Covid: el gobierno y los privados

Reunión entre miembros de la CONFIEP y el gabinete ministerial, realizada la semana pasada. Fuente: PCM

Durante las últimas semanas y, sobre todo, en los últimos días, han aparecido voces que señalan la necesidad de una mayor colaboración entre el sector privado y el gobierno para enfrentar la pandemia del Covid 19. Ejemplos de ello son las columnas de Juan Carlos Tafur y David Tuesta aparecidas ayer en La República y El Comercio, respectivamente. O algunos tuits del economista Carlos Ganoza Durant. Y estos son solo algunos ejemplos.

¿Esta situación de falta de colaboración entre lo público y lo privado es real? Luego de algunas indagaciones, podemos concluir que la respuesta es que, parcialmente, lo es. Conversando con varias personas cercanas a distintos sectores (empresas, academia y Estado), podemos afirmar que:

a) En efecto, desde el sector privado hay dos tipos de preocupaciones. De un lado, no sