GUIA DEL DIA DEL NARCO


Hoy día he estado algo desconectado del mundo, pero, al volver a la blogósfera, me he percatado que varios hemos coincidido en tocar el tema que creo que debe preocupar más a la prensa y al país en general: el narcotráfico.

Así que veamos esta suerte de guía bloggera del día del narco:

El Fiscal, el APRA y el narcotráfico: Roberto Bustamante nos señala los vínculos familiares de la Fiscal de la Nación con personas del partido de gobierno y con el clan Zevallos. Preocupante saber que personal de confianza de la Presidencia del Consejo de Ministros – de la que, ojo, depende DEVIDA – está vínculada a una persona cuestionada por vínculos presuntos con el narcotráfico.

Los Infiltrados: Segunda parte de lo comentado por Bustamante, en este blog. Vean como la prima de la Fiscal de la Nación es la intermediaria con su posible reeemplazante y la historia del nexo mediático de Fernando Zevallos: José Mejía Regalado. La yapa: recuerden una de las razones por las que Benedicto Jímenez cayó en desgracia.

¿Cuál guerra contra el narcotráfico?: El ahora freelance Marco Sifuentes, sobre la base de una columna aparecida en Correo de Trujillo, nos recuerda a algunas de las joyas del partido de la estrella con vínculos con el narcotráfico. Casos clamorosos: el abogado aprista de los Wolfenson y de los Sánchez Paredes, los narcocandidatos a alcaldías en el 2006 o el jefe de los procuradores vinculado con los Zevallos. Y eso que no nos remontamos a casos como los de Manuel Angel del Pomar o Carlos Langberg, en los ochenta, a los que bien valdría la pena darles una nueva revisión, a la luz de lo que vemos hoy.

El columnista valiente: También del Utero de Marita y que nos demuestra los límites de las teorías conspirativas. Coincidiendo con varios comentaristas anónimos – y otros seudónimos – de este blog, el periodista Raúl Wiener se manda con una teoría conspirativa de campeonato: El Comercio ha tendido un tinglado para bajarse a Adelaida Bolívar para lo cual estaría utilizando a Luz Loayza. El señor se olvida que en Iquitos los sicarios están a la orden del día, las documentadas amenazas a Loayza y hasta los pedidos cachacientos de Zevallos para que la Fiscal vuelva a Maynas. Increible como la ceguera ideológica puede llevar a extremos de negación como estos. Bueno, si hasta Gustavo Espinoza Montesinos sigue pensando que Tarata fue obra de los militares…

Cuento incompleto: En su irónico estilo, Laura Arroyo Gárate les cuenta la historia completa del caso Bolívar – Loayza – Zevallos como para que hasta Raúl Wiener la pueda entender.

Luego de ver todo esto, tengo la sensación de que estamos solo ante la punta del iceberg. Creo que hay mucho más por ver aún en esta larga novela. Solo espero que su título no sea La Próxima Víctima.

UPDATE (07.02.2008):
Raúl Wiener intenta responder al post de Marco Sifuentes. Pero en el camino comete dos errores de marca mayor.

El primero, admitir que no leyó los informes de inteligencia que alertaban de las amenazas a Luz Loayza. Cuestión gravísima en alguien que es jefe de investigación de un diario. No me extraña dado que – modestia aparte – aquí tuvimos que presentar las pruebas que omitió en un reporte sobre las andanzas de Aldo Mariátegui en Tailandia, pagadas por Suez.

El segundo, no presentar pruebas sobre la presunta conspiración del grupo El Comercio contra Adelaida Bolívar. A estas alturas, Wiener solo balbucea las hepáticas columnas de César Hildebrandt, cuyos odios por la familia Miró Quesada y Fernando Ampuero (que trabaja para el Mercioco) ya cansan a estas alturas. Y solo esboza como prueba la acusación fiscal contra Fernando Rospigliosi, columnista de Perú.21. Vamos, la acusación contra Rospi era tan descabellada que las patrañas de Bolivar tuvieron que detenerse por falta de pruebas.

