Caso Odebrecht: la pista de los Humala

(Ollanta Humala y Jorge Barata en tiempos mejores. Foto: Perú.21)

Hace poco más de un mes, el diario Folha de Sao Paulo señalaba la existencia de una versión policial que indicaba la transferencia de 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala en 2011 por parte de la empresa Odebrecht. En ese momento, se indicó que esto era parte de la revelación de las delaciones premiadas y que el dinero había sido entregado por una orden de Lula da Silva.

Dos semanas atrás, la periodista y abogada Rosa María Palacios confirmó la existencia de esta versión, atribuida a fuentes fiscales. Allí resaltó que, en principio, la entrega de plata para la campaña en forma encubierta no es delito, debido a que la legislación peruana no lo comprende como tal. Una cuestión que ha sido ratificada por politólogos y expertos en temas electorales.

Hoy El Comercio obtuvo la primicia de los detalles sobre cómo se transmitió el dinero, de acuerdo a la versión, de primera mano, de Jorge Barata, principal cabeza de Odebrecht en nuestro país.

De acuerdo al reportaje de Graciela Villasis, la empresa brasileña puso a disposición de la campaña de Humala una suma de 3 millones de dólares en efectivo, a solicitud del PT. El dinero habría sido entregado por los asesores en estrategia electoral y marketing Valdemar Garreta y Luis Favre así como, en una suma de 300,000 dólares, a la propia Nadine Heredia en un departamento que el entonces candidato tiene en Miraflores. Barata indicó que esta suma venía del Departamento de Operaciones Estructuradas, que funcionó como “la caja chica” para el pago de sobornos.

Por ahora Humala y Heredia no han brindado declaraciones ni tampoco han emitido referencias en redes sociales sobre este tema. La única referencia es la que ha dado el flamante abogado de la pareja, el exministro Wilfredo Pedraza, quien no ha negado los aportes, pero ha indicado que no se vinculan con temas de corrupción y que los mismos sí habrían sido declarados. Lo mismo indica el comunicado del Partido Nacionalista Peruano. Lo cierto es que el portal Convoca ha encontrado versiones en Brasil que sí apuntan a un posible pago de un soborno.

Quien sí ha negado su participación en la entrega de dinero para dicha campaña es Luis Favre. En comunicación con El Comercio, el asesor en marketing político negó haber llevado dinero de Odebrecht, así como ratificó no haber sido contratado por ninguna empresa brasileña. Favre también negó haber sido socio de FX Comunicacoes, empresa que lo contrató para intervenir en la campaña.

Sin duda, la hipótesis a la que van a tratar de someterse los Humala es que este fue un aporte de campaña. En principio, han señalado que fue registrado, pero en la ONPE solo se indica que hay un conjunto de aportes en efectivo sin identificar. E incluso en el caso que no hayan declarado los mismos, esta omisión solo acarrearía una sanción administrativa: la pérdida del financiamiento público. Y este no es aplicable al PNP, debido a que no tiene representación parlamentaria.

El problema es que hay tres hechos que podrían complicar la situación de Humala y Heredia.

El primero tiene que ver con el origen de los fondos. Aquí el Ministerio Público sí tiene una premisa más clara: el Departamento de Operaciones Encumbradas sí manejaba fondos ilegales. La pregunta es si sólo manejaba cuestiones vinculadas para soborno. Así se podría caer, por sí sola, la premisa de “solo fondos de campaña”.

La segunda tiene que ver, como indica El Comercio, con cuestiones tributarias. Podría darse el delito de defraudación si es que se corrobora que los montos entregados por Odebrecht no se destinaron a la campaña, sino que acabaron en los bolsillos del matrimonio Humala – Heredia. Complejidad adicional para la indagación: ambos están casados bajo el régimen de separación de patrimonios.

Y una tercera línea sería la posibilidad de la entrega de dinero anticipada para que luego sea retribuida con otras. Es decir, un soborno, colusión o tráfico de influencias hacia el futuro. Aquí se puede apuntalar mejor la investigación respecto del Gaseoducto del Sur Peruano, donde están comprendidos Barata y Heredia, debido a la declaración de un colaborador eficaz que indica la existencia de conexiones entre ambos para la obra. Por su parte, el periodista Oscar Libón anotó hace unos días un dato clave: el origen legal de la obra se produjo luego de una reunión en Palacio entre Humala, Barata y Marcelo Odebrecht.

