El lío del Aeropuerto de Chinchero

(Una de las obras más esperadas seguirá en compás de espera. Foto: Andina)

Si hay un proyecto que divide a los ciudadanos de Cusco, es la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Un importante sector de cusqueños lo quieren, debido a que puede impulsar aún más el turismo en la región, que tiene en dicha actividad a una de sus mayores fuentes de ingresos, dado que ahora si podrían venir vuelos internacionales directamente a dicha parte del país. Pero también tiene sus detractores, sobre todo, en lo que se refiere al posible impacto que tendría en algunas comunidades indígenas, así como en la misma localidad.

Más allá de esta discusión, lo cierto es que la obra se ha convertido en un anhelo regional, más aún después que el Aeropuerto Velasco Astete quedara corto para la demanda turística en dicha zona. De allí que, por lo menos desde el gobierno de Alejandro Toledo, el anuncio de su construccción sea casi un mantra de cada mensaje a la Nación de 28 de julio.

La obra se licitó en el gobierno de Humala, ganando el consorcio Kuntur Wasi. Y un error en el diseño del contrato generó un problema que explica Luis Davelouis:

Kuntur Wasi ganó la licitación del aeropuerto de Chinchero con una propuesta económica que equivalía a la mitad de la que presentaron sus competidores. Nada mal, ¿no? Sin embargo, hoy, la necesidad de destrabar el proyecto mediante una adenda se origina porque –gracias a un “error” en el diseño del contrato– KW puso una tasa de interés –por sus molestias– que elevaba el costo del proyecto de US$500 millones –lo planteado originalmente– a casi US$1,200 millones.

Este tema se pateó para este gobierno, lo que implicaba dos posibles caminos: resolver el contrato o generar algún tipo de mejora al mismo. Y esta segunda opción es la que, en principio, adoptaron en Palacio.

La posición de la actual administración se resume en esta foto de PPK y esta pizarrita:

(Foto: TV Perú)

Para explicarlo más detenidamente: el gobierno sostiene que la adenda al contrato de concesión de Chinchero supone un ahorro en intereses para el país y que se mantendría un esquema público privado de la siguiente manera: el Estado asumirá los riesgos de la mayor parte de las obras de infraestructura (antes solo asumía el del movimiento de tierras) y Kuntur irá ganando paulatinamente a partir del dinero que se entregará por avance de obra. A cambio, el Estado dejará de pagar las tasas de interés pactadas inicialmente (porque el Estado tenía cinco años de gracia para pagar) y que encarecían el proyecto.

Esto ha supuesto una primera pregunta por parte de algunos periodistas económicos: ¿En lugar de adoptar esta solución no se pudo resolver el contrato con Kuntur y hacer una obra pública? De hecho, las primeras declaraciones del ministro de Economía Alfredo Thorne iban en el sentido que eso era lo que, en la práctica, había ocurrido con el contrato.

Según explican voceros del gobierno en público y en privado, era bastante difícil resolver el contrato por el consiguiente pago de penalidades, así como por el atraso de la obra, lo que implicaba costos para el PBI de este año (ya ajustado por el caso Odebrecht) y un posible conflicto social en Cusco por las demoras. A ello se suma que el expediente técnico pertenece a la empresa y, por tanto, un nuevo concurso supondría un mayor retraso. Por esta razón, adoptaron esta decisión. Para algunos, no es la óptima, pero es lo mejor que podrían sacar en las actuales condiciones.

Pero no han sido los únicos cuestionamientos. Hoy Verónika Mendoza publicó un comunicado en el que, además de cuestionar que esto no se trate como obra pública, ha criticado la experiencia que tiene Kuntur Wasi para la construcción de aeropuertos, así como el hecho que una hermana del Presidente del Consejo de Ministros ocupe un puesto importante en una de las entidades que conforman el consorcio. Palacio de Gobierno no se ha pronunciado sobre este último punto, que ha circulado en redes sociales.

