EL CAU CAU DE EXPRESO Y LA RAZON

Si una táctica mediática fue desplegada en los años noventa fue la campaña sistemática en contra de los opositores al fujimorato. A través de titulares que tocaban el mismo tema en varios diarios – todos comprados al mejor postor por Vladimiro Montesinos -, todo aquel que se opusiera a Alberto Fujimori era pasado por una moledora de carne sistemática, con contenido dictado desde la salita del SIN.

Y si bien Fujimori y Montesinos ya están en prisión, su espíritu está presente en algunos medios de comunicación.

A estas alturas del partido, queda claro que los diarios Expreso y La Razón están enfocados en una campaña sistemática en contra de las organizaciones de derechos humanos, la CVR y todo aquel que defienda estas causas o plantee reformas institucionales de fondo. Los ataques son sistemáticos y parten desde dos miradas distintas: en el caso de Expreso, un macarthismo a prueba de balas, mientras que en el de La Razón es su fujimorismo el que los delata. En ambos casos, tienen enemigos comunes a los que les dan con palo.

Uno de estos enemigos es Gustavo Gorriti, una de las personas que encarna lo que debe ser un buen periodista: una buena pluma, uso de los métodos de investigación y corroboración, principios democráticos sólidos e investigaciones que lo respaldan.

El 7 de mayo de 2008, Gorriti sacó un artículo sobre la lucha que viene emprendiendo la Policía Nacional contra “Artemio”, uno de los líderes de lo que queda de Sendero Luminoso. La historia que cuenta el periodista nos da una idea de como se va estrechando el cerco sobre este personaje, a pesar de las limitaciones logísticas a las que el despacho que “encabeza” Luis Alva Castro. Debo decir que del relato de Gorriti puedo admirar a los policías que, con inteligencia y sin violar derechos humanos, vienen aplicando una estrategia inteligente y que, estoy seguros, dará resultados en el futuro cercano.

Sin embargo, días más tarde, el domingo 11 de mayo, Expreso y La Razón pasaron a Gorriti por sus respectivas moledoras de carne: sus secciones de trascendidos – Polidatos y Carnecitas, respectivamente – sacaron sendas notas en contra del reportaje, específicamente por hacer alusión a la palabra “guerrillero”, a la que estos diarios atribuyeron como condescendencia con Sendero Luminoso, la cual, cualquiera que conoce la trayectoria de Gorriti, sería bastante idiota en creer en la misma.

Dos cuestiones me llamaron la atención de este asunto.

La primera, es el párrafo de marras al que ambos medios aluden y que, como verán, es claro en su afán descriptivo de un fenómeno militar:

Con más de 25 años de experiencia militar en el terreno, “Artemio” es uno de los más veteranos guerrilleros en América Latina. (A diferencia de quienes utilizan el término “terrorista” o “guerrillero” con una connotación esencialmente valorativa, IDL-SC los usa solo como una descripción de metodología militar). Su conocimiento del terreno y su red de información rápida, ambos muy eficientes, le han permitido eludir varias veces capturas que parecieron inminentes.

Los dos diarios no solo se olvidan de todo el contenido del artículo, que reconoce de modo amplio los esfuerzos que viene haciendo la Policía por acabar con los remanentes de Sendero en el Alto Huallaga. Asimismo, se olvidan del segundo párrafo del artículo, que aclara las cosas aún más:

Así, frente a una insurrección guerrillera (que suele incluir acciones terroristas, de sabotaje, políticas y de propaganda junto con las propiamente guerrilleras), no es fácil saber quién está ganando y quién perdiendo. El número de bajas y de arrestos, por ejemplo, puede ser un indicador engañoso, que demuestre el resultado de golpes eficaces contra los insurrectos o, por lo contrario, mayor actividad de éstos.

En otras palabras, Gorriti no propagandiza a favor de SL, tal como ambos medios pretendieron presentarlo, sino hacer lo que hace un analista militar serio: presentar los hechos y las estrategias describiendo los hechos y tomando partido, de manera indiscutible, por el bando democrático, que es el del Estado que hoy gobierna Alan García.

Pero más sorprendente es aquello que ambos diarios hicieron y que el propio Gorriti denunció el miércoles pasado en su acostumbrada columna semanal en Caretas: Palabras más, palabras menos, Expreso y La Razón colocaron en sus secciones de trascendidos el mismo texto. Vean los recortes de ambos diarios y hagan la comparación:

En jerga periodística, a esto se le conoce como un “bajado”. Es decir, alguien redacta una nota para que otros medios la reboten tal cual, o cambiando solo unas palabras. En el caso de La Razón y de Expreso, se trata del mismo trascendido en dos partes, al que le cambian los títulos y algunas cuestiones ligeras de redacción, pero el contenido esencial y hasta el final son exactamente iguales.

Esto hace suponer dos cosas: O ambos diarios están coordinando campañas de este tipo – a las cuales también se suma en varias ocasiones Correo – o alguien les dicta a ambos diarios el contenido de sus notas, trascendidos y supuestas investigaciones.

