El caso Sodalicio en el limbo

Figari Roma

Una investigación fiscal que avanza lentamente. Una moción para la indagación parlamentaria que no es debatida en el pleno del Congreso de la República. Una propuesta para una comisión de la verdad sobre abusos sexuales sin luz verde en Palacio de Gobierno. Mientras Luis Fernando Figari prosigue su exilio dorado en Roma, el Sodalicio de Vida Cristiana oscila entre el silencio estratégico ante los medios y el cabildeo discreto. Esta es la historia de la poca preocupación estatal sobre uno de los mayores escándalos eclesiales en nuestro país. 

Desde febrero de 2017, el Sodalicio de Vida Cristiana no emite pronunciamiento alguno sobre los abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por varios de sus dirigentes en la mayor parte de su historia. Canal S, espacio destinado en redes sociales para ello, se encuentra abandonado. Tampoco hay referencias en la página web de la institución sobre los avances en la implementación de las recomendaciones hechas por las comisiones investigadoras internas presididas por Manuel Sánchez Palacios e Ian Eliott. El tema ha desaparecido. 

El silencio es estrategia, refiere Pedro Salinas, periodista que ha dedicado la mayor parte de la década actual a indagar y denunciar los graves hechos cometidos en la entidad conservadora fundada por Luis Fernando Figari en 1971. Acontecimientos que han generado deserciones masivas, así como el repudio de buena parte de la opinión pública a la entidad.

Pero el Estado peruano no se viene comportando a la altura de las circunstancias con las víctimas. En las instancias que deberían investigar el caso, la lentitud y la lenidad son las características. Este informe alerta sobre la posibilidad de impunidad en el caso Sodalicio. Ello se sumaría al pronunciamiento de la Santa Sede que confina a Figari a una vida de recogimiento y meditación en una casa en Roma, con todas las comodidades del caso, sin posibilidad de venir al Perú a responder ante la justicia.

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Luis Fernando Figari aún no ha sido citado nuevamente a declarar en la nueva investigación que se le sigue ante el Ministerio Público (Foto: El Español)

MINISTERIO PÚBLICO: AVANCES LENTOS

A fines de marzo de 2017, parecía que el caso Sodalicio se encaminaba a una vía de justicia. El fiscal superior Frank Almanza decidió que la denuncia presentada por los exsodálites José Enrique Escardó, Óscar Osterling, Pedro Salinas, Martín y Vicente López de Romaña sobre secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir debía ser nuevamente investigada.

Almanza detectó que la indagación de la fiscal María del Carmen Peralta tenía graves deficiencias: testigos que no fueron llamados, peritajes descartados, interrogatorios conducidos en forma ineficiente y carencia de fundamentos adecuados.

Peralta fue suspendida en sus funciones durante un mes por el Ministerio Público, debido a estos errores y omisiones. Esta decisión ha sido apelada por la representación legal de los denunciantes, encabezada por el abogado Héctor Gadea, porque ha sido considerada como insuficiente.

Actualmente el caso se encuentra a cargo de la fiscal María del Pilar León Pizarro, titular de la 18° Fiscalía Provincial Penal de Lima. La investigación ha sido declarada compleja, por lo que ella tiene 8 meses para indagar.

Gadea nos confirmó que la fiscal viene tomando declaraciones a testigos y víctimas de los abusos cometidos en el Sodalicio. También ha hecho pedidos de documentación a la entidad católica sobre diversos aspectos de su manejo institucional. Él también refiere que las indagaciones avanzan de forma lenta y nos explica los motivos:

Una fiscalía común no se da abasto para un caso de tanta complejidad. Ello sobrepasa las capacidades institucionales de la misma. Esa es la explicación por la que solicitamos siempre que sea una fiscalía de criminalidad organizada la que esté a cargo del caso. Este tipo de instancia se dedica a casos puntuales, con bastantes recursos humanos y de infraestructura, con mayores plazos para que puedan ver una investigación de esta naturaleza. Las normas sobre criminalidad organizada brindan al Fiscal de la Nación la facultad de enviar un caso a este tipo de fiscalías”.

Hasta la fecha, el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde no ha enviado este caso a las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada. La fiscal León Pizarro pidió el traslado del caso, pero su pedido no ha sido atendido.

Salinas nos confirma que el caso se maneja con lentitud, aunque vislumbra algunos avances. “No me han vuelto a llamar a declarar, pero están comenzando a convocar a personas que estaban en la lista original que no fue tomada en cuenta por la fiscal Peralta. Algunas de estas personas declararon para el libro Mitad Monjes, Mitad Soldados y otras no”. El periodista nos confirmó que la fiscal León ya ha solicitado el volumen sobre los abusos en la entidad católica conservadora.

 

Paola Ugaz, periodista que colaboró con Salinas para el mencionado libro y quien continúa con sus indagaciones sobre el Sodalicio, expresa sentimientos mixtos ante la actuación del Ministerio Público “Todo está muy lento. Están presentándose documentos y están convocando a varias personas. La situación sin duda ha mejorado, porque se ha incorporado a gente que la fiscal Peralta no llamó nunca, como los miembros de la Comisión de Ética“.

Para Ugaz, el punto crucial de la investigación fiscal es que se pruebe la existencia de una organización criminal. De la misma opinión es el congresista Alberto de Belaúnde, quien también nos refiere su preocupación por la lentitud con la que viene actuando el Ministerio Público. Sin embargo, el parlamentario oficialista señala una posible pista de indagación que podría ser atendida por las autoridades:

“Un abusador de las características de Figari no deja de serlo de la noche a la mañana. Si se investiga en serio, se podrían encontrar casos de abuso sexual que no hayan prescrito. Lo mismo con otros líderes de la organización”.

Actualmente, la investigación recae sobre Figari, el sacerdote Jaime Baertl, el exfuncionario de la Organización Internacional del Trabajo Virgilio Levaggi, así como en miembros actuales del Sodalicio como José Ambrozic, Eduardo Regal, Óscar Tokumura y Erwin Scheuch.

Si bien el Sodalicio no se ha pronunciado sobre esta nueva investigación, Gadea señala que la entidad católica no viene colaborando adecuadamente con las investigaciones. De hecho, el abogado nos refirió que el SVC viene buscando que la fiscal León Pizarro emita de una vez su informe, para que la investigación se cierre. La institución tampoco está entregando información solicitada por el Ministerio Público. “Uno es el discurso hacia la tribuna y otro hacia la fiscalía”, refiere Gadea.

