El fin del teflón de Castañeda

Hoy es el peor día para Luis Castañeda Lossio desde que ocupara el quinto puesto en la elección presidencial de 2011.

Por primera vez en sus tres gestiones de gobierno municipal, la desaprobación a su actuación como autoridad (50%) es mayor a la aprobación (45%). Peor aún, su aprobación se ha ido en picada en el último mes, perdiendo 8 puntos de popularidad.

Para complicar aún más la situación, solo el 26% de los encuestados se encuentra a favor de otorgarle un cuarto periodo como alcalde de Lima. Se incluyó esta pregunta ante la posibilidad de volver a la reelección de alcaldes, gracias a un proyecto de Ley que se debatirá en los próximos meses en el Congreso de la República.

Y si bien la mayor parte de limeños culpa a su precedesora por las protestas en Puente Piedra, un importante sector de ciudadanos de la ciudad tampoco lo exonera de responsabilidad. Para colmo de males, ayer un informe de Daniel Yovera para Cuarto Poder dejó en claro que se elevará el peaje en el tramo correspondiente al proyecto Línea Amarilla, una iniciativa privada original de OAS – traspasada a la empresa francesa Vinci – que fue aprobada en el segundo periodo de Castañeda. En momentos en que este tema ya ha generado dos marchas bastante fuertes en la ciudad, que el 65% de lo recaudado en Lima se vaya a elevar, es una peor noticia para el alcalde. Y allí no puede echarle la culpa a Susana Villarán.

¿Por qué cae Castañeda? Sin duda, en términos coyunturales, hay tres hechos que han acelerado el descenso en su popularidad: el incendio en Cantagallo y el drama de la comunidad shipiba que tuvo que ser resuelto por el gobierno central, la negociación por debajo de la mesa con OAS ligada al proyecto Línea Amarilla y el by pass de 28 de Julio y, por supuesto, las protestas en Puente Piedra.

Pero creo yo que hay algunos temas más de fondo en la desaprobación.

Castañeda llegó sin ninguna idea meridianamente fija a la Municipalidad Metropolitana, con una sola excepción: obras entendidas como construcción de infraestructura. Pero ha comenzado a ser evidente que las necesidades de la ciudad no se resuelven con cemento, que lo único que ha hecho en términos concretos es inaugurar todo lo que su antecesora ha dejado concesionado (y echarle la culpa de todos sus errores) y que su única obra propia en esta gestión – el bypass de 28 de Julio – tiene demasiadas controversias encima como para exhibirla.

Al mismo tiempo, el estilo poco transparente del alcalde ha comenzado ha ser cuestionado fuerte y permanentemente. La formación de colectivos políticos y profesionales que han hecho notorias las fallas de la administración Castañeda ha sido clave, al igual que la mirada de algunos medios respecto de la gestión. Si bien no se llega a los niveles de crítica que tenía la gestión Villarán encima, resulta claro que las faltas son tan inocultables que hasta periodistas que antes ni siquiera tocaban a Castañeda con el pétalo de una rosa ahora se permiten criticarlo. Y se ha formado un interesante grupo opositor en el que confluye tanto Diálogo Vecinal como la mayor parte de la bancada del APRA.

Una tercera cuestión clara es que el estilo Castañeda resulta anacrónico a estas alturas del partido. Si bien la ciudad requiere ordenar el tránsito, ha calado la idea que la infraestructura es solo una parte de la solución. Los peajes dentro de la ciudad son cuestionados. Las necesidades de la ciudad no son atendidas. Y el discurso del alcalde se reduce únicamente a dos elementos: cemento y echar la culpa de la gestión anterior. Y es claro que ambos elementos se están agotando como únicas respuestas, sobre todo, considerando que la administración actual de la MML tiene serios problemas de transparencia.

Finalmente, la situación debería preocupar a Solidaridad Nacional. Dado que el partido no ha construido ningún tipo de liderazgo alternativo – el que existía, José Luna, se marchó a hacer su proyecto propio con miras a ser alcalde de Lima en 2018 -, la suerte de SN está atada a su único candidato potable. Y aunque tienen mecenas, les será difícil construir a un postulante de fuste que pueda reemplazar a Castañeda.

Ahora que se rompió el teflón, todo le va a ser cuesta abajo al alcalde de Lima.

