PRECIPITACION Y BELIGERANCIA

Muchas veces los seres humanos actuamos movidos por la pasión y, ello, aunque no en todas las ocasiones, genera situaciones de dificultad para todos quienes se ven involucrados en las mismas. Muchas de las relaciones humanas se ven marcadas y complicadas por la actuación con precipitación frente a hechos que se ven como amenazantes y si a esta complicación se le suma un ánimo beligerante, pues los involucrados terminan siendo más afectados por lo que podía ser un problema que podía solucionarse en otros términos.

Creo yo que esto es lo que ha pasado con la actual crisis entre Colombia y Ecuador, cuyos hechos centrales ya son conocidos pero vale la pena reseñarlos brevemente:
– El sábado, las Fuerzas Armadas Colombianas logran la muerte del número 2 de las FARC, Raúl Reyes. El evento es celebrado por Álvaro Uribe como una de las mayores víctorias de su gobierno. En ese momento, se informó que el bombardeo que causó la muerte del líder de esta organización se produjo cerca a la frontera con Ecuador. Lo mismo fue indicado, en primera instancia, al presidente de dicho país, Rafael Correa. Uribe reconoció que se obtuvo la información de su ubicación por inteligencia de Estados Unidos.
– A las pocas horas, Bogotá reconoce que el ataque se produjo en territorio ecuatoriano. Correa manda llamar a su embajador.
– Allí no queda la cosa. Hugo Chávez mete candela, pone tropas en la frontera con Colombia, habla abiertamente de guerra y llama revolucionarios a los miembros de las FARC. Bueno, no se podía menos de quien llamó beligerantes a quienes cometen actos de terrorismo.
– La cuestión se complica más ayer. Quito tiene que admitir que habían habido contactos con Reyes e incluso Francia señala que este personaje era el enlace para la liberación de Ingrid Betancourt, la ex candidata colombiana secuestrada hace varios años por las FARC. Al final de la jornada, Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Colombia y Venezuela expulsa a los diplomáticos colombianos en su territorio.

Mientras tanto, el dia se inicia con la llegada de Correa a Lima, en lo que es el inicio de una gira para pedir respaldo ante lo que considera una invasión a su territorio. De otro lado, Uribe ha señalado que denunciará a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional por apoyo al terrorismo, siendo interesante en que delito podrá encajar este apoyo y que pruebas presentará. Mientras que la OEA intenta detener la crisis.

Todo esto comenzó con un acto precipitado de Colombia. Es cierto que el gobierno colombiano tiene el derecho y el deber de combatir a quienes atentan contra la democracia y los derechos humanos de sus ciudadanos. Pero no ello no lo ampara para mentir sobre lo ocurrido o para pasar una frontera. Fue lo mismo que, a mayor escala, se cuestionó cuando Estados Unidos invadió Irak. Claro, los norteamericanos, a diferencia de los colombianos, no tenían motivo alguno para dicha invasión. Pero el derecho internacional no ampara este tipo de situaciones.

Pero ha continuado gracias a la beligerancia que Hugo Chávez ha instalado en la región. Con un azuzador de las hostilidades, Correa, quien estaba visiblemente molesto por una invasión territorial, ha terminado llevando este problema a un extremo en el que no han faltado los agoreros de un conflicto armado, a pesar que los intereses económicos de los tres países impedirían una conflagación bélica.

Sin duda, Ecuador tiene todo el derecho de protestar ante una invasión de su territorio, pero no puede llevar esto a una situación límite como la que hemos vivido en estas horas, gracias a los “consejos” de su mentor bolivariano, quien desde hace tiempo pretende inmiscuirse en el conflicto colombiano, ante la pérdida de popularidad en su país.

¿A que nos debiera llevar la actuación de los demás presidentes de la región? En primer lugar, a atemperar los ánimos. En segundo lugar, a que Uribe reconozca sus errores y precipitaciones. Y, en tercer lugar, a que Ecuador acepte las disculpas y normalice sus relaciones. Y también es claro que los países latinoamericanos deberán tener convenios claros para combatir al terrorismo. La precipitación y la beligerancia, vale la pena recordarlo, hizo que el Perú se demorara en derrotar militarmente a estos grupos, ya que no se supo distinguir a los inocentes de los terroristas ni se respetaron las reglas del derecho nacional e internacional. Justamente los Estados deben diferenciar su actuación sobre la base de la legitimidad que le da la adopción de reglas comunes y que, además, sean cumplidas. Esa fue una lección que tuvimos y que debemos aprender.