Francamente, a veces uno no entiende como personas como Wiener llegaron a manejar medios de comunicación. Y no por sus ideas, que son respetables a pesar que están en las antípodas de las mías, sino porque no hace lo que un periodista debe hacer: contrastar información y sustentar sus afirmaciones.

Don César Levano, por favor, mándelo a Bausate.

LOS INFILTRADOS

En estos últimos días el revuelo causado por el caso de la fiscal Luz Loayza se ha incrementado, debido a las acusaciones mutuas que han esgrimido ambos bandos de la contienda entre miembros del Ministerio Público.

De un lado, Loayza ha acusado a Adelaida Bolivar de obstruir las investigaciones del caso Zevallos – acusaciones que no son recientes -, mientras que la Presidenta de la Junta de Fiscales Supremos Gladys Echaiz señaló que no tuvieron informes sobre las amenazas a quien investigó el caso Fernando Zevallos. Con ello, intentó lavar la cara del MP e incluso acusó a Luis Alva Castro de no presentar dichos reportes. Con ello, Echaiz quiso justificar la decisión de enviar a Loayza a lo que parece ser una muerte segura.

Independientemente que las órdenes de un superior deban acatarse, lo cierto es que todos los indicios apuntan a que algo raro está pasando en el Ministerio Público en relación con el narcotráfico, por no decir que hay personas en dicha entidad que se estan coludiendo con el mayor flagelo a la seguridad del país.

Y hay pistas que indican que las conexiones de Adelaida Bolivar con el poder político le garantizan defensa segura.

Hoy Roberto Bustamante informa sobre la prima de la Fiscal de la Nación, Nilda Rojas Bolívar, quien es la actual Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. (Ver foto arriba).

Pues bien, Bustamante encontró un reportaje de la extinta revista Quinto Poder, en el que se señalaba, en relación con la elección de Bolívar, que:

No es novedad que la ‘candidata’ del APRA en el Ministerio Público era doña Gladys Echaiz, quien repentinamente dio su voto para que Adelaida Bolívar gane por unanimidad la titularidad de la Fiscalía de la Nación. ¿Qué pasó? Esa es una pregunta que ronda en el ambiente y requiere una respuesta inmediata. Según pudo conocer 5to Poder, el cambio de actitud de Echaiz –cuyo esposo es un connotado militante aprista–, se debió a una ‘negociación’ entre las citadas fiscales supremas, gracias a la intervención de Nilda Rojas Bolívar, dirigente nacional del APRA, allegada al congresista Jorge del Castillo y prima hermana de la nueva Fiscal de la Nación. De acuerdo con nuestra fuente, se habría convencido a Echaiz que desista de su intento de ocupar el cargo de la Fiscalía de la Nación, pues tenía todas las de perder frente a Bolívar, de quien se habría obtenido el compromiso que actúe con todo el rigor del caso en las hipotéticas acusaciones contra Alejandro Toledo y su entorno.

Y según la revista Caretas, a Echaíz le devolverían el favor en noviembre, convirtiéndose en la nueva Fiscal de la Nación. Ello explicaría porque anda con tanto cuidado con su actual jefa y defendiendo órdenes indefendibles.

Hay un dato más extraño aún. Quinto Poder no era cualquier revista, sino que estaba ligada al recientemente capturado José Mejía Regalado, hombre de confianza de Zevallos en el manejo de medios de comunicación. No en vano fue sintomático que, cuando Zevallos cayó en desgracia, fuera a través de este medio que Mejía Regalado intentara deslindar con su ex patrón.