Pero hay una complicación legal adicional. Hoy César Romero en La República indica que la filtración de la declaración de Barata sobre este financiamiento podría tener problemas. No tanto por la publicación, sino porque todo indica que es el fiscal Germán Juárez quien habría enviado esta información a los medios, para tratar de apuntalar mediáticamente un caso que estaba complicado, debido a que solo se basaba en las agendas de Heredia – que, como hemos dicho antes, tenían que ser cotejadas con otros elementos – y en la declaración de Martín Belaúnde Lossio y otro testigo ya descartado, que apuntaban tanto a la hipótesis venezolana (más difícil de probar) como a un financiamiento brasileño en 2006 que todo indica era inexistente. Según Romero:

De acuerdo a lo planificado con el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, Juárez debía utilizar esa información para allanar los inmuebles de Nadine Heredia y Ollanta Humala en busca de más información y eventualmente para evaluar un pedido de prisión preventiva de la pareja presidencial.
Pero, eso no sucedió. Al contrario, todos los detalles de la declaración de Barata fueron filtrados en las últimas días a diversos medios de comunicación. Un acto que puede poner en peligro toda la colaboración de Odebrecht y el Ministerio Público de Brasil que insiste en la reserva de la información, hasta que sea usada oficialmente.

Hasta aquí lo legal. Políticamente, la situación de los Humala – Heredia es complicada. No tienen defensores en ninguna bancada parlamentaria y, de hecho, hasta dos expresidentes del Consejo de Ministros suyos, Ana Jara y Pedro Cateriano, han manifestado su contrariedad por esta revelación. Un amplio sector de periodistas siempre los creyó capaces de todo y lo publicado hoy abona su hipótesis que eran un peligro. Y la conexión tan directa con el PT, sin duda, va a terminar afectando una relación bilateral que ya se había enfriado en tiempos de Dilma. Evidentemente, si aún existía una breve esperanza que el PNP resucite, la misma será echada por la borda con todo ello.

A diferencia del caso Toledo, aún esta novela tiene para rato en términos de investigación.

Corrupción e ideología

(Foto: El Comercio)

Durante las últimas semanas, algunos columnistas han impulsado un debate que podría sintetizarse en una pregunta: ¿Quién está más embarrada con el caso Lava Jato: la izquierda o la derecha? Martín Tanaka resume las posiciones:

En este momento inicial, la reacción es un tanto infantil: cada quien pretende esconder sus responsabilidades, y echarle la culpa a los otros. Digamos, para una parte de la izquierda este es el fracaso del modelo económico neoliberal, y para una parte de la derecha, del foro de Sao Paulo. En realidad, la naturaleza del problema hace que esta vez las culpas no estén claramente de un lado, como en la coyuntura del año 2000, sino repartidas por todas partes.

Las versiones que acusan a la izquierda parten de un hecho fundamental: el liderazgo del Partido de los Trabajadores de un proyecto político que buscaba consolidar un importante bloque de izquierda en América Latina (vean este documento publicado en el blog de la periodista Jacqueline Fowks para que vean que esto es real). Y dado que el PT es el partido más embarrado con la corrupción en Brasil, lo que habría fracasado al final es un proyecto de injerencia continental con fuertes visos de trapicheo.

El problema es que quedarse en echarle la culpa solo al Foro de Sao Paulo tiene problemas. De un lado, porque el proyecto geopolítico brasileño de expansión de su presencia continental no nació con el PT, sino con Fernando Henrique Cardoso (quien plantea la Comunidad Sudamericana de Naciones y el IIRSA). De otro lado, porque si bien Lula terminó siendo el lobbista de más alto rango de Odebrecht y el Partido de los Trabajadores tiene mucho que explicar sobre sus años en el gobierno, también es cierto que buena parte de la clase política brasileña está involucrada en los casos de corrupción. Ejemplo claro: Aecio Neves, el candidato opositor a Dilma Rousseff en las elecciones de 2014, es uno de los nuevos involucrados en Lava Jato.

Resulta también sugestivo culpar al modelo económico o a los tecnócratas. Como señalamos la semana pasada, es clara la existencia de “puertas giratorias” entre el sector público y el sector privado, que pueden tener aspectos positivos (conocimiento del sector), como también negativos (favorecimiento a empresas o posible uso de información privilegiada). A ello se suman sentidos comunes que, en nombre del “destrabe”, pueden consentir gestiones de intereses que sean impropias o tolerar “un poquito de corrupción”. Y por supuesto, es claro que Proinversión no ha sido la entidad modelo que se pensaba.