Puente Piedra: Susana compromete el peaje, Castañeda aumenta desidia

(Las protestas en Puente Piedra tienen la culpa repartida entre ambas gestiones. Foto: El Comercio)

Hoy por la mañana, todos los noticieros y canales de noticias por cable reportaron imágenes como esta:

(Foto: El Comercio)

¿Qué ocurrió? Una protesta en Puente Piedra terminó en una serie de actos vandálicos que comprendieron, centralmente, la quema de la nueva garita de peaje instalada en el ingreso a ese distrito por parte de Rutas de Lima, la empresa concesionaria de la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Autopista Ramiro Prialé.

La protesta que terminó en hechos que deberían ser condenados e investigados exhaustivamente tenía como centro dos demandas: un nuevo aumento del peaje que los usuarios de la Panamericana Norte deben pagar, así como la construcción de la garita hoy vandalizada, en un distrito que no tiene vías alternas para el acceso en las zonas cercanas a la carretera.

¿Y esto a que se debe? La clave está tanto en el contrato de concesión suscrito por la gestión de Susana Villarán como en la desidia que el actual alcalde Luis Castañeda Lossio ha tenido frente a este caso.

DTP pudo revisar el contrato de concesión suscrito entre la MML y Rutas de Lima – anteriormente con capitales mayoritarios de Odebrecht y hoy con mayoría de acciones por parte del fondo canadiense Brookfield -. Allí se establece que la recuperación de la inversión de la concesionaria se realizará a través del pago del peaje de los treinta años durante los cuales se tendrá la concesión de la obra. ¿Se pudo haber tenido mejores condiciones para la concesión? A esta altura, no nos cabe ninguna duda.

El tema complicado se encuentra en la claúsula 10.3, donde se indica que se debe implementar una nueva unidad de peaje en Chillón (a la entrada de Puente Piedra) con nuevas tarifas ajustadas, una vez que se hayan culminado con las obras obligatorias en la Panamericana Norte.

Precisamente, esta es la discusión que existe con varios alcaldes de Lima Norte, dado que ellos y varios de sus vecinos consideran que las obras obligatorias no han sido concluidas y, por tanto, ni la construcción de la garita en Chillón ni la subida de la tarifa aún eran necesarias. De hecho, hoy el alcalde de Ancón – quien pertenece a Solidaridad Nacional – indicó que hace 5 meses había pedido una reunión para ver este tema, sin que esta fuera concedida.

Y es aquí donde viene la responsabilidad de Castañeda. Desde agosto, los ciudadanos de Puente Piedra han solicitado una reunión para hablar sobre este tema. Mientras que regidores de Diálogo Vecinal y el APRA han hecho ya varios pedidos de información sobre la situación de este peaje y de las obras obligatorias de la Panamericana Norte, sin que hayan sido respondidas las demandas.

El alcalde solo musita que “está atado de manos”. Pero no explica a los ciudadanos si es que ha hecho esfuerzos claros por renegociar el contrato – algo que siempre se puede hacer – y, por supuesto, para indicarnos si es que las obras obligatorias del contrato (que pueden revisar en el anexo 1 del mismo) ya han sido cumplidas.

Por tanto, estamos aquí ante una corresponsabilidad. En la gestión de Villarán por establecer esta cláusula en el contrato – sobre todo, al no considerar que se afectaba claramente a quienes viven entre las dos garitas de Chillón – y en la gestión Castañeda, por la considerable desidia frente a este tema, más aún, cuando inaugura obras de la concesión como si fueran suyas.

Al final, quienes están perdiendo son los ciudadanos de Lima Norte.

Mesa Redonda: 15 años

(Una noche trágica. Foto: El Comercio)

Fue una noche dura. Quienes vimos por las pantallas de la televisión lo que venía ocurriendo aquel sábado, sabíamos que estábamos ante una tragedia. Y ante un hecho que, para todos los que transitamos el Centro de Lima, estaba anunciado.

Desde que tengo uso de razón, Mesa Redonda fue un sinónimo de informalidad. No solo por la cantidad de vendedores callejeros – llamarlos ambulantes sería faltar a la verdad – que existen desde hace años, o por el hecho que mucha de la mercadería allí colocada se encontraba bajo el signo del contrabando. Si uno detenía la mirada en los edificios circundantes o siquiera levantara la vista y se topaba con las conexiones clandestinas, sabía que un sismo o la primera chispa de un incendio podría generar una noticia que enlutara a toda la ciudad.