Alberto de Belaunde - La Republica
Alberto de Belaúnde insistirá en su pedido para crear una comisión investigadora sobre el Sodalicio en el Congreso de la República (Foto: La República)

CONGRESO DE LA REPÚBLICA: UNA MOCIÓN EN SUSPENSO

De Belaúnde presentó hace unos meses una moción multipartidaria para la creación de una comisión investigadora sobre el caso Sodalicio. En marzo pasado, fue rechazada por el Consejo Directivo del Congreso de la República. Para el parlamentario, esta decisión fue antireglamentaria, porque estas mociones deben ser vistas en el Pleno.

Si bien se logró que la moción pase a la agenda del Pleno, no ha sido discutida hasta el día de hoy. “Es potestad del presidente del Congreso de la República definir cuando se debate”, refiere el congresista oficialista. Sin embargo, el actual titular de dicho poder del Estado, Luis Galarreta, fue bastante duro como vocero de Fuerza Popular frente a este pedido de creación de la comisión investigadora.

De Belaúnde mantiene cierto optimismo sobre la aprobación de su pedido: “Yo creo que tarde o temprano este tema se va a poner en debate.  Estamos ante un caso de interés público, de carácter emblemático y lo que aprendamos de esta investigación, dará importantes lecciones para nuestro país y nos permitirá modificar el marco legal para que estos casos no se repitan”.

En la conversación que sostuvimos, resaltó la importancia del tema a partir de lo ocurrido con el sacerdote chileno Abel Pérez Ruiz, integrante de la congregación Marista, sindicado por 14 personas por abusos sexuales y que actualmente está en el Perú.

Salinas es más pesimista ante la posibilidad de una comisión investigadora, sobre todo, por las coincidencias entre el Sodalicio y Fuerza Popular

“No se va a mover absolutamente nada. Y si se mueve algo, va a ser un gesto de efecto para la tribuna. Porque en un congreso donde la mayoría la tiene el fujimorismo, que es un aliado táctico del Sodaliciono hay forma que se cree una comisión investigadora del caso. Digo que es un aliado tácito porque cada vez que hay marchas por la vida, contra la unión civil o cualquiera donde la Iglesia Católica – entendida como Opus Dei, Sodalicio y todo el grupo más conservador – y los evangélicos más recalcitantes, están ellos”. 

Diversos medios de comunicación han dado cuenta que uno de los asesores principales de Keiko Fujimori, Pier Figari, es pariente del sacerdote sodálite Juan Mendoza. Figari es conocido por ser uno de quienes “baja línea” al interior del grupo parlamentario mayoritario, junto a a la asesora Ana Vega. Y si bien Kenji Fujimori manifestó públicamente su posición contraria a enterrar el caso, su núcleo de más de veinte congresistas también tiene a parlamentarios evangélicos con más de una coincidencia con el Sodalicio.

La organización católica conservadora mantiene vínculos familiares con otros líderes partidarios. Luis Castañeda Lossio es tío de Germán Doig, fallecido vicario del Sodalicio acusado de abusos sexuales. Ugaz refiere que “con Solidaridad Nacional hay una afinidad. Tienes el caso de la entrega del terreno de Ancón al Sodalicio para que hagan un cementerio”. El exparlamentario del PPC Juan Carlos Eguren – hoy dedicado a la gestión de intereses – es tío del miembro del Consejo Directivo sodálite Carlos Neuenschwander. Ambos comparten las mismas posiciones conservadoras.

Un vínculo mayor es el existente entre el expresidente Alan García y el sacerdote Jaime Baertl, quien durante años fue el hombre fuerte de las finanzas de la institución. Baertl bautizó al hijo menor del exmandatario, cuando aún ocupaba Palacio de Gobierno. “La relación no se ha roto para nada. Baertl es cercanísimo a Alan García”, refiere Ugaz. Sin embargo, parlamentarios apristas sí se mostraron a favor de la investigación parlamentaria.

Congreso de la República - LR
Miembros del Sodalicio visitaron el Congreso de la República para para la comisión que investigaría a la institución. Sus reuniones no fueron registradas (Foto: La República) 

De hecho, el Sodalicio hizo gala de sus influencias políticas para parar la moción presentada por De Belaúnde. El congresista nos confirmó que miembros de la entidad católica acudieron al Congreso de la República para hacer presión en contra de su pedido y reveló un hecho bastante grave:

Lamentablemente no existe registro de sus visitas a las instalaciones del Congreso de la República. Ello no es difícil que pase. Basta que un miembro de la oficina del congresista que autoriza la entrada ingrese con ellos al edificio para que no quede registro alguno de la visita, lo cual está mal. Debe ser obligatorio que cualquier persona se registre y la información sea de acceso al público.

De acuerdo con la versión del parlamentario, “el actual responsable del Sodalicio en el Perú fue quien visitó a distintos congresistas de distintas bancadas dando el mensaje que este tema no debería ser visto por el Congreso y mintiendo al señalar que la comisión atacaría a la Iglesia Católica como institución”.

Según pudimos conocer por diversas fuentes que se mantienen en reserva, fueron varias personas ligadas al Sodalicio de Vida Cristiana quienes esgrimieron ante los congresistas de diversas bancadas que la comisión serviría como instrumento contrario al cardenal Juan Luis Cipriani y para revisar el Concordato, tratado entre el Perú y la Santa Sede que otorga beneficios de diverso tipo a la Iglesia Católica. De Belaunde desmintió que el grupo de trabajo hubiera tenido este último propósito.

Solicitamos reiteradamente al Sodalicio de Vida Cristiana una versión sobre estas visitas al Congreso de la República, sin obtener una respuesta oficial o extraoficial sobre las mismas hasta el cierre de este informe.

Australia Comision Abusos Sexuales
Australia ha formado una Comisión Real para investigar abusos sexuales a menores de edad. ¿Un modelo para exportar al Perú) (Foto: Reuters) 

PODER EJECUTIVO: UNA LLAVE AUN NO UTILIZADA

En febrero pasado, De Belaúnde viajó a Australia. Allí conoció la experiencia de la Comisión Real de Respuesta Oficial a los Abusos Sexuales a Menores, grupo de trabajo creado por el Poder Ejecutivo para investigar casos vinculados a diversas instituciones. “Lo que ha sucedido es que el 65% de denuncias registradas corresponden a la Iglesia Católica. Es un trabajo muy serio, mas de dos años”, refiere el parlamentario.

