OTRA VEZ, LA INFLACION

Inflación. Mala palabra en términos económicos cuyo significado conocemos todos aquellos que hemos nacido, crecido y/o padecido el primer gobierno de Alan García Pérez.

Hasta para los más neófitos en economía, nos quedó claro que inflación significaba dos cosas: la pérdida en el valor real de los ingresos – sobre todo, para quienes menos ganan – y, además, elimina toda posibilidad de confianza en quienes manejan nuestra economía.

Sobre este último punto, ya algo hemos comentado por aquí. Frente a la crisis en Estados Unidos, era necesario que Luis Carranza explicara si, más allá de nuestra bonanza, nuestra economía era realmente sólida como para aguantar los embates internacionales y, además, saber si es que el auto del desarrollo sostenido realmente estaba andando sobre una pista amplia y con buenos cimientos.

Pero Carranza ha procurado imitar en esto a Luis Castañeda Lossio y competir por el título de autoridad más callada del país.

Sin embargo, lo que hoy saca El Comercio en primera plana debería hacerlo despertar del letargo.

Un informe de la Universidad del Pacífico ha logrado medir el impacto real de la inflación en los sectores más pobres. Cabe recordar que la inflación del año pasado fue, según cifras oficiales, de 3.9%, una de las más bajas de la región, pero de las más altas en 10 años. Y lo que dice la UP es preocupante:

Que debido al mayor peso de los alimentos dentro de su canasta, para una familia con un ingreso mensual de S/.800 la inflación no fue de 3,9%, como dice el INEI, sino que podría haberse ubicado en alrededor de 8,2%, según demuestra un estudio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

Es decir, cuando tenemos incluso una inflación aparentemente baja en comparación con la región, los afectados siguen siendo los pobres. Los especialistas de la UP se cuidan mucho de desconfiar de las cifras oficiales – cuestión que, con este INEI, no compartimos – e indican también que:

“No es que se esté escondiendo la inflación, sino que el índice de precios que se publica se construye con el promedio de los precios de la economía y no con el promedio de las inflaciones de las familias. Por ello, refleja más la de los grupos con ingresos más altos, porque consumen más”

Ello indica que la variable de construcción de la inflación no estaría reflejando adecuadamente que es lo que ocurre verdaderamente en el país, por lo que, si a ello se suma la desconfianza en el gobierno, pues el resultado puede ser perjudicial para la economía peruana.

Haría bien el ministro Carranza en explicar este tema. Sobre todo, cuando todos sentimos que los precios suben de verdad y nadie dice absolutamente nada, salvo que todo sigue marchando bien.

Ojalá esto no sea un deja vu y mañana vuelva a escuchar de inflación bruta e inflación neta. Ya sabemos como acabó esa historia.

LA CONFIANZA Y LA EDUCACION

Muchas veces me he preguntado a mi mismo porque no funcionan las políticas públicas en el Perú. Claro, la primera respuesta que inmediatamente se me puede venir a la mente es su inexistencia, pero otra buena explicación – y que comenzó a ser pertinente desde que ví el tema de minería y comunidades – es la desconfianza que suscita el Estado en un buen sector de la población, en particular, a quienes se dirigen los planes que supuestamente deberían beneficiarnos a todos.

Algo de ello es lo que viene pasando en el sector Educación. Vía el blog Menos Canas nos podemos enterar de lo que viene pasando con las capacitaciones de maestros: éstas se están realizando desde hace 5 meses y el Ministerio de Educación se comprometió a entregar una suma de 50 soles como estímulo a la capacitación y para, además, cubrir el costo de la pérdida de trabajos eventuales a las que nuestros docentes se dedican en muchas ocasiones por los exiguos sueldos que reciben.

Esta situación motivó que los profesores se quejaran y que muchos de ellos boicoteararan los exámenes de medición de la capacitación que se realizaron el fin de semana.

La situación es más complicada que el no pago de este estímulo y el posible peligro que corre la validez de los pocos exámenes que se rindieron el fin de semana. Ya en la discusión de la Ley de Carrera Magisterial , nos percatamos de los errores de enfoque que existen en la esquina de Cavallini y Van de Velde, en San Borja, donde queda la oficina de José Antonio Chang. En lugar de vender las bondades de la norma, el gobierno y sus aliados mediáticos tomaron esto como una guerra contra el SUTEP, pero terminaron satanizando a todos los maestros.