Y Mejía tendría otros vínculos más por explicar. Como informó El Comercio el domingo:

En la época del primer gobierno de Alan García asesoró a muchos incautos parlamentarios apristas y de otras tiendas políticas, y lo mismo hizo durante los gobiernos de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Fue hombre de confianza de Absalón Vásquez, el ex ministro fujimorista, hoy preso por haber participado en la falsificación de firmas del partido Vamos Vecino.

Trabajó con Julián Cortez, un periodista de prensa y televisión vinculado a Fernando Zevallos, Nicolás de Bari Hermoza y Vladimiro Montesinos. También asesoró a los hermanos Winter, cuando el gobierno de Alberto Fujimori le quitó esa televisora a Baruch Ivcher, y fue informante en los programas de César Hildebrandt.

Últimamente fue asesor de Antauro Humala y de los parlamentarios de UPP Daniel Abugattas, Cenaida Uribe, Juvenal Silva, entre otros. Hasta la semana pasada, cuando fue detenido, era asesor principal del presidente del Gobierno Regional de Puno, Hernán Fuentes, quien apoya al presidente venezolano, Hugo Chávez.

Y no es la única conexión APRA – Zevallos. Cabe recordar que el año pasado se denunció que Benedicto Jiménez filtró los nombres de los policías que investigaban al narco a un allegado del mismo, el ex embajador en Panamá (y ex ministro fujimorista) Alfredo Ross Antezana.

Toda una historia que hace ver a Los Infiltrados como un juego de niños.

MAS SOBRE EL TEMA:
Roberto Bustamante: La Fiscal, el APRA y el narcotráfico

LA LAVAN CON POTENTE CARIÑO

La Fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, se encuentra en un severo aprieto y hasta ahora no se percata de su delicada situación.

A ello ha contribuido varios de los miembros del Congreso de la República, que convirtieron su presentación ante la Comisión de Justicia en un homenaje digno de los que hace Jeanet Barboza en su programa de los sábados. Básicamente, el fujimorismo, Unidad Nacional y el tránsfuga Torres Caro se convirtieron en los abogados defensores de la Fiscal de la Nación, por su decisión de mandar prácticamente a la muerte a la Fiscal Luz Loayza. Los congresistas apristas ni se aparecieron.

Peor aún, la decisión de enviar de vuelta a Maynas a Loayza acaba de ser ratificada, con lo que los sicarios de Fernando Zevallos deben estar alistando sus armas para atacar.

Pero cabe recordar que no es la primera vez que recaen sospechas sobre la Fiscal de la Nación. Hace algunos meses, el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosi denunció que el esposo de Bolivar tenia vínculos con Zevallos y que la actuación de la Fiscal en dicho caso había tenido un severo problema de lenidad.

Aun queda pendiente la investigación del Consejo Nacional de la Magistratura, que estaría por ser emitida este martes, por lo que la situación de la señora Bolivar, a pesar del blindaje parlamentario, sigue siendo de órdago.

Si las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley son las primeras en hacer el juego al narcotráfico, ¿qué nos queda a los ciudadanos?

MAS SOBRE EL TEMA:
Fiscal Luz Loayza: Esto es un castigo por haber denunciado a Fernando Zevallos
Jorge del Castillo: Es una obstinación insistir que Loayza retorne a Iquitos
Fernando Rospigliosi: La fiscal y los otorongos
Augusto Alvarez Rodrich: Club de fans de Adelaida

¿BOLIVAR INTENTA LIMPIAR A ALGUIEN?

Varios sucesos ocurridos durante el año pasado nos dan cuenta que el narcotráfico se ha convertido en el mayor problema de seguridad del país. Asesinatos de policías, la ausencia de una política clara en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el tráfico de drogas y las amenazas a jueces y fiscales que investigan a las mayores firmas del país son una muestra de los efectos que puede llegar a causar esta actividad ilegal en nuestro medio.

Es nítido también que la solución a este problema no pasa únicamente por la represión y persecución policial y judicial de los involucrados en actos ilícitos, sino también por la repotenciación de las zonas rurales, abandonadas durante varios años, en las que la brecha entre los ciudadanos y el Estado y el mercado genera un escenario proclive a la aparición de alternativas reñidas con la legalidad.