Para Salinas, el esquema australiano es interesante y podría ser tomado en cuenta en nuestro país: “Yo soy partidario de tener a Australia como referente. Se puede hacer una comisión de la verdad a nivel nacional, porque estas cosas no solo pasan en Lima. En esta investigación de largo aliento, se ha involucrado al cardenal George Pelt, el número 3 del Vaticano, quien manejaba las finanzas de la Santa Sede”.

De Belaúnde coincide en contar con una suerte de comisión de la verdad para investigar casos de abusos a menores“Esto podría salir con un Decreto Supremo del Poder Ejecutivo. Lamentablemente, aún no ha existido la voluntad política para ello, admite el parlamentario oficialista.

Salinas se muestra escéptico sobre la posibilidad de creación de una comisión de este tipo por parte del actual gobierno. “Cuando tienes gente en el Poder Ejecutivo a cargo de la visita del Papa, yo no espero ningún tipo de ánimo fiscalizador”, sostiene el periodista.

Ugaz comparte la misma impresión: “Es un gobierno muy frágil“. Y también detalla que el Ministerio de Educación tampoco actuó para supervisar a los colegios del Sodalicio: “Ni siquiera se hizo una visita de campo. De hecho, cuando pasó la denuncia en el caso Juan Borea – promotor del colegio Héctor de Cárdenas acusado de tocamientos indebidos a menores – , la procuradora fue al plantel. En este caso, no pasó nada. Algunos padres de familia denuncian es que han vuelto los sodálites a los colegios vinculados a la organización, sobre todo al San Pedro”, refiere la periodista.

Hace dos meses, padres de familia que tenían a sus hijos en el Colegio San Pedro decidieron denunciar al plantel ante INDECOPI para que se les devuelva la cuota de ingreso y se les reintegren los gastos hechos para trasladar a los menores a otros colegios. La entidad administrativa ha declarado el caso como confidencial. Erickson Molina, patrocinante de los apoderados de los exalumnos del colegio sodálite, confirmó esta decisión y se excusó, por ello, en dar mayores detalles sobre el caso.

Quizás ahora se entiende mejor el silencio en las sedes de Camacho y San Borja de la golpeada, pero aún poderosa, institución conservadora.

(Publicado originalmente en La Mula)

 

 

 

Sodalicio: el Informe de la Comisión de Expertos

(Luis Fernando Figari, reconocido como abusador por el propio Sodalicio. Foto: TV Perú)

Ayer por la tarde, el Sodalicio de Vida Cristiana publicó el informe de la Comisión de Expertos sobre Abusos y Respuestas, que fuera anunciado por el Superior General de la entidad, Alessandro Moroni. Luego de su lectura, creo que se pueden llegar a las siguientes conclusiones:

1. Si quedaba alguna duda que el trabajo de la fiscal María del Pilar Peralta fue deficiente, hoy este documento lo confirma. Luis Fernando Figari es responsable de siete casos de abuso sexual según el propio SCV. En el informe se detallan tanto sus inconductas sexuales como los mecanismos de control y sometimiento, así como su estilo de liderazgo. Sin duda, el informe confirma que el fundador del Sodalicio era un monstruo (y eso que el informe solo menciona al paso la existencia de una servidumbre casi en condiciones de esclavitud a favor de Figari en sus casas de Santa Clara). Algo que no solo deberían escuchar bien en el Ministerio Público, sino también en el Vaticano.

2. La Comisión responsabiliza en forma abierta por abusos sexuales a otros cuatro exmiembros del SCV: Jeffrey Daniels, Germán Doig, Daniel Murguia y Virgilio Levaggi.

En este último caso, contactamos a Levaggi en octubre y negó los dos casos que se le adjudicaba. Se le suma un tercer caso de un menor de edad. La pregunta es si la OIT lo mantendrá como funcionario. Consultamos a la entidad laboral por una respuesta oficial y, hasta el cierre de este post, no hemos recibido respuesta.

El caso de Daniels es, sin duda, el más ominoso de todos. El SCV encuentra que las 12 personas que denunciaron abusos sexuales ante la Comisión eran menores de edad al momento de ocurrir los hechos. Y ello es aún más grave cuando Daniels era el encargado de las Agrupaciones Marianas, dirigidas a adolescentes, así como por el claro encubrimiento de la institución en este caso.

En lo que se refiere a Doig y a Murguía, se confirma lo que se decía de ellos. Y, en el caso de Doig, con un mayor número de víctimas a las que se consigna en “Mitad Monjes, Mitad Soldados”.

A mi modo de ver, esto hace que sea mucho más fácil de demostrar la sistematicidad de los casos de abuso sexual dentro del SCV, cuestión que haría más factible la calificación de estos crímenes como de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

3. Resulta preocupante que 3 miembros del Sodalicio aparezcan entre los victimarios de abusos sexuales y que la sancion, hasta ahora, solo sea apartarlos del apostolado o, en un caso, de la vida comunitaria. Esperemos que Sandro Moroni cumpla su palabra de enviar estos casos a la Fiscalía. En realidad, estas personas deberían ser expulsadas del SCV y sus nombres dados a conocer. Es inaceptable que solo se tome una sanción de apartamiento.

Y, de hecho, ya habían trascendido los casos de Ricardo Treneman, Javier Leturia y Luis Ferroggiaro, actuales miembros de la entidad, por posibles inconductas sexuales. ¿Son ellos a quienes señala el informe de la Comisión?

4. La comisión también habla de abusos físicos y psicológicos. Pero sólo se indica como medidas correctivas la salida de puestos directivos o de labores de apostolado. Aquí también debería proceder la expulsión y, por supuesto, la colocación de los nombres. Más aún, cuando la serie de informes “Los Abusos del Sodalicio” ha expuesto a varios de los maltratadores.

5. La comisión reconoce la existencia de una cultura de encubrimiento, pero no señala responsables. Esta es la omision más fuerte del informe y que los firmantes deberán explicar ante la opinión pública. Como indica Paola Ugaz:

El informe tiene un gran vacío: no hay ninguna información sobre la cúpula que encubrió por 45 años lo que pasó en el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).

No se menciona a Jaime Baertl, el encargado de las finanzas de la congregación, ni a todos los que estuvieron y vieron lo que ocurrió cuando eran jerarcas del Sodalicio y lo siguen siendo. Solo se habla de cuatro responsables, uno de los cuales está muerto y otro confinado en Roma.

La verdad es que el superior general del SVC, Alessandro Moroni, tiene miedo de acusar a Baertl porque si lo hace se le cerraría el caño del dinero.