Señores Luis García Miró y Uri Ben Schmuel, por un mínimo de respeto a sus lectores y a la verdad, ¿podrían explicarnos cual es realmente su cau – cau?

UNA DENUNCIA INFAME

A la memoria de Hubert, dos años después

Ayer, leyendo la revista Ideele, me enteré que hace algunas semanas, el diario Expreso, uno de esos medios de comunicación que sigue poniendo sal a las heridas del conflicto armado interno, se vanagloriaba de esta noticia:

El Ministerio Público abrió investigación preliminar por los presuntos favorecimientos que tuvieron algunos acusados por terrorismo, con la designación de sus abogados, que luego integraron la Comisión de Indultos, Derechos de Gracia y Conmutación de Pena, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua Corazao.

La titular de la 55° Fiscalía Provincial Penal, Frecia Junchaya Vera, será la encargada de las pesquisas en torno a la entrega de pruebas que hace tres semanas EXPRESO hizo a la mesa de partes de la Fiscalía de la Nación, en las cuales existirían claras referencias de que se indultó a los acusados por terrorismo, que resultaban siendo culpables de ese delito y otros afines.

Como es costumbre, Expreso miente. Y miente para seguir con dos de sus más grandes campañas: la persistencia en el terrorismo como el mayor problema de seguridad del país y la persecusión contra las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, a las que siempre ha tachado – sin pruebas – de ser órganos de defensa del terrorismo.

Como bien se recuerda, durante el gobierno de Alberto Fujimori se dieron una serie de leyes para procesar a los acusados por terrorismo. Estas normas vulneraron todas las garantías del debido proceso garantizadas por la Constitución y los tratados internacionales, a tal punto que el propio dictador tuvo que darse cuenta que tenía un problema social: cientos de inocentes en prisión. Por ello, se creó una Comisión Ad Hoc para identificar esos casos y recomendarlos para el indulto presidencial. La Comisión fue conformada por el Defensor del Pueblo, el Ministro de Justicia y el padre Hubert Lanssiers.

El trabajo de la Comisión duró 3 años y luego fue incorporada al Ministerio de Justicia, pero el interés de Fujimori en el tema disminuyó. Fue durante el gobierno de Valentín Paniagua cuando el tema cobra un nuevo impulso y se reconstituye la Comisión, llamándose de nuevo a Lanssiers y a varios abogados especializados en derechos humanos, como Ernesto de la Jara, Wilfredo Pedraza (como representante de la Defensoría del Pueblo) y Javier Ciurlizza (entonces jefe de asesores del Ministerio de Justicia). Todos estos abogados conocían de la situación de las cárceles en el Perú y del drama que suponía la permanencia de inocentes en las prisiones peruanas.

¿En qué consiste la acusación de Expreso? En que todas estas personas patrocinaron casos de “terroristas” y que hubo un tráfico de influencias para liberar a patrocinados por las organizaciones en las que estas personas trabajaban.

Esta acusación es falsa por tres motivos:

1. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos prohibe a sus organizaciones miembros patrocinar casos de terroristas, por lo que están obligadas a hacer una investigación previa a quienes se acercaban a sus puertas para hacer las denuncias respectivas. Eso implicaba un drama humano adicional para quienes se sentían afectados, pero suponía, a la vez, un resguardo para estas organizaciones y una garantía para los familiares de que su caso sería visto.

2. Los casos, en efecto, eran presentados por las organizaciones a las que estas personas pertenecían. Pero la mayor parte de ellos fueron presentados con anterioridad a su nombramiento. Ademàs, era excepcional que otro tipo de abogados patrocinara a los inocentes en prisiòn. La pertenencia de los mismos a sectores con menores recursos para acceder a la justicia y la renunencia de varios abogados a comprarse este tipo de causas provocaron esta situación. ¿Alguna ganancia por ello? Ninguna. Los indultos no daban – ni dan – derecho a indemnizaciones monetarias y estos casos se defienden sin cobrar un solo centavo. Y no solo las ong’s a las que se sataniza presentaron casos, sino también el propio Lanssiers, a través de la Obra Recoletana de Solidaridad, un pool de abogados ex alumnos del Colegio Recoleta que comprometían parte de su tiempo en revisar los casos que Hubert conocía por sus visitas interdiarias a los penales.

3. El indulto no era otorgado por esta Comisión, sino por el Presidente de la República. Lo hizo Fujimori y también Paniagua y Toledo. Los casos eran presentados cuando existía unanimidad en los mismos y cuando se comprobaba que no existía relación alguna con el terrorismo. Justamente, para llevar a cabo esta labor de reparar vidas frustradas por una condena injusta fue este trabajo.

¿Por qué esta campaña? Para mi es claro. Con sus virtudes y defectos – sobre los cuales debieran hacer una revisión -, las organizaciones de defensa de los derechos humanos han contribuido a que varias causas importantes se vean en el Perú y son de los organismos más críticos con el actual gobierno. Los medios que más las contrarían son aquellos que comparten tres características: lenidad frente al fujimorismo y su atroz herencia, un macarthismo militante y una adhesión a Alan García que hace palidecer al propio Mauricio Mulder. Por ello no me extrañó que el Presidente quisiera mezclar inocentes con culpables publicando las listas de todos quienes pisaron las cárceles por terrorismo, sin importar que más de 1,000 personas no tuvieran culpa de nada.

Pero en el camino, además de manchar honras de quienes participan en esas organizaciones, se embarra a un sacerdote que falleció hace dos años – y que no puede responder, por tanto, a esta ignonimia – y que durante toda su vida luchó para que la vida de las personas que viven en las cárceles sea más digna y, además, se pretende buscar la nulidad de los indultos otorgados, cuestión que es jurídicamente imposible y que, además, añade un drama adicional a quienes vivieron un tiempo en las prisiones peruanas, esa sucursal del infierno, sin haber cometido delito alguno.

Y quizás, por ello, sea importante recordar alguno de estos casos:

“Cada minuto que pasaba parecía una inacabable hora. Prohibida la lectura, la escritura, el trabajo, parecíamos seres del mundo vegetal. La visita familiar era una vez al mes por un máximo de 30 minutos. La visita de los hijos menores, el mismo tiempo pero cada tres meses” (Yehude Simon)

Se trata de vidas, de compatriotas como nosotros. Por eso es que acusaciones como estas me generan tanta rabia.

EL CARDENAL Y LAS COINCIDENCIAS

O porque Juan Luis Cipriani habla de “no polarizar” el país

El fin de semana, luego de la llegada del hoy presidiario Alberto Fujimori, el Cardenal Juan Luis Cipriani se mandó con unas declaraciones que nos hicieron recordar su cercanía con el huesped del Fundo Barbadillo. Habló de un “país polarizado y dividido” o a “dejar de lado los odios y las venganzas”. Más que un pastor de almas, Monseñor parecía César Nagasaki.

Pero quizás, más que a Fujimori, el prelado procuraba defender algo más: la amnesia de los peruanos sobre su trayectoria.

Un episodio poco conocido de la trayectoria del Arzobispo de Lima tiene que ver con el proceso electoral del 2000. Ya saben, el más inmundo desde 1950, cuando Odría se hizo elegir como candidato único. Las firmas falsas de Perú 2000, el cierre de los medios de comunicación a la oposición, el uso de recursos del Estado, el uso de cabinas de Internet para modificar los resultados de la primera vuelta, etc. Todo esto había sido denunciado por los candidatos de la oposición y puesto en evidencia por organizaciones no gubernamentales que vinieron como observadoras a este proceso. Cabe destacar la labor que cumplieron el National Democratic Institute y The Carter Center, a las que claro, los seguidores del Chino les decían de todo.

Claro, eso podía esperarse de Francisco Tudela, Fernando de Trazegnies o Martha Chávez, pero, ¿de un prelado de la Iglesia Católica? Ver para creer, como diría Santo Tomás.

Esta nota hecha a Cipriani corresponde a la edición del sábado 18 de marzo de 2000, en Expreso, controlado en ese entonces por Eduardo Calmell del Solar y alquilado por Montesinos. Entre las cosas que dice el Cardenal, estas son las frases más resaltantes:

“Esas ONG, que están a punto de perder la credibilidad, vienen a fabricar un carnaval”.
“Todo hombre, también los obispos, tiene amor a su patria. Yo, con la soberanía de mi patria y como peruano, le pido a Estados Unidos sus inversiones y su dinero, pero no estoy de acuerdo que esas instituciones – no el gobierno norteamericano – pretendan marcar un ritmo de vida e imponérselo al resto del mundo”
.

Cabe recordar que, por esa misma época, Fernando de Trazegnies, canciller de la dictadura, hablaba del relativismo cultural como justificación para los atentados contra la democracia y los derechos humanos cometidos por el fujimorato. Palabras más o menos que las proferidas por el Cardenal.

Pero Cipriani no solo coincidía con de Trazegnies. Días más tarde, alguien iría un poco más allá:

El mismísimo Chino, según registraba Expreso el lunes 3 de abril de 2000, decía que “Organismos no gubernamentales vienen del exterior para coordinar con organismos peruanos y luego pretenden decir que el proceso electoral es fraudulento”.

6 días más tarde, empezaba la última parte de la resistencia.

EXPRESO CALLA A BETO

Aunque estaba en un canal de antena fría, el programa de Beto Ortiz había logrado una significativa audiencia para los estándares del canal donde se encontraba. Incluso, en algún día, ¡Càllate, Beto! le ganó a La Ventana Indiscreta.

Ayer, que no vi programas a las 11 p.m., un amigo me aviso que el programa de Beto no había salido al aire. Me parecía raro, dado que era el rostro que más rating le daba al 11.

