LOPE, FUENTE OVEJUNA Y PALACIO DE GOBIERNO

Una broma que generalmente hago a mis amigos es preguntarles ¿Qué sería del mundo sin los abogados? Claro, el 99.99% de ellos me la devuelve al toque: Un lugar mejor. Y es que ciertamente, en muchas ocasiones, quienes hemos sido adiestrados en el arte de lo jurídico tenemos la tendencia de enredar todo o hacer piruetas con las normas y las sentencias para beneficiar al interés que se defiende. Basta ver a César Nakasaki decir en tono de letanía de Vigilia Pascual que no se ha encontrado nada a Fujimori a la salida de cada audiencia para comprobar lo que les digo.

Sin embargo, dicha manipulación es peligrosa cuando se da en el momento de formación de las leyes. Como bien lo pueden explicar mejor mis amigos lingüistas, una palabra te puede cambiar el significado de una frase. Y como lo sabemos los abogados, la introducción de una palabra, e incluso, de un signo de puntuación, puede alterar completamente el sentido de la frase.

Esto es lo que ha ocurrido con el texto de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), alterado para permitir la contratación de más asesores en los Ministerios, lo que en realidad, siendo deudores de las dotes de traducción de Carlos Ferrero, podría expresarse como “El Perú avanza, los apristas en puestos públicos, también”. La grosería fue hecha en el mismo Congreso, es decir, alteraron el texto ya aprobado para meter, de contrabando, el texto que permitiría a varios cantar “Es fin de mes, pagaron ya”.

La alteración de la LOPE me recuerda a una obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, en la que un crimen es cometido por toda una colectividad, que se refugia en la autoría de varios actores, los cuales se encubren los unos a los otros. Algo de eso hay en el ambiente en torno a este escándalo. Como bien lo resume Marco Sifuentes, por el momento, están involucrados el ex Oficial Mayor del Congreso, dos funcionarios de mediano nivel del parlamento y el desconocido congresista aprista Wilder Calderón (buenas tardes, José Alejandro Godoy, a sus órdenes). Pero analistas como Juan Paredes Castro y Juan Carlos Valdivia coinciden en que una investigación más exhaustiva podría arrojar a menos chivos expiatorios y a más responsables de alto vuelo.

Sin embargo, existe otro detalle de la LOPE que me llamó la atención y que tiene que ver con la regulación de las funciones de los vicepresidentes, un tema que mereció la atención de este blog durante el año pasado. El artículo 10° de la Ley, a la letra, dice lo siguiente:

“Los Vicepresidentes de la República cumplen las funciones establecidas en la Constitución Política del Perú y la Ley, y aquellas otras que les encargue el Presidente de la República. Pueden participar en las sesiones del Consejo de Ministros con voz pero sin voto. Forman parte del Despacho Presidencial”.

¿Cuáles son las consecuencias de esta norma?

1. Se intenta cubrir el ilegal nombramiento de Luis Giampietri como jefe de la APEC. Como mencionó Alvarez Rodrich en su momento, dicho nombramiento no era procedente y, en realidad, debió ser una función de la Cancillería.

2. Se pretende dar un manto de legalidad para la contratación de asesores para los Vicepresidentes. Al ponerlos como parte del Despacho Presidencial, tienen ahora un pliego asignado a ellos. Era lo que no ocurría hasta el año pasado, lo que hacía que las contrataciones de asesores no fueran legales.

Y como podrán imaginar, ya han aprovechado el pánico y han contratado un asesor más para Giampietri. Mejor, dicho, recontratado.

Hace algunos meses, les conté sobre José Antonio Delfín Jaime, ex asesor del Congreso y ex marino, que había sido contratado por PCM para la primera Vicepresidencia de la República. Un detalle a tomar en cuenta son los términos de referencia de su contratación, que reseñé de esta manera:

Los términos de referencia para la contratación son bastante claros: un ex miembro de la Marina de Guerra del Perú, con Maestría en Economía, con experiencia previa en cargos de asesoría de alto nivel. Las funciones, entre otras, se refieren al apoyo profesional para elaborar proyectos y presupuestos y la elaboración de proyectos de Ley sobre Defensa, Seguridad e Inteligencia. Este último punto, por cierto, bastante parecido a la función de un asesor parlamentario.