Y a Chávez, habría que recordarle lo que dice hoy el diario La Nación de Argentina:

Sin embargo, hace menos de cuatro años, el 9 de noviembre de 2004, el mandatario venezolano, con el mismo acento y entonación, sostenía, en una visita a Colombia: “Yo soy un hombre de honor. Si yo apoyara a las FARC tengan la seguridad de que lo diría, no lo escondería. Para que quede claro: no apoyo, no he apoyado jamás ni apoyaré jamás a la guerrilla colombiana ni a movimiento subversivo alguno contra gobierno democrático alguno, de ninguna manera. Les juro por Dios y mi madre santa que si yo apoyara la guerrilla, no tendría cara para venir aquí”.

Y advertía: “Llámese como se llame al grupo armado que fuere, en el mismo momento en que entren en territorio venezolano violando nuestra soberanía se convertirán en enemigos de Venezuela y serán tratados como tales”.

¿Qué lo ha hecho cambiar de opinión? Desde Caracas, nos deben a todos los latinoamericanos una respuesa.

MAS SOBRE EL TEMA:
Editorial de La Repùblica: Tormenta en el norte
Augusto Alvarez Rodrich: Los entrometidos
Ariel Segal: Horas de la “verdad”
Mirko Lauer: El cerco a Colombia
El Fondo del Vaso: La Guerra de las Américas
Oceano de Mercurio: Mein Kampf chavista

LA PUCP Y CIPRIANI: MI POSICION PERSONAL

Desde hace dos semanas, vengo cubriendo lo que ahora todos los medios conocen como “la batalla por la Universidad Católica“.

Términos bélicos al margen, lo cierto es que la Pontificia Universidad Católica del Perú, que este viernes cumplirá 90 años de fundación, enfrenta una disputa legal que es crucial para su futuro.

El año que entré a la PUCP, 1999, fue el año que se inició la disputa que hoy se ventila ante los tribunales. Para quienes no han seguido el caso, el tema es más o menos así:

– Por el Estatuto de la Universidad, el Arzobispo de Lima ostenta el título de Gran Canciller, un presidente honorario de la Universidad, que solo tiene la prerrogativa de nombrar al director del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria y de velar en términos generales por la marcha pastoral de la comunidad universitaria.

Las relaciones hasta 1999 han sido normales con los Arzobispos de Lima. El único periodo de “conflicto” pre – Cipriani fue cuando Jorge Avendaño – que se había divorciado y vuelto a casar con quien actualmente es su esposa – fue nombrado Decano de Derecho. Juan Landázuri no apareció 4 años por la PUCP, pero luego dichas asperezas fueron limadas.

Cuando llegó Juan Luis Cipriani al cargo, quería tres cosas: la primera, que el Gran Canciller tuviera más poderes, cuestión que no consiguió al no tener los votos suficientes para cambiar el Estatuto; la segunda, que el Rector fuera nombrado por una terna destacada por Roma, y no por la Asamblea Universitaria como hasta ahora; la tercera, controlar los bienes de la Universidad, que dan bastante ingresos a la Católica. Es en este tercer punto donde interviene la Junta de Administración de los bienes de José de la Riva Aguero, conformada por el Rector de la PUCP y un representante del Arzobispado, Walter Muñoz Cho, a quien la Universidad demanda por solicitar documentos que no competen a esta junta, que no tiene ingerencia en la toma de decisiones de la PUCP desde 1964.

– Esta disputa se debe ver en un marco más general, referido a las disputas dentro del seno de la Iglesia Católica, entre el sector más progresista y vinculado a una corriente que postula la realización de acciones sociales concretas frente al sector más conservador, que postula la contemplación y la caridad como única forma de cambio de la sociedad. Si bien en el Vaticano se busca una paridad de fuerzas – y a ello obedece el reconocimiento hecho por Benedicto XVI de la obra de Gustavo Gutierrez -, en el Perú la disputa es cada vez más pública. Los dos casos emblemáticos: la Iglesia del Sur Andino, donde los obispos conservadores hacen la guerra a sacerdotes progresistas que vienen trabajando allí hace 40 años (ver reportaje de Hildegard Willer en Ideele y un informe mío de hace un mes) y, of course, la PUCP.

