el partido, una de las personas más cercanas a Villafuerte era, precisamente, el pesquero Alexis Humala.

Y hay más. Según una investigación de Angel Páez en La República, el próximo comandante general del Ejército sería el general de división Víctor Ripalda Ganoza. El actual, Paul da Silva, nunca ocultó su antipatía por Humala y sería relevado de inmediato. En la línea de antigüedad le seguirían dos generales más pero ya existen excusas para arrimarlos y que asuma Ripalda.

Ripalda pertenece a la promoción 1977, justamente aquella a la que pertenece Villafuerte y el relevo, en efecto, se produjo esta semana, en la forma antes indicada. De hecho, Paez menciona el peso de esta promoción:

La promoción todavía tiene tres generales de división en línea, Ricardo Moncada Novoa, Carlos Farach Ynga y Benigno Cabrera Pino. Es más, hay dos generales de brigada de la misma promoción, Jaime Araujo Olazábal y Raúl Silva Alván, a la expectativa para el ascenso este año al grado de general de división. Por lo tanto, se confirma la tendencia del apuntalamiento de la Promoción 1977 Coronel Mariano Aragonés, muy vinculada con el presidente por intermedio de su asesor personal, el coronel EP (r) Adrián Villafuerte.

Es cierto, varios de estos militares han llegado a esta posición por sus propios méritos. Tambíén es cierto que el propio Humala ha cuadrado a su propia promoción (1984) en relación con los ascensos. Y también resulta exagerado llamar, como lo hace Fernando Rospigliosi, “aprendiz de Montesinos” a Villafuerte.

Pero también es cierto que uno de los vínculos más fuertes que se tiene dentro de las instituciones castrenses es el de la promoción (el otro es el arma). Y ello hace que se pueda temer una posible cooptación de los mandos militares, un mecanismo de control civil que enfatiza en la lealtad al jefe de Estado y a sus allegados, antes que a la autoridad civil en sí misma. Y he allí un tema en el que Humala, crítico antes de llegar al poder sobre estas prácticas, deberá ser claro en explicar, sobre todo, por el peso que puede tener Villafuerte ante la presencia de un ministro con poca pericia en Defensa.

EL VRAE

Aquí las noticias son algo más alentadoras, pero, antes que por una directiva del ministro Mora, por el aprendizaje hecho por las propias Fuerzas Armadas de los errores cometidos durante el quinquenio anterior. Ambos cambios vienen en el tema del manejo de la inteligencia frente a Sendero Luminoso.

El primero es la unificación de la inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policiales en el VRAE. Y ello tiene buenas implicancias según indica Angel Páez:

Con la aprobación de la jefatura del Estado, la conformación del Centro de Fusión de Inteligencia es un paso excepcional para la unificación del procesamiento de información oportuna, actualizada y eficaz con la finalidad de identificar el desplazamiento de las columnas terroristas, sus centros de aprovisionamiento, sus refugios móviles o temporales, así como la red de colaboradores que  proveen de logística, alimentos y medicina a los senderistas, señalaron a La República fuentes militares y policiales.

Una de las graves fallas que siempre se tuvo en el tema del VRAE es la falta de información conjunta y compartida. Desafortunadamente, siempre los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas competían entre sí. Y menos aún con la Policía Nacional. Ello implicaba celos, pugnas y, sobre todo, quedarse cada uno con información importante. ¿El resultado? Varios oficiales y suboficiales fallecidos y el robo de armas en cada emboscada senderistas.

El segundo tiene que ver con la reestructuración de Inteligencia del Ejército. Aquí se profundizará en la especialización, la conformación de batallones especializados en tareas de inteligencia electrónica y de contrainteligencia. El refuerzo en la labor de inteligencia es fundamental para terminar con un foco importante de inseguridad que permanece desde tiempos de Fujimori, que no quiso liquidar el tema para seguir con el fantasma del terrorismo para ahondar en su permanencia en el poder.