Asimismo, se detallan una serie de medidas implementadas o en vías de implementación. El SCV, por transparencia, debería colocar todos sus nuevos protocolos para el tratamiento de denuncias, así como el disciplinario.

6. Finalmente, es necesario que Alessandro Moroni deje de comunicarse exclusivamente a través de los videos elaborados por Carlos Raffo. Quedan varias preguntas pendientes respecto de este informe, así como en torno a las medidas que tomará el SCV. Es hora que den la cara y no se amparen en la lectura de un telepronter.

Caso Sodalicio: la afrenta del encubrimiento

(Los abusadores sexuales Luis Fernando Figari y Germán Doig junto a un pontífice que se hizo de la vista gorda en casos de pederastia. Foto: Utero.pe)

Anoche, se conoció la resolución de la Congregación para la Vida Consagrada de la Santa Sede sobre las acusaciones sobre abusos físicos, psicológicos y sexuales atribuidos a Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, entidad conservadora fundada hace 45 años en Lima.

El dictamen de esta sección de la Curia Romana ha causado estupor e indignación en creyentes y no creyentes que han venido siguiendo el caso del Sodalicio. Y, a mi modo de ver, la resolución tiene dos problemas bastante serios.

El primero de ellos tiene que ver con el tenor de la calificación de los hechos que señala la resolución.

Si bien es cierto que la Congregación para la Vida Consagrada reconoce la existencia de “un estilo de gobierno excesiva o impropiamente autoritario”, así como la “utilización de estrategias y métodos de persuación impropios” y un caso comprobado de abuso sexual contra una persona que era mayor de 16 años en aquella época, otros de los términos usados son aberrantes e infamantes.

Para comenzar, no se puede calificar como “anómala” la reacción de la opinión pública o la exhibición de los casos presentados ante la opinión pública gracias a las revelaciones hechas por Pedro Salinas, Paola Ugaz y José Enrique Escardó durante los últimos años. Precisamente, la presentación periodística del caso hizo que un sector de la opinión pública conociera estos abusos y que, del mismo, la mayoría abrumadora considere a Figari responsable de lo ocurrido. Y menos aún se puede señalar que la prensa buscó “obstaculizar la verdad”, cuando, para decirlo claro, el Sodalicio no hubiera movido siquiera un dedo sobre su fundador si es que los casos no salían en los medios de comunicación.

También se habla de “testimonios genéricos” y “no verificados”. Pero, como dice Pedro Salinas, el discasterio nunca se acercó a las tres víctimas de abusos sexuales cometidos por Figari que presentaron sus denuncias ante el Tribunal Eclesiástico en Lima y, peor aún, solo reconocieron a una víctima de abuso sexual porque esta persona fue con su plata a Roma para dar su testimonio. Empatía cero, tan igual como ha ocurrido con el SCV y el Ministerio Público.

También relativizan el tema de la edad y de la violencia. Precisamente, lo que queda claro con la investigación de Salinas y Ugaz y los testimonios presentados durante los últimos años, tanto a la opinión pública como a las comisiones formadas por el Sodalicio, es que Figari construyó un sistema de sujeción a su persona y a la entidad que “normalizaba” inconductas aberrantes: desde las órdenes absurdas hasta los abusos sexuales, disfrazados de técnicas de yoga o expresiones de afecto que “daban mayor cercanía hacia Dios”. Peor aún, con la existencia de antecedentes como los de los casos Karadima y Maciel, donde estos sacerdotes aprovecharon su posición de dominio y una formación que “lavaba el cerebro” para someter a sus víctimas.

Pero si ya esto hace que la lectura de la resolución genere una mezcla de melancolía y asco, el fallo final genera arcadas: confinar a Figari a un retiro dorado, en el que además le conculcan su derecho a la libertad de expresión – que lo tiene, así sea un monstruo (¿o acaso temen que eche a más gente?) – y donde el Sodalicio tenga que mantener “un estilo decoroso de vida” de por vida, sin posibilidades de venir al Perú, es una afrenta. Y, para decirlo claro, es encubrimiento.

Para decirlo con todas sus letras, Luis Fernando Figari no debería estar en una casa de “retiro y oración” como los sacerdotes que muestra la excelente película “El Club”, del chileno Pablo Larraín. O como fue el destino final de Marcial Maciel y Fernando Karadima.  Luis Fernando Figari debería estar en un penal peruano, esperando el juicio por los abusos que cometió, una vez que el Ministerio Público rectifique la aberrante resolución de la fiscal María del Pilar Peralta, plagada de serios errores y omisiones que hemos registrado. Y que la Santa Sede haga esto, es francamente, una burla que, en cualquier país serio, motivaría una nota de protesta inmediata por parte de nuestra Cancillería.

Pero también es una burla tanto a las víctimas como a las personas que han venido bregando para que en este caso se haga justicia. Precisamente, esta ignominiosa resolución sale en la misma semana en la que, se conoció que 4,500 menores de edad  en Australia sufrieron abusos por parte de sacerdotes católicos durante los últimos 35 años. Una monstruosidad frente a la cual el Vaticano no envío la documentación requerida por parte del gobierno australiano. ¿Y se dice así que se tendrá “tolerancia cero” frente a los abusos? Ello para no hablar del amor al prójimo que es, precisamente, uno de los fundamentos de la fe católica.

Capítulo aparte para la reacción del Sodalicio frente a esta resolución. En su mensaje de ayer, Sandro Moroni indica que van a acatar lo dispuesto, sin mencionar en ningún momento la palabra “expulsión” para este execrable sujeto. Y recién ahora se animarán a publicar, a partir del martes, el informe encargado a expertos internacionales, el segundo encargado por el SCV sobre este tema. Y para mayor añadidura, recién presentarán información sobre abusos sexuales al Ministerio Público. Es decir, es claro que no presentaron todo lo que sabían a la fiscal Peralta. ¿Eso cómo se llama?

Y esto es aún más grave porque Moroni no solo conocía de los casos contra Figari y el fallecido Germán Doig. También conoció lo ocurrido con Jeffrey Daniels, exiliado en Estados Unidos, una de cuyas víctimas, Alvaro Urbina, ha dado su testimonio en público. Y porque él y José Ambrozic, número 1 y número 2 del SCV respectivamente, señalaron que conocían los abusos presuntamente cometidos por Virgilio Levaggi, funcionario de la Organización Internacional del Trabajo que, según pudo conocer este blog, ha pedido un periodo sabático al interior de la misma.