A ello se sumó algo que denunció Rosa María Palacios en su momento: cientos de profesores le escribían preocupados pensando que sería el carnet lo que primaría a la hora de la evaluación. Y la reciente medida de nombrar a 25,000 profesores sin tener el Reglamento de la Ley de Carrera abona en esa misma sensación de sospecha frente a lo que ocurre con relación a las supuestas mejoras de la situación magisterial.

Y para complicar más el panorama, tenemos a un Ministro que, lejos de dar explicaciones, parece estar más concentrado en sus negocios informáticos y universitarios, lo que le resta credibilidad ante los docentes y, claro, los dirigentes del gremio que no quieren que nada cambie tienen allí la ganancia lista para azuzar a otro tipo de medidas.

Si se quiere mejorar las condiciones de calidad de los docentes, pues el primer paso a tomar es que los canales de comunicación funcionen y que se cumpla aquello que se promete. De lo contrario, tenemos dos problemas: la sospecha natural de los maestros, que desconfiarán de cualquier otra medida de este tipo, y el desorden en establecer una política esencial para el desarrollo del país. Pues cuando hablamos de educación no solo hablamos de mejorar capacidades intelectuales, sino de formar personas. Y esa facultad pedagógica parece estar fuera de las acciones y columnas presidenciales.

EL DISENSO CON EL CENSO

Si hay algo que parece caminar al desastre inminente – y no porque lo quiera – es el Censo Nacional de Población y Vivienda que se llevaría a cabo el domingo 21.

A estas alturas, me queda más claro que estamos ante una medida improvisada y destinada a tener cifras que tengan contento al gobierno, pero a costa de no ser confiables para la población. Más aún, seguimos nadando a contracorriente frente a otros países que aplican la técnica del Censo Continuo, que comenzaba a instalarse en el Perú, y hemos eliminado toda capacidad de monitoreo de las cifras que nos indican como vamos.

Pero a esta situación ya de por sí cuestionable se han sumado dos más, que empañan más lo que debió ser otro tipo de esfuerzo.

El primero tiene que ver la inconstitucionalidad de la orden de inamovilidad durante ese día. Al INEI no le ha quedado otra que reconocer que solo se puede confiar en el civismo de la gente, ya que no hay un respaldo constitucional para limitar la libertad de las personas – cuestión que es más irrazonable luego que te empadronaron – y no se puede declarar el estado de emergencia. Hasta el Ministro de Defensa Allan Wagner dice que es una tontería mayúscula.

¿Y por qué lo es? Dejo a Jorge Bruce para que lo explique:

Algo similar puede ocurrir con el censo que se avecina. Así como esas dos reclutadoras me infligieron una extorsión disfrazada con ropaje legal, la aberrante orden de inamovilidad hasta las seis de la tarde, aunque haya sido censado su hogar, envía una señal de autoritarismo y estupidez -comparable a la disposición de que los dementes callejeros deben acercarse a las comisarías para inscribirse- que solo mediante una forzada pirueta dialéctica podría entenderse como civismo. Por el contrario, induce la percepción de que somos un hato de borregos sin criterio y, como tales, debemos permanecer encerrados en nuestros corrales hasta que el buen pastor del INEI nos dé permiso para salir. El mensaje es contradictorio y esquizofrenógeno.

(Por cierto, escuchar a un funcionario del INEI el día domingo justificando la medida diciendo que “hay que tomarlo como un día de integración familiar” ha sido una gran muestra de humor involuntario).

La segunda ya raya con la indignación. El domingo por la noche, el congresista Carlos Bruce señaló que el Seguro Integral de Salud había suscrito un convenio de cooperación con el INEI para el Censo, a pesar que sus funciones no tienen vinculación directa con lo que ocurrirá el domingo. A tal punto ha llegado el tema que se ha tenido que cancelar el convenio, dadas las suspicacias existentes. Y como no tenerlas con el pésimo manejo de recursos que ha tenido el SIS en los últimos meses.

Y si a ello se suma la complejidad de la Cartilla Censal, que hace inviable la capacitación efectiva de los empadronadores en tiempo tan corto, presagio que habrá gran polémica por este esfuerzo que debió realizarse de esta manera.