LOS TEMAS PENDIENTES DEL SECTOR

Finalmente, quedan algunos temas pendientes, que tienen que ver, sobre todo, con el personal militar. El más mediático, sin duda, es el de las pensiones de los oficiales y suboficiales retirados. Y allí se tendrá que idear una fórmula moderna para el futuro, que tome en cuenta el tipo de trabajo especial de los sectores castrenses, pero que sea sostenible en términos económicos, como no ocurre ahora con la Caja de Pensiones Militar Policial. Ello implicará un trabajo político y también garantizar a quienes ya están jubilados bajo el sistema actual pensiones dignas.

Otro tema tiene que ver con los derechos del personal militar. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos elaboró un informe el año pasado sobre esta materia, que comprende la atención en servicios de salud, sepelio, beneficios por conflictos específicos y otros. El bienestar de la familia militar sí es una bandera que ha asumido Mora por lo menos en el discurso, pero allí tendrá que conseguir los recursos necesarios y sobre todo, administrarlos bien.

Finalmente, un tema que debería comenzar a cerrarse en este quinquenio es el legado del conflicto armado interno. Ello implica, de un lado, que el Ministerio de Defensa brinde la información necesaria para terminar de identificar a violadores de derechos humanos, a fin que sean procesados y, finalmente, se distinga a ellos de los oficiales y suboficiales que cumplieron con su deber. Del otro lado, que el Plan Integral de Reparaciones para las víctimas del conflicto, que ya los incluye según la ley y reglamento de la materia, comprenda en forma más nítida a la familia militar. Y claro, ir avanzando en una memoria común que reconozca el heroismo de muchos, pero también, las violaciones a los derechos humanos que otros cometieron.

Menuda tarea. Pero para ello, el Presidente de la República deberá evaluar si el esquema de poder que ha armado en torno a los temas castrenses es el más adecuado.

EDUCACION MILITAR: UN RUBRO PENDIENTE

Temprano, lei en Perú.21 la historia de como Umberto Jara logró a entrevistar a Santiago Martin Rivas, el líder operativo del destacamento Colina. La historia nos muestra a un militar que se siente traicionado ante las evidencias de corrupción que recayeron sobre quienes fueron sus superiores y, frente a dichas evidencias de lo que considera como una “traición al código de ética militar”, decide hablar con Jara.

Pero también hay otra lógica detrás y que es la que hizo evidente un editorial de La Razón de hace unas semanas: considerar cualquier acto de la lucha antisubversiva como heroismo, incluyendo las violaciones de los derechos humanos. Esta es la justificación que subyace a los silencios de Martin Rivas y que, para algunos partidarios de Fujimori, debio ser su mejor argumento de defensa en pos de una amnistía.

Y, de hecho, es la misma lógica que, de alguna manera, las Fuerzas Armadas impusieron a varios de sus miembros durante los años de conflicto armado interno. Al revisar Muerte en el Pentagonito nuevamente – ya a la luz del juicio a Fujimori -, pude comprobar que existía toda un pensamiento detrás que Martin Rivas comparte: el heroísmo es entendido como no tener reglas para actuar, dejar de lado los derechos fundamentales de las personas y así ganar la guerra. Ello es incompatible con Fuerzas Armadas que se encuentran bajo el mando de un gobierno democrático. Lamentablemente, como concluye Ricardo Uceda, los tres gobiernos que debían enfrentar a Sendero Luminoso y al MRTA – responsabilidades políticas y penales aparte – tenían la misma lógica de sus operadores castrenses.

¿Qué es lo que queda? Pues un sentido del honor bastante tergiversado y que comparte un sector de la población: se perdona el asesinato, pero no el robo. De hecho, buena parte de la derecha chilena compartió ese argumento frente a Pinochet: eran “necesarias” las desapariciones para acabar con la “amenaza comunista”, pero una vez que se descubrieron las cuentas en el Riggs, le dieron la espalda. No deja de ser sintomático que un sobrino de Pinochet defendiera a Chinochet.