Además, porque la actitud del Sodalicio parece responder a una sola misión: concentrar todas las culpas en Figari y no hacer reformas de verdad. Porque un real cambio implicaría fondear los libros de Figari y Doig, erradicar la doctrina sodálite con acentos fascistas y dejar de lado el lenguaje en el que toda crítica a sus métodos anteriores es un ataque a la Iglesia Católica. Y por supuesto, expulsar a todos los abusadores y encubridores en la organización, donde la lista está encabezada por Jaime Baertl, Enrique Elías, Óscar Tokumura, Alfredo Draxl, Miguel Salazar, José Antonio Eguren, Fernando Vidal, Luis Ferroggiaro y, por supuesto, Moroni y Ambrozic.

Y por supuesto, merecen una mención aquellos periodistas que, blandiendo sus creencias, todo el día señalan que “con sus hijos no se metan” – y algunos ni siquiera son padres – y han sido incapaces de decir una palabra frente a este caso o simplemente han ensayado salidas de compromiso. No tener ni una sola voz de apoyo hacia las víctimas solo se puede definir de una manera: miserables y sepulcros blanqueados. No incluyo, por cierto, a quienes siendo católicos como quien escribe estas líneas, sí han expresado claramente su condena a estos hechos y, por supuesto, frente a la ominosa resolución de ayer.

Por esta razón, se hace más imperiosa la aprobación de una comisión investigadora del caso Sodalicio en el Congreso, propuesta por el parlamentario Alberto de Belaúnde. Como señala claramente la moción, se requiere una clara respuesta institucional por parte del Estado para esclarecer estos hechos y tomar las medidas legislativas para evitar que casos como estos (y la impunidad que parece acompañarlos) no se repita. Es necesario que el pleno del Congreso apruebe esta moción apenas retorne de su receso.

Finalmente, es necesario que los católicos hagamos sentir nuestra voz frente a este tema. La jerarquía eclesial no va a dejar su estilo de toda la vida frente a estos casos si es que nos quedamos de brazos cruzados o silbamos al techo. Es hora que en nuestras parroquias y grupos digamos claramente que no solo es intolerable el abuso, sino también el encubrimiento y los retiros dorados. Y es hora de encarar a los grupos que musitan “con mis hijos no te metas” pero no dicen una palabra frente a los pederastas que tienen cerca de menores. Es hora de limpiar la Iglesia Católica en serio.

Mitad abusadores, mitad impunes

En noviembre de 2000, José Enrique Escardó publicó en la revista Gente una serie de artículos sobre el Sodalicio de Vida Cristiana. Por primera vez, quedaron expuestos el abuso psicológico y físico, las “órdenes absurdas” y las técnicas de manipulación empleadas para captar a menores de edad, en su mayoría, chicos de clases altas y medias altas.

Ya desde allí comenzó un modus operandi que luego sería visto en casos posteriores: presiones económicas contra la publicación de la familia Escardó, intentos de desacreditar al periodista e infundios repartidos por medio Lima.

Debo añadir, además, que fue entre 1998 y 2000, cuando el SCV intentó captarme en sus filas. En tres ocasiones, miembros de la organización intentaron convencerme de entrar, sin éxito. Mi visión de una religión menos basada en la culpa y más fundamentada en la libertad hizo que no fuera blanco fácil de lo que, sin duda alguna, eran medios de manipulación psicológica. Otros jóvenes – hoy en sus treinta – no corrieron la misma suerte.

En 2002, el programa Entre Líneas, conducido y producido por Cecilia Valenzuela, presentó un reportaje bastante completo donde se presentaron las versiones de padres de familia y exmiembros de la entidad católica, quienes documentaron otras denuncias de abusos y lo que, a todas luces, podía ser calificado como secuestro. Asimismo, Escardó presentó su testimonio y el psicoanalista Jorge Bruce analizó el caso. Allí, este último dio un vaticinio sobre lo que se conocería años más tarde: no descartaba la existencia de abusos sexuales en la institución.

A los pocos meses, Pedro Salinas presentó su novela “Mateo Diez”. Más allá de los méritos narrativos de la obra, el periodista contó claramente lo que ocurría al interior de la institución: deformación en la formación de adolescentes y jóvenes, golpes, maltratos, órdenes sin sentido, fascismo en la doctrina y, al final, se insinúa la existencia de un caso de abuso sexual.

En 2007, el sodálite Daniel Murguía fue atrapado in fraganti tomandole fotos semidesnudo a un niño de 11 años. Aunque formalmente fue expulsado del SCV, su hermana Patricia indica que se le puso a un abogado cercano a la institución. Su paradero es desconocido.

A fines de 2010, Luis Fernando Figari, el fundador del Sodalicio, anunciaba su retiro por “razones de salud” para dedicarse a una vida de “contemplación y meditación”. Lo que no se sabía es que ya se conocía que el número 2 de la organización, Germán Doig, tenía a cuestas por lo menos tres casos de abuso sexual. Y que, internamente, la fraterna Rocío Figueroa había pedido tanto que se hicieran públicas las razones por las que se retiró el expediente de beatificación de Doig, como la salida de Figari de la conducción del movimiento. Recién en febrero de 2011 se conocería que el fundador del Movimiento de Vida Cristiana mantenía una “doble vida”.

Y es allí que Pedro Salinas y Paola Ugaz comienzan a investigar el caso. Y se comienzan a saber varias cosas: la existencia de denuncias contra Figari por abusos sexuales; el relato del actor Jason Day sobre un episodio con un sacerdote que, años después, sabríamos que tenía denuncias de abusos sexuales. Y, nuevamente, se repetirían las amenazas, los comunicados negando todo, las columnas de opinión defendiendo lo indefendible.

Hasta que, en octubre de 2015, llegó el libro “Mitad Monjes, Mitad Soldados”. Y ya no se pudo rebatir la verdad de lo que se decía: testimonios de abusos sexuales cometidos por Figari, Doig y Jeffrey Daniels.  Una estructura de abusos psicológicos y manipulación. Captación de menores de edad a quienes luego se introducía a la investigación. Una historia sistemática de encubrimiento. Y todo ello fue reafirmado por la Comisión de Ética para la Justicia y la Reparación, que entrevistó a más víctimas y que concluía cosas como estas:

  • Los daños físicos provienen básicamente de los abusos perpetrados al implementar medidas destinadas a exponer la integridad de las personas, a pruebas físicas para las cuales no se encontraban preparados y en condiciones opuestas a una lógica razonable; también quedan comprendidos los daños infringidos a quienes fueron víctimas de golpes o castigos físicos, incluso perpetrados por sus propios compañeros en cumplimiento de órdenes o instigación de sus superiores.Las exigencias físicas fueron mantenidas aún con diagnósticos médicos que aconsejaban lo contrario, generándose daños incluso permanentes a quienes se las impusieron. Las dolencias físicas no fueron comunicadas oportunamente a los familiares, siendo por el contrario ocultadas, de manera que han dejado secuelas de distintos grados.