Y ello ocurrió.

Luego de la tragedia, parecía que se iniciaba un periodo de conciencia sobre los riesgos del comercio informal. Pero los limeños vivieron, meses después, otra tragedia. Esta vez en lo que muchos pensaban que constituía las antipodas de Mesa Redonda: el Jockey Plaza.

Y transcurridos algunos años en los que los ciudadanos teníamos mucho más prudencia frente al manejo de productos pirotécnicos, volvimos a lo de siempre. No solo porque la ciudad se volvía una réplica de la Operación Tormenta del Desierto cada Navidad y Año Nuevo, sino también porque la precariedad respecto del comercio y los centros de esparcimiento continuó. Lo ocurrido en Larcomar lo demuestra y nos encara respecto del cumplimiento de las normas sobre Defensa Civil en los últimos tres lustros.

Peor aún, la justicia no hizo bien su trabajo en Mesa Redonda. No solo porque el caso demoró varios años en ser atendido. Sino porque, como indicó hoy el abogado Oscar Schiappa-Pietra en RPP, solo una persona fue sentenciada por las graves negligencias existentes en este incendio y las reparaciones por cada víctima llegaron a la irrisoria suma de 700 nuevos soles.

Mesa Redonda sigue siendo una bomba de tiempo. Nuestras autoridades no hacen cumplir las reglamentaciones sobre prevención y gestión de riesgos. Y los ciudadanos seguimos comprando pirotécnicos en lugares con gran peligro.

No aprendimos nada. Y esa es una tragedia tan grande como la que vivimos hace 15 años.

Balance de Lima en 2016

(Foto: El Comercio)

De acuerdo a las encuestas de Ipsos Perú y GFK, las más fiables del medio, Luis Castañeda Lossio termina el año con los peores índices de aprobación de su gestión – aún altos para estándares peruanos – y con el crecimiento sostenido de su desaprobación. Se encuentra cerca del punto en el que su visión sobre la ciudad genere una división de la ciudad en dos partes iguales.

Lo que hemos tenido durante el año es, básicamente, la comprobación del agotamiento relativo de un estilo de hacer política en la ciudad de Lima. A diferencia de sus dos gestiones anteriores donde, al margen de las merecidas críticas que tenía, el alcalde de la ciudad mostraba algunas ideas novedosas (escaleras para la movilidad de quienes viven en los cerros, centros de salud que cubrían deficiencias estatales en la oferta), hoy lo que notamos es escasez de ideas.

La mayor parte de las obras inauguradas por Castañeda Lossio provienen de la gestión de su antecesora. Peor aún, su única idea novedosa, el by pass de 28 de Julio, ha terminado en la polémica. No solo porque la obra ha terminado siendo inútil, sino también porque se descubrió que hubo conversaciones debajo de la mesa para hacerla con la controvertida constructora brasileña OAS. Para colmo de males del alcalde, la realización de este by pass trajo consigo a la ciudad la discusión respecto de la necesidad de este tipo de obras, en retirada en otras urbes a lo largo del planeta.

Entre tanto, las grandes reformas de la ciudad están paralizadas o en estado de catatonia. Salvo la renovación de buses y la implementación por tramos del corredor San Juan de Lurigancho – Brasil, la reforma del transporte urbano no ha vuelto a sonar. La política cultural de la MML es casi nula. Y frente a la emergencia más importante que vivió la ciudad en este año – el incendio en Cantagallo – desapareció de la solución, que terminó recayendo en el gobierno central.

Esta contraposición de visiones entre el cemento y la recuperación de espacios públicos se apreció en diversas partes de la ciudad: La Victoria, Comas, Lince. Pero fue en San Isidro donde se pelearon las batallas más mediáticas, con simpatizantes y detractores del alcalde en medio de protestas, inauguraciones y grupos contrapuestos en redes sociales. Sin embargo, no se vislumbra señales de armonización entre las necesidades de infraestructura y aquellas políticas que requieren menos cemento y más planeamiento.

Y todo indica que ello no se solucionará en los próximos dos años.

Que la Fuerza esté con los limeños.

