TRAMPOLIN A LA CANA

Si hay alguien que me sorprende los lunes, miércoles y viernes es el Dr. César Nakasaki. Desde que tengo uso de razón no había podido apreciar tanto cinismo en un abogado, que siempre tiene una respuesta para tratar de encubrir los duros reveses de su defensa. Lamentablemente, procurar hacer del juicio, ante la opinión pública, un símil de Macondo, hace que se pierdan de la realidad los detalles más importantes de lo ocurrido en los últimos días.

Las declaraciones de Umberto Jara y los vídeos de Santiago Martin Rivas permiten confirmar que en el país se aplicó una guerra de baja intensidad, con operativos clandestinos montados detrás de una fachada de respeto al sistema democrático – aunque claro, esto se tiró por la borda en 1992 -, los cuales, hay que decirlo, no solo fueron reprobables desde el punto de vista ético y jurídico, sino que fueron poco efectivos para pacificar al pais.

Ciertamente, el libro de Jara contiene algunas debilidades conceptuales y de metodología periodística. Sin embargo, fue por la pista correcta y entrevistó a las personas que podían tener conocimiento de la cadena de mando. De hecho, la Comisión de la Verdad y Reconciliación – con mayor detenimiento y precisión – confirma la tesis de la guerra de baja intensidad y de la responsabilidad penal del ex dictador. Allí está el acierto del testimonio del controvertido hombre de prensa. De allí en parte, los debates sobre la sanidad moral de un periodista cuestionado por su actuación de los noventa – y que Jara haría bien en responder a las preguntas que se le hacen sobre esta materia – no deben desviarnos de quien es el acusado: Alberto Fujimori Fujimori.

Pero otro elemento que debería intranquilizar a Nakasaki y a su defendido es la sentencia que la Primera Sala Penal Especial expidió ayer sobre el caso La Cantuta – que se ha visto dividido en varios mini juicios – y que condena al general Julio Salazar Monroe a 35 años de prisión. El ex jefe nominal del Servicio de Inteligencia del Ejército tiene el dudoso honor de ser el militar con más años de condena por violaciones a los derechos humanos.

Pero más importante que el número de años y de condenados resultan ser los fundamentos de la sentencia. Indica Perú.21:

Este fallo, calificado de histórico por los familiares de las víctimas, indica que el destacamento estaba adscrito al SIN y que dependía de la Presidencia de la República.

Señala que Colina realizaba torturas, eliminación y desaparición de personas como parte de una estrategia antisubversiva, aplicada en Lima y en provincias, en los primeros años del gobierno de Fujimori (1991-1993).

Considera, además, que Fujimori -hoy procesado en la Corte Suprema por este y otros hechos de violación de los derechos humanos- recibía los informes sobre dicho destacamento del entonces jefe del SIN, Julio Salazar Monroe, ya que el propio ex mandatario había dispuesto, ilegalmente, que fuera esa instancia la que se encargara de la lucha contra la subversión.

En otras palabras, esta sentencia termina desbaratando varios de los argumentos de Nakasaki:
1. Colina sí existío y fue parte de la estructura del Ejército Peruano.
2. Colina realizó sus acciones como parte de una política antisubversiva.
3. Fujimori tenía conocimiento de estas acciones y no hizo nada por impedirlas.

Aunque aún falta mucho, parece que el destino del ex mandatario comienza a perfilarse. Quizás por eso es que sus partidarios siguen insistiendo en que los juicios se ganan por encuestas o en desprestigiar a los magistrados que procesan estos casos.

Mientras tanto, el Dr. Nakasaki nos seguirá diciendo que todo marcha bien con su defendido, esperando que alguien crea sus argumentos dignos de García Márquez.

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EL BALANCE DEL CHINO

Trascurridos dos meses y medio del inicio del juicio a Alberto Fujimori, se puede hacer un balance sereno y firme de como va este proceso por violaciones a los derechos humanos que ha conscitado la atención de la prensa nacional y extranjera.