  • El SCV, tanto bajo la conducción de Luis Fernando Figari como de Germán Doig y las demás autoridades que han transitado por el SCV, a lo largo de su existencia, no han respondido a la confianza depositada por la Iglesia Católica y no solo han permitido los abusos indicados, sino que también han defraudado a fieles laicos que siguiendo la espiritualidad del SCV desarrollaron modos de vida afines a ellos, se desprendieron de bienes materiales y brindaron su tiempo y dedicación para cumplir con los mismos. Hoy día, esos mismos fieles, sufren el dolor de haber conocido situaciones de abuso que desconocían y reprueban.

  • Los daños espirituales y morales, provienen de la utilización que ha hecho el SCV de la vocación manifestada por los jóvenes que deseaban integrarse a su organización, sirviéndose de la misma para responder prioritariamente al culto de Luis Fernando Figari, así como al de Germán Doig. Con ello se infringe igual daño a la Iglesia Católica, que confiando en los fundamentos establecidos en las Constituciones del SCV le otorgó su amparo, para permitir y alentar la formación espiritual de los jóvenes y el crecimiento de la fe y la multiplicación de las vocaciones.

  • Los daños psicológicos, vienen también de la implementación de esas prácticas de sobre exigencia física irrazonable, de la exposición a riesgo de sufrir daño, o perder la vida al imponerse prácticas de actividades peligrosas; de los malos tratos verbales, escarnio, burlas, humillaciones; de una constante manipulación de la voluntad, así como de los abusos sexuales infringidos contra algunos de los formandos, incluso menores de edad. Las víctimas de estos abusos sexuales evidencian daño profundo, no solo por los actos físicos de agresión a los que fueron sometidos sino también a las injustas confusiones a las que se les expuso sobre su propia identidad sexual, dificultando duramente su despliegue personal al incorporarse a la vida civil, incluyendo sus relaciones afectivas. En muchos casos el daño se ha visto incrementado por el temor a la vergüenza de no haber podido denunciar la violencia en su contra, así como advertir la indolencia del SCV en los casos en que, enterados de la ocurrencia de esos actos, no procedió con la firmeza y justicia que esos abusos reclamaban. No se protegió a las víctimas pese a conocer lo ocurrido; se las dejó a su suerte y más bien, en ciertos casos, se privilegió cubrir al victimario y proteger a la organización, llevando a cabo procesos de aparente investigación que no concluían en una sanción efectiva. Las dolencias psicológicas no fueron advertidas o tratadas, ni oportuna, ni adecuadamente.

Y sumemos a ello la serie de reportajes que Salinas y Ugaz han presentado después de su libro y que dan nuevos nombres de abusadores físicos y psicológicos, así como describen el amplio poder económico de la organización. O la investigación de Ugaz que describe lo que ocurría con los esclavos de Figari, jóvenes dedicados exclusivamente a servir al fundador de la organización.

Con todos estos elementos, ¿no pudo hacer la fiscal María del Pilar Peralta una investigación que fuera más allá de la mera formalidad? ¿No pudo apreciar que existía una organización paralela dentro de la organización – reconocida por la Comisión de Ética – que incluía una estructura vertical de poder, con roles para cada actor, para cometer actos ilegales y donde existe fungibilidad y predisposición de sus miembros? ¿No pudo percatarse que los daños psicológicos estaban acreditados por peritajes distintos al del Instituto de Medicina Legal – que tenía serias falencias – como por el hecho que el propio Sodalicio solventa el tratamiento psicológico de algunas de las víctimas? ¿Por qué no tomó el testimonio de víctimas que acreditaban el abuso sexual – como “Santiago”, testimoniante del libro de Salinas y Ugaz, o Álvaro Urbina – y psicológico – como Martín Scheuch -? ¿Por qué se negó a aceptar como base el completo libro de Salinas y Ugaz para armar un caso? ¿Por qué ni siquiera mencionan el caso de José Enrique Escardó, uno de los denunciantes?

Como indica el periodista Miguel Seminario, es hora que el Sodalicio y la Iglesia Católica den un paso más allá en la aceptación de responsabilidades, pedido de disculpas y acogida a las víctimas. Y, sobre todo, es hora que el Ministerio Público haga caso omiso a las presiones y haga, en base a la apelación de los abogados de las víctimas, una investigación seria sobre 45 años de abusos.

Es hora que se haga justicia. Y es momento que el Sodalicio expulse a sus integrantes podridos.

La nueva jugada del Sodalicio

El año termina con el Sodalicio de Vida Cristiana aterrado. Ya no son solo las acusaciones por abusos físicos, psicológicos y sexuales. Ahora que comienzan a tocarse sus negocios, intentan responder de la manera más burda.

El lunes, el SCV pensaba lanzar un video – a través de Canal S –  en el que supuestamente refuta las acusaciones planteadas por Daniel Yovera y Seamus Mirodan en el reportaje presentado en Al Jazeera hace unas semanas.

La investigación presentada por Yovera y Mirodan da cuenta de los nexos de la Asociación San Juan Bautista con la banda La Gran Cruz del Norte, para la apropiación de terrenos en Piura. Esta Asociación tiene la mayoría de acciones de la empresa inmobiliaria Miraflores Perú, la cual pagó a delincuentes para su negocio inmobiliario en la comunidad campesina de Castilla.

Para tratar de refutar la investigación, se ha preparado un video con varias medias verdades y, sobre todo, una gran mentira: insinuar que Yovera pagó por los testimonios presentados por el reportaje. Específicamente, en el minuto 20, una persona indica que “una persona me quería entrevistar y a cambio me pedían un apoyo económico”. Y luego, tratan de acusarlo de mala praxis periodística.

En otras palabras, lo que se busca, además de evadir una respuesta directa a lo presentado en Al Jazeera, una de las cadenas de noticias más importantes del mundo, es embarrar a quienes han hecho este reportaje.