Pero también es cierto que ningún modelo económico, en sí mismo, es una garantía contra la corrupción, pero tampoco un imán de corruptos per se. En principio, una economía abierta debería generar mayores incentivos para la competencia, siempre y cuando las instituciones funcionen adecuadamente. Por lo que el problema pasa por realizar algunos ajustes tanto en lo económico como, sobre todo, en lo institucional.

Por tanto, si bien resulta importante que tanto izquierdas como derechas reflexionen sobre aquellos aspectos que los ha hecho permeables a la corrupción, también es cierto que dicha autocrítica no implique un ataque para descalificar al otro lado per se. Resulta indispensable que el procesamiento de lo ocurrido en el caso Lava Jato implique que tengamos una izquierda y una derecha modernas como producto del mismo. Y ello no se podrá hacer si es que seguimos en esta competencia por echarse la culpa.

Devolviendo el regalo a Odebrecht

Cuando, en junio de 2011, el entonces presidente Alan García anunció el emplazamiento de una estatua de Cristo donado por la Asociación Odebrecht, fuimos varias las voces que señalamos, en diversos medios de comunicación, la inconveniencia de esta edificación.

Nos parecía contraproducente que el gobierno de un Estado laico utilice símbolos religiosos para elevar su popularidad. Ya lo había hecho con la promulgación de una ley que reconocía al Señor de los Milagros como “Patrono de la Espiritualidad Religiosa Católica de la República del Perú”.

Peor aún, el entonces ministro de Cultura buscó justificar la obra señalando que el doctor García buscaba darle una sorpresa a la ciudad y, posteriormente, señalando que se haría un homenaje a los caídos en las batallas de San Juan y Chorrillos de la Guerra del Pacífico. Olvidó que ya existía un monumento al Soldado Desconocido en honor a quienes defendieron la ciudad del invasor extranjero.

Desde el punto de vista urbanístico, ya se hacían varios cuestionamientos, no solo por colocar una estatua que se asemejaba mucho al Cristo de Corcovado, sino también por el retorno de monumentos colosales que hacían recordar a aquellos colocados por satrapías donde primaba el ego del gobernante. Sumemos a ello que se trataba de una obra que no pasó por un concurso público para su edificación.

Pero el punto más importante era que el principal donante de la obra era la asociación perteneciente a una compañía constructora brasileña que ya tenía varios cuestionamientos para junio de 2011. Obra para la cual el expresidente García dijo que había donado 100,000 soles – luego se desdijo e indicó que solo fueron 25,000 dólares -, lo que ya daba serios indicios del aconchabamiento existente entre aquel gobierno y Odebrecht. Todo ello en un contexto de cambio de mando, cuando ya se indicaba que el mandatario entrante, Ollanta Humala, también tenía fuertes nexos con el vecino del este. Y cuando ya sabíamos que las empresas Camargo Correa y Andrade Gutiérrez habían contribuido para la campaña electoral del hoy caído en desgracia Alejandro Toledo.

Peor aún, la Megacomisión presidida por el hoy exparlamentario Sergio Tejada encontró indicios bastante serios de la relación entre Odebrecht y el segundo gobierno aprista, a partir de dicha donación. Confirmó que el estudio Nava & Huesa – vinculado al exministro Luis Nava Guibert – había sido patrocinante de la compañía brasileña durante dicho periodo gubernamental. Se encontró que el único donante de la obra había sido la Asociación Odebrecht, se confirmaron las 16 visitas de Jorge Barata – el hombre fuerte de la compañía en el Perú – y que el señor García participó en la sesión que conformó el Patronato del Cristo del Pacífico y fue propuesto como “promotor” de la obra.

Peor aún, todos los trámites para el levantamiento de una obra en un escenario como el Morro Solar apenas demoraron un mes. De hecho, en un solo día se aprobaron once trámites administrativos. Una celeridad digna de mejor causa.

Y para completar el cuadro, todos los trámites para la edificación del Cristo del Pacífico se realizan cuando se encontraban en plena licitación de obras de los Tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, que ganó Odebrecht en lo que se refiere al primer tramo.

Si ya esto hacía que la obra fuera controversial, las revelaciones sobre Odebrecht a partir del caso Lava Jato solo pueden generar una salida: el retiro de la controvertida estatua, convertida, a más de cinco años de su colocación, en una afrenta para el país.

La chapa de “Cristo de lo Robado” ahora se ajusta con facilidad. Y cualquier persona – con mayor razón, los creyentes – pediría que dicho monumento a la cutra deje de adornar las costas de la capital del Perú.