Sin embargo, hoy Correo da las razones: el único auspiciador del programa, el diario Expreso, presionó para cerrarlo. ¿El motivo? Unas declaraciones de Ortiz, en un programa de la semana pasada, en la que señaló que no compartía la línea editorial de Expreso. Y con la tolerancia que lo caracteriza, García Miró pidió la cancelación.

Mala suerte ha tenido Beto este año. Primero lo saca Genaro por un reportaje y ahora el diario más reaccionario del país lo deja sin chamba.

Ojalá los 4 integrantes de su equipo no tengan que volver a pasar por esto:

ESTO NO ES UN CHISTE

Jorge del Castillo sigue tirando por la borda su prestigio.

Ayer estuve leyendo, como todas las mañanas, buena parte de los diarios. Me topé con Expreso, que generalmente hojeo para ver que piensa la vereda de enfrente y encontré una entrevista a Jorge del Castillo sobre derechos humanos. Lo que encontré: un entrevistador tendencioso y un Primer Ministro con varias omisiones a la verdad, por decir lo menos. A continuación, la disección de cada falacia dicha.

En los años 90′ había cuatro mil presos por terrorismo, ahora hay solo 600, por una interpretación interesada de la flexibilidad penal, promovida por las ONG políticas.

Ha habido un exceso de garantismo

Eso se hizo con el aval de los dos gobiernos anteriores. ¿Qué hará su gobierno para detener la salida de más terroristas?

En primer lugar, hay grupos que ven con otros ojos a estas personas, pero son terroristas y pueden a volver sus actos de sangre. En esto tenemos que ser inflexibles, hay que seguir perseverando hasta el final para acabar con los remanentes senderistas.

Primera mentira. Decir que la supuesta “flexibilización penal” de los gobiernos de Paniagua y Toledo ha generado menos terroristas en las cárceles es una falacia. Como lo mencioné hace unos meses, se olvida que los regímenes de conmutación de penas e indultos vienen desde la época de Fujimori y no se ha podido comprobar que alguna de las personas beneficiadas haya incurrido en actos terroristas. Esta fue la acusación que quisieron plantearle, en su momento, a Diego García – Sayán en su momento, y que fue archivada hace un mes por el propio Congreso. También se olvida que en democracia se ha podido condenar a penas altas a casi todos los líderes de Sendero Luminoso y el MRTA, incluyendo a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre.

Hace tiempo algunos países de la región buscaron introducir reformas en la CIDH, para que deje de responder a ideologías izquierdistas y responda a principios democráticos. ¿El gobierno retomará ese camino?

En primer lugar, la CIDH responde a la existencia de los Estados y el Perú es respetuoso de los tratados. Nosotros tenemos en cuenta que un tratado es un tratado. Ahora, es verdad que el sistema puede mejorar, sin duda. Estos sistemas son antipáticos a los gobiernos, pero cuando hay una democracia es discutible que un organismo jurisdiccional pueda sostener cosas distintas a la realidad social.

–La CIDH no ha hecho un deslinde claro con los grupos terroristas y más bien los llama “grupos alzados en armas”.

Ese fue un voto singular, creo. Tiene que atenerse al sentido común, que es suficiente para saber ver las cosas: Sendero Luminoso ha sido y es un grupo terrorista.

Quizas al entrevistador y al Primer Ministro les haga falta leer el Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se señala que los Estados deben enfrentar esta amenaza a los derechos fundamentales de las personas, pero sin afectar los derechos humanos. Más claro el deslinde del sistema interamericano de derechos humanos, ni el agua. Sigamos.

Por otro lado, se juzga y condena a muchos militares a partir de una perversa doctrina de la “cadena de mando”.

La cual está muy mal aplicada, porque ¿qué tiene que ver un general que estaba en Lima respecto a un hecho que ocurrió a medianoche a cientos de kilómetros en Ayacucho? Pero hay gente que quiere hilar esa teoría de la cadena de mando. Creo que este es un mecanismo malo que termina responsabilizando a gente que nada tiene que ver con lo que ocurrió en un pueblo lejano, en una época en que no había equipos satelitales, es decir, cuando no había forma de dar una orden.

–Y también es ilegal porque usted, como abogado, sabe que los delitos penales tienen que ser individualizados.

Lamentablemente intentan demostrar que hubo una política de Estado en ese sentido. Yo discrepo con la Comisión de la Verdad en esa apreciación, puesto que los excesos son aislados y no una política de Estado. Lo peor es que quienes denuncian son personas que estuvieron, de una u otra forma, comprometidas con la génesis de la violencia, son denunciantes después de haber predicado la violencia.

Sobre la cadena de mando, la CVR señala que no puede aplicarse de manera inmediata, sino después de haber verificado la existencia de un patrón sistemático y generalizado de violaciones a los derechos humanos, siendo extensiva hasta el jefe del Comando Politico Militar de la zona cuando esta situación se compruebe. Asimismo, indica que, para el caso de jefes militares que no estaban en el lugar de los hechos o en la zona de dominio militar, que su responsabilidad se estimará solo cuando:

Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que sus subordinados estaban cometiendo esas violaciones o se proponían cometerlas;
Las violaciones guarden relación con las actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y,
No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto el conocimiento de las autoridades competentes
“.