A ello se suma lo planteado por la renunciante presidenta de OSITRAN, Patricia Benavente. Ella dejó el cargo debido a que firmó una opinión (no vinculante) en contra de la adenda al contrato. Para la experta, son dos los riesgos importantes: que Kuntur Wasi abandone la concesión una vez que cobre todo lo que el Estado le habrá pagado por cada avance de obra y que todas las empresas que tengan asociaciones público privadas comiencen a pedir cambios similares.

Finalmente, el editor de Economía & Negocios de El Comercio Gonzalo Carranza cuestiona las matemáticas del MEF e indica que, en realidad, el ahorro es menor:

De hecho, las últimas semanas no han sido las ideales para confiar en las matemáticas ministeriales. Miremos el aeropuerto de Chinchero: tanto Thorne como Martín Vizcarra hablan de un ahorro de US$589 millones, producto de restar aritméticamente los montos a pagar en el contrato original y en la adenda, los cuales se desembolsaban en plazos y modalidades muy diferentes.

Pero lo que te enseñan en cualquier clase de matemática financiera es que uno debe traer dichos montos a valor presente y compararlos de ese modo. El Ejecutivo no ha divulgado el resultado de ese cálculo, pero la renunciante presidente de Ositran, Patricia Benavente, afirmó en una entrevista con “Semana Económica” que ese ejercicio arrojaría un ahorro de US$15 millones. Una diferencia del tamaño de un aeropuerto que merece una explicación.

Por ello, desde el Congreso han pedido explicaciones sobre el tema. Y el gobierno ha terminado cediendo suspendiendo temporalmente el contrato. Tiempo suficiente para analizar si estamos ante una buena forma de realizar esta obra y si es que, realmente, la solución planteada por el gobierno es la única que se tiene. O si hay demasiada desesperación por destrabar inversiones que lo están haciendo a tontas y a locas.

Algunas ideas sobre los empresarios y la corrupción

confiep
(Confiep en la mira)

Hoy Gonzalo Carranza, editor de Economía y Negocios de El Comercio, da un par de primicias en su columna en Día.1, suplemento de dicho rubro que sale cada lunes. ¿El tema? La forma cómo los gremios empresariales vienen tratando las denuncias sobre Odebrecht. Aquí los párrafos pertinentes.

¿Acaso Odebrecht había simplemente renunciado a su membresía en AFIN?

El gremio aclaró a este Diario que Odebrecht Latinvest  fue “desafiliada” el 7 de diciembre, días después de que su matriz publicara un comunicado aceptando conductas impropias.

En enero de este año, cuando ya se conocía la confesión de Odebrecht de haber pagado sobornos en el Perú, AFIN desafilió también al consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), formado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Otros consorcios en los que Odebrecht ha firmado compromisos de venta de sus acciones o es socio minoritario -H2Olmos y Rutas de Lima- aún son parte de AFIN.

El gremio de la infraestructura explicó a este Diario que en los procesos de desafiliación aplicó su Código de Conducta y de Principios, y siguió los procedimientos establecidos en su Reglamento.

Mientras tanto, el viernes por la noche se supo que GSP también fue separado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, aunque sin comunicado oficial a la prensa ni expresión de causa.

Como señala Carranza al final de su columna, es necesario que los gremios empresariales sean más fuertes ante casos de corrupción y que repiensen su actuación en estos casos. De hecho, las desafiliaciones presentadas por el editor del diario más antiguo del país era algo que pocos conocían, incluso en círculos políticos y empresariales. No basta sólo con firmar códigos de ética – todos los gremios empresariales afilados a CONFIEP, como los arriba mencionados, los tienen, por iniciativa de su expresidente Ricardo Briceño – sino también cumplirlos e indicar cuando existen sanciones.

De hecho, este es un tema que ya ha sido puesto en la mesa desde hace tiempo. El propio diario El Comercio publicó un informe sobre el pobre funcionamiento de los códigos de ética empresariales en el país, a raíz de la sentencia por defraudación tributaria contra Lelio Balarezo, exvicepresidente de la CONFIEP, el gremio de gremios empresariales.