– A estos temas se suma la enquina personal que Juan Luis Cipriani tiene hacia la Universidad por haber apoyado el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la cual señaló sus serios errores pastorales y políticos durante su estancia como Arzobispo de Ayacucho frente a los derechos humanos. Y, en particular, hacia Salomón Lerner Febres, Rector Emérito y Presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de dicha casa de estudios.

He leido durante las últimas semanas – y, en particular, durante el fin de semana último – las diversas opiniones que hay sobre el tema y tengo ya una opinión formada sobre este asunto.

No estoy de acuerdo con quienes señalan que la Universidad debe ser absolutamente laica o perder el carácter de Pontificia. La PUCP fue fundada por un sacerdote, Jorge Dinthilac ss.cc., y se adscribe a los valores del Evangelio. Como lo he señalado antes, la combinación de valores católicos con el humanismo presente en la Universidad es la que nos ha dado – y me permito aquí la primera persona del plural, pues creo representar en este tema a un sector importante de alumnos y ex alumnos – un sello personal e institucional que no debe perderse. Además, la pérdida del carácter de Pontificia provocaría una pérdida importante de ingresos y convenios que, por la mala actuación de un personaje que tiene un poder temporal y limitado (recordemos, en 11 años se va), no puede generar un perjuicio mayor del que se quiere evitar.

Creo que todos quienes siguen este espacio saben que soy católico y de mi posición frente a las actitudes que durante su vida como pastor ha tenido Juan Luis Cipriani. Considero incongruente con la fe católica que solo defienda los derechos de sus amigos y no los de los más pobres y necesitados, como no lo hizo en Ayacucho y como sí lo hizo el resto de la Iglesia Católica; considero que no es propio de un pastor que habla de dignidad humana y persecusión del pecado su cercanía con un régimen corrupto, autoritario y violador de los derechos humanos; me parece incomprensible que hasta el día de hoy no entienda que la Universidad implica diversidad de pensamiento y opiniones y no un conservadurismo desfasado con tintes de homogenización. Ciertamente, no es una posición cómoda para mi criticar en voz alta a un hombre que dirige la Iglesia, pero lo hago en el convencimiento de que los valores católicos no son los que representa este personaje y que tengo que dar la pelea dentro de una institución a la que todos los días confirmo mi pertenencia y mi fe, para que la misma – hecha por seres humanos, al fin y al cabo – sea más congruente con lo que predica. Si una persona como esta obtiene el poder que desea, sería muy perjudicial para la PUCP.

Además, al estar formado en Derecho, considero que la razón jurídica asiste a la Universidad. La PUCP tiene la propiedad de sus bienes desde 1964 y la Junta de Administración de Riva Aguero no tiene ingerencia en asuntos que pertenecen a la autonomía universitaria. Asimismo, para la elección de sus autoridades, la Universidad se rige por la Ley Universitaria, lo que hace que sea la Asamblea Universitaria la que eliga al Rector y Vicerectores. Este sistema de convivencia, avalado por el Vaticano desde hace varios años, ha hecho que la Universidad se maneje con total independencia de criterio, manteniendo una posición clara en temas de interés nacional desde hace varios años.

Finalmente, la última táctica de Cipriani me parece vergonzosa. Pretende, al más mero estilo del populismo de Fujimori y Alan García, tocar el tema de los sueldos de las autoridades de la Universidad y de las pensiones universitarias. Esto es claro: quiere dividirnos frente a las autoridades. Y creo que, al margen de las discrepancias que se puedan tener con quienes dirigen la PUCP, es el momento de unirnos a ellas en apoyo a la causa que vienen defendiendo, que es justa y que ha merecido que – por primera vez en años – las autoridades salgan a enfrentar publicamente las disputas que se tienen con el Cardenal. Los alumnos y ex alumnos de la PUCP debemos apoyar toda acción que impida que una ingerencia externa haga que la tarea hecha durante estos 90 años no se pierda.

De nosotros y de la jueza que ve el caso – quien por cierto, tiene fama de imparcial y honesta – dependerá que este año celebremos el 90 aniversario de nuestra casa, tal como la conocemos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: La táctica de Cipriani.
Roberto Bustamante: La PUCP contra el Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani.
Domingo – La República: Campus de fe y conflicto.
Ideele Radio: El Cardenal Juan Luis Cipriani y su extraña visión de los derechos humanos.

PELEA ABIERTA

El tema PUCP – Arzobispado de Lima sale a la luz pública.

En este fin de semana, el tema de las disputas entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Arzobispado de Lima ha terminado de tomar un cariz público.

El viernes, la página web del Arzobispado de Lima publicó un comunicado firmado por Walter Muñoz Cho, el hombre enjuiciado por la Universidad, donde señala su punto de vista sobre el conflicto. Indica que él no ha intervenido en asuntos de la Universidad, pero que la Junta de Administración de los bienes de José de la Riva Agüero y Osma si debe tener un rol dentro de la PUCP. Claro, eso es una violación del derecho constitucional a la autonomía universitaria.

Ayer sábado, en su púlpito radial de RPP, Cipriani señaló que tiene la “obligación de velar por la Universidad Católica” y que, al ser la Junta de Administración “perpetua e insustituble” tiene ingerencia en la Universidad. Olvida el Cardenal que, al pasar los bienes de Riva Aguero de forma definitiva a la PUCP, toda ingerencia de ese organismo se terminó, con lo que no había forma de reclamar documentos sobre los bienes de la Universidad.

Y, hoy, sale una reveladora nota de Perú.21 que nos da más luces sobre la materia. Por primera vez, dos miembros de la comunidad universitaria hablaron abiertamente del tema.

Javier Neves Mujica, decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, señaló que “la posición del señor Muñoz es que la universidad no podría vender ni comprar ningún bien sin la autorización de la junta, es decir, sin su autorización, y que todas las compras y ventas que se han hecho serían indebidas porque la junta no las autorizó“, lo que, en su opinión legal sería una intromisión seria al derecho de propiedad.

Asimismo, Neves señaló que el testamento de Riva Agüero solo otorgó a la Junta poderes sobre las llamadas “mandas” del testamento, que tienen que ver con otras cláusulas del mismo que no tienen que ver con la marcha de la PUCP.

Y sobre el tema también se ha pronunciado el mismisimo Rector de la PUCP, Luis Guzmán – Barrón, quien ha señalado que:

Nosotros también salvaguardamos los deseos de José de la Riva-Agüero como una institución que está muy bien considerada y que no ha perdido su condición de católica. En realidad, el tema acá es más bien económico y de administración de la universidad. El señor Walter Muñoz Cho, en sus escritos, dice que la universidad se abstenga de hacer cosas que impidan su ejercicio como miembro de la Junta de Administración de los Bienes de Riva-Agüero. Me parece extraño que dos personas, el rector y una persona designada por el arzobispo de Lima, tengan la potestad de revisar lo que hacen la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, y no creo que don José de la Riva-Agüero se hubiera puesto en ese plan. El señor Muñoz quiere intervenir en la administración de la universidad. Eso supondría que él se siente al costado de quienes han sido elegidos democráticamente, y él no es un miembro de la universidad. Lo que la universidad reclama es el derecho que tiene a gobernarse con autonomía. Creo que los asesores del cardenal lo están llevando a una interpretación equivocada“.

Suenan las campanas…

FUSIONES Y FRICCIONES ELECTORALES


El último fin de semana ha significado un nuevo capítulo en la ya añeja disputa entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Básicamente, lo que se discute aquí es un tema de importancia: ¿cómo será, de ahora en adelante, la organízación electoral?

Entre 1931 y 1993, tuvimos un sistema donde una entidad autónoma, llamada Jurado Nacional de Elecciones, se hacía cargo de la organización de las elecciones y, al mismo tiempo, de resolver los conflictos jurídicos en materia electoral.

Con la Constitución de 1993, el Perú pasa a tener un modelo bi-cefálico en materia electoral. Se crea la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como ente encargado de la organización y administración de las elecciones, mientras que el Jurado sólo se encargaría de certificar a los ganadores de los comicios y resolver cuestiones jurisdiccionales en materia electoral. Algunos consideran que el modelo, en realidad, es de tres cabezas, dado que también se crea el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y se coloca dentro del llamado “sistema electoral”, pero, en realidad, la única función de este organismo dentro de los procesos electorales es tener actualizado el padrón de electores.

Existían dos problemas que, posteriormente, se fueron agudizando.

El primero, tenía que ver con la naturaleza del régimen político que había decidido la división: al ser una presidencia autocrática, Fujimori y Montesinos tenían entre manos ejercer el control de las instituciones electorales a fin de asegurar su permanencia en el poder, por lo que dividieron las funciones sin criterio técnico. Ello fue lo que ocurrió en las elecciones de 1998 y 2000, donde personajes cuestionados accedieron a los puestos de la ONPE y el JNE.

El segundo, se relaciona con las funciones de cada organismo. Y allí, ni la Constitución ni las leyes orgánicas fueron claras, con lo que se presentó una superposición de funciones entre ambas entidades, lo que genera duplicación de esfuerzos y gastos en algunas materias.

El primer defecto fue felizmente superado con el retorno a la democracia. Con el ingreso de personas honestas y competentes, tanto el JNE como la ONPE han desarrollado procesos limpios, transparentes y respetados por la ciudadanía, que manifiesta su confianza a ambas entidades por su trabajo. Ello revela una de las virtudes del sistema democrático: es mucho más difícil controlar el resultado electoral con personas honestas y competentes al mando de las instituciones electorales.

Sin embargo, el segundo defecto se ha agudizado y no son pocos los choques entre ambas instituciones por competencias. A las leyes orgánicas de elecciones y de cada institución, la Ley de Partidos Políticos ha sumado funciones a cada una de estas entidades, sin tener en claro que cosa corresponde a cada cual.

En este marco, desde hace algunos años, el Jurado Nacional de Elecciones propone la unificación de los entes electorales. Basta ver lo que dice su página web, en los últimos párrafos de su reseña histórica:

Más adelante, la Constitución 1993, constituyó un retroceso para el máximo organismo electoral, al fragmentarlo en tres entes autónomos.

Actualmente, el JNE lucha por su unificación y, desde el año 2001, se constituye como un sólido organismo que marcha al servicio de la nación bajo los principios rectores de imparcialidad, independencia y transparencia, así como con el compromiso indesmayable de fortalecer el sistema democrático del país. La indiscutida limpieza de los procesos presidenciales del 2001 y las regionales y municipales del 2002 así lo demuestran.

La misión que desarrolla es garantizar el respeto y el cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales, mientras que su visión es constituirse como el ente electoral unificado, encauzador de los procesos electorales y generador de la activa participación de la ciudadanía, base de la democracia“.

Para ello, además, se esgrimen los argumentos dados por comentaristas a la Constitución de 1993 en materia electoral, en particular, Valentín Paniagua, quien advirtiera sobre los peligros de tener separadas las funciones electorales en un contexto de autocracia y corrupción como el vivido en los años 90.

Sin embargo, el funcionamiento efectivo de la ONPE en democracia ha hecho revisar esta posición a varios especialistas en materia electoral (como Carlos Blancas Bustamante o Fernando Tuesta), quienes ya no se inclinan por una reunificación, sino por especificar cuáles son las funciones que competen a cada organismo para evitar conflictos.

Para complicar este panorama, el sábado Alan García salió a respaldar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Enrique Mendoza, en sus esfuerzos de unificacion. Sin embargo, el Presidente de la República no ha escuchado los argumentos de Magdalena Chu, jefa de la ONPE y se ha dejado llevar por los vínculos profesor – alumno que tuvo con Mendoza años atrás.

¿Mi posición? Creo que se ha demostrado en la práctica que ambas entidades pueden existir y que la fusión ya no es necesaria. Sí es necesario tener en cuenta cuáles funciones deberían quedar para cada entidad y, ver hacia el futuro temas como el voto voluntario y el voto electrónico, que sin duda obligarán a modificar la organización electoral. Por lo pronto, el JNE no tiene el respaldo de las otras fuerzas políticas para la reunificación, pero el respaldo presidencial puede inclinar la balanza a su favor, aunque sin tomar en cuenta criterios técnicos. Es necesario un debate mayor sobre este tema, a fin de tomar la mejor decisión posible.

CIPRIANI VS. LA UNIVERSIDAD CATOLICA: NUEVO ROUND

La relación entre el Arzobispo de Lima Juan Luis Cipriani y la PUCP vuelve a tener uno de esos encontrones que han caracterizado la relación, que ya tiene 8 años en el camino.

Para los que no están enterados, el Estatuto de la Pontificia Universidad Católica del Perú concede a los Arzobispos de Lima el título de Gran Canciller de la Universidad, cargo que es meramente honorífico y que, a lo más, le concede las siguientes facultades:

Artículo 6º.- El Gran Canciller de la Universidad es el Arzobispo de Lima, Primado del Perú. Hay un Vicecanciller designado por la Conferencia Episcopal, quien sustituye al Gran Canciller en caso de vacancia, ausencia o impedimento de éste.