Resulta curioso que el periodista diga que esa tesis es ilegal, coincidiendo con las doctrinas que Sergio Tapia Tapia, el asesor de Giampietri, defiende junto a sus amigos argentinos que avalaron a la dictadura militar.

En lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, basta referirnos a las conclusiones de la CVR. Para muestra, cuatro botones:

53. La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber.

54. La CVR ha encontrado que las fuerzas armadas aplicaron una estrategia que en un primer período fue de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer al PCP-SL. En un segundo período, esa estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando numerosas violaciones de los derechos humanos.

55. La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario.

56. La CVR concluye que, en este marco, los comandos político-militares (CPM), erigidos en autoridad estatal máxima de las zonas de emergencia, pueden tener la responsabilidad primaria por estos crímenes. El Poder Judicial debe establecer el grado exacto de responsabilidad penal de quienes ejercieron los CPM, ya sea por haber ordenado, incitado, facilitado o encubierto estos hechos, o bien por haber omitido el deber fundamental de ponerles coto.

Los militares procesados injustamente esperan un gesto del gobierno que les transmita apoyo, sin que esto se malinterprete como una interferencia en la Judicatura…

El punto de vista del presidente de la República ha sido expresado de manera pública y reiterada. Porque además, finalmente, se convierte en una tortura que una persona pase 20 años enjuiciada. Esto va contra los DDHH. Hay una asimetría en el concepto de esos derechos.

–Algunas instituciones públicas toman el informe de la Comisión de la Verdad como si fuera vinculante.

Claro que no lo es. En eso estamos muy claros. Hay una parte nomás, en el tema de reparaciones, que hemos decidido asumir, pero de manera voluntaria.

¿Qué gesto insinua el periodista? ¿Acaso una ley de amnistía? Viniendo de un diario que parece el vocero de la ADDCOT, no me parece extraño.

Lo verdaderamente preocupante es lo que dice Del Castillo sobre el Informe de la CVR.

Primero, porque se parte de una premisa falsa: decir que el informe es tan vinculante como una sentencia judicial, y no lo es, pero si tiene un valor especial por haber sido encargado por el propio Estado, en dos gobiernos democráticos y por haber sido trabajado en un esfuerzo de investigación de dos años destinados a encontrar la verdad de lo ocurrido en los años de violencia. Trabajo que terminó revelando, además, nuestras carencias como nación y como seres humanos.

En segundo lugar, porque deja de lado no solo el campo de la judicialización, sino lo referente a reformas institucionales recomendadas por el Informe, confirmando lo que un blogger dijo ayer: “A estas alturas ya deberíamos saber que pedirle reformas estructurales al Gobierno es como pedirle al presidente que deje de salir en televisión”.

En tercer lugar, porque manifiesta su desprecio por las víctimas: las reparaciones sólo se dan de manera voluntaria. Es decir, no admite la existencia de la obligación del Estado en reparar el daño causado a miles de peruanos, tanto por obra de Sendero Luminoso y el MRTA, como de los agentes del Estado.

El próximo año saldrán de la cárcel Osmán Morote, Maritza Garrido Lecca, y otros senderistas que nunca han renunciado a la lucha armada. ¿Estamos preparados para ese hecho?

La Policía y las FF AA están trabajando en este asunto. No se les va a dar concesiones. El tema es sumamente delicado. El Perú ya vivió una larga etapa terrorista con miles de muertos y nadie quiere que vuelvan nuevamente esas circunstancias.

Los militares y policías temen actuar, porque después las ONG que trafican con los derechos humanos les entablan juicios.

El informe de la Comisión de la Verdad desliza en sus conclusiones que grupos de izquierda se prestaron a justificar la violencia de Sendero Luminoso, y los señala con nombre propio, pero parece que esa gente no escarmienta, y vuelve a las andadas de seguir justificando la violencia. Son los tontos útiles del comunismo.

Aclaración para quien hizo la nota. Ni Morote ni Garrido Lecca salen de la carcel el próximo año. Si pueden solicitar acogerse a beneficios penitenciarios por cumplir tres cuartas partes de su condena, pero, con lo dicho por el propio redactor, ningún juez les otorgará ese beneficio y tendrán que cumplir la pena completa.

Y, por cierto, por si el Premier no está enterado. Su amigo Allan Wagner, Ministro de Defensa, viene terminando de preparar una normativa especial que permita a las Fuerzas Armadas combatir a la subversión, respetando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

No me sorprende la ignorancia y la tendenciosidad del entrevistador de Expreso. A estas alturas, todos sabemos que posición tiene ese diario en materia de derechos humanos. Sí llama la atención lo de Jorge del Castillo, quien siempre había pretendido presentarse como moderado en estos temas, pero cuyas declaraciones terminan siendo muy parecidas a las de Mulder, Giampietri o Gonzáles Posada. Una lástima.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Blog del Morsa: Morir en Huancavelica.

