LA LAVAN CON POTENTE CARIÑO

La Fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, se encuentra en un severo aprieto y hasta ahora no se percata de su delicada situación.

A ello ha contribuido varios de los miembros del Congreso de la República, que convirtieron su presentación ante la Comisión de Justicia en un homenaje digno de los que hace Jeanet Barboza en su programa de los sábados. Básicamente, el fujimorismo, Unidad Nacional y el tránsfuga Torres Caro se convirtieron en los abogados defensores de la Fiscal de la Nación, por su decisión de mandar prácticamente a la muerte a la Fiscal Luz Loayza. Los congresistas apristas ni se aparecieron.

Peor aún, la decisión de enviar de vuelta a Maynas a Loayza acaba de ser ratificada, con lo que los sicarios de Fernando Zevallos deben estar alistando sus armas para atacar.

Pero cabe recordar que no es la primera vez que recaen sospechas sobre la Fiscal de la Nación. Hace algunos meses, el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosi denunció que el esposo de Bolivar tenia vínculos con Zevallos y que la actuación de la Fiscal en dicho caso había tenido un severo problema de lenidad.

Aun queda pendiente la investigación del Consejo Nacional de la Magistratura, que estaría por ser emitida este martes, por lo que la situación de la señora Bolivar, a pesar del blindaje parlamentario, sigue siendo de órdago.

Si las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley son las primeras en hacer el juego al narcotráfico, ¿qué nos queda a los ciudadanos?

MAS SOBRE EL TEMA:
Fiscal Luz Loayza: Esto es un castigo por haber denunciado a Fernando Zevallos
Jorge del Castillo: Es una obstinación insistir que Loayza retorne a Iquitos
Fernando Rospigliosi: La fiscal y los otorongos
Augusto Alvarez Rodrich: Club de fans de Adelaida

UN CLAN EN PROBLEMAS

Cada día que abro los diarios y veo noticias sobre narcotráfico, recuerdo una frase que le escuché a Santiago Pedraglio hace algunos meses en una conferencia sobre Independencia Judicial y Lucha Anticorrupción: Si hay un filón de investigación que los periodistas deben seguir es el tema del narcotráfico, pues será la principal amenaza de los próximos años. A todos nos sorprendió la observación de Pedraglio, pero, a la luz de los acontecimientos recientes, tiene una lucidez que hoy es digna de admiración.

El periodismo le hizo caso a Pedraglio. Si bien ya el caso de Fernando Zevallos venía siendo objeto de seguimiento por la prensa, el rango de medios que tocaban el tema se fue ampliando y se fueron encontrando otras pistas de sus vinculaciones con políticos y otras bandas de narcotraficantes. Ello permitió conocer a más personajes implicados en la trama de esta organización criminal y, además, que el caso, a pesar que judicialmente se encuentra encaminado – con una sentencia de 20 años de prisión mediante – tenga más sorpresas que ofrecernos.

Un segundo caso que hoy ocupa al periodismo nacional ha sido el de la familia Sánchez Paredes. Esta semana, en una inusual conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mismo Presidente de la República anunció el inicio de investigaciones preliminares al patrimonio de este clan familiar, lo que implica que más de un centenar de empresas se encuentren bajo la lupa del Ministerio Público. Los Sánchez Paredes respondieron con un comunicado a toda página en El Comercio, en el que señalaban su disposición de colaborar con la justicia.

Todos los indicios apuntan a que la fortuna de esta familia tiene vínculos con el narcotráfico. Pero el abanico de investigaciones no se debiera limitar a las cuestiones meramente crematísticas, sino también a los vínculos con nuestra política. Como bien lo señala hoy Caretas:

El temor por las juntas de algún sector del aprismo puede volver a influenciar los cálculos de García un cuarto de siglo más tarde.

Para muestra un botón. Esta revista dio a conocer en marzo del 2007 que el abogado aprista José Abanto Verástegui era un cercano asesor de Luis Alva Castro, apenas designado como ministro de Interior, quien también se desempeñaba como abogado y director gerente general de Exploraciones Algamarca S.A., de propiedad de los Sánchez Paredes.

La ex jefa de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Pilar Freitas, fue despedida del cargo en febrero del 2007 y atribuyó su salida a las presiones de apristas vinculados con los Sánchez Paredes. Señaló a quien fue su propio superintendente nacional adjunto, Manuel García Torres, por intentar favorecer a los Sánchez Paredes en el complejo litigio que sostienen con la minera canadiense Sulliden Shauindo. Como consecuencia diarios trujillanos asociados con el ala dura aprista comenzaron a atacarla sin tregua. Freitas también relató supuestas presiones de Abanto Verástegui y del propio Orlando Sánchez Paredes, quien se habría atribuido “contactos e influencias” (CARETAS 1966).