Nosotros damos fe de la calidad profesional y personal de Yovera, un periodista que siempre ha obtenido sus primicias en base a un buen trabajo de fuentes y a una ética bastante férrea. Que una institución que se encuentra más que cuestionada por diversos ámbitos recurra a estas malas artes dice mucho de los intereses que están en juego. Todo indica que a la entidad católica lo único que le queda es, básicamente, salvar los negocios que les permiten mantener un estilo de vida bastante alto. Negocios que también vienen siendo cuestionados en Chile, como ha presentado el prestigioso portal Ciper.

Pero lo que no se sabía es quien estaba detrás de este video.

Esta mañana comprobamos que una “versión final” del informe de Canal S se encontraba en la cuenta de YouTube “comandopanda”. Dicho canal pertenece al excongresista y productor audiovisual Carlos Raffo. El exparlamentario, apartado totalmente del fujimorismo partidario, se ha dedicado los últimos años a apoyar causas conservadoras. Esta es la captura de pantalla que demuestra lo que señalamos:

¿Por qué Carlos Raffo está apoyando a una organización con serios cuestionamientos éticos y cuyo fundador ha cometidos actos que, precisamente, se riñen con los valores que dice tener? Es una pregunta que el exparlamentario debería respondernos a todos. Sobre todo, en momentos en que, en nuestro país y en varias partes del mundo, el conservadurismo apela a mentiras y medias verdades para tratar de alcanzar sus objetivos.

(ACTUALIZACIÓN: Carlos Raffo ha reconocido en su cuenta de Twitter que es parte de la Familia Sodalite y que sus hijas han estudiado en el colegio Villa Caritas, promovido por el SCV).

Aquí el video preparado para tratar de enlodar a Yovera:

Que esta campaña pare de una vez. Y que el Sodalicio de Vida Cristiana asuma, por fin, las consecuencias de los graves actos cometidos por varios de sus miembros.

Feliz 2017 para todos.

Sodálites, tráfico de tierras, hampones y un Arzobispo bajo el ardiente sol de Piura

(Monseñor José Antonio Eguren, Arzobispo de Piura y Tumbes y miembro del Sodalicio de Vida Cristiana. Involucrado en una historia que va más allá de los abusos al interior de la entidad conservadora. Foto: Familia Sodálite)

Si pensaban que se había visto todo con respecto al Sodalicio de Vida Cristiana, ayer por la tarde – hora de Lima – terminó de detonar una bomba que va más allá de las acusaciones por abusos físicos, psicológicos y sexuales denunciados al interior de la organización católica conservadora.

Un informe preparado por Seamus Mirodan de la televisora Al Jazzeera junto a los periodistas peruanos Daniel Yovera y Paola Ugaz da cuenta de una de las aristas poco conocidas del Sodalicio: los negocios. Si bien ya se han desarrollado informes sobre las asociaciones y las empresas que controla la organización religiosa, el hombre fuerte de las finanzas y el pingüe negocio de los cementerios, buena parte del modus operandi no había quedado al descubierto. Hasta ayer.

Precisamente, un camposanto puso al descubierto a la Asociación San Juan Bautista, principal protagonista de esta historia. La entidad ligada al Sodalicio de Vida Cristiana obtuvo un terreno en Ancón para hacer un cementerio, mediante un sospechoso cambio de zonificación aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las suspicacias aumentaron al conocerse que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, es tio de Germán Doig, fallecido vicario del Sodalitium, cuyos abusos sexuales fueron reconocidos por la propia entidad católica en 2011.

Pero Lima no es la única región en la que opera la referida entidad.

La investigación presentada ayer da cuenta de los nexos de la Asociación San Juan Bautista con la banda La Gran Cruz del Norte, para la apropiación de terrenos en Piura. Esta Asociación tiene la mayoría de acciones de la empresa inmobiliaria Miraflores Perú, la cual pagó a delincuentes para su negocio inmobiliario en la comunidad campesina de Castilla.

La finalidad de los desalojos ha sido la construcción del proyecto Miraflores Country Club, una gran urbanización destinada al sector B en la ciudad del norte del país. Como relata el reportaje, los vendedores de la inmobiliaria reconocen abiertamente la ligazón del proyecto con el Sodalicio de Vida Cristiana.

El polícia Pedro Zapata indicó a Al Jazzeera que, al intervenir a Dennis Cruz, miembro de La Gran Cruz del norte, se le encontró un voucher con un pago de 70,000 soles, a nombre de la Asociación San Juan Bautista. El expresidente de la misma, Carlos Gómez de la Torre, reconoció el pago a dos de los cabecillas de esta organización, pero por servicios de seguridad. Sin embargo, varios de los miembros de la comunidad de Castilla han denunciado como invasores de terrenos a los miembros de la banda criminal. El abogado de la inmobiliaria ha negado dicha sindicación.

Para complicar más las cosas, el exdelincuente Samuel Alberca – convertido en colaborador de la Policía – indicó que fue convocado junto a Cruz a una reunión por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren y De la Torre. Allí se acordó el pago para invadir los terrenos, de acuerdo con su versión.

Eguren, quien es miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, declinó declarar para el reportaje. El prelado es el único miembro de la organización católica que ocupa un alto cargo eclesial, luego de la salida del obispo de Ayaviri Kay Schmalhausen, quien ha dejado la organización luego de conocerse los escándalos sobre abusos de diverso tipo. En el informe de Al Jazzera, se indica que el arzobispo es miembro de la directiva de la Asociacion San Juan Bautista.

Según pudo ver DTP, Gómez de la Torre aparece como apoderado de la Misión Nuestra Señora de las Mercedes, junto a Juan Carlos Len, miembro del SCV y Raúl Guinea Larco, quien aparece como director en otras empresas y asociaciones vinculadas a la entidad religiosa. Gómez de la Torre no declaró para el reportaje.

El informe, que está en inglés, puede ser visto a continuación:

Sin duda, el Sodalicio de Vida Cristiana debe dar una explicación contundente sobre sus actividades empresariales. Esta bomba, que ha reventado a nivel mundial, echa por la borda los intentos del SCV por pasar piola sobre todas las acusaciones en su contra.

Datos Sodálites: Levaggi y Baertl

(El autócrata nicaraguense Daniel Ortega y el aún funcionario de la OIT Virgilio Levaggi en reunión. Foto: La Voz del Sandinismo)

Esta noche, el Instituto Prensa y Sociedad otorgará el Premio Nacional de Periodismo 2016 a Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes durante los primeros meses de este año presentaron la serie Los Abusos del Sodalicio, una serie de reportajes que complementan las revelaciones de “Mitad monjes, mitad soldados”, libro donde se detallaron diversos hechos contra la integridad física, mental y sexual de varios miembros de la entidad católica conservadora.