PROTEGIENDO A LOS CORRUPTOS

Garrido Lecca hace mermeladas, Alan bendice, la mafia periodística ataca.

La catadura moral del actual gobierno se ha visto en toda su dimensión con los dos casos de publicidad disfrazada de noticia, pagada con el dinero de todos los peruanos, hecha por el Ministro de Vivienda y Construcción Hernán Garrido Lecca, tanto en los diarios pertenecientes a la familia Wolfenson, como a Sindesa, la empresa que edita los diarios Expreso y Extra.

El caso ha sido descrito desde todos los ángulos como una práctica similar a la hecha por Vladimiro Montesinos con relación a la prensa durante los años noventa: compra de contenidos para mejorar la imagen del gobierno. Para varias organizaciones preocupadas por el fortalecimiento democrático y la libertad de expresión, estas prácticas suponen una infracción legal bastante grave. Así lo han manifestado representantes del Instituto Prensa y Sociedad, así como la Comisión Andina de Juristas. Esta última, en una Alerta Democrática, ha señalado entre otros puntos, lo siguiente:

La ley 28874 que regula la publicidad estatal en el Perú determina que esta es legal si sirve para difundir acciones gubernamentales, pero ilegal cuando se usa expresamente para beneficio de un partido político o de la gestión de un funcionario público. Este es el caso de la contratación de propaganda estatal para favorecer la imagen de una gestión ministerial.

La política de austeridad definida por el propio gobierno del Perú en Decretos de Urgencia tales como los No. 019-2006, 020-2006 y 021-2006 que señalan entre otras cosas que el gasto público debe realizarse orientado a resultados con “eficiencia, eficacia, economía y claridad” y que se debe reducir en 80% los servicios de publicidad estatal con algunas excepciones entre las que no está la publicidad efectuada por el Ministerio de Vivienda.

Por otro lado, inquieta particularmente que los diarios elegidos para esta publicidad irregular del Ministerio de Vivienda del Perú sean precisamente aquellos vinculados a los intereses oscuros de grupos que promovieron y se beneficiaron con la corrupción peruana de la década pasada y que hoy continúan en campañas de difamación en contra de personas honorables.

Y a pesar de que este tema constituye no sólo una falta ética grave, sino también una infracción legal, el Presidente de la República señala que el tema no tiene mayor importancia. Ayer, bajo el ardiente sol de Sullana, dijo que “tal como lo he leído (el contrato), hay más suspicacias que verificación“, que existía un “exceso de celo” de parte del programa que hizo la denuncia – y hay que decirlo, la directora de dicho programa ni siquiera reclamó por esta malcriadez presidencial hacia su denuncia, cuestión que no compartimos – y, cerrando su perorata, García señaló que “un soberano idiota hace un contrato en el que diga ‘levanten mi imagen’“.

Para utilizar sus términos, ese “soberano idiota” cobra 15,000 soles mensuales y despacha en el Ministerio de Vivienda y Construcción. Y claro, Alan no sólo lo protege porque es Garrido Lecca, su organizador de mítines, sino por una razón fundamental: ¿quién es el principal beneficiado con el autobombo financiado con plata del erario público? ¿Garrido Lecca? No, en una presidencia tan personalista como ésta, el principal beneficiado es Alan García Pérez.

Pero, además, Alan ha incentivado para que los otros beneficiarios de la mermelada, es decir, los medios que cobraron, se envalentonen y saquen las garras.

Por un lado, La Razón, fiel a su estilo, se manda con un editorial en que acusa a la “conspiración caviar” de ser quien está detrás de la acusación. Editorial, a todas luces, provocado por el respaldo presidencial. (Y luego no quieren que sospechemos de pactos con el montesinismo).

La actitud de Expreso es más bien rara. Por un lado, el propietario del medio y director, Luis García Miró, por segundo día consecutivo, pide la salida de Garrido Lecca, aunque no por cuestiones legales sino por quitarle pretextos a la “prensa caviar”. Pero, por otro lado, reproducen un furibundo editorial de Extra en el que atacan a Augusto Alvarez Rodrich, diciéndole de “fujimontesinista” para abajo.

Quizás esta esquizofrenia se explique por los dos documentos que exhibiremos a continuación. Se trata de dos hojas de la Partida Registral de SINDESA S.A., la empresa editora de Expreso.

En la primera de ellas, se muestra que Luis García Miró es el principal accionista de la empresa, por lo que era dificil que desconociera los negociados y enjuagues que se tenían con el Ministerio de Vivienda y Construcción.

En la segunda, se señala quien es el Gerente General de la Empresa: Enrique Ernesto Alvarez Rodrich, hermano del director de Perú.21 y quien tiene un perfil bastante técnico. Y aquí habría que decir que no encuentro relación alguna entre ellos, dadas las antitéticas líneas editoriales que ambos medios manejan, además de que el Gerente de la empresa, por lo general, no tiene vinculación alguna con la línea editorial del medio.