En primer lugar, debe quedar claro que, tal como ha sido planteado el proceso por ambas partes, ninguna de ellas va a ganar – por decirlo en términos prestados del box – por knock out. Cabe recordar que a Fujimori se le procesa por ser autor mediato de crimenes de lesa humanidad. En términos judiciales, ello implica que se vaya construyendo la culpabilidad del acusado a través de un cúmulo de pruebas. Es decir, olvidémonos de un Vladivideo tipo Crousillat o Schutz. Lo más cercano que tengamos a eso será el vídeo de la entrevista hecha por Umberto Jara a Martin Rivas.

Un segundo tópico tiene que ver con las estrategias de los abogados. Quien ha tenido mayor protagonismo ha sido César Nakasaki, el abogado defensor de Fujimori. Sus habilidades como abogado procesalista las ha puesto al servicio de la tesis de la confusión y está jugando en el terreno de la opinión pública más que en el campo estrictamente judicial. ¿Qué es lo que busca?

De un lado, llevar a los abogados de la parte civil y a los fiscales a un terreno pantanoso: que intenten probar la culpabilidad de Fujimori mediante la existencia de documentos oficiales. Como bien saben muchos, si bien existieron directivas y manuales contrasubversivos que contemplaban la eliminación de sospechosos de terrorismo, la creación de Colina y las órdenes por cada operativo no han quedado registrado en documentos, salvo los reportes de inteligencia que pedían cuestiones logísticas para cada una de estas matanzas. Ese tipo de órdenes no son puestas por escrito, pues son incriminatorias. Lo penoso es que, sobre todo los abogados de la parte civil, por momentos se viene cayendo en ocasiones en pisar este palito puesto por Nakasaki.

De otro lado, se busca desacreditar a los testigos, a través de la búsqueda de contradicciones en sus declaraciones. De hecho, en esto el abogado de Fujimori no ha respetado las canas de Edmundo Cruz y quiso ponerle una fecha falsa para hacerlo caer, lo que mereció una reconvención por parte de los jueces. Lo mismo ha pretendido hacer con los miembros de Colina. Y llevando la estrategia al máximo, algunos testigos de la defensa pretenden imponer el infundado rumor de un pago por incriminar a Fujimori, refrito que, por cierto, fue difundido y desmentido en el 2003.

En la estrategía, digamos, “política”, los fujimoristas han corrido con cierta ventaja. El hecho de que no se difunda el juicio por Canal 7 – un grosero error que Carlos Manrique Negrón debiera corregir – y la existencia de encuestas que siguen arrojando un importante índice de aprobación a Fujimori hacen que sus seguidores y familiares sigan arrojando bravatas a la opinión pública, pretendiendo que la inocencia de Fujimori se va a definir en un mitin. Y aquí es donde nuevamente se equivocan: si Fujimori será sentenciado es en virtud de cuestiones judiciales, no de una encuesta. Al ex dictador no se le juzga por venganza o enquina, sino por la existencia de pruebas que lo comprometen en crímenes graves y que, de hecho, ya le valieron una sentencia condenatoria.

Ese error de percepción – o, más bien, estrategia para una amnistía, como ellos lo han definido claramente – es el que hace ver a Kenji Fujimori decir “están matando a mi padre de a pocos”, cuando su viejo tiene un régimen penitenciario estricto, pero que respeta sus derechos fundamentales y su celda es más grande y cómoda que cualquier instalación del mismo tipo en Castro Castro o Piedras Gordas.

¿Qué es lo que se viene? Pues las declaraciones más importantes del proceso: Umberto Jara y su investigación sobre Fujimori, Martin Rivas, Hermoza Ríos, las investigaciones de la CVR explicadas por Carlos Iván Degregori y Salomón Lerner Febres y, en términos mediáticos, el careo con Vladimiro Montesinos. Entretenimiento tendremos, cuestiones interesantes para el análisis también.

Y al final, esperemos que sera la justicia la que se alcance.

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