Eso, en cualquier parte del mundo, se llama contratación hecha a la medida. Algo que Giampietri conoce bien, pues así contrataron a su hermana en IMARPE. Pero la fórmula la han vuelto a repetir con Delfín Jaime, pues su nueva contratación se ha hecho bajo términos de referencia similares a los de su contrato anterior.

En otras palabras, si bien PCM puede alegar ahora la legalidad de su contratación, lo que no puede negar es que el proceso de menor cuantía al que nos referimos estaba arregladazo.

Ello nos indica la necesidad de ordenar mejor el aparato estatal, con normas claras sobre las personas a las que se contrata y sin aprovechar resquicios legales para seguir haciendo del Estado lo que es el lema de este gobierno: La Vida es un Carnaval.

Advertisements

UNA PRUEBA PARA EL PODER JUDICIAL

El señor al que ven entregando un diploma se llama Luis Mena Nuñez y es miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Mena es el representante de la sociedad civil dentro del gobierno de este poder del Estado, cargo al que llegó luego de haber sido Decano del Colegio de Abogados del Cuzco.

Pero este personaje no merecería estar dentro de esta lista selecta de personajes encargados de llevar a cabo lo que debería ser una reforma judicial – por cierto, ¿alguien se acuerda de ella? – que garantice los derechos de todos y que, de una vez por todas, evite que la judicatura sea la “pata coja” de la mesa institucional en nuestro país.

La semana pasada, el programa La Ventana Indiscreta denunció una serie de inconductas cometidas por Mena. De un lado, el uso de los vehículos asignados a su despacho para actividades extralaborales – como una asistencia al casino junto al Gerente del Poder Judicial -, cuestión que parece ser moneda común en varios funcionarios públicos.

De otro lado, y aquí viene lo más grave, este miembro de la cúpula del Poder Judicial ha gestionado la ayuda legal para ayudar a su amigo Julián Quispe Anchaya, personaje que tiene varios litigios pendientes con la Beneficiencia Pública del Cuzco. La mayor perla de este personaje es el no pago de una multa al INABIF que pudo servir para la atención de necesidades urgentes en la ciudad imperial, uno de cuyos inmuebles propiedad de la Beneficiencia es concesionado por Quispe para habilitar un hotel que nunca pudo ser explotado en las condiciones requeridas por el organismo estatal. Por el puesto en el que se encuentra, Mena no podia hacer este tipo de gestiones, al existir un claro conflicto de interés e influencias.

Pero no son las únicas perlas de Mena Nuñez, quien ha sido reelegido en dos oportunidades en el cargo que actualmente ocupa. Para comenzar, la última reelección de Mena por parte de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados fue bastante cuestionada, de acuerdo con un informe de Justicia Viva:

Y así, durante toda la reunión, Mena pudo opinar y hablar sobre todos los temas que se trataron, como si se tratara de un Decano en funciones, cuando -insistimos- ya no lo es, y se debió restringir su participación al momento en que se pasara a elegir al representante de la Junta ante el CEPJ.

Pero lo más grave no es esa participación irregular sino otro hecho que fue vox populi en el evento, y que nosotros preguntamos por su veracidad directamente a Luis Mena y a los decanos de los abogados allí presentes: ¿es cierto que antes de su elección, Luis Mena hizo varios regalos?

Se habla concretamente de cuatro regalos que van de menos a más. 1) Camisetas del club de fútbol Cienciano del Cusco a todos los decanos allí presentes. 2) El pago de un comunicado público de la Junta de Decanos contra la ley que restringe la participación de la sociedad civil en la OCMA. En la Asamblea, Mena se ofreció abiertamente pagarlo con sus propios recursos, y el comunicado llegó a salir publicado días después. 3) El pago de un almuerzo de todos los decanos que asistieron a la reunión, tan solo unos horas antes del acto de elección. 4) Los pasajes y estadías de un buen número de decanos o representantes que acudieron a votar.