(Publicado originalmente en La Mula)

PPK y el proyecto Chaglla

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Esta mañana, el periodista Fernando Vivas, en su columna habitual de los miércoles en El Comercio, presentaba un dato que llamó la atención de varios:

Un aparte para el presidente Kuczynski. Es indispensable, para su legimitación como líder de una nación indignada, que explique hasta dónde llega su responsabilidad al haber avalado la decisión de Toledo de ejecutar un proyecto como la IIRSA Sur que resultó lesivo para el país. Ya sabemos que Toledo tuvo motivaciones ruines. Necesitamos saber qué errores de ingenuidad o cálculo llevaron a su primer ministro y hoy presidente a obedecerlo.

De paso, podría explicar por qué en mayo del 2013, con logo partidario, lanzó un video en el que promueve con sumo entusiasmo la central de Chaglla, un proyecto de Odebrecht. Necesitamos saber qué lazos estableció con esa empresa y sus inversiones en el Perú al visitar la obra. Odebrecht hizo en pro de Chaglla un lobby tan ambicioso que hasta invitó a Mario Vargas Llosa. Pero el escritor, que sabe resistir lobbies, no escribió nada al respecto. PPK hizo un video. Sería bueno que nos cuente por qué.

En efecto, como pudimos verificar, el actual Presidente de la República hizo un video en el que, desde el estudio de su domicilio en San Isidro, acompañado de algunas fotos de la estancia en el lugar, explicaba porque esta central le parecía importante.

Si bien a lo largo del video – que estuvo ausente unas horas del canal de Youtube de PPK – no mencionó a Odebrecht, en las fotos se veía al hoy mandatario con casco de la empresa, junto a algunas personas vinculadas a la central hidroeléctrica o a la compañía. Aquí pueden verlo:

Dichas fotos, por cierto, también aparecen en la página oficial de Facebook de PPK.

Desde el Tercer Piso buscó la versión oficial sobre este dato proporcionado por Vivas.

De acuerdo con lo versión obtenida por este blog, el actual Presidente de la República visitó la central de Chaglla en 2013 sin que mediara una invitación de la empresa Odebrecht. En efecto, PPK menciona al final del video arriba mencionado que se había “autoinvitado”.

El video ya referido fue grabado como parte de las actividades del Instituto País, el think tank que tuvo el hoy mandatario entre sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Asimismo, se nos indicó que el Presidente había grabado otros videos para su canal personal en You Tube donde se refería a otros proyectos que consideraba importantes para el país. Un ejemplo de ello es un corto sobre Camisea y su importancia para el desarrollo peruano, así como su participación en dicho proyecto. Lo mismo sobre el gas y el panorama energético del Perú.

Fuentes familiarizadas con el pensamiento presidencial nos indicaron que PPK no ha tenido relación alguna con la empresa Odebrecht en términos contractuales. Sí se nos confirmó la versión aparecida en medios sobre la participación de Kuczynski y Jorge Barata en el directorio de la Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural. De acuerdo con la información proporcionada, dicha ONG fue formada a iniciativa del constructor Mario Suito – de hecho, la dirección de la misma corresponde a su empresa – y participaron diversas personalidades en el directorio. Este es, de acuerdo con lo informado, el único vínculo expreso entre el Presidente de la República y los directivos de la empresa brasileña inmersa en casos de corrupción.

Actualmente, la Central Hidroeléctrica de Chaglla, que entró en funcionamiento el año pasado, forma parte de los activos de Odebrecht que la empresa brasileña busca vender.

Todo indica que el sesgo pro empresarial del Presidente de la República terminó jugándole, en este caso, una mala pasada, al igual que el retiro por horas del video que, finalmente, volvieron a colocar en su canal de You Tube. Dado que este es un flanco débil del mandatario, resulta necesario e indispensable que, junto con la Declaración de Intereses publicada la semana pasada, pueda hacer explícito cualquier tipo de contacto con empresas.

Como señaló Eduardo Dargent, “poco importa si durante su gobierno PPK ha mantenido distancia o no de sus antiguos vínculos empresariales. Si esos vínculos aparecen aunque sea indirectamente, el tema ganará fuerza“. Precisamente, la buena pregunta planteada por Vivas al final de su columna de hoy indica que Palacio de Gobierno deberá tener mucho más cuidado con este tipo de nexos y gestos.

Lava Jato: el duelo entre el Ministerio Público y el Congreso

(Foto: Andina)

Durante las últimas semanas, el Congreso de la República ha iniciado una ofensiva contra el Ministerio Público. ¿El motivo? La decisión de la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano colegiado de la entidad encargada de la investigación de delitos, de no autorizar al fiscal Hamilton Castro para declarar ante la Comisión Investigadora parlamentaria del caso Lava Jato.