Son atribuciones del Gran Canciller:
a) ejercer la presidencia de honor de la Universidad;
b) velar para que la Universidad cumpla sus fines institucionales ejerciendo las funciones que las normas de la Iglesia Católica prescriben en lo referente a la enseñanza de la teología, a las cuestiones de fe y al cuidado pastoral dentro de la Universidad;
c) mantener la vinculación de la Universidad con la Santa Sede y el Episcopado Peruano;
d) nombrar al Director del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, ponderado el parecer del Consejo Universitario;
e) las otras establecidas en este Estatuto.

Como lo informó en su oportunidad Fernando Rospigliosi, cuando Cipriani asumió el cargo comenzaron los primeros roces:

“Apenas posesionado de su cargo como arzobispo de Lima, monseñor Cipriani formuló un conjunto de demandas a la universidad. El no quería disfrutar sólo del título honorífico de Gran Canciller y de las atribuciones decorativas que le confiere el artículo 6°ree; del estatuto de la PUCP, sino quiere ser un presidente efectivo de la institución. Es decir, nombrar al rector, a las autoridades y profesores y poder decidir sobre los currículos.

Además, Cipriani pretende una oficina en la universidad, ser reconocido públicamente como Gran Canciller -sus antecesores lo hacían en sencillas ceremonias privadas- y pronunciar el discurso de orden en la apertura del año académico el 26 de marzo.

O sea, el poder junto con sus oropeles y signos exteriores. En realidad, la arremetida de Cipriani es un paso más en los intentos de una cúpula ultraconservadora que maneja puestos claves en el Vaticano y que está desde hace años en una ofensiva mundial para capturar las instituciones educativas católicas”.

Este impasse se superó con las conversaciones que tuvo el Rector de aquel entonces, Salomón Lerner Febres con el Vaticano, que tuvieron como resultado el respeto a la autonomía universitaria y a la independencia de criterio de la universidad en diversos temas.

Asimismo, Cipriani encontró resistencias en el Departamento de Teología, el único en el que podía influir de acuerdo con su cargo de Gran Canciller. La permanencia de sacerdotes como Felipe Zegarra y Luis Fernando Crespo, de la vertiente más progresista de la Iglesia Católica, así como el respeto que el sacerdote e historiador Jeffrey Kaliber tiene en la Universidad, ha impedido que ello se logre. A lo sumo, lo máximo que se ha podido influir es en el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria (CAPU) en algunos tema y lanzar unos folletos sobre planificación familiar, claro, desde la versión que aún se tiene en ella sobre Roma.

La relación con los alumnos no ha sido tampoco buena. Su actuación y declaraciones contrarias al respeto de los derechos humanos o de las organizaciones no gubernamentales que los defienden, así como su cercanía al régimen fujimorista, le ganaron protestas y le han impedido hasta el momento acudir a la ceremonia de inauguración del Año Académico, la única a la que tiene obligación de ir en su cargo de Gran Canciller.

El último capítulo de esta telenovela lo hemos podido conocer mediante ACIPRENSA, el órgano de prensa del sector conservador de la Iglesia Católica latinoamericana:

El Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, expresó su extrañeza por la reciente encuesta dada a conocer por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se trata el tema de las relaciones prematrimoniales en los jóvenes, sin valoración moral alguna.

“Francamente me sorprende que una universidad católica no de una valoración moral a estos temas. Puede dar un dato numérico, pero tiene obligación como institución católica de dar una valoración moral, qué es lo que la Iglesia enseña sobre la institución del matrimonio y de la familia”, indicó el Purpurado.

La encuesta a la que se hace referencia es la realizada por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP, titulada “A propósito de San Valentín. Una Visión Liberal para temas tradicionales” en el que se hacían preguntas sobre temas vinculados a la relación de pareja, al matrimonio y a la vida sexual. Claro, a Cipriani esto le debe haber caido peor que lo que le cae una vincha aprista a Ollanta Humala y ha puesto el grito en el cielo.

Esto nos plantea una cuestión fundamental, que es la que atraviesa toda esta discusión: Una universidad católica debe ser ante todo, una universidad, que si bien responde a determinados valores en su enseñanza – los cuales considero que la PUCP respeta – debe también responder a la diversidad de opiniones, a la tolerancia y a los diversos criterios que rige el mundo de hoy. Encerrar a la PUCP en un ghetto conservador, como lo plantea Cipriani, va contra el espíritu crítico que planea la institución universitaria como tal.

Por cierto, ¿alguien sabe cuando Cipriani llega a los 75 años, edad de su jubilación arzobispal?