Pero volvamos a la lógica de Martin Rivas y al remedio para la misma. Si algo quedó postergado en los intentos de reforma militar que se han tenido tímidamente en los gobiernos de Toledo – sobre todo, con Loret de Mola – y con García – en la experiencia Wagner -, fue el tema de la reforma educativa militar, es decir, la formación en las escuelas de instrucción militar. Sin duda, ha sido sintomático que recuperada la democracia se instale un Centro de Formación en Derecho Internacional Humanitario o se incorporen cursos de derechos humanos a la currícula de la formación de oficiales y suboficiales.

Pero ello es insuficiente. Si no se ponen en práctica lo que se aprende en estos cursos – léase, incorporándolo como parte de la formación en combate y en prácticas – pues es poco lo que se podrá hacer. Y también lo será si es que no se modifica un tema de cultura castrense resistente a los controles y que subyace en la lógica de la que Martin Rivas hace gala: la impunidad y la no diferenciación entre el buen soldado y el violador de derechos humanos. Ello, en términos educativos, se llama currículo oculto y tiene que ver con las prácticas que, desde lo cotidiano, se consienten y se enfatizan. Ello pasa en una institución educativa civil como en una militar.

Para ello, es necesario que las Fuerzas Armadas dejen de lado su desencuentro con la sociedad y que está mostrado a través de la formación que se nos da a civiles y militares. Por ejemplo, cuando se nos dice que estamos ante “instituciones tutelares de la Patria” y somos adultos que no merecemos ninguna tutela y, más bien, necesitamos tener mayores elementos para tomar nuestras decisiones. O cuando a los militares se les mete el rollo de que son quienes aman más a su patria, en desmedro de la gente de a pie.

Y es que, así como Martin Rivas, Telmo Hurtado y otros opinan que lo que se hizo en materia de violaciones a derechos humanos es justificable, también forma parte del sentido común de muchos civiles. La verdadera brecha a recuperar es la del respeto de los derechos de los demás y entender que, en democracia, no toda salida es justificable y que los medios condicionan el resultado.

LA LOGICA DE MARTIN RIVAS

No sorprende que Martin Rivas haya esgrimido la palabra “No” tantas veces que pretendiera hacer que creamos su cinismo y sus mentiras.

Decir que la entrevista brindada a Umberto Jara fue “un ensayo de lo que iba a declarar en el Poder Judicial” resulta francamente inverosimil, sobre todo cuando en dicha “práctica pre – judicial” esgrime una autoconfesión, ante un periodista con el que se sentía cómodo, sobre las actividades del Destacamento Colina, “ensayo” que, por cierto, no ha puesto en práctica en sus declaraciones judiciales.

¿A qué está jugando Martin Rivas? Pues no esta jugando precisamente para el esclarecimiento de los hechos. De hecho, el ex procurador César Azabache explicó ayer en Prensa Libre la serie de incongruencias del testimonio del jefe operativo de Colina, así como los elementos que el tribunal debería tomar en cuenta para ponderar el testimonio de alguien que ha faltado a la verdad. Y también recomendó a todos los abogados involucrados en el proceso que hagan bien su tarea y se dediquen a convencer a quien tienen que convencer, que es a la Sala Penal Especial y no necesariamente a la opinión pública.

Sin embargo, el juicio si puede servir, como apunta bien Laura Arroyo Gárate, para desarmar la tesis esgrimida por los medios adictos a la dictadura de que era necesario vulnerar derechos humanos para derrotar a Sendero Luminoso – y que es la tesis que Martin Rivas esgrime en el libro de Jara – y para el mundo confirme que lo que indicó la Corte Suprema de Chile, al aprobar por unanimidad la extradición en violaciones de los derechos humanos, lo que indica que sí existen elementos claves para el procesamiento y sanción de Alberto Fujimori.