En ediciones posteriores se reveló que Belisario Esteves, ex ministro de Comercio durante el primer gobierno aprista, aparece como socio de Orlando Sánchez y se documentó también la relación de esta familia con viejos apristas trujillanos y jueces vinculados al partido de la estrella.

Y claro, no olvidemos dos revelaciones recientes: Abanto Verástegui está vinculado a la familia Wolfenson y el nuevo abogado del clan sea nada menos que César Nagasaki, el patrocinante de Alberto Fujimori.

Desentrañar una red de narcotráfico no es tarea fácil. Y para ello se requiere que se tenga una buena red de jueces y fiscales lo suficientemente independientes y un sistema de protección a testigos que pueda impedir presiones, amenazas y asesinatos. Este es un punto que los Ministerios de Economía y Justicia deberían concertar con el Poder Judicial y el Ministerio Público, a fin de contar con la voluntad política y recursos suficientes para proceder con este tipo de esfuerzos.

Si el gobierno quiere emprender en serio esa tarea, por allí es el camino que deba iniciar. Y allí no hay dudas que valgan.

MAS SOBRE EL TEMA:
Caretas: El último ajuste
Perú.21: Testigos clave del caso Zevallos en peligro
Fernando Vivas: La estamos peleando
Ricardo Soberón: Coca, Estado y narcotráfico

¿BOLIVAR INTENTA LIMPIAR A ALGUIEN?

Varios sucesos ocurridos durante el año pasado nos dan cuenta que el narcotráfico se ha convertido en el mayor problema de seguridad del país. Asesinatos de policías, la ausencia de una política clara en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el tráfico de drogas y las amenazas a jueces y fiscales que investigan a las mayores firmas del país son una muestra de los efectos que puede llegar a causar esta actividad ilegal en nuestro medio.

Es nítido también que la solución a este problema no pasa únicamente por la represión y persecución policial y judicial de los involucrados en actos ilícitos, sino también por la repotenciación de las zonas rurales, abandonadas durante varios años, en las que la brecha entre los ciudadanos y el Estado y el mercado genera un escenario proclive a la aparición de alternativas reñidas con la legalidad.

Sin embargo, preocupa que, además de la carencia de una política de desarrollo en la selva de nuestro país, se sigan registrando contradicciones en la persecución judicial del narcotráfico.

Es lo que ha ocurrido con la disputa entre la Fiscal de la Nación y el Ministro del Interior por la protección a la Fiscal Superior Luz Loayza, una de las profesionales del sistema de justicia que ha enfrentado, con valentía, a Fernando Zevallos, el máximo capo de la droga en el Perú. Lejos de la defensa de la vida ejercida por el Ministro Alva Castro – en uno de los pocos aciertos de su gestión –, Adelaida Bolívar nos ha sorprendido a todos con una frase poco feliz: “Todo fiscal debe trabajar afrontando los riesgos. Si no tengo el coraje para desempeñar la función, no tengo el perfil para asumir el cargo”.

No se trata, como sostiene la Fiscal de la Nación, de un problema de personas reñidas con la valentía, sino de las precauciones básicas que un magistrado debe tener para poder ejercer su puesto sin presiones de ningún tipo, lo garantiza, por un lado, sus derechos a la vida y a la integridad personal y, de otro lado, su independencia.

Este último aspecto es el que parece estar en carestía en las oficinas de la avenida Abancay. Como lo han demostrado varios medios de comunicación, varios fiscales han sido sorprendidos en conductas sospechosas: ¿Qué hace la fiscal del caso Sánchez Paredes acudiendo a una diligencia en una camioneta de sus investigados? ¿Por qué un fiscal en Cajamarca pretende coaccionar la libertad de expresión, al tratar de averiguar las fuentes que dieron a un diario la “lista blanca” de los más grandes narcotraficantes del país? ¿Podría explicarnos la Fiscal de la Nación porque los informes fiscales aun en reserva sobre los Sánchez Paredes los pudo conocer el Estudio Souza & Nakasaki, patrocinante de la cuestionada familia trujillana?

Hay una palabra que define a personas como la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, a los policías de DINANDRO que todos los días salen a enfrentar al narcotráfico o a fiscales como Luz Loayza. Pero parece que no se encuentra en el vocabulario común de muchas personas en el Ministerio Público, comenzando por su máxima representante. Comience a practicarla, señora Fiscal de la Nación: Coraje.

(Artículo publicado originalmente en Prensaperuana.com. Links añadidos para este blog)

MAS SOBRE EL TEMA:
Editorial de El Comercio: ¿Quién saca la cara por la legalidad?
Augusto Alvarez Rodrich: Unas piedras bien gordas
Fernando Rospigliosi: La Fiscal y el narcotráfico
CPN Radio: CNM investigará a Fiscal de la Nación
Correo: Procuradora Sonia Medina Calvo critica a Fiscal de la Nación