Sin embargo, preocupa que, además de la carencia de una política de desarrollo en la selva de nuestro país, se sigan registrando contradicciones en la persecución judicial del narcotráfico.

Es lo que ha ocurrido con la disputa entre la Fiscal de la Nación y el Ministro del Interior por la protección a la Fiscal Superior Luz Loayza, una de las profesionales del sistema de justicia que ha enfrentado, con valentía, a Fernando Zevallos, el máximo capo de la droga en el Perú. Lejos de la defensa de la vida ejercida por el Ministro Alva Castro – en uno de los pocos aciertos de su gestión –, Adelaida Bolívar nos ha sorprendido a todos con una frase poco feliz: “Todo fiscal debe trabajar afrontando los riesgos. Si no tengo el coraje para desempeñar la función, no tengo el perfil para asumir el cargo”.

No se trata, como sostiene la Fiscal de la Nación, de un problema de personas reñidas con la valentía, sino de las precauciones básicas que un magistrado debe tener para poder ejercer su puesto sin presiones de ningún tipo, lo garantiza, por un lado, sus derechos a la vida y a la integridad personal y, de otro lado, su independencia.

Este último aspecto es el que parece estar en carestía en las oficinas de la avenida Abancay. Como lo han demostrado varios medios de comunicación, varios fiscales han sido sorprendidos en conductas sospechosas: ¿Qué hace la fiscal del caso Sánchez Paredes acudiendo a una diligencia en una camioneta de sus investigados? ¿Por qué un fiscal en Cajamarca pretende coaccionar la libertad de expresión, al tratar de averiguar las fuentes que dieron a un diario la “lista blanca” de los más grandes narcotraficantes del país? ¿Podría explicarnos la Fiscal de la Nación porque los informes fiscales aun en reserva sobre los Sánchez Paredes los pudo conocer el Estudio Souza & Nakasaki, patrocinante de la cuestionada familia trujillana?

Hay una palabra que define a personas como la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, a los policías de DINANDRO que todos los días salen a enfrentar al narcotráfico o a fiscales como Luz Loayza. Pero parece que no se encuentra en el vocabulario común de muchas personas en el Ministerio Público, comenzando por su máxima representante. Comience a practicarla, señora Fiscal de la Nación: Coraje.

(Artículo publicado originalmente en Prensaperuana.com. Links añadidos para este blog)

MAS SOBRE EL TEMA:
Editorial de El Comercio: ¿Quién saca la cara por la legalidad?
Augusto Alvarez Rodrich: Unas piedras bien gordas
Fernando Rospigliosi: La Fiscal y el narcotráfico
CPN Radio: CNM investigará a Fiscal de la Nación
Correo: Procuradora Sonia Medina Calvo critica a Fiscal de la Nación

ROSPI VS. BOLIVAR: SEGUNDO ROUND

Como lo comentamos la semana pasada, la Fiscal de la Nación Adelaida Bolivar y el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosi mantienen una disputa por el inicio de una investigación fiscal en Arequipa a raíz de las dos muertes producidas durante los disturbios ocurridos en 2002.

La verdad es que el pleito ha tenido de todo: irregularidades en el inicio del proceso y comparaciones con violadores de un lado, y los ya conocidos adjetivos del columnista político por el otro.

Ayer hemos tenido un contraataque por parte de Rospi, que puede terminar involucrando a la Fiscal de la Nación en un asunto bastante serio.

En su columna de Perú.21, Rospigliosi acusa al esposo de Bolivar, el Coronel FAP (r) Luis Avila, de tener vinculaciones con el narcotraficante Fernando Zevallos, sobre la base de una declaración dada por el ex lugarteniente del conocido ex hombre de aviación, Jorge Chávez Montoya (a) Polaco. Los tres personajes han pertenecido, en algún momento a la Fuerza Aerea.