Precisamente, el caso Balarezo marcó otro hito en la forma cómo estas entidades están teniendo poca reacción respecto de este tipo de casos. Gonzalo Zegarra, director de Semana Económica (revista que no está precisamente en contra del libre mercado), fustigó duramente la pobre respuesta que tuvo el empresariado sobre este tema:

Pues bien, la falta de un enérgico repudio al delito de Balarezo acerca al empresariado formal peruano a ese lumpenempresariado (Lumpenunternehmer). Uso el término para hacer un paralelo con el concepto marxista de lumpemproletariado, que no sólo delinque sino que además carece de conciencia social (SE 1260).

Esto es lamentable, pues conceptualmente el empresario –el que hace empresa– debería por definición ser lo contrario: quien ejecuta tareas difíciles con decisión y esfuerzo (SE 1224). Quien hace trampa realmente no compite, sino que medra. No se esfuerza, acaso por sentirse incapaz, y por tanto carece de autoestima (SE 1309).

Y también Rosa María Palacios – alguien a quien no podríamos acusar de marxista – señaló lo siguiente, en la misma coyuntura:

¿Cual es la posición de Confiep frente a la evasión tributaria en esta modalidad? Silencio. ¿Qué acciones institucionales desarrollan para impedir estas extendidas prácticas entre sus asociados? Silencio. La tentación, frente a un Estado que se lleva 30% de lo que ganas es enorme. Entonces, ¿no están furiosos aquellos que si cumplen y son absolutamente formales? ¿No es acaso una oportunidad institucional para deslindar entre empresarios y delincuentes? ¿Por que cree Confiep que la marcha de los “pulpines” fue a su puerta? Si sus asociados observaran las mejores prácticas laborales y tributarias mas sentido tendría marchar a la Avenida Gamarra, el emporio textil de la informalidad ¿verdad?.  Pero si los pulpines fueron a su puerta es porque también la empresa formal, o la que dice serlo, tiene problemas graves en dos ámbitos sensibles: laboral y tributario. Seres humanos y Estado.

No es la única práctica a cambiar. Augusto Townsend, editor en SE en 2009, señalaba lo siguiente frente a las presentaciones de grandes inversiones y reuniones palaciegas, mediado un año del escándalo de los Petroaudios:

Como ha evidenciado el caso de los “petroaudios”, en el Perú es absolutamente normal que los políticos (presidentes, ministros, congresistas) se reúnan con las empresas, incluso fuera de sus despachos y sin dejar constancia alguna en sus agendas oficiales. También intercambian correos electrónicos y se hacen recomendaciones mutuas, que en los casos extremos –como en el “Petrogate”- terminan por dar pie a beneficios otorgados al margen de la ley (por ejemplo, cambios en las bases de una licitación pública para favorecer a una empresa en particular).

A veces ocurre lo contrario, y a estas reuniones entre políticos y empresarios se les da, más bien, figuración mediática para evidenciar que el gobierno está apoyando a la inversión. Por más loable que resulte esto último (si efectivamente es el caso y no hay, más bien, un interés velado del político por obtener apoyo financiero o de otro tipo para una posterior campaña electoral), lo que no debe soslayarse es el impacto que genera sobre las otras dependencias del Estado. ¿Se animaría un funcionario de rango medio a rechazar –aunque haya suficientes razones para hacerlo- una solicitud de autorización o concesión efectuada por una empresa que acaba de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno?

¿Hay señales de cambio? Hoy el presidente de CONFIEP, Martín Pérez, propuso que se tipifique como delito la corrupción entre privados, un primer paso adelante en un cambio legislativo que se ocupará de un vacío legal importante. E indicó que el sector privado debe hacer un mea culpa. Sin embargo, resulta necesario que el gremio de gremios empresariales haga un pronunciamiento institucional fuerte, luego de los casos que comprometen a empresas brasileñas (que, en muchos casos, operaron en consorcio con sus pares peruanos). Y no basta con decir, como lo han hecho los voceros de Graña y Montero, que desconocían la fama de su socio carioca.