Cronología del proyecto Río Verde y el By Pass de 28 de Julio

Rio Verde 1
(Las iniciativas para reubicar a ciudadanos shipibos de Cantagallo. El proyecto sí existió. Foto: Facebook del arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos)

1987: Se plantea un proyecto de recuperación de la ribera del río Rímac como parte del Plan del Centro de Lima.

2000: Inicio de la formación de un asentamiento shipibo en la zona de Cantagallo (Rímac).

2001: Otorgamiento de constancias de posesión a miembros de la comunidad shipiba en Cantagallo.

2007: Certificados de posesión del terreno en Cantagallo son entregados por la Municipalidad Distrital del Rímac.

12 de noviembre 2009: La Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba la iniciativa privada para realizar el proyecto Línea Amarilla, para la construcción de obras viales (incluyendo un túnel bajo el río Rímac) en la Vía de Evitamiento. Es adjudicada a LAMSAC, empresa formada por la constructora brasileña OAS e Invepar. Por parte de la MML, el contrato es suscrito por la abogada Giselle Zegarra, gerenta de promoción de la inversión privada. La obra pasará por Cantagallo.

2010: Susana Villarán plantea en campaña electoral el proyecto Río Verde para recuperar parte de la ribera del Rímac y su incorporación al proyecto Línea Amarilla.

Octubre de 2010: Villarán gana las elecciones municipales en Lima.

2011 – 2013: Diálogo entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la comunidad shipiba de Cantagallo. La idea era realizar la reubicación de los ciudadanos de la zona (donde también hay puestos comerciales) cumpliendo las reglas del Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa.

2011 – 2012: Proceso de aprobación de cambio de zonificación del terreno de Campoy que se destinaría para la reubicación de ciudadanos que viven en Cantagallo. El procedimiento incluyó opiniones técnicas a Instituto Metropolitano de Planificación y Municipalidad de San Juan de Lurigancho, que emiten informes favorables. Comisión de Desarrollo Urbano de la MML aprueba por unanimidad el cambio, con una limitación en la zona ribereña. Entre los votantes está José Danós, regidor metropolitano y esposo de la actual teniente alcaldesa Patricia Juárez.

15 de febrero de 2013: Suscripción de adenda al Contrato de Concesión de Línea Amarilla (denominado en ese momento Vía Parque Rímac). Se forma un fideicomiso para la adquisición de terreno para proyecto habitacional, creación de un parque en la ribera del Río Rímac y la construcción de un nuevo acceso a San Juan de Lurigancho. Como informa el portal Ojo Público, el problema fue que:

Sin embargo, no hizo a la comunidad parte del contrato de fideicomiso firmado entre la Municipalidad, la empresa Línea Amarilla S.A.C. y el Scotiabank Perú S.A.A., reclama Richard O’Diana, abogado del CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica). Esto hubiera podido dar a los habitantes de Cantagallo un mayor control sobre el destino del fideicomiso, asegura.

Mayo 2013  – Septiembre 2014: Proceso de negociación con la comunidad shipiba para el traslado. Finalmente, las tres asociaciones integrantes del asentamiento en Cantagallo aprueban irse a Campoy.

26 de agosto de 2014: Giselle Zegarra, quien había pasado a ser consultora de OAS, le pide al presidente de la empresa constructora Leo Pinheiro que cese la publicidad del proyecto Vía Parque Rímac, a solicitud del entonces candidato Luis Castañeda Lossio. Paneles y spots no se comprendían como publicidad electoral dado que no se mencionaba a alcaldesa Villarán – que iba a la reelección – y eran parte de una iniciativa privada.

27 de agosto de 2014: Pinheiro envía correo a Zegarra indicándole que disminuirán la pauta publicitaria de Vía Parque Rímac.

23 de septiembre de 2014: Luis Castañeda Lossio presenta como oferta electoral dos by pass: uno ubicado en la intersección de las avenidas 28 de Julio con Arequipa, República de Chile y Wilson y otro en la esquina de Paseo Colón con Wilson.

Octubre de 2014: Susana Villarán pierde las elecciones. Triunfa Luis Castañeda. Municipalidad Metropolitana de Lima tiene lista versión final del contrato del proyecto Río Verde.

7 de octubre 2014: Adquisición del terreno en Campoy, por parte del banco Scotiabank como Fiduciaria del Fideicomiso para el proyecto Río Verde.