Aunque el ex Ministro se cura en salud y precisa que la declaración de un delincuente como “Polaco” debe tomarse con pinzas, lo cierto es que se dan elementos de juicio sobre la lenidad con la que Adelaida Bolívar actuó en el caso Zevallos: la separación de la Fiscal de Maynas que investigaba un segundo proceso contra el narco – que está sentenciado a 20 años de prisión por el caso “Los Norteños” – y su reemplazo por un personaje cuestionado por sus presuntos vínculos con el ex dueño de Aerocontinente. Este personaje es el Fiscal Eduardo Castañeda, quien no se ha inhibido de dicha investigación, a pesar que la Procuradora Antidrogas Sonia Medina Calvo, una ex jueza con fama de probidad y rectitud, se lo ha solicitado.

A tal punto llega la seriedad de la acusación que personajes tan disímiles en su opinión sobre Rospi como Carlos Basombrío y Mauricio Mulder coinciden en que la denuncia, por su gravedad, merece una seria investigación.

¿La delgada línea blanca ha llegado a tan altas esferas? La Fiscal de la Nación tiene la palabra.

KILL ROSPI

Estemos de acuerdo con él o no en sus posiciones – sobre todo, en el tema del narcotráfico – nadie puede negar la calidad profesional, la honradez y valentía que Fernando Rospigliosi ha tenido durante los últimos años, sea como funcionario público o como analista político.

Acido crítico de la gestión aprista en los últimos meses, Rospigliosi tiene que enfrentar una investigación fiscal – junto al ex Primer Ministro Roberto Dañino – por homicidio calificado, debido a las dos muertes causadas por la Policía durante los disturbios ocurridos en Arequipa luego de la frustrada privatización de las empresas generadoras de electricidad.

Ciertamente, la actuación política del gobierno de Alejandro Toledo en este tema fue lamentable, tanto por no explicar a los arequipeños porque varió su criterio sobre la privatización y porque era beneficioso hacer dicha concesión, garantizando que no se repetirían las tropelías del fujimorato, como por no controlar los excesos en la represión policial.

Sin embargo, hay dos puntos que pueden cuestionarse de dicho inicio de investigación.

El primero, que el homicidio calificado supone una voluntad de dolo. Y aplicar la teoría del dominio del hecho – es decir, la cadena de mando – en este caso no llevaría a Rospigliosi y a Dañiño, dos ministros a los que se pudo criticar su interperancia y terquedad en estos sucesos, pero no una voluntad de disparar bombas lagrimógenas contra el cuerpo. A lo sumo, el jefe de la Región Policial y del operativo de control deberían ser procesados por los hechos que causaron estas dos lamentables pérdidas de vida.

El segundo es que la Fiscalía de la Nación no ha procedido de manera regular en este caso, dado que a Rospigliosi y a Dañino les corresponde el beneficio del antejuicio en este caso, es decir, que el Congreso tenga que verificar si existen motivos para procesar a ambas personas. Sin embargo, la Fiscal de la Nación Adelaida Bolivar ha enviado el caso a Arequipa, saltándose la garrocha, e incluso no ha notificado a Rospigliosi de esta situación. El periodista se tuvo que enterar por un informante de la resolución.

Sin duda, Rospigliosi deberá enfrentar la investigación sobre este caso, pero no uno que se encuentra viciado en su inicio. La Fiscal de la Nación deberá seguirse absteniendo de comparar al ex Ministro del Interior con un violador como Leoncio Torres Ccalla y remitir la cuestión al Congreso, ente que finalmente decidirá el futuro de la cuestión. De no hacerlo, los rumores sobre la idoneidad de su gestión o los intereses políticos detrás de este caso seguirán creciendo.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: Jabón Bolívar.
Utero de Marita: Rospi: ¿asesino y violador?