Una de las principales críticas que varios tenemos con CONFIEP y con otras entidades empresariales se encuentra en que no hicieron una reflexión en serio respecto de su aquiescencia o mirada hacia el techo frente a un gobierno autoritario que devino en el más corrupto de nuestra historia. En general, nuestros principales voceros empresariales han sido entrenados en una escuela conservadora, en la que aceptar errores (como la ida a la salita del SIN de algunos de ellos o su complacencia con un régimen que corrompía al país) o plantarse fuerte contra la corrupción (como en el caso Petroaudios) era poco menos que un imposible. Con contadas excepciones, nuestros empresarios han tolerado u omitido algún pronunciamiento tajante frente a prácticas ilícitas y antiéticas. Hoy, que el caso Lava Jato vuelve a poner sobre la mesa la forma de hacer negocios en el Perú, tienen una nueva oportunidad para, finalmente, revindicarse.

Pero, hasta ahora, viene siendo una opción que no desean asumir.

Todo sobre el lío en Petroperú

A contrario de lo propugnado por algunos economistas del lado diestro – y medios como el diario El Comercio -, el gobierno no se propuso privatizar Petroperú, sino buscar darle una mejor gerencia a la empresa petrolera estatal.

PPK y Fernando Zavala son absolutamente conscientes que vender la empresa sería políticamente poco estratégico y era necesario darle una mejor gerencia a la compañía. De allí que convocaron a un directorio encabezado por el expresidente de la Sociedad Peruana de Minería, Petróleo y Energía Augusto Baertl para darle dinamismo a una entidad que venía cuestionada, desde el lado más progresista, por los continuos derrames de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano y, desde algunos sectores de derecha, por su propia existencia.

Pero la gestión de Baertl duró apenas poco más de tres meses. ¿Qué ocurrió?

Hace una semana, el directorio de Petroperú nombró como gerente corporativo y de relaciones comunitarias a Vladimiro Huaroc, exgobernador regional de Junín y excandidato a la segunda vicepresidencia y al Congreso por Fuerza Popular. Huaroc quedó fuera de la contienda electoral por la entrega de dádivas durante su campaña. El aún miembro del equipo técnico de Fuerza Popular señaló hoy a El Comercio que era un consultor y que luego se había decidido su nombramiento, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo aún.

De inmediato, varios integrantes del gobierno hicieron manifestar su descontento. El primero fue el parlamentario Juan Sheput. Pero quien tuvo más fuertes fue Mercedes Araoz, segunda vicepresidenta de la República y congresista, en una entrevista en Perú.21:

El señor no tiene por qué ser nombrado. No sé ni si quiera para qué lo quieren nombrar. Él cumplió un rol político que no corresponde para un nombramiento en este gobierno. Él dejó de ser candidato a la vicepresidencia por un acto que no era legal dentro del proceso electoral. Hizo trampa.

En privado, refieren personas cercanas al gobierno, Zavala presentó su preocupación a Baertl. El Presidente de la República indicó esta mañana que esa designación tenía que ser chequeada, al menos, por el ministro del sector, es decir, por Gustavo Tamayo. Ante lo que consideraron una intromisión a su autonomía, los miembros del directorio de Petroperú presentaron su renuncia. El gobierno la aceptó casi de inmediato.

Personas cercanas a ambas partes indican que si bien era necesario que un directorio siempre defienda su independencia del poder político, esta vez escogieron la peor batalla para hacerlo, dado que el nombramiento de Huaroc era controvertido en sí mismo.  “Fue un error designarlo”, nos refiere una fuente con llegada a Palacio y a Petroperú.