En su columna del domingo, Enrique Pasquel, subdirector de El Comercio, resumió las principales declaraciones de los parlamentarios:

Mauricio Mulder, por ejemplo, dijo: “Sabe Dios qué se está negociando. Con los antecedentes que tiene el Ministerio Público, que está plagado de fiscales que liberan bandas, ¿qué pasará con este tema?”. Luego, habló de acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación. Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde se sumó al ataque y señaló: “Yo creo que hay que cambiar a ese fiscal, me parece que está muy mal”. Asimismo, Lourdes Alcorta acusó “falta de voluntad” de parte del Ministerio Público. Y, por citar un último caso, Héctor Becerril profetizó: “Cuando vaya la comisión [del Congreso] a Brasil y se encuentre con la información, seguramente vamos a saber por qué no quieren colaborar, qué esconden”. Y, así, siguieron sumando cocachos a la fiscalía.

¿Por qué la Fiscalía de la Nación y los demás fiscales supremos se oponen a la asistencia de Castro a la Comisión del Congreso? Muy simple. La reserva con la que el fiscal del caso Lava Jato se ha manejado no solo está dando resultados, sino que resulta clave para seguir avanzando en el mismo. En un foro político en el que existen varios partidos interesados en conocer a quien le pueden pegar luego – para aprovecharlo políticamente o salvar a sus líderes -, sin duda, presionar por esta información es una tentación para cualquiera.

A ello se suma que el Fiscal de la Nación no se sintió cómodo en la presentación que tuvo en el Congreso. Esto fue lo que indicó esta mañana para Ideele Radio:

“Nosotros no vamos a permitir el maltrato a los fiscales, a ninguno. Eso es clarísimo. Ciertamente yo me sentí ofendido ese día en la comisión, se nos hizo preguntas que no venían al caso. Además, no escuché ninguna propuesta, todo era crítica y ninguna propuesta”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La investigación comprende a personajes políticos, entonces sé que era inevitable que haya reacción obviamente, pero no de esa manera”, refirió.

En ese sentido, Sánchez Velarde dijo que el maltrato que recibió de parte de los miembros de esta comisión influyó en la decisión de la Junta de Fiscales Supremos, para que el fiscal Hamilton Castro no acuda a dicho grupo de trabajo.

Asimismo, Pablo Sánchez Velarde aludió a la amenaza de acusación constitucional que refirió el congresista Mauricio Mulder:

“La acusación constitucional [que plantearon presentar desde el Congreso] es una amenaza inaceptable, además, sin base constitucional, pero es parte del momento quizás que aconteció”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La presidenta del Congreso tuvo un ánimo conciliador. Luz Salgado es una persona que conoce mucho el trabajo constitucional y, ciertamente, planteó lo que dice la comisión, yo planteé lo que dijo la junta. Hemos tratado de conciliar, lo que queremos en el fondo es solucionar el problema, creo que es una formula bastante positiva de hacerlo”, afirmó.

De acuerdo a lo indicado por Ricardo Uceda en su columna de ayer, precisamente la reunión con Salgado habría puesto paños fríos y evitado que la sangre llegara al río.

Sánchez Velarde ha sido categórico en su respuesta final al Congreso: el fiscal Castro solo emitirá un informe escrito con aquello que pueda contar. No más, no menos. Esa sería la forma de solucionar el impasse.

Sin embargo, un sector del Congreso de la República insiste en citar a Castro. Ayer la Comisión de Constitución aprobó un informe en el que interpreta que ningún fiscal puede negarse a asistir al Congreso. Pero, como indica La República, constitucionalistas de diversas tendencias respaldan la posición del Ministerio Público, en base a la reserva de la investigación.

Finalmente, salvo que existan indicios sobre funcionarios con derecho a antejuicio, las recomendaciones y hallazgos del grupo de trabajo parlamentario sobre los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García (y sí se animan, los anteriores) terminarán siendo enviados para el Ministerio Público. Por tanto, tanta insistencia puede tener dos posibles causas: figuretismo o un afán por desvirtuar los pasos que se vienen.

Epitafio para Toledo

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(Con Lula, otro caído en desgracia. Foto: Gestión)

Si me preguntan en qué momento comenzó a fraguarse el final político – judicial de Alejandro Toledo, respondería con la siguiente premisa: el día que abrió a su corredor inmobiliario.