Precisamente, en la segunda edición del texto publicado por ambos periodistas, aparecida hace algunas semanas, se confirma un dato revelado por este blog: Alessandro Moroni confirmó ante el Ministerio Público que conocía dos denuncias de abusos sexuales presuntamente cometidos por Virgilio Levaggi, exmiembro del Sodalicio que dejó la entidad en 1987.

En esa oportunidad señalamos que:

Según la declaración de Moroni, que Desde el Tercer Piso pudo conocer, el actual superior general del Sodalicio, gracias a su posición, pudo conocer en el 2015 la existencia de dos denuncias de abusos sexuales presuntamente cometidos por Levaggi hace aproximadamente 30 añosLas dos personas, según señaló Moroni, eran mayores de edad al momento de ocurridos los hechos. Uno de ellos pertenecía, de acuerdo al dirigente sodálite, a la organización cuando sucedieron estos acontecimientos.

En la página 322 de “Mitad monjes, mitad soldados”, se consigna el siguiente testimonio de Moroni:

Pero no es el único miembro del Sodalicio que sindica a Levaggi como presunto autor de abusos sexuales. José Ambrozic, vicario general de la institución, es decir, el número 2 de la organización, también indicó tener conocimiento de dichas acusaciones. Aquí se consigna lo señalado en la página 321 del libro de Salinas y Ugaz:

Es decir, ya son tres los miembros de la dirigencia sodálite que conocían las acusaciones contra Levaggi: Moroni, Ambrozic y el propio Luis Fernando Figari, principal acusado en la investigación que se sigue ante el Ministerio Público.

Pero hay una cuarta persona que también sabe de estas versiones.

(Padre Jaime Baertl, sacerdote sodálite, con mucho conocimiento sobre la institución. Foto: Sodalicio de Vida Cristiana)

Como indicamos en octubre pasado, Salinas mencionó en una columna en El Comercio en respuesta a Fernando Vidal, encargado de comunicaciones del Sodalicio, el siguiente pasaje:

Concretamente, en 1989, Baertl me confesó en sus oficinas de Lizardo Alzamora, en San Isidro, que en 1986 descubrieron el caso de un jerarca sodálite, muy cercano a él, involucrado en por lo menos un evento de abuso sexual, aprovechando su condición de director espiritual. Entonces Baertl me dijo que se trató de “un hecho aislado”, del cual “no tenían conocimiento”. ¿Les suena el sonsonete?

Lo curioso es que al predador jamás lo expulsaron. Lo aislaron en una suerte de ‘retiro’ –como hicieron años más tarde con el pederasta sodálite Jeffrey Daniels– y le dieron cobijo y protección. Nunca lo denunciaron ante alguna autoridad civil, y el líder sodálite se fue, ya adivinarán, cuando quiso.

Hacia dentro se informó artificiosamente que “había faltado gravemente a la obediencia”. Como cuando comunicaron internamente que estaban cerrando la causa de la beatificación de Germán Doig “porque no alcanzó las virtudes heroicas”, y la verdad era otra, más truculenta. Tal cual.

Como indicamos en nuestro post, la alusión de Salinas era al caso Levaggi. Dos testimoniantes de presuntos abusos sexuales que habrían sido cometidos por él decidieron no aparecer en el volumen de los periodistas antes mencionados. El aún funcionario de la OIT ha negado dichas acusaciones. Sin embargo, otros testimonios sobre situaciones extrañas que aluden al exmiembro del Sodalicio de Vida Cristiana aparecen con seudónimo en el texto, como ha resaltado el exsodálite Martin Scheuch.

Precisamente, Scheuch acusó al padre Baertl por una inconducta. Relata Salinas:

Matías, uno de los testimonios de “Mitad monjes, mitad soldados” (Planeta, 2015), comenta un incidente ocurrido en 1979, “cuando su consejero espiritual era B. Matías narra que, de súbito, B interrumpió la conversación que sostenían para pedirle algo insólito. ‘Me ordenó que me desvistiera por completo y me pidió que abrace una enorme silla que había en la sala donde estábamos, y que fornicara con ella. En realidad, simulé que le practicaba el coito. De hecho, me sentí bastante incómodo. Sentí que se me estaba haciendo violencia interior’”.

Bueno. Para ir directo a uno de los puntos requeridos por Fernando Vidal Castellanos, superior regional del Sodalicio en el Perú, formulados en esta misma página, les cuento que Matías es el sodálite Martín Scheuch. Y B es nada menos que el sacerdote sodálite Jaime Baertl, quien, hasta donde sabemos, ha conocido y solapado y ocultado y desmentido casos de inconductas sexuales producidos al interior de su institución.

A pesar de ello, Scheuch ha sido maltrado nuevamente por el Sodalicio, que le ha negado una reparación. Cuenta el autor de “Mitad monjes, mitad soldados” en una columna aparecida hace dos semanas:

Una carta del 9 de noviembre le informa a Scheuch que el “Comité de Reparaciones” (cuya existencia es nueva para quienes hemos sido parte de este “proceso” y cuyos integrantes son absolutamente desconocidos para la opinión pública) no lo considera como “resarcible” o “reparable”, si caben ambos términos. Tal cual.

¿Por qué la protección a Baertl? Tal vez dos datos sean claves para entenderlo.

Como reveló uno de los reportajes por los que Salinas y Ugaz serán premiados esta noche, el sacerdote sodálite es el hombre clave de las finanzas en el Sodalicio. Participa en el manejo de empresas que procuraron domicilios de lujo para Luis Fernando Figari, así como en los intereses educativos, inmobiliarios y hasta funerarios de la organización.

Y como pocos conocen, Baertl tiene conexiones políticas clave. La más notoria es la del expresidente Alan García. Como reveló la publicación Ellos y Ellas, al final del segundo gobierno aprista, en la capiilla de Palacio fue bautizado Federico Dantón García Cheesmann, hijo menor del exmandatario. El sacerdote encargado de la ceremonia fue Baertl. Asi lo reportó Panamericana Televisión.

Pero no es el único favor de Baertl hacia García. Al revisar el calendario de festividades de la Virgen del Carmen en 2009, nos topamos con lo siguiente:

Saquen ustedes sus propias conclusiones.