Pero creo que este proceso judicial también deberá servir para comenzar a separar la paja del trigo. Ayer, el jefe de Colina quiso arguir que las acusaciones en su contra eran una campaña contra las Fuerzas Armadas. No todos en las Fuerzas Armadas actuaron como este sujeto y su grupo de la muerte. Hubieron oficiales que defendieron al país con honor y respeto a los derechos humanos y quienes dejaron su vida por defender la democracia. ¿Pueden los familiares de estos militares honorables sentirse bien por ser confundidos con asesinos por declaraciones como estas? No lo creo. Y si bien las Fuerzas Armadas aun son reticentes a aceptar la dimensión de violaciones a los derechos humanos cometidas por sus miembros, no toleran grupos como Colina en su seno.

Seguiremos viendo más declaraciones como estas en varios dias. Y sin duda, no habrá quien se ofrezca a justificarlas. Pero, al final, serán los jueces quienes ponderen. Y para ello, la Fiscalía y los abogados de la parte civil deberán hacer bien su trabajo.

MAS SOBRE EL TEMA:
Laura Arroyo Gárate: ¿Por que DDHH? Juicio a Fujimori
Caretas: Las dos caras de Martin Rivas

FLORES ARAOZ VS. LA RAZON

Como informamos en su momento, la designación de Ántero Flores – Araoz como Ministro de Defensa fue celebrada especialmente por el diario La Razón.

El nombramiento de un ex columnista suyo hacía que los Wolfenson y Ben Schmuel vivaran ante lo que parecía ser el triunfo de su visión sobre la defensa nacional: ningún control democrático, ningún juicio a los militares que violaron derechos humanos y, por cierto, discrecionalidad total para compras de armamento para un posible conflicto bélico con Chile, que se alienta, sin ningún rubor, desde las páginas de dicho pasquín.

Pues bien, Ben Schmuel y Flores – Araoz se han peleado. ¿El motivo? Pues una campaña del diario de la mafia para que se acelere la compra de armamento. Y Flores – Araoz, que podrá ser todo lo conservador que se quiera, pero tonto no es, respondió con lo siguiente:

El ministro de Defensa, Dr. Antero Flores- Araoz afirmó enfáticamente que su portafolio no cederá a la presión, ni a cualquier intento de “chantaje” de parte de algunas empresas que pretenden obligar al Estado a suscribir contratos de compra de material bélico. Agregó que el Sector Defensa privilegia los tratos Estado con Estado para todo lo que implique la actualización de la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas y la modernización de su material defensivo.

“No nos vamos a dejar, de modo alguno, chantajear por nadie, venga de donde venga. Muchas veces son los vendedores de servicios o de material bélicos los que empujan ciertas noticias para obligar a sentarnos en la mesa y firmar rápido un contrato”, declaró

Y a estas declaraciones, el director del diario del fujimorismo respondió:

Pero sí queremos decirle algunas cosas a nuestro amigo de largos años Antero Flores-Aráoz. Porque no sabemos si además de la ponzoña ideológica, los caviares enquistados en el Pentagonito segregan alguna otra sustancia nociva que hace perder el sentido de las proporciones y el buen juicio a quienes se colocan el fajín de Defensa, al extremo de emitir juicios claramente desinformados, como se desprende de la información que pueden ustedes leer en las páginas cuatro y cinco de este ejemplar.

Ya escuchamos al ministro gritar, y ahora nos gustaría conocer sus argumentos (si acaso los tiene y no se está dejando llevar por lo que le susurran al oído sus funcionarios, la señora Esparch y el señor Chiri). Y de paso, recomendarle que lea el artículo que publicamos en las páginas centrales de esta edición, que sirven para constatar que contrariamente a lo que decía Marx, en nuestro país, tristemente, la historia no se repite como farsa sino siempre como tragedia.