Por ello, señaló dos posibles hipótesis: o la esquizofrenia de Expreso corresponde a este tema, o es que García Miró quiere aparecer como paloma mientras manda a sus chacales chicha de Extra a atacar a AAR. Personalmente me inclino por la segunda opción.


ACTUALIZACION:

Según me he podido averiguar, el señor Enrique Alvarez Rodrich es ingeniero y administrador. Actualmente ya no se desempeña como Gerente General de Sindesa S.A., aunque sigue siendo miembro del directorio de dicha empresa. Sus actividades profesionales no tienen relación alguna con las de su hermano, director de Perú.21.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Morsa: DTP destapa a Expreso.
Christian Manrique: Extra embarra a Augusto Alvarez Rodrich.

Y MIENTRAS TANTO:
Desde Iquitos, Paco Bardales denuncia copamiento aprista en instituciones de la selva.

SI ESTO NO ES DIFAMACION…

Felizmente, la jueza que ve la querella entablada por Diego García – Sayan contra el diario Expreso levantaría la medida que erroneamente interpuso contra este medio de comunicación y que comentáramos en días pasados. Ello tanto por el escrito interpuesto por DGS como por el hábeas corpus presentado por Luis García Miró, director de dicho medio

Como lo señalamos en su momento, dicha medida no fue solicitada por DGS, sino que respondió a una interpretación errónea y a destiempo de una norma derogada. Por tanto, mal hace el diario Expreso en seguir sosteniendo que el ex Ministro de Paniagua y Toledo es poco menos que un censor de tiempos fujimoristas o velasquistas, por decir lo menos que le han dicho en esta semana.

Pero el hecho que, en este caso particular, señalemos que Expreso fue afectado como medio de comunicación no nos impide ver el fondo del asunto, que es la campaña canalla y sistemática con la que este medio de comunicación emprende contra todo aquel que no piense como ellos (léase, una izquierda democrática y legal), a fin de implantar o machacar la importancia de la “mano dura” seguida del liberalismo económico más salvaje, como el aplicado durante la década de los noventa.

Hoy Mirko Lauer publica un greatest hits de lo que Expreso le dedica a DGS y la sistematicidad de los ataques. Reproducimos, a continuación, lo señalado por Lauer en su columna de hoy y saquen sus conclusiones sobre si nos encontramos ante un caso de difamación. Mi opinión: García – Sayán tiene toda la razón en querellar a esta gente. (Entre paréntesis, comentarios míos a la sarta de mentiras que se dicen allí).

DIRECTO DE LA BASE NAVAL – Mirko Lauer

A continuación el anexo de un comunicado de los abogados de Diego García Sayán sobre la sistemática campaña de difamación que lleva Luis García Miró contra él. El lenguaje utilizado es el mismo de toda la prensa neo-montesinista, y en cierto modo está en la esfera ética de los motivos por los cuales García Miró tuvo que irse de El Comercio. A continuación las citas

Página 13, del Diario Expreso de fecha 13 de diciembre del 2005: “García-Sayán firmó resoluciones secretas que beneficiaron dos veces a una terrorista”.
(Caso que nunca ha podido demostrar Expreso. Solo se liberaron a inocentes, continuando el trabajo que había hecho la Comisión Ad Hoc presidida por Hubert Lanssiers en la época de Fujimori)

Página 01, titular del Diario Expreso de fecha 15 de diciembre del 2005: “Validó indultos que habían sido negados a terroristas”. “Paniagua fue Engañado”. “Su Ministro Diego García-Sayán le llevó los Expedientes”. “Decisión permitió excarcelación de miembros de sendero y del MRTA”.
(Ver comentario a la anterior)

Página 13, Diario Expreso de fecha 15 de diciembre del 2005: “Esta sería la tercera vez que Paniagua fue víctima de engaños, pues en el año 2001 su Ministro Diego García-Sayán le ocultó las negociaciones secretas que tuvo su viceministro Ciurlizza con Abimael Guzmán, y tampoco le informó que había hablado sobre la formación de la Comisión de la Verdad y otros temas políticos”.
(Todos sabemos que La Razón exhibió unas transcripciones falsas de las conversaciones entre Javier Ciurlizza – quien no fue viceministro de Justicia, una mentira más, sino Jefe de Asesores – y Abimael Guzmán. No se trataron temas políticos ni referidos a la formación de la CVR. Hildebrandt y La República descubrieron que la patraña era falsa).

