UNA OMISION VERGONOZOSA

La semana pasada, 59 países firmaron en París la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada. Este es un instrumento de carácter internacional y pretensiones universales que condena la desaparición forzada como una práctica vulneratoria de los derechos humanos.

Puede definirse la desaparición forzada como la privación de libertad de una o más personas cometida por agentes del Estado o por quienes actúen con su autorización, apoyo o tolerancia, así como por particulares o miembros de organizaciones subversivas. Dicho acto es seguido por la falta de información o la negativa a reconocer la privación de libertad o informar sobre el paradero de la persona. Tal ausencia de información o negativa impide el ejercicio de los recursos legales y de los mecanismos procesales pertinentes. La definición comprende a las víctimas cuyo paradero continúa desconocido, aquellas cuyos restos fueron encontrados y aquellas que recuperaron su libertad

El tratado suscrito la semana pasada señala que ninguna situación excepcional, conflicto armado o inestabilidad política justifica el uso de esta práctica. Los Estados partes se obligan a investigar las desapariciones forzadas y a colocar en su legislación penal como delito la desaparición forzada. El tratado es bastante completo e incluye otras obligaciones que no es necesario detallar para comprobar su importancia.

La desaparición forzada surgió como una práctica sistemática y generalizada contra los derechos humanos durante la II Guerra Mundial. El famoso operativo nazi “Noche y Niebla”, dado contra los judíos en la llamada “solución final”, fue la primera directiva conocida sobre esta práctica y fue materia del procesamiento de los jerarcas nazis en el famoso Juicio de Nuremberg.

Serían las dictaduras latinoamericanas las que harían de la desaparición forzada una práctica conocida en el mundo. Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, El Salvador, Paraguay y Uruguay fueron algunos de los países que padecieron esta vulneración de los derechos fundamentales.

¿Qué derechos vulnera la desaparición forzada de personas? El derecho a la libertad personal, al privarse a una persona de su libertad con total arbitrariedad y sin autorización judicial; las garantías judiciales, al imposibilitar el derecho de defensa del detenido; la prohibición de tratos inhumanos, crueles o degradantes, pues la víctima es aislada del mundo exterior y llevada a un lugar donde es ocultada, configurando el mero hecho del aislamiento un elemento que añade inseguridad y temor a la víctima; y, casi con seguridad, el derecho a la vida, pues el desaparecido, por lo general, es ejecutado extrajudicialmente.

Ello fue lo que ocurrió en nuestro país durante el conflicto armado interno. Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los agentes del Estado emplearon la desaparición forzada de personas de manera sistemática y generalizada como parte de los mecanismos de lucha contrasubversiva. Nos encontramos ante un patrón de conducta, que tuvo carácter generalizado y sistemático entre 1983 y 1985, así como entre 1989 y 1993.

En el primer periodo, esta practica se produjo de manera masiva e indiscriminada en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. En el segundo periodo, se hacían procedimientos más selectivos, pero igualmente sistemáticos y concentrados también en las grandes ciudades.

La desaparición forzada de personas es considerada un crímen de lesa humanidad por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Nuestro ordenamiento penal la considera un delito, pero la tipificación parece ser inadecuada, toda vez que se señala que:
a. El autor del delito sólo puede ser un funcionario público.
b. No se establece que la desaparición forzada es la privación de libertad seguida de la negativa de información sobre la detención o el paradero de la persona.
c. Se emplea el término “debidamente comprobada”, inadecuado, pues la naturaleza de la conducta, basada en la privación de libertad de una persona y seguida por la negativa de la misma o de la falta de información sobre la detención o sobre el paradero del desaparecido, hace que la prueba de la desaparición forzada sea casi imposible.

Afortunadamente, ya el Poder Judicial ha sentenciado dos casos – Ernesto Castillo Paez y Chuschi – interpretando este delito de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, supliendo los defectos de la legislación peruana. Estas sentencias están pendientes de

Como vemos, el tema tiene una suma importancia para la preservación de la vida y de otros derechos en el mundo. Y en nuestro país con especial cuidado, dado que durante el conflicto armado interno nos convertimos en la nación con el triste record de mayores denuncias por desapariciones forzadas ante el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre esta materia.

Y a pesar de ello, adivinen que país latinoamericano no está en la lista de firmantes. El nuestro. A pesar de lo antes anotado, nuestra Cancillería vuelve a convertir a la política exterior peruana en un hazmereir: Chávez nos insulta, Alan lo abraza en Cochambamba; tenemos la demanda lista ante La Haya para el tema marítimo con Chile, no iniciamos el proceso judicial; el TLC necesita un impulso, pero se contrata a la peor persona para el cargo. Y ahora, luego que casi todos los países latinoamericanos que tuvieron el problema de las desapariciones forzadas suscriben la Convención Internacional que las proscribe y que obliga a los Estados a perseguirla, el único florón de la corona que no lo hace es el Perú, por culpa de un canciller varado en solo Dios sabe que galaxia del espacio exterior.

Sin duda, una raya más al tigre y un baldón más para el Canciller José Antonio García Belaúnde, que, a contrario de lo que dijo cuando asumió el cargo, demuestra tener poco manejo de la política exterior, si es que esta existe.