MARINA SIN INTELIGENCIA

Tal parece que la crisis en los sistemas de inteligencia de la Marina de Guerra del Perú.

A las serias acusaciones de venta de información clasificada a empresas privadas de seguridad, se ha sumado el nombramiento de un Director de Inteligencia que sólo ha posidod durar en el puesto 48 horas.

Carlos Chanduví Salazar fue nombrado el sabado en reemplazo de LuisChumbiauca Muñante como el nuevo responsable de la DINTEMAR. Chanduvi no era un oficial desconocido por el Ministro de Defensa Allan Wagner, ya que fue él quien acompañó al Ministro en la defensa de la autenticidad del informe de la Marina sobre el accidente del Fokker de Alianza Lima en 1987.

El problema con Chanduvi se genera por una resolución emitida en 2004 cuando pertenecía al Consejo Supremo de Justicia Militar. Frente al pedido de las víctimas del caso La Cantuta para que se declarara nulo el juicio en el fuero militar celebrado en 1994, se declaró improcedente la solicitud. Cabe recordar que en ese proceso militar no se declaró la culpabilidad de los autores intelectuales, entre ellos, Vladimiro Montesinos Torres.

Dicha resolución tenía dos vicios graves. El primero, la confirmación de un fallo de la justicia militar, que no es competente para resolver sobre violaciones de derechos humanos, pues no estos delitos no son considerados como delitos de competencia de este fuero. El segundo, que agravaba la impunidad persistente en este caso, al no poder procesarse a los autores intelectuales del crimen de La Cantuta en el fuero común, junto a los responsables materiales.

Incluso personas que tradicionalmente no se preocupan por el tema de los derechos humanos, como el congresista aprista Luis Gonzáles Posada, se manifestaron en desacuerdo con el nombramiento a todas luces desacertado.

La Marina tuvo que rectificar el error y el nuevo director de la DINTEMAR es el Contralmirante Pedro García Llaque, un oficial sin manchas en su foja y que incluso ni siquiera firmó la famosa “Acta de Sujección” a Montesinos.

Sin duda, las Fuerzas Armadas deben cuidar este tipo de nombramientos cuestionados. Este es un ejemplo más de la necesidad que se tiene para diferenciar a los violadores de derechos humanos – y sus cçomplices legales – de los oficiales correctos y cumplidores de su deber. Los “espíritus de cuerpo” solo terminan haciendo más daño a la institución militar.