Como han contado Rosa María Palacios (en 2013) y Aldo Mariátegui (hoy), las versiones sobre la adquisición de una casa en Casuarinas por parte del expresidente vinieron con un dato adicional: Toledo había contactado al dueño original de la casa en la exclusiva urbanización de Surco y eludió el trato con el corredor al que había contratado para tal fin.  Y el corredor, como muchos sabemos, estuvo bastante dispuesto a hablar con la prensa sobre esta operación.

Paralelamente, periodistas como Óscar Libón iniciaron una investigación periodística que terminaría en los resultados hoy por todos conocidos.

Fue así que se conoció que, en realidad, toda la mascarada de “reparación producto del Holocausto” (nunca una coartada había sido tan baja) era un pretexto para encubrir que el real beneficiario de una vivienda y una oficina compradas a través de una off shore costarricense era el propio exmandatario. Y fue allí que Toledo pasó a la versión que hasta hoy esgrime: que la plata era de su amigo Joseph Maiman y que él solo fue un facilitador para que el empresario peruano – israelí comprara dichos inmuebles.

De hecho, cuando Toledo inventó tantas versiones para explicar una compra de inmuebles y el pago de la hipoteca de su casa de Camacho terminó de cerrar una carrera política que nació prometedora y que termina con varias sombras.

Hace 22 años, Toledo surgió a la vida política como candidato presidencial. Ya lo acompañaba la historia de economista exitoso con postgrado y estadía en Harvard, así como algunos tics de engolamiento de voz. Aquella campaña no le fue grata debido al paseo que le fue para Fujimori ganar en 1995, en medio de la guerra con Ecuador, así como por el recuerdo de ciertas asesorías a Carlos Manrique a inicios de los años 90.

Cinco años más tarde, volvió a tentar suerte. Con partido rebautizado, discurso enfocado en uno de los grandes fracasos del fujimorismo – la generación de empleo, más aún, en tiempos de recesión – y buscando a los decepcionados con el autócrata que no querían mandarse con un cambio radical, Toledo pasaba caleta en una contienda donde el aparato mafioso del expresidente se concentraba en dos piñatas: Alberto Andrade y Luis Castañeda Lossio. El candidato de Perú Posible pasaba fuera de su radar, hasta que en marzo comenzó a despuntar en las encuestas. Como diez años atrás, la gente se inventó un candidato y Toledo pasó de su tibieza inicial a ser el líder opositor a Fujimori.  Marchas y contramarchas hicieron que decidiera retirarse de la segunda vuelta electoral y, finalmente, lideró la más importante protesta contra el fujimorato. Esa aura hizo que algunos de los temas que ya merecían cuestionamiento como el no reconocimiento de una paternidad pasaran a segundo plano y que, a fin de cuentas, ganara la Presidencia de la República en 2001.

Hasta hace unos meses, cuando se hacían las sumas y las restas, el legado de Toledo podría ubicarse de la siguiente manera: respeto general a las libertades democráticas más allá de algunos episodios puntuales, compromiso con los derechos humanos hasta cierto punto (aceptó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero se demoró harto en implementar sus recomendaciones), el inicio de los conflictos sociales por proyectos mineros, gran reactivación económica, obras de infraestructura y, hasta hace poco, casos menores de corrupción. Frente a lo que dejaron sus sucesores, la presidencia del líder de Perú Posible quedaba como signo de una transición inconclusa, pero también de un mayor estímulo reformista al emprendido por García y Humala.

De allí que buscara tentar suerte nuevamente en 2011 y 2016, en lo que serían dos rotundos fracasos. Entre su salida de la Presidencia de la República y su última aventura electoral, Toledo dilapidó partido (al que nunca institucionalizó y está a punto de perder su inscripción), bancada (hoy inexistente), cuadros (repartidos entre la izquierda y el actual oficialismo) y, sobre todo, prestigio.

Y es que, hasta allí, estábamos ante un político irresponsable y autodestructivo. Como escribía Eduardo Dargent en 2013, cuando el caso Ecoteva recién se iniciaba:

Su deber era tener una relación distinta con la población tras los escándalos de corrupción del fujimorismo. Demostrar que un presidente podía trabajar, ser eficiente, y además ser honesto. Por supuesto, la política es cosa difícil y no se la pusieron nada fácil. Lidió con una oposición feroz desde diversos frentes, especialmente los corruptos bajo investigación. Pero en esas condiciones, ¿no debía cuidarse el doble? ¿No tenía la obligación de ser tres veces más precavido?