En los años previos a 1879, el civilismo actuó con mezquindad con las Fuerzas Armadas de entonces y las pusieron en la indefensión con resultados aciagos. Desde 2001, sus descendientes caviares repiten la misma odiosa conducta. Con un perverso agregado: no solo quieren dejar desarmados a los militares, también minar su moral, que es tan o más importante que el equipamiento en caso de guerra antisubversiva o conflicto externo.

Por eso la CVR, por eso la persecución judicial a los comandos “Chavín de Huántar” y a más de 500 oficiales y subalternos, por eso el proceso a Fujimori. El cual, no nos cansaremos de repetirlo, tiene al ex presidente de blanco colateral, porque el objetivo principal son los uniformados, a quienes se quiere presentar como una pandilla de genocidas y violadores sistemáticos de derechos humanos y convertir así una gloriosa victoria en una derrota política… y advertirles que no osen tomar las armas en defensa de la Nación en el futuro, porque corren el riesgo de ser sentados en el banquillo, no importan cuántos años pasen.

Pues bien, tamaña muestra de honestidad de parte de ambos personajes nos deja en claro lo que està en juego y que trataré de poner en cristiano.

La agenda de La Razón es clara: aumentar las compras de armamento, pero no de Estado a Estado – como cualquier país actualmente realiza, para evitar los riesgos de corrupción – sino a través de intermediarios. Como bien lo explica Defensa IDL:

Como todo proyecto de inversión que se financia con recursos del Estado, las adquisiciones militares deben pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y ser declaradas viables, socialmente rentables, sostenibles y compatibles con los lineamientos de política planteados en los planes anuales y estratégicos del sector.

Si son adquisiciones que no atañen al “secreto militar”, entonces deben pasar por los procesos de selección de adquisición del Estado: licitación pública, concurso público, adjudicación directa y/o adjudicación de menor cuantía, según el caso. Para ello la ley de contrataciones y adquisiciones indica varios paso a seguir: conformación del comité especial, elaboración de bases, convocatorias, observaciones, presentación de propuestas, evaluación y calificación, otorgamiento de la buena pro, etc.

Si estas contrataciones y adquisiciones son de carácter de “secreto militar”, estarían exoneradas del proceso de selección, siempre y cuando su objeto esté incluido en la lista que, mediante decreto supremo, haya aprobado el Consejo de Ministros con anterior opinión favorable de la Contraloría General de la República.

¿Y cuál es la única manera en que estas compras sean declaradas como “secreto militar”? Si es que existe un conflicto de por medio, sea interno o externo. Ello explica porque el diario de los Wolfenson levanta tanto los temas de terrorismo y de tensiones con Chile. Si no hay guerra, no hay posibilidad de vender armas salvo que sea por renovación de equipos. Es en esta última hipótesis que el Estado peruano va a comprar armas, de manera paulatina y en trato directo con cada Estado fabricante. La experiencia de comisiones en la compra de armas en la década de los noventa, que tanto añoran los dueños de La Razón, es la que ha vacunado al Ministerio de Defensa contra compras poco transparentes.

El otro tema de agenda tiene que ver con los procesos por violaciones de derechos humanos. Si bien al actual gobierno no le agradan mucho este tipo de procesos judiciales, pues hay que señalar que, a pesar de la lentitud de dichos juicios, no se ha intervenido en acabar con los mismos de manera abrupta, mediante indultos o amnistías. Como esta es una bandera bastante sensible en las Fuerzas Armadas, La Razón la esgrime como causa para poder tumbarse a cualquier Ministro de Defensa. Ya lo hicieron con Wagner y ahora, con las distancias que ha marcado el ex presidente del Congreso, no me extrañaría que la hicieran con Flores – Araoz.

El problema para Flores – Araoz no será enfrentarse a sus antiguos amigos, sino ver hasta que punto sus compañeros de gabinete y su jefe están comprometidos con la agenda del diario de la mafia. Será cuestión de meses saber si es que algún medio de comunicación que tiene un amplio giro de negocios habrá ganado algo con venta de armamento. Y si es que la Defensa Nacional se sigue manejando con criterios modernos.