14 de octubre de 2014: Vía Whatsapp, Zegarra pide reunión a Pinheiro en Lima para hablar sobre Línea Amarilla.

17 de octubre de 2014: Castañeda envía carta a Villarán para que no se firmen contratos sobre inversión pública en lo que queda de gestión.

21 de octubre de 2014: Respuesta de Villarán a misiva de Castañeda. Indica que la MML seguirá trabajando normalmente hasta el último día de su gestión.

23 de octubre de 2014: Vía Whatsapp, Zegarra y Pinheiro acuerdan reunión sobre Línea Amarilla para el 1° de noviembre, con presencia del alcalde electo Luis Castañeda Lossio. En dicha comunicación, Zegarra le pide a presidente de OAS que no se firme versión final del proyecto Río Verde, por solicitud de “Lucho”.

24 de octubre de 2014: Zegarra insiste con el pedido. Pinheiro le indica que “no harán nada sin consentimiento de ustedes”, en alusión a la gestión electa de Castañeda. Ese mismo día, el presidente de OAS recibe comunicación de Agenor Medeiros, director del área internacional de la empresa, indicando que “cualquier decisión tiene que estar alineada a la nueva administración”. De acuerdo con nuestras fuentes, la compañía brasileña nunca estuvo del todo convencida del componente Río Verde del proyecto. Nunca se firmó el contrato final sobre Río Verde:

5 – 7 de noviembre de 2014: Conversaciones entre Zegarra y Pinheiro sobre el monorriel que OAS construía en Sao Paulo. Una idea similar para Lima fue planteada por Castañeda Lossio en su campaña electoral.

14 de noviembre de 2014: Pinheiro es arrestado en Brasil por sus vínculos con el caso Lava Jato.

5 de diciembre de 2014: Luego de dos visitas a la zona de Cantagallo, la Defensoría del Pueblo envía un oficio a la MML alertando sobre afectaciones a habitantes por inicio de obras de Vía Parque Rímac. Insta para que se inicie construcción de proyecto en Campoy y emita norma sobre los avances y pendientes del proceso.

12 de diciembre de 2014: Empresa Trips hace, a pedido de OAS, estudio de demanda vehicular sobre by pass de 28 de Julio.

22 de diciembre de 2014: Decreto de Alcaldía reconoce importancia de proyecto de traslado de comunidad shipiba de Cantagallo hacia Campoy y ordena que los órganos pertinentes de la MML hagan las acciones pertinentes para cumplir con ello.

Enero – Noviembre 2015: Giselle Zegarra se convierte en consultora de la MML para proyecto Línea Amarilla.

5 de marzo de 2015: Se firma adenda al Contrato de Fideicomiso del proyecto Línea Amarilla. Se establece que se debe vender el terreno de Campoy y el producto de la venta debe revertir al fideicomiso. Para la teniente alcaldesa Patricia Juárez, esta cláusula de un contrato es “solo una recomendación”.

17 de marzo de 2015: En un solo día, se firman aceptación de propuesta económica, contrato sobre By Pass de 28 de Julio, así como la autorización de cierre de vías y de ejecución de obra. Asimismo, ese mismo día, se presenta Declaración de Impacto Ambiental al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, elaborada por militante de Solidaridad Nacional.

18 de marzo de 2015: Recién se aprueba expediente técnico de by pass de 28 de Julio.

20 de marzo de 2015: Se anuncia que fondos destinados a proyecto Río Verde serán destinados al by pass de 28 de Julio.

Marzo – Mayo 2015: Asociaciones shipibas de Cantagallo buscan negociación con Municipalidad Metropolitana de Lima. Se realiza, en abril, reuniones con teniente alcaldesa Patricia Juárez y otros funcionarios. Uno de ellos, Jorge Olazabal, gerente del Proyecto Río Verde, indica que no está en una situación de incertidumbre pero evita responder si el nuevo Master Plan incluye reubicación. Se hacen promesas, pero no se indica que terreno de Campoy está comprometido para venta. Luego de dos meses, se reclama por demoras.

Abril de 2015: Se inicia construcción de by pass de 28 de Julio.

14 de Mayo de 2015: Se destapa plagio en estudio de interferencia de vías. El Comercio descubre que empresa que realizó documento pertenece a exfuncionario municipal.

Julio de 2015: Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas da luz verde al by pass de 28 de Julio.