No solo no lo hizo, sino que fue irresponsable. En pocas semanas se ganó la fama de ocioso, de no saber mantener a distancia a sus amigotes. Ya ni sé cuántas veces fue a Punta Sal, cuando el régimen estaba tambaleando y la sensación de banalidad se difundía entre la población más pobre. Un cobarde por la forma que enfrentó el tema de su hija Zaraí. Un gobierno con algunas virtudes, apoyado en un boom mineral en los últimos años, le ayudó a sortear estos problemas. Pero no es exagerado decir que uno de los principales problemas del gobierno de Toledo fue Toledo.

Pero todo ello – que revelaba a un presidente mediano con un comportamiento político mediocre – deberá ser revisado a la luz de lo conocido. Una de sus obras emblemáticas, la Carretera Interocéanica, terminó siendo su tumba. La evidencia abunda sobre la existencia de coimas de las empresas Odebrecht y Camargo Correa que llegaron a cuentas de Maiman. Y, en el caso de la primera, habrían llegado hasta el propio Toledo, de acuerdo con la versión de Jorge Barata, el hombre clave de la constructora en el Perú. A ello se suma la formación de empresas off shore en Panamá vía el famoso estudio Mossack Fonseca por parte de los allegados al expresidente.  Para decirlo en claro: quien dijo que lucharía contra la corrupcion de Fujimori probablemente termine siendo su vecino de celda en la DIROES.

Los voceros más vocingleros del fujimorismo han buscado que la debacle final de Toledo sea el hito final de la caída de quien “los persiguió”. Más allá de excesos en algunos casos puntuales, lo cierto es que la justicia hizo su trabajo con los responsables de robos en peso al erario nacional y violaciones a los derechos humanos cometidos durante los años 90. Esta suerte de competencia de “nosotros robamos menos” no solo es infame por lo que representa tanto para el fujimorismo como para los pocos voceros que le quedan a Perú Posible, sino también porque busca exonerar culpas. Alberto Fujimori es un delincuente. Que muy probablemente Alejandro Toledo también lo sea no lo salva del juicio judicial y de la historia. Y, de hecho, el antifujimorismo sigue vivo gracias a que Fuerza Popular no representa un cambio sustancial frente a los modos, forma y fondo de la última infame década del siglo XX.

Así llegamos a este momento: con Alejandro Toledo en París, negando la realidad. Con su esposa como única asesora política, lanzando supuestas amenazas veladas. Y con su credibilidad liquidada. Triste final para quien, para muchos, representó una esperanza.

Tecnocracia y corrupción

Tres columnistas de distintas profesiones han comenzado un debate sobre la vinculación que tendría la prevalencia de la tecnocracia en el Estado peruano con los casos de corrupción referidos a las obras hechas por constructoras brasileñas en nuestro país.

Carlos Mélendez indica que estamos ante una “tercera generación” de casos de corrupción, luego de la “partidaria” (el primer gobierno aprista) y la “anti partido” (el fujimorato).  Esta tercera ola vendrá a partir de la debilidad institucional con la que se han conducido los tres gobiernos democráticos de los últimos quince años y que no han querido reforzar. En ello, se refuerzan las siguientes conductas:

La democracia tecnocrática vive obsesionada por “destrabar la tramitología” en beneficio de las inversiones, sin importar que estas puedan aportar tanto cemento como delitos. La práctica de sobornos en licitaciones se naturalizó, al punto de institucionalizarse como divisiones ad hoc dentro de los organigramas de corporaciones privadas. Así se creó un sistema corruptor de funcionarios públicos que gozaba de la complicidad activa o silente de lobbistas, relacionistas públicos, estudios de abogados y hasta de opinólogos. Lo más “inofensivo” consistió en donaciones a aventuras electorales del ‘outsider wannabe’ de turno.

Fernando Vivas no alude a la tercera ola, pero sí a lo que considera que es el fracaso de un proyecto de prevalencia tecnocrática en el Estado peruano, en detrimento de la política. Una forma de ver el mundo que se alimentó por la necesidad de atraer inversiones luego de la recesión de fines del fujimorato, así como por la debilidad de estos gobiernos. ¿Cómo sería este proyecto de Estado sin políticos?

A ver, mi respuesta tentativa: un país despolitizado donde la ‘accountability’ la asumen los gobernantes de turno, puertas giratorias entre sector público y privado, promoción de las APP y obras por impuestos, transferencia de riesgos privados al Estado (miren si no a Chinchero).  Y también programas sociales y regulación en educación y salud; que necesitamos un Perú sostenible y sin caldo de cultivo para los antisistema, faltaba más.