PERU, CHILE Y LAS SINRAZONES DE LA RAZON

TRIUNFA CAMPAÑA DE LA RAZON

¡PERU POR FIN LE DECLARA LA GUERRA A CHILE!

Glorioso Ejército de Bolognesi, en maniobra sin precedentes, reclama para sí territorio peruano de Arica, robado en 1879.
Presidente García, en mensaje a la Nación, reivindica acción y solicita comprensión de la comunidad internacional con este tema.
Fujimori anuncia apoyo de su bancada a acción de dignidad nacional.
Solo “caviares” y “prochilenos” condenan acto de patriotismo.

Por supuesto que el titular que acabo de colocar es producto de mi imaginación. Sin embargo, no dista de los deseos nada ocultos de un diario encargado de promover el odio hacia un vecino con el que tenemos un tema pendiente, pero con el cual debiéramos tener una mejor relación.

Es conocido que La Razón, el diario más alineado con el fujimorismo y con los intereses del sector más conservador de las Fuerzas Armadas viene propugnando una campaña en contra de la permanencia de Allan Wagner como principal impulsor de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de la delimitacion marítima contra Chile.

Para ello, no dudan en mentir o en colocar como “expertos en temas internacionales” a militares y diplomáticos en retiro que invocan una supuesta “pro-chilenidad” del ex Ministro de Defensa, con un solo argumento. Para muestra, el botón de hoy:

El presidente de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes (Adogen), general PNP (r) Rolando Llanos, mostró su espanto por la permanencia de Allan Wagner como agente peruano ante la Corte de La Haya, pese a sus demostrados vínculos con Chile.

Según precisó, nuestro país ha tenido desde la Guerra del Pacífico numerosos antecedentes que involucran a “malos peruanos” que lindaron con la traición a la patria, por lo que “temer que Wagner vuelva a actuar en contra de los intereses nacionales, como lo hizo en 1985 y 1986, es absolutamente válido”, en referencia a la aceptación de la violación del Tratado de 1929 respecto de las obligaciones de Chile con el Perú en Arica.

Basta ver los comunicados de ADOGEN para darnos cuenta que pueden defender cuestiones necesarias e importantes como la mejora de la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, como su rechazo a cualquier iniciativa vinculada a la defensa de los derechos humanos, especialmente, aquellas que tengan que ver con el conflicto armado interno.

Pero, filias y fobias aparte, el general entrevistado por La Razón – como todos sus invitados recurrentes – miente con descaro. Wagner no es un prochileno interesado en destruir a las Fuerzas Armadas, sino, más bien, es un diplomático que ha defendido a cabalidad los intereses del Perú.

Esta mañana estuve revisando el libro Políticas Exteriores del Perú: Sociología Histórica y Periodismo, de Luis Velaochaga, en el que se hace un exhaustivo resumen de lo que ha sido la política internacional peruana desde los inicios de la República hasta el final del primer gobierno de Alan García. Cabe recordar que, en ese periodo, Wagner fue el Canciller durante buena parte de dicho régimen.

¿Y qué fue lo que hizo Wagner que irrita tanto a los Wolfenson y sus amigos y aliados? Pues tuvo una serie de conversaciones con el entonces canciller chileno Del Valle, a fin de resolver los puntos pendientes del Tratado de Lima de 1929, así como a ampliar la agenda bilateral, lo que incluyó, en primera instancia, reuniones entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas respectivas, en un antecedente de lo que conocemos como hoy como “reuniones 2+2”.

En dichas reuniones, Wagner planteó cuestiones de sentido común, como lo referido al tema del ferrocarril Tacna – Arica (que muchos equivocadamente consideran como de soberanía peruana), la venta del terreno del Chinchorro y el establecimiento de la revisión de los textos de historia para llegar a un acuerdo sobre lo que fue la verdad histórica de la Guerra del Pacífico. Como señala Velaochaga, estos puntos fueron criticados por un sector del periodismo peruano, que hizo campaña.

