CASTIGANDO LA MATERNIDAD

El caso de la cadete de la Policía Nacional Flor de María Cahuaya, expulsada de la Escuela de Oficiales de la institución a la que quería pertenecer, constituye un ejemplo de hasta que punto las instituciones que deberían ser las encargadas de cumplir los derechos humanos son las primeras que los incumplen.

La norma sobre la cual se basó la sanción contra la cadete vulnera la Constitución. No existe razón alguna para discriminar a una mujer por el hecho de quedar encinta, pudiéndose contemplar la posibilidad de que ella pueda reingresar a su centro de estudios, como existe en cualquier Universidad o centro de estudios superiores. Una restricción como la aplicada no resiste un test de proporcionalidad como el que aplica el Tribunal Constitucional para definir si una conducta es discriminatoria. Además, en el fondo, se viene penalizando el libre ejercicio de la sexualidad de una persona, que tiene todo el derecho de elegir en que momento decide tener un hijo o, simplemente, tener una relación íntima con su pareja.

Comentarios como los del ex Director General de la Policía Eduardo Pérez Rocha, quien se ha mostrado a favor de la medida discriminatoria por señalar que la Policía se convertiría en una “conejera” nos demuestran hasta que punto se tienen anteojeras sexistas sobre este tipo de situaciones. Ello se confirma con el silencio que han tenido el Director de la Policía Nacional, el Ministro del Interior, la Defensora de la Policía y el Ministro de Defensa (en las Escuelas de las Fuerzas Armadas se tiene la misma norma).

Señalar que cumplir los reglamentos es un valor que debe defenderse a rajatabla en una institución que se caracteriza por la disciplina es un argumento falaz. Porque un reglamento que vulnera la norma fundamental que la Policía Nacional jura defender, es decir, la Constitución del Estado, no puede ser acatado por el hecho de estar allí. Por el contrario, lo que merece es un cambio radical que, por cierto, ya había sido impulsado mientras duró la reforma policial durante el gobierno pasado, pero que, una vez que la chakana se apoderó del Ministerio del Interior, se volvió a restituir.

Flor de María Cahuaya, de seguro, ganará un proceso judicial que la revindique en sus derechos. Pero un caso como el de ella no debe volver a repetirse. Luis Alva Castro y Allan Wagner deberán dejar de lado prejuicios existentes y modificar normas de bajo rango que vulneran valores como el derecho a la educación, el principio de no discriminación y la libertad de escoger en que momento se opta por la maternidad. Respetar los derechos humanos es el primer deber que tiene un funcionario público y que dos personas con experiencia, como los ministros antes citados, debieran tener como guìa de conducta.

MAS SOBRE EL TEMA:
Ideele Radio: La cadete expulsada de la PNP ¿Un reglamento puede más que la Constitución?
Susana Villarán: Debe desaparecer Reglamento que impide permanencia de cadetes embarazadas en Escuelas de Oficiales.