Página 04, del Diario Expreso de enero del 2006: “El Mundo al Revés” un artículo titulado ¿Quién nos defiende del terrorismo? Suscrito por el querellado Luis García Miró Elguera, donde expresamente afirma que “personajes como Diego García-Sayán, los inefables comisionados de la verdad y tantos otros de elite progre piensan parecido a la partida de miserables que se hace llamar presos políticos de guerra…”
(Simplismo que reduce a la izquierda al “marxismo-leninismo-maoismo-pensamiento Gonzalo” y que no ve que la mayor parte de la izquierda fue democrática incluso desde los 80’s)

Página 09, del Diario Expreso de fecha 13 de enero del 2006: “Informe Confidencial del Ejército señala: “Al descubierto Red Judicial caviar que encarcela militares”; “un grupo de organismos no gubernamentales opera sigilosamente en el Poder Judicial y el Ministerio Público, para conseguir que esas ONGs hagan un seguimiento a los casos judicializados por la comisión de la verdad que involucran a militares en supuestos delitos contra los derechos humanos y a la Cabeza de todo el Engranaje se encuentra Diego García-Sayán, a quien múltiples voces lo acusan de ser el principal gestor de la liberación de terroristas”.
(No hay militares presos por casos de violaciones a los dd.hh., salvo los del Grupo Colina. DGS no tiene nada que ver en la judicialización de los casos. Y los delitos sí existieron, señor García Miró. Que usted no lo quiera reconocer, es otra cosa. Pregunta, ¿quién financia su diario? Porque, que sepamos, y me remito a las cifras de lectoría de CPI, su diario no vende mucho).

Página 02, del Diario Expreso de fecha 22 de enero del 2006: “El Directivo de una poderosa ONG que durante el fujimorismo recibió por concepto de asesorías y trabajos en el Poder Judicial casi un millón de Soles…”, …este personaje tuvo el empacho de “imponer a su compañera en un vuelo oficial por diversas partes del mundo del avión presidencial”… seguramente “viaja tanto al extranjero como juez rentado de la CIDH un puesto dorado que persiguió siendo ministro de estado a costa de sacrificar la seguridad de 26 millones de peruanos a quienes obligó a facilitarle la vida a muchos miembros del terrorismo que venían purgando condenas de cadena perpetua”.
(La Corte Interamericana no otorga sueldos a sus jueces. Por el contrario, el juez debe solventar la mayor parte de sus gastos. La CAJ rescindió el contrato con el PJ al advertir la intromisión montesinista en esta institución).

Página 02, del Diario Expreso de fecha 26 de enero del 2006: “Posición Firme y Patriótica”. “Las ONG …financiado con dinero blanqueado de fundaciones anónimas internacionales…” “El zar de las ONG y amo de la Comisión Andina de Juristas están coludidos hace años con el izquierdismo radical desde el cual pretendieron destruir al país. Y Además vivir mientras pudieran del estado usando métodos taimados de injerencia en la administración pública”… De una manera hipócrita y artera que les permitiera enriquecerse por un lado con dinero blanqueado del exterior y del otro con recursos de todos los peruanos que pagan costosas planillas doradas de un puñado de privilegiados que ocupan puestos inventados por las ONG en la administración pública”.
(No son fundaciones anónimas. Los mayores cooperantes son las agencias de cooperación de los gobiernos europeos).

Página sección “Polidatos” Diario Expreso de fecha 06 de febrero del 2006: ¿Arrepentido? Donde se afirma textualmente “El pedido que presentó Simon para ser indultado en los años 90 le fue denegado porque la Dircote confirmó que fue dirigente nacional del MRTA ¿Quién lo indultó entonces? Quién más podría ser: “El Camarada” Diego García-Sayán.
(Yehude Simon fue un radical izquierdista sí, pero no terrorista. Tengo el privilegio de haber conversado dos veces con él y conozco a su hijo y puedo señalar que fue una persona inocente. Y por ello fue que se le indultó. Incluso Javier Valle Riestra recomendó la liberación de Simon en 1998, pero Fujimori se negó).

Artículo Mundo al Revés de Expreso de fecha 19 de marzo del 2006: La Lacra Terrorista (…) gracias a los cívicos y a las oenegés el Perú tuvo que anular condenas a cadena perpetua impuestas a miles de terroristas, para que luego los Jueces Civiles liberen a diario a los causantes de la mayor desgracia que ha sufrido este país ¡Tarea cumplida, García-Sayán y Compañía!
(Los nuevos juicios se debieron a una sentencia del Tribunal Constitucional. Los juicios actuales cumplieron con los estándares internacionales y las sentencias han sido severas, de acuerdo a la ley que a cada acusado le correspondía por la fecha de su captura y su nivel de responsabilidad. Muestra de que en democracia se puede procesar a los miembros de organizaciones subversivas respetando las garantías del debido proceso).

Artículo sección “Polidatos” Expreso de fecha 13 de setiembre 2006: (…) La Comisión Andina de Juristas en la que García Sayán es socio, recibió en el 2005 más de 930 mil dólares de la cooperación internacional. Además recibe jugoso sueldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a su gestión a favor de los derechos humanos de los terroristas, y también le pagaba el BCR. Si ese nivel de ingresos no le alcanza para comprar caviar, le recomendamos otro proveedor.”
(Nuevamente, no recibe sueldo de la Corte Interamericana. Y, además, los fondos de cooperación se utilizan, mayormente, para solventar las autoridades, no para sueldos altos o millonarios, como esta gente acostumbra a decir).