Los intentos de conversaciones fracasaron, al final, por una posición firme del Perú en materia de derechos humanos, al condenar a Chile en la Comisión de Derechos Humanos por los motivos por todos conocidos.

Pero también Wagner levantó, en ese periodo, la bandera de uno de los cucos del conservadurismo diplomático y militar: la adhesión del Perú a la Convención del Mar, tratado internacional cuyos principios, curiosamente, son los sostenidos por el Perú en su demanda ante la CIJ en La Haya. A pesar de ello, nunca hemos firmado la Convención, por pensar que era contraria a nuestros intereses, debido a un tema meramente de nomenclatura, referido a la definición de lo que significa “mar territorial”. Lo curioso, como refiere Velaochaga en su libro, es que Alan García, opuesto a dicha suscripción, dejó que Wagner trabajara, aunque, a la larga, la falta de respalddo presidencial hizo que el esfuerzo del entonces canciller fuera un fracaso.

En otras palabras, lo que hizo Wagner como canciller fue comenzar a sentar las bases de lo que es la actual posición peruana, defendida por todos los partidos políticos presentes en el Congreso y que, a mi criterio, tiene serias posibilidades de ganar en el fuero internacional. Así que, la acusación de “pro chilenismo” carece de sustento algono.

No es la primera vez que el diario de la mafia la emprende contra el ex canciller. Ya anteriormente informamos de una contracampaña sostenida cuando era Ministro de Defensa. ¿Los motivos? Básicamente, parar cualquier intento de control civil democrático a las Fuerzas Armadas, evitar reformas importantes que Wagner venía impulsando en dicho sector y aumentar los gastos militares en armamento. De allí que La Razón tenga una línea editorial tan belicista hacia Chile y tan favorable al blindaje de las Fuerzas Armadas, a las que veneran como los peruanos al Señor de los Milagros.

La República ha esgrimido argumentos parecidos. Como sostuvo en un informe de ayer:

Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación de este diario, señala que son tres los grupos de poder que están reflejados detrás de la campaña de La Razón. “Primero están los proveedores de armas que exaltan las adquisiciones que hacen los chilenos y, de esa manera, tratan de forzar al Ministerio de Defensa a realizar adquisiciones sin licitación, sin transparencia”, asegura.

Otro sector que identifica Páez es el fujimontesinismo, que se vale de La Razón para petardear cualquier esfuerzo diplomático que busque solucionar las diferencias con Chile. “Buscan una posición militarista y beligerante que justifique el incremento de adquisiciones militares.

El tercer grupo es el que conforman los ex militares que se corrompieron con las adquisiciones y los que están siendo procesados por violación de derechos humanos.

Para terminar. Hay un dato más que debemos tener en cuenta. Como lo señaló recientemente el periodista Marco Sifuentes, la empresa que edita La Razón, Montecristo Editores, ha ampliado su rubro de negocios a varios ámbitos y ha indicado que podría presentarse a cualquier concurso o licitación pública que haga el Estado. Es decir, negocios hay de por medio, y no solo detrás de La Razón. Es esta empresa la que potencialmente tiene la posibilidad de ganarlos.

Más que amor por el Perú, es amor al dinero fácil, aun a costa de lo que significa una guerra: perder vidas humanas. Si eso es “patriotismo”, prefiero cantar que no necesitamos banderas.

ACTUALIZACION (06:26 PM):
Como alguna vez lo dije, este blog no es nada sin sus comentaristas. Y ya dos de ellos me han indicado que la persona presentada como “Presidente de ADOGEN” por La Razón no es el verdadero directivo principal de dicha institución.