Abril de 2016: Se inicia circulación en By Pass de 28 de Julio. Obra no resuelve congestión vehicular en la zona.

Julio de 2016: Portal Spacio Libre inicia serie de investigación El By Pass de Lucho sobre diversas irregularidades documentadas sobre la obra de 28 de Julio.

8 de agosto de 2016: Empresa francesa Vinci adquiere mayoría de acciones de LAMSAC, concesionaria de Línea Amarilla, por los problemas económicos de OAS, debido a acusaciones de corrupción en Brasil.

19 de octubre de 2016: IDL-Reporteros publica informe sobre Whatsapp vinculados a Proyecto Río Verde entre Giselle Zegarra y Leo Pinheiro.

26 de octubre de 2016: Castañeda acude al Congreso pero no aclara conversación entre Zegarra y Pinheiro.

3 de noviembre de 2016: Nuevo informe de IDL-Reporteros revela mails entre Zegarra y Pinheiro sobre publicidad de Vía Parque Rímac.

4 de noviembre de 2016: Incendio en Cantagallo deja miles de damnificados. Se vuelve a poner sobre la mesa el traslado de sus habitantes. Castañeda no logra explicar mails destapados el día anterior por IDL-Reporteros. Se propone traslado temporal a zona de Martinete, donde hay carpas instaladas. Varios ciudadanos se niegan ante el temor de perderlo todo.

5 de noviembre de 2016: Daniel Yovera publica informe sobre adenda al fideicomiso que establece obligación de venta del terreno en Campoy donde se iban a trasladar a shipibos. Municipalidad de Lima responde con conferencia de prensa donde niega la venta, culpa a la gestión anterior por presuntas irregularidades e indica que terreno en Campoy no será suficiente para traslado. Se señalan preguntas no absueltas por la MML y que sus voceros habían indicado que se buscó la venta del terreno.

6 de noviembre de 2016: Varios arquitectos – entre ellos, Augusto Ortiz de Zevallos – señalan que terreno en Campoy era suficiente para la realización de conjunto habitacional para Río Verde y desmienten que solo sea un proyecto de ilusiones. Susana Villarán y Marisa Glave responden a versión de la MML.

7 de noviembre de 2016: Portal Spacio Libre indica que fideicomiso para By Pass de 28 de Julio tiene déficit de 11 millones de dólares. Ni el Proyecto Línea Amarilla ni obras complementarias del by pass concluyen hasta el día de hoy. Existe incertidumbre sobre el destino final de vecinos de Cantagallo. Comunidades shipibas evalúan quedarse en Cantagallo y buscarán cambio de zonificación, según indica Ojo Público.

Saquen ustedes sus propias conclusiones.

Simplemente bypasseando una explicación

Esta tarde, representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima dieron una conferencia de prensa para tratar de responder al informe de Daniel Yovera publicado por el blog de Rosa María Palacios y por este espacio hoy por la mañana.

Luego de varios minutos donde el único discurso era echar la culpa a la gestión anterior (y llamar mentirosos a Yovera y Palacios), intentaron contestar lo central del informe: que existe una Adenda al Contrato de Concesión de Línea Amarilla que establece la obligación de vender el terreno ubicado en Campoy y que iba a ser destinado al proyecto Río Verde. Y que dicho dinero serviría para la construcción del By Pass. Adenda que fue suscrita por la gestión Castañeda.

¿Cuál fue la única respuesta? Que el terreno no había sido vendido aún. Cuestión que no se afirmó en el reportaje de Yovera.

Es decir, nunca negaron la existencia de una cláusula que establecía la obligación de venta. Y cualquier persona que sabe de contratos conoce que, al existir una obligación en los mismos, se tiene que cumplir con la misma, con una posible penalidad si es que ello no se hace.

Es decir, si ahora la gestión del señor Luis Castañeda Lossio hará un proyecto en Campoy ante la indignación ciudadana, tendría que deshacer la cláusula establecida, en una renegociación con la otra parte, en este caso, LAMSAC, que ahora tiene capitales franceses como predominantes.

Y si, como han deslizado en la conferencia de prensa, piensan hacer el proyecto de reubicación de los ciudadanos shipibos de Cantagallo en otro lugar, ello tampoco anula la obligación ya contraída por la Municipalidad Metropolitana de Lima en vender el terreno para que la suma vaya al fideicomiso que sirvió para el controvertido by pass de 28 de Julio y el puente Bella Unión. Y, además, la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha presentado hasta ahora un documento de sustento que indique que el terreno de Campoy es insuficiente para el traslado de los vecinos de Cantagallo.