Como hemos dicho, solo tenemos la versión de algunos Decanos y periodistas, razón por la que no afirmamos que estos hechos se hayan producido, pero sí creemos necesario que haya un esclarecimiento y qué mejor forma que preguntar directamente al propio Mena y a los decanos: ¿se hicieron o no estos regalos antes de la elección? Porque si son ciertos es evidente que estaríamos ante unas elecciones cuestionables.

Por cierto, hasta ahora la respuesta de Mena se espera. Pero no es su única perla.

Mena ha sido uno de los pocos defensores de Angel Romero, el destituido ex Presidente de la Corte Superior de Lima, expulsado del cargo por ir en contra de un precedente obligatorio del Tribunal Constitucional. Mena fue uno de los que votó en contra de la suspensión de Romero. Asimismo, el ya citado reportaje de Marco Antonio Vásquez registró otras cuestionadas resoluciones en su actuación como parte de los órganos de control del PJ:

Unas de las funciones del doctor Mena es revisar las sanciones que impone la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). El año pasado, Luis Alberto Mena votó en contra de las sanciones que la OCMA, presidida por la vocal Elcira Vásquez, impuso a varios jueces cuestionados en el país. Por ejemplo, votó contra de la sanción impuesta a los jueces de Chiclayo que fueron sorprendidos bailando y celebrando con su propio procesado. Por si fuera poco se opuso también a la sanción al juez que liberó a los delincuentes que secuestraron al desaparecido empresario Li Chau.

Ya varios organismos de la sociedad civil – como el Colegio de Abogados de Lima – han pedido una investigación que ahora estará en manos de la OCMA. Y sus colegas abogados también debieran pensar en una sanción para este personaje que refleja muchas de las debilidades de una profesión que se ha visto desprestigiada durante muchos años.

Si otorongo no come otorongo, ¿juez comerá juez? El Poder Judicial tiene la palabra.

MAS SOBRE EL TEMA:
Justicia Viva: El escándalo Mena Nuñez

REFLEXIONES DE INICIO DE CARRERA

Para Beatriz Boza, Javier Ciurlizza, Eduardo Dargent, Javier Neves y Elizabeth Salmón. Se ganaron el justo derecho de llamarlos maestros

Toda historia tiene su inicio y su final. La mía en la PUCP tendrá su conclusión este viernes. Pero comienza otra, en la que el Derecho, de alguna u otra manera, estará presente. Y es por ello que me tomo la libertad de dejar a un lado la reflexión coyuntural para, en voz alta, dar algunas pequeñas ideas respecto a la vocación que escogí y a lo que he podido aprender en estos años. Más que un compilado contaminado de juridicidad, es un testimonio personal.

Ciertamente, los abogados nos hemos ganado una mala fama. Se nos acusa de enredados, corruptos, poco consecuentes con la justicia, manipuladores del lenguaje y capaces de defender hasta al mismísimo Satanás. No en vano nos hemos ganado dicha impresión. Muchos colegas han hecho de la profesión ciertamente algo reñido con la competencia profesional, la ética y la defensa de los valores democráticos. Mencionar ejemplos sería ocioso, pues todos nos hemos topado con un letrado que tenga alguna de estas características. Y claro, cuando hago con sarcasmo la pregunta: ¿qué sería del mundo sin los abogados?, 9 de cada 10 personas me responden: un lugar mejor.

Cuando escogí la carrera de Derecho – luego de dilucidar entre Historia y Periodismo como otras opciones – lo hice consciente de esa mala imagen de la profesión. Y también lo hice en un momento particular de nuestra historia: cuando la ley era manipulada por una dictadura de manera tal que podía permitir arbitrariedades mayores y las instituciones eran absolutamente maltratadas. Ese fue un primer impulso para plantearme el camino jurídico: evitar que el colapso institucional sea mayor.