De hecho, según la propia web de ADOGEN, el presidente de esta asociación es el General EP (r) Juan Fernández – Dávila Pérez, cercano a las filas apristas y miembro del Consejo de Reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno. En la directiva, no aparece ningún señor Llanos, quien es director de una asociación similar de reciente creación, pero en la Policía Nacional. Todos conocemos como ADOGEN a la asociación de militares y almirantes en retiro, que tiene más de 50 años de existencia y no a la de Llanos, fundada apenas hace 4 años.

A los chicos de La Razón, cabe recordarles el viejo y conocido refrán. Para mentir y comer pescado, hay que tener cuidado.

CIVICA CON BOTAS EN MIRAFLORES

Es un juego simple el de ser soldado:
ellos siempre insultan, yo siempre callado.
Descansé muy poco y me puse malo,
las estupideces empiezan temprano.
(Sui Generis, Botas Locas)

Se supone que la educación civica es aquella materia colegial en la que deberían darnos los conocimientos necesarios para ser mejores ciudadanos. Ello implica que cualquier profesional de la educación – competente, of course – pueda brindar este tipo de herramientas, dado que, además, también es ciudadano.

Sin embargo, parece que en las obtusas mentes de varias de nuestras autoridades, se sigue creyendo que los valores cívicos son patrimonio casi absoluto de las Fuerzas Armadas.

Otra cosa no se puede decir luego de ver que Manuel Masías ha señalado que oficiales y suboficiales del Ejército dictarán el curso de Educación Cívica en Miraflores, el distrito que dirige desde hace casi un año.

Aunque con justa razón La Columna de Tobi se pregunta si es que no estamos ante otro de los conservadurismos de un alcalde peleado con la comunidad gay y con la diversión juvenil, esto es el pretexto para ver otro de los signos de nuestra cultura política: la absoluta reverencia a las Fuerzas Armadas.

Todos sabemos que las Fuerzas Armadas cumplen una función importante, que es la de preservar la seguridad nacional. Sin embargo, nuestra debilidad institucional, que en muchos momentos ha hecho que los políticos civiles acudan a los cuarteles para buscar soluciones a los problemas que no pueden resolver. Y esa misma debilidad institucional le ha dado un peso de poder fáctico a los militares, quienes son vistos (y se ven a su vez) como los únicos garantes de la peruanidad, dado que reciben una formación distinta a la de los civiles.

Este desencuentro se enfatiza en la educación. Por ejemplo, cuando se nos dice que estamos ante “instituciones tutelares de la Patria” y somos adultos que no merecemos ninguna tutela y, más bien, necesitamos tener mayores elementos para tomar nuestras decisiones. O cuando a los militares se les mete el rollo de que son quienes aman más a su patria, en desmedro de la gente de a pie.

Este tipo de rollo se patentiza en medidas tales como la imposición de los desfiles escolares a paso de ganso – felizmente abolida este año -, los llamados congresales para volver a poner Instrucción Pre Militar y el Servicio Militar Obligatorio y, claro está, la negación de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno.

Pero además de estar imbuido en este rollo, Masías comete otro error grosero: olvidarse que la municipalización de la educación no implica desviarse de las políticas nacionales. Aunque a Chang se le olvide, el Ministerio de Educación tiene tres documentos que plantean la política nacional de educación ético política: el Diseño curricular nacional de educación básica regular, el Diseño curricular básico de educación secundaria, y la Propuesta de formación ética del Programa Nacional de Emergencia Educativa. Como se imaginarán, en ninguno de estos documentos se señala que la Educación Civica es patrimonio castrense. Menudo error del alcalde miraflorino en no compatibilizar sus ideas con la política nacional.

Hechos como estos hacen que sea necesario repensar el tipo de relaciones culturales que tenemos civiles y militares. Eso pasa por un cambio en la formación – que incluye la currícula oculta – y por entender que, al fin y al cabo, todos somos ciudadanos, ni más ni menos que otras. Pero medidas como estas siguen haciendo pensar que, a despecho de lo que dijo un desatinado vicepresidente, los militares son ciudadanos de primera categoría en el Perú.