Esto me vuelve a demostrar que el problema del país es institucional. Javier Escobal de GRADE da la reflexión con la que cierro el tema por hoy:

En todo caso, los errores que tendría el Censo de Población y Vivienda reflejan un problema aún mayor que el Gobierno todavía no vislumbra. El sistema de rendición de cuentas del INEI es precario. Producto de ello, durante los últimos años, numerosas innovaciones metodológicas fueron hechas sin una validación previa. Estos problemas no sólo son evidentes en el Censo sino en la Encuesta Nacional de Hogares. El principal problema que explica porqué se asumieron más riesgos de los necesarios es que el INEI, en la práctica, no le rinde cuentas a nadie. En principio el INEI depende de la PCM pero ha mostrado una autonomía relativa que ha llevado a que se hagan estas innovaciones metodológicas sin que se documenten y sin que su jefatura tenga que explicarle al país porqué se hacen modificaciones que afectan la comparabilidad intertemporal de las estadísticas.

(Y bueno, ahora pueden entender porque esta el curioso banner de arriba, cortesía de El Morsa)

MAS SOBRE EL TEMA:
El Utero de Marita: Inmortaliza tu arresto domiciliario
Menos Canas: Este domingo: arrestada

(Caricatura: Langer)

LOS PROBLEMAS DEL CENSO

Como saben, el domingo 21 de octubre se realizará el Censo Nacional 2007 que, de llegar a cumplir sus objetivos, podrá indicarnos fehacientemente cuántos somos y cuáles son las condiciones básicas de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, esta actividad, tan necesaria para un país que requiere algo de planificación, metas y líneas de base para poder medir cuáles son nuestros avances en nuestras políticas públicas – sobre todo, en lo que se refiere a la lucha contra la pobreza -, ha sido precedida por la polémica y las dificultades.

Recordemos que, hace apenas un par de años, el INEI, dirigido en ese entonces por Farid Matuk, realizó una muestra censal empleando una metodología nueva: el Censo ya no se haría en un solo día – sino en un periodo de un mes – y durante los años siguientes se realizarían muestras segmentales para afinar y monitorear los datos de la muestra. Todo ello completaría un ciclo de 10 años, cumplidos los cuales se realizaría nuevamente la secuencia. Y así sucesivamente.

Dado que la metodología era nueva y no se explicó adecuadamente el seguimiento que se haría en los años siguientes, muchos ciudadanos sintieron que la muestra tomada no era la adecuada, a pesar que se habrían cumplido todos los pasos para que de resultado. Como dice Roberto Bustamante en su blog, Matuk no calibró adecuadamente la cuestión simbólico – cívica de una actividad como esta y ello hizo que perdiera la batalla política.

Batalla política que se desató apenas llegó este gobierno al poder. La Ministra de la Mujer Virginia Borra y el propio Presidente de la República cuestionaron las cifras del Censo y le dieron a Matuk como a hijo. De hecho, el ex funcionario – hoy trabajando en Irak – tiene encima un proceso penal. Y como reemplazo, no tuvieron mejor idea que nombrar a Renán Quispe, quien fue el número dos del INEI fujimorista, que, como lo reconocen todos los economistas (incluyendo a Hernán Garrido Lecca, a quien recuerdo en los programas de Hildebrandt de los 90 hablando sobre el tema), infló las cifras de crecimiento aplicando una base desfasada del Producto Bruto Interno.

Así, el Censo Continuo fue desactivado y el Censo de este año fue postergado hasta por tres oportunidades, por dificultades logísticas. Si se preveía un cambio de medición porque no se estaba de acuerdo con la metodología, ¿por qué no previeron una partida especial y mayor movilización de recursos humanos para no tener que postergar tres veces la fecha?

Y faltando 10 días para la consulta, estamos ante un problema más serio: el INEI no cuenta con los voluntarios necesarios para las labores de empadronamiento, con lo que, a pesar de sus promesas, quizás podamos estar ante una nueva postergación. La desesperación se nota: ayer sacaron una norma diciendo que los empadronadores no pueden renunciar a sus puestos y hoy incentivan a que los trabajadores públicos sean empadronadores a cambio de un feriado remunerado.

En este clima, ¿las cifras pueden ser confiables? Espero, por el bien del país, que sí. Aunque todos estos datos me dan mala espina.

MAS SOBRE EL TEMA:
Editorial de El Comercio: Censo nacional en capilla
Editorial de La República: Censo en problemas
Carlos Aramburú: Censo 2007: estadísticas reales para un buen gobierno