A pesar que la caída del régimen autoritario se produjo antes que entrara propiamente a la Facultad, creo que ese reto sigue presente. Aunque en menor medida, los recursos legales son utilizados como armas para la arbitrariedad y el gobierno que tenemos ahora no es precisamente fanático de la consolidación institucional, más allá de medidas aisladas. Ser abogado en el Perú implica lidiar con esta precariedad, pero también nos impone un reto: hacer que la institucionalidad se pueda consolidar. Buena parte de esa inquietud ha sido plasmada en la mayor parte de los cerca de 900 posts que tiene este blog en casi tres años.

En el camino recorrido he ido aprendiendo varias lecciones profesionales y personales. Quizás la primera de ellas es que, ante todo, somos seres humanos, que debemos preguntarnos quienes somos y que queremos. La respuesta a estas inquietudes no será la misma conforme andamos en el tiempo, pero si persiste una esencia personal en cada afirmación que damos a dichas interrogantes. Como alguien me dijo: La cantidad y calidad de tus dudas deben alegrarte más que preocuparte, pues son una señal de que estás “vivito y coleando”.

La segunda, es que no se puede ser un buen abogado – mejor dicho, un buen profesional – si es que no se adquieren destrezas, competencias y conocimientos. ¿Qué implica ello? Para quienes optamos por esta locura llamada Derecho, pues nos lleva a leer harto, hacernos varias preguntas, intentar mejorar cada día nuestra redacción y nuestra expresión oral. Si no contamos con las herramientas necesarias para pensar jurídicamente – ojo, hablo de pensar y no de paporretear códigos, pues las leyes siempre pueden cambiar -, pues ofreceremos un mal servicio a la persona que nos contrata y seguiremos contribuyendo a la mala imagen que tenemos ante buena parte de la sociedad.

Una tercera, que me toca de manera cercana, es tener en claro que nos proyectamos a la comunidad en la que vivimos. En apariencia, alguien que se dedica a ver los impuestos de una empresa no tiene la misma proyección social que dar que alguien que tiene como tema central la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el mismo hecho de ser honesto con el trabajo que se hace, tener en cuenta las consecuencias de los actos que se van a avalar ya implica tener en cuenta a quienes te rodean y constituye un gran paso para sacudirnos del prurito de defensores de lo indefendible.

Como pretendo ser algo breve, dentro del desborde verbal que caracteriza a este espacio, me permito cerrar con una comprobación. Los abogados no tenemos la última palabra sobre todo. Aun en sociedades como la nuestra, se sigue pensando que los hombres de leyes manejan todos los temas y tienen respuestas para todo. Con el pasar de los años, me doy cuenta que necesitamos de nuestros amigos antropólogos, comunicadores, sociólogos, economistas, lingüistas, filósofos y un largo etcétera para poder comprender – o intentar comprender – la compleja realidad del mundo de hoy. La palabra multidisciplinariedad es síntoma de estos tiempos.

Una mención final para quienes puse al inicio de este post. Quienes veo como maestros y amigos – y no solo como meros docentes – me enseñaron a ver muchas de estas cosas que les he comentado, a través de distintas áreas tan disímiles como el conocimiento de la responsabilidad profesional y con nosotros mismos, la defensa de la dignidad del ser humano, la reflexión teórica pura y aplicada y las herramientas para pensar jurídicamente desde lo laboral y lo internacional. Y por supuesto, tener en cuenta que hay un mundo más allá de lo jurídico que es interesante vivir y sentir.

Decía al inicio que todo tiene un inicio y un final. Ciertamente este post también lo tiene. Pero no quiero cerrar esta reflexión meramente personal sin preguntarme si, luego de 50 años de egresado, tendré la misma intensidad con la carrera que escogí que la que tengo ahora. Quizás la mejor respuesta esté en una frase que le robo a Frank Lloyd Wright: La juventud es un estado de ánimo. La juventud implica ideas frescas, audacia e ir siempre detrás de la verdad. El tiempo me dirá si es que ese ánimo que quiero conservar hasta que la vida me indique la puerta de salida se habrá mantenido. El intento de hacerlo comienza hoy.