De hecho, uno de los regidores admitió en la conferencia de prensa que se tenia la intención de vender el terreno, supuestamente para la compensación de los ciudadanos shipibos o para el pago de una cuota inicial para una reubicación impulsada por Techo Propio. Pero no dijo las razones por las que no se concretó la operación.

Lo que ninguno de los regidores oficialistas presentes en la conferencia de hoy – ni, institucionalmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima – han podido explicarle a la ciudad es ¿cuál es la razón por la que se dejó de lado el proyecto Río Verde? Ojo, el mismo no solo comprendía la reubicación de quienes viven en Cantagallo, sino también la recuperación de la ribera del Río Rímac que se encuentra a espaldas del Centro Histórico de la ciudad.

Y la otra cuestión que tampoco pudo ser precisada por los regidores es la siguiente: si el terreno no fue vendido, ¿cómo se financió el by pass de 28 de Julio, considerando que OAS estaba ya en mala situación económica por los problemas de corrupción en los que encontraba sumida?

A nuestro criterio, la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha respondido al informe de Daniel Yovera, cuya credibilidad y profesionalismo conocemos, razón por la cual le dimos cabida en este espacio. Es hora que el alcalde de Lima, por fin, responda estas interrogantes, dejando de evadir su responsabilidad en los posibles errores y omisiones de su antecesora.

¿Por qué Luis Castañeda no quiere llevar a los shipibos de Cantagallo a Campoy?

En abril de 2015, la teniente alcaldesa Patricia Juárez se comprometió con los miembros de la comunidad shipiba de Cantagallo a hacer todo lo posible para llevarlos a Campoy, donde la gestión anterior había adquirido un terreno para el traslado, en el marco del proyecto Río Verde.

Ayer, el alcalde de Lima y varios de los representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima habían señalado que era responsabilidad de la gestión anterior la falta de traslado.

Pero Luis Castañeda Lossio no le contó a la ciudad que ya había comprometido los terrenos de Campoy destinados para los shipibos, para ser transferidos a un tercero.

Conjuntamente con el blog de Rosa María Palacios publicamos el informe de Daniel Yovera que destapa este dato desconocido hasta hoy. Presentamos, además, los documentos del caso.

GESTION DE “LUCHO” DECIDIÓ LA VENTA DEL TERRENO ASIGNADO A COMUNIDAD SHIPIBA

POR DANIEL YOVERA

La comunidad shipibo-conibo que habitaba en Cantagallo, sobre una parte del área de la obra “Línea Amarilla”, pudo haber sido reubicada íntegramente en el 2015, debido a que en octubre del año anterior la Municipalidad de Lima, la concesionaria LAMSAC y Scotiabank acordaron comprar para ellos un terreno de más de 7 mil metros cuadrados en Campoy, San Juan de Lurigancho, para construir allí el Complejo Habitacional Shipibo-Conibo.

Como es sabido, la gestión de Susana Villarán, LAMSAC y el banco modificaron el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla que firmó la administración de Castañeda a fines del 2009. La modificación fue oficializada con una adenda el 15 de febrero del 2013, la misma que creó un fideicomiso para la ejecución del Proyecto Río Verde.

En mayo del mismo año se formó un grupo de trabajo para la reubicación de las 226 familias de Cantagallo, y el 7 de octubre del 2014 el municipio limeño y la fiduciaria, Scotiabank, compraron en Campoy el terreno de 7,141 para construir allí el complejo habitacional. El 22 diciembre de aquel año, en la agonía de la gestión de Villarán, se aprobó una ordenanza que reconocía la relevancia de la reubicación y de la construcción de dicho proyecto de vivienda.

Pero esa posibilidad se perdió tras el triunfo electoral de Luis Castañeda. En marzo del 2015, los mismos actores decidieron vender el terreno, para destinar el dinero obtenido de esa venta al nuevo proyecto, es decir, al by pass de la avenida 28 de julio.