Pero no habría sido la única discrepancia que habría motivado la partida del directorio. La República indica que existen sectores en el gobierno que impulsan que Petroperú vuelva al holding de empresas estatales, FONAFE, donde la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas es clave en la toma de decisiones. Si bien Baertl negó esto, todo indica que el gobierno tomará la decisión como parte del paquete de facultades delegadas.

Pero, más allá de estas preguntas, una pregunta flota en el ambiente: ¿cuál es el norte que tendrá Petroperú en este gobierno? Hora para que el flamante presidente de la empresa, Luis García Rossell, nos anuncie una respuesta clara.

El desastre en el BCR

(El BCR bajo la lupa. Foto: Perú.21)

Con excepción del fujimorismo – y algunos periodistas conservadores – ha sido casi unánime el juicio respecto de la elección de los miembros del Banco Central de Reserva que le corresponde designar al Congreso de la República: un desastre.

Sobre Elmer Cuba han recaído las menores críticas. Su performance como economista es, sin duda, importante en términos estrictamente técnicos. Sin embargo, desde dos puntos de vista distintos, también ha recibido críticas sobre los posibles conflictos de intereses en los que podría recaer, debido a su posición como socio de Macroconsult, entidad privada que hace consultorías a empresas. Augusto Álvarez Rodrich indica que esto se podría salvar con la publicidad sobre los clientes de la mencionada compañía, mientras que Aldo Mariátegui señala que es el director más cuestionado de los nombrados por los votos apristas y fujimoristas (y algunos ppkausas en este caso).

Respecto a José Chlimper y Rafael Rey las voces en contra han sido más abundantes. Sobre el excandidato vicepresidencial de Fuerza Popular, si bien se reconoce que antes fue director del Banco sin una nota disonante, hoy la situación es distinta, debido a que es el secretario general del partido de oposición, tiene una investigación judicial por la manipulación de audios que buscaban desacreditar a un informante en el caso Joaquín Ramírez y a que sus declaraciones en redes sociales frente al gobierno son, por decir lo menos, bastante agresivas.

Mientras que, en lo que se refiere al exministro de Producción y Defensa, se ha argumentado fundamentalmente su poco conocimiento en temas económicos y monetarios. De hecho, el propio Rey aceptó que deberá estudiar para asumir en mejor forma su nuevo puesto. Y si bien no es requisito ser economista de profesión para ser director del BCR, se requieren determinados conocimientos que el exparlamentario andino no posee. No es lo mismo Manuel Ulloa, Manuel Moreyra o Beatriz Boza (por solo citar a directores del BCR que eran abogados) que el ingeniero Rey, preocupado más en temas de defensa y en sus declaraciones contra causas progresistas. A ello se suma aquello que sus defensores llaman como “expresiones políticamente incorrectas” y sus detractores llaman, siendo generosos, posiciones lindantes en muchos casos con el fascismo.

En estos últimos dos casos, las críticas no solo han provenido de periodistas y analistas tradicionalmente críticos con el fujimorismo. Medios que expresan posiciones liberales de derecha como El Comercio y Semana Económica han editorializado en contra de estas designaciones por las razones arriba anotadas, sintetizadas en un manoseo político impropio de una entidad técnica e independiente. En la misma línea se ha encontrado un periodista poco sospechoso de antipatías frente al fujimorismo, como Federico Salazar, así como el expresidente del BCR, Richard Webb.

Y a ellos sumemos, en gesto inusitado desde las postrimerías del fujimorato, el pronunciamiento de estudiantes de la Universidad del Pacífico.  De hecho, se están haciendo las coordinaciones para una marcha a realizarse este viernes.

Pero también han existido críticas válidas a todo el proceso de elección. Desde su columna en Perú.21, el economista Pablo Secada señaló que existe pendiente un proyecto de reforma para la designación de los miembros del BCR en forma escalonada, que no ha sido aprobado desde el Congreso pasado.