Desde su orilla, Jaime de Althaus retruca e indica que, en realidad, no existe tal prevalencia tecnocrática. Lo que tenemos son islas de eficiencia en algunos lados (y en otros, como Proinversión, se termina de caer el mito) así como una incipiente creación de una capa técnica en Educación. El proyecto no sería tecnocrático, sino la exportación de la transnacional PT-empresas brasileñas como variable geopolítica. Y no se toma en cuenta que la corrupción también afectó a los gobiernos regionales y locales, donde lo técnico pesa mucho menos.

¿Qué conclusiones sacar de esta discusión?

Coincido con Althaus en los matices señalados. Como indica Eduardo Dargent en su libro sobre tecnocracia, existen sectores donde hay mayores facilidades para que la tecnocracia se desarrolle y otros donde las dificultades son mayores. Estos profesionales se posicionan gracias al mayor costo político de una mala performance en sectores que comienzan a tener mayor vigilancia interna y externa, alta especialización de sus políticas públicas y un elevado consenso sobre determinadas medidas. Ello explica porque el MEF tiene una tecnocracia firme desde hace un cuarto de siglo y en Proinversión más bien las cosas anden a trompicones.

Un segundo factor que Althaus toma en cuenta y que debe analizarse es el hecho que la corrupción del caso Lava Jato tiene a una importante arista: los niveles subnacionales. Con menos estímulos para crecer técnicamente y con mayores dificultades para proponer proyectos de inversión, la llegada de una gran empresa que propone una asociación público privada o una concesión le soluciona la vida al alcalde o presidente regional de turnos. Con funcionarios menos duchos en tratar temas técnicos, es claro que esto puede ser un estímulo para la corrupción.

Sin embargo, hay cuestiones con las que discrepo con el antropólogo. La primera de ellas tiene que ver con el tema geopolítico. Es cierto que el PT enlazó claramente con las empresas constructoras brasileñas para exportar un proyecto de liderazgo en América del Sur y algunas partes de África que tenía un fuerte componente de infraestructura. De allí que Brasil tuviera interés en contar con gobiernos cercanos a ellos o montar “alianzas estratégicas”. Sin embargo, dicha política no comenzó con Lula, sino con su antecesor.

En realidad, el proyecto geopolítico viene desde Fernando Henrique Cardoso, quien es quien impulsa la Comunidad Sudamericana de Naciones e IIRSA (por eso se hacía el loco con el fraude de Fujimori en el 2000). Con el PT básicamente la cosa llego a niveles de trapicheo y poca división de los límites Estado – empresas. Recordemos que Lula, ya como expresidente, iba a varios países como conferencista y componedor de negocios de Odebrecht.

Una segunda discrepancia tiene que ver con el modus vivendi de la tecnocracia no aliente cierto sentido de corrupción. Y es allí donde coincido con Vivas y Meléndez.

Es claro que existen “puertas giratorias” en el Estado, dado que se recluta personal del sector privado para puestos públicos importantes, lo que conllevaría el riesgo de posibles conflictos de interés o favorecimientos a las empresas donde trabajaron o que, luego de trabajar para la administración pública, estas personas vuelvan – mediando un tiempo – a trabajar en empresas. Es claro que el fenómeno existe, pero no se sabe bien como regularlo.

También es cierto que prevalece un sentido común que va más allá de las puertas giratorias. Como indica Martín Tanaka:

Pienso que la tesis de la captura del Estado no distingue bien el puro interés particularista (“mercantilista” dirían algunos) de la acción de tecnócratas o funcionarios que operan sobre la base de principios, o ideologías, si se quiere: en este caso, favorables al desarrollo de los mercados. Esto ciertamente los hace cercanos al mundo empresarial, pero no a intereses particularistas. Esa tesis subestima el poder de las ideas o ideologías; los tecnócratas como tales toman decisiones favorables al desarrollo de los mercados no porque estén “comprados” por las empresas (aunque también puede suceder, por supuesto), sino porque creen estar haciendo lo correcto. En otras palabras, no solo habría que denunciar presiones indebidas del sector privado, también ganar la batalla en el terreno de las ideas.

Y, en esa línea, la tecnocracia peruana si tendría que repensar, a la luz de lo sucedido con estas empresas, cómo regula estos conflictos, la participación de gestores de intereses, cómo hace que la asociación público privada sea bien diseñada y cómo atrae a técnicos que, junto con su expertise, traigan consigo también una ética a prueba de balas. Quizás sea exagerado hablar de una tercera ola, pero también es claro que los tecnócratas peruanos deberán tener claro que deben compartir escenario con los políticos y preocuparse más por temas como la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.