Eso parece haberlo olvidado el alcalde de Lima, quien esta mañana, frente a las cenizas y los humeantes restos destruidos de Cantagallo, dijo esto:

“Ese terreno fue comprado para un negocio, se ve claramente que lo compran en 5 ó 6 millones y lo venden en 15 millones y después desaparece la empresa. ¿Cómo es eso? ¿Se crea una empresa, hace ese negocio, inmediatamente lo vende y se cierra la empresa? O sea, era un negocio, no tenía ni agua ni desagüe y no tenía absolutamente nada”, señaló el alcalde sin ninguna prueba en mano.

Al alcalde le contaron mal la historia. Dicho terreno fue vendido durante su gestión, y hay documentos que lo demuestran.

La adenda de ‘Lucho’

El terreno, ubicado en Malecón Checa s/n, Campoy, San Juan de Lurigancho, fue comprado con dinero del fideicomiso el 7 de octubre del 2014, por la Municipalidad de Lima (fideicomitente) y Scotiabank (fiduciario).

Ambos se lo compraron a la empresa Portal Campoy SRL por US$ 4’641,735, y fue inscrito en los Registros Públicos de Lima y Callao a nombre de la fiduciaria. El costo promedio por metro cuadrado fue de U$S 650.

Pero a pesar de la ordenanza aprobada en diciembre del 2014, Castañeda borró del mapa el Proyecto Río Verde y con ello los proyectos que éste contenía. Uno de ellos era el Conjunto Habitacional Shipib-Conibo.

El 5 de marzo del 2015, las tres partes del contrato de concesión se reunieron nuevamente para firmar la hoy famosa Adenda. En realidad, como han demostrado los mensajes entre la exfuncionaria edil, Gisselle Zegarra, y Léo Pinheiro, exmandamás de OAS, hoy preso por el caso Lava Jato, los acuerdos habían empezado incluso antes de que Castañeda ganara las elecciones municipales.

Por la fideicomitente (Línea Amarilla SAC) estamparon su firma en la adenda Damiao Carlos Moreno Tavares y Wu Yong Le, por el fideicomisario (Municipalidad Metropolitana de Lima), Hugo Amador Illescas Hidalgo y Emilio Chero Valencia, y por la fiduciaria (Scotiabank Perú SAA) lo hicieron Cecilia Marín Armas y Claudia Paola Alarcón.

En el punto 2.7, el último de la adenda, los firmantes incluyeron una “cláusula adicional”, cuyo texto es el siguiente:

“Cláusula adicional: Transferencia de terreno adquirido con recursos de terreno fideicometido: Debido a los nuevos alcances del proyecto como consecuencia de la modificación del Master Plan Modificado y aprobado por la MML mediante Carta No 028-2015-MML-GPIP, del 4 de marzo del 2015, la Gerencia del Proyecto ha determinado la necesidad de vender el terreno adquirido con recursos de este fideicomiso a efectos que el dinero que se obtenga de dicha venta ingrese nuevamente al patrimonio fideicometido y sea destinado para la ejecución del proyecto”.

Punto aparte, continúa:

“Las partes dejan constancia de que será la Gerencia del Proyecto la responsable de llevar a cabo las negociaciones de dicha venta y de definir los términos y condiciones que contendrá el contrato de compra-venta correspondiente, el cual deberá incluir las disposiciones previstas en la cláusula 7.1.3. en lo que fuera aplicable”.

Y concluye:

“El Fiduciario únicamente estará obligado a suscribir –en representación del patrimonio fideicometido– el contrato de compraventa del terreno y de ser el caso, el contrato para la tasación del inmueble y el servicio del corredor de bienes raíces, gastos legales, notariales, registrales y tributos que correspondan, una vez que haya recibido la instrucción de la Gerencia de Proyectos en ese sentido, siendo aplicables para la firma de los referidos contratos, en lo que resulta aplicable, los plazos y otras estipulaciones previstas en la cláusula 7.1”.

Entonces, lo primero que queda claro que el terreno destinado para la reubicación de la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo fue obra de la administración Castañeda. Esa decisión les quitó a estas personas la posibilidad de a vivir a una zona con niveles de riesgo mucho menores.

Y, en segundo lugar, queda claro que si hubo un “negocio” –para usar el término empleado por el alcalde de Lima– el mismo fue hecho en su mandato, en su gestión.

Castañeda dijo hoy temprano que a los shipibo-conibos “les vendieron ilusiones”. Más bien, su gestión se las quitó.