Mientras que, con justa razón, Verónica Zavala y Carolina Trivelli han expuesto claramente los argumentos por los que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso han errado al no elegir siquiera a una mujer entre los miembros del directorio de la mencionada entidad. Basta ver la lista de economistas que ha puesto a disposición el Grupo Sofía para saber que hay especialistas mujeres que tranquilamente podrían estar en la máxima instancia de esta institución.

Lo que resulta cierto es que el Banco Central de Reserva ha quedado afectado con esta elección. No tanto por variaciones radicales de la política monetaria, pero si por el duro golpe a la autonomía y a la independencia de la entidad encargada de custodiar el valor de nuestra moneda. Si de algo se jactaba el fujimorismo era de ser el garante del modelo económico. Pero acaba de meterle un fuerte golpe al mismo, por su ambición desmedida de poder. Al final, Fuerza Popular demuestra que su aprecio por la institucionalidad es tan escaso como en la década de 1990.

Pirámides de cartón

Cada cierto tiempo, aparecen noticias sobre negocios cuyas bondades implican la obtención de dinero fácil casi sin ningún esfuerzo, salvo el aporte de una fuerte suma y atraer a otras personas a un esquema conocido como “pirámide”.

El final de estas modalidades para ganar dinero es conocido. Solo ganan sumas exorbitantes los primeros aportantes y, a la larga, muchas personas terminan siendo embaucadas. Como bien recuerda Pedro Ortiz Bisso hoy en El Comercio, la historia peruana contemporánea ya tiene dos claros ejemplos de estafas masivas a través de este tipo de esquema: CLAE y REFISA.

El último jueves, en su habitual columna en el diario dirigido por Fernando Berckemeyer, Patricia del Río dio a conocer la última modalidad de este tipo de negocios. Mujeres de clase alta y media alta de Lima, atraídas por familiares y amigas, eran cautivadas por un discurso que mezclaba el gusto por las mandalas con un aporte de 1,400 dólares para recuperar sumas que superarían los 30,000 billetes verdes en apenas unas semanas.

Se trata de una forma de negocio propagada a través de redes sociales que ya ha sido reportada en otras partes de América Latina. Lo que aquí se conoció como “El Telar de la Abundancia”, en México fue denominado como “La Flor de la Abundancia”, con un discurso similar en sus alcances y narrativa.

La denuncia hecha por Del Río ya puso en alerta a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que ayer lanzó un comunicado recomendando a los ciudadanos no ingresar – o salir – de este esquema de dinero supuestamente fácil. Al mismo tiempo, se conoció que más de 6,000 personas ha sido afectada con este tipo de negocios en los últimos años en nuestro país.

Pero no es la única forma en que se vende este tipo de negocios pirámide. Otros han apostado por la venta de paquetes turísticos y, más recientemente, por redes sociales monetarizadas o la venta de productos para la salud y supuestas fórmulas que garantizan el secreto de la eterna juventud. Dado que este último tipo de modalidades son más encubiertas, es mucho más difícil que los ciudadanos puedan identificarlas (y que la SBS pueda investigarlas).

La recurrencia de este tipo de esquemas hace aún más necesaria la extensión de la educación financiera desde niveles escolares en todo el país. Pero, en tanto ello se produzca, un consejo: si ve un negocio con publicidad fuerte, basado en la entrega de una suma importante de dinero y en la captación de más personas, no ingrese. Es muy probable que esté ante una pirámide y que el sueño de una recuperación fácil de dinero se desvanezca junto con el capital invertido.

Seguir esta regla resulta aún más importante de saber en un país que sigue manteniendo importantes tasas de crecimiento y donde los montos obtenidos por el cobro del FONAVI y la liberación de los montos de las AFP hacen que la gente tenga más plata en el bolsillo, con la expectativa de obtener una redituable ganancia a corto plazo.

Finalmente, si usted tiene dudas de donde invertir, llame a la SBS para ver si un esquema que opera fuera del sistema financiero más tradicional tiene su autorización. Cuide el dinero que tanto le ha costado ganar.

GRADO DE INFLACION

Sin duda, cuando escuché la noticia de que el Perú había obtenido el grado de inversión me puse contento. En realidad, es un premio al esfuerzo que ha hecho el país en materia macroeconómica y en mantener las finanzas estables del país. Ese tipo de recompensas hace que futuros gobiernos de izquierdas o de derechas tengan en cuenta que sin esa estabilidad poco o nada se puede hacer.

Sin embargo, no compartí la euforia del fantasmagórico Ministro de Economía Luis Carranza, quien dijo con entusiasmo:

“Nunca habíamos logrado el grado de inversión y esto nos pone en ruta, en camino hacia ser una economía de primer mundo”

Aguante el coche, doctor Carranza. Recién como que medio que comenzamos a salir del Tercer Mundo y en varias regiones del país nuestro Indice de Desarrollo Humano parece de país africano. Sí, el grado de inversión es un indicador importante, pero no es el único.

Los economistas que se preocupan por los enfoques del desarrollo se han dado cuenta que variables como esta miden solo una parte de la tarea, pero que los indicadores para medir los avances en los campos sociales, democráticos y otras variables económicas deben ser mayores que el Producto Bruto Interno o el grado de inversión. Sin duda, en el MEF van a seguir con la fiesta hasta el lunes, pero es necesario que vuelvan a pisar tierra y ver a las preocupadas amas de casa con los precios que siguen subiendo.

Y no es por ser aguafiestas, pero dos personas que algo conocen, han registrado un par de dudas sobre Fitch, la clasificadora de riesgo que nos ha puesto en pos del primer mundo, como dice Carranza.

Pedro Francke, economista bastante dado a investigar, le ha dicho a La Primera lo siguiente:

Francke recordó que la ­agencia Fitch, junto a otras, “metieron las patas” de una forma espantosa hace un tiempo cuando clasificaron como triple “A” los bonos hipotecarios norteamericanos, es decir estaban exentos de riesgo, pero un tiempo después provocó un perjuicio por 200 millones de dólares.

Agregó que la calificación ­otorgada por esa agencia no repara en la grave situación económica y social que atraviesan la mayoría de peruanos, sin tener oportunidades de acceder a un mejor nivel de vida.

Uno podría decir que un error los comete cualquiera, pero son los bonos hipotecarios los que han desencadenado la crisis recesiva en Estados Unidos. Como para que Fitch ponga las barbas en remojo.

Pero un dato màs interesante es proporcionado por el ex Ministro de Trabajo Juan Sheput, quien en su blog coloca un interesante enlace que nos envia a esta información:

APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. (AAI) fue fundada en 1993 para dedicarse exclusivamente a la clasificación de riesgo. Sus fundadores fueron (i) el Grupo APOYO, empresa creada en 1977 por Felipe Ortiz de Zevallos; y, (ii) Clasificadores Asociados y Cia. Ltda, una de las empresas líderes del sistema de clasificación de riesgo en Chile. Posteriormente, en 1995, IBCA Limited, la principal empresa inglesa en la industria de clasificación de riesgo, pasó a formar parte del accionariado de AAI al adquirir el 20%. En 1998, luego de que fuera aprobado por CONASEV el nuevo Reglamento de Empresas Clasificadoras de Riesgo, el Grupo APOYO vendió a Rafael Ortiz de Zevallos su participación en el accionariado de AAI.

En octubre de 1997, se fusionaron Fitch de Fitch Investors Service, L.P. de los E.E.U.U., con el Grupo IBCA del Reino Unido. Producto de dicha fusión surgió Fitch IBCA. Posteriormente, en marzo 2000, Fitch IBCA y Duff & Phelps Credit Rating Co. anunciaron un acuerdo definitivo de fusión por el cual la primera adquirió a la segunda por un monto total de US$528 millones. La oferta pública se concretó en junio de 2000, surgiendo de esta manera, Fitch. Adicionalmente, en octubre del mismo año, Fitch y The Thomson Corporation anunciaron un acuerdo por el cual la primera adquirió a Thomson´s BankWatch ratings business. Producto de la fusión, The Thomson´s Corporation tendría aproximadamente el 3.4% de participación en Fitch. La adquisición de Thomson´s BankWatch ratings business se completó en diciembre del 2000.

Fitch Ratings es una de las agencias de clasificación internacional líderes en el mundo, con los recursos, tamaño, envergadura y caudal de conocimientos para competir exitosamente en todos los aspectos de la valoración de créditos. Fitch Ratings combina un conocimiento único de diferencias en cultura, lenguaje, sistemas contables y sectores industriales brindando un servicio realmente global a los mercados financieros del mundo. La Compañía tiene presencia en 75 países, 49 oficinas alrededor del mundo con dos oficinas principales localizadas en Londres y Nueva York, y un staff profesional de 1,600 analistas.

Pues resulta curioso que la clasificadora de riesgo que nos da el grado de inversión esté ligada a la filial internacional de la consultora formada por nuestro actual embajador en Washington y que actualmente maneja su hermano.

Consejo: Guardemos la piñata y la pica pica para el 2011, cuando hayamos bajado los índices de pobreza al 30%, como han prometido el Presidente y su Ministro de Economía. La verdadera performance de la economía se juega en ese terreno.

OTRA VEZ, LA INFLACION

Inflación. Mala palabra en términos económicos cuyo significado conocemos todos aquellos que hemos nacido, crecido y/o padecido el primer gobierno de Alan García Pérez.

Hasta para los más neófitos en economía, nos quedó claro que inflación significaba dos cosas: la pérdida en el valor real de los ingresos – sobre todo, para quienes menos ganan – y, además, elimina toda posibilidad de confianza en quienes manejan nuestra economía.

Sobre este último punto, ya algo hemos comentado por aquí. Frente a la crisis en Estados Unidos, era necesario que Luis Carranza explicara si, más allá de nuestra bonanza, nuestra economía era realmente sólida como para aguantar los embates internacionales y, además, saber si es que el auto del desarrollo sostenido realmente estaba andando sobre una pista amplia y con buenos cimientos.

Pero Carranza ha procurado imitar en esto a Luis Castañeda Lossio y competir por el título de autoridad más callada del país.

Sin embargo, lo que hoy saca El Comercio en primera plana debería hacerlo despertar del letargo.

Un informe de la Universidad del Pacífico ha logrado medir el impacto real de la inflación en los sectores más pobres. Cabe recordar que la inflación del año pasado fue, según cifras oficiales, de 3.9%, una de las más bajas de la región, pero de las más altas en 10 años. Y lo que dice la UP es preocupante:

Que debido al mayor peso de los alimentos dentro de su canasta, para una familia con un ingreso mensual de S/.800 la inflación no fue de 3,9%, como dice el INEI, sino que podría haberse ubicado en alrededor de 8,2%, según demuestra un estudio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

Es decir, cuando tenemos incluso una inflación aparentemente baja en comparación con la región, los afectados siguen siendo los pobres. Los especialistas de la UP se cuidan mucho de desconfiar de las cifras oficiales – cuestión que, con este INEI, no compartimos – e indican también que:

“No es que se esté escondiendo la inflación, sino que el índice de precios que se publica se construye con el promedio de los precios de la economía y no con el promedio de las inflaciones de las familias. Por ello, refleja más la de los grupos con ingresos más altos, porque consumen más”

Ello indica que la variable de construcción de la inflación no estaría reflejando adecuadamente que es lo que ocurre verdaderamente en el país, por lo que, si a ello se suma la desconfianza en el gobierno, pues el resultado puede ser perjudicial para la economía peruana.

Haría bien el ministro Carranza en explicar este tema. Sobre todo, cuando todos sentimos que los precios suben de verdad y nadie dice absolutamente nada, salvo que todo sigue marchando bien.

Ojalá esto no sea un deja vu y mañana vuelva a escuchar de inflación bruta e inflación neta. Ya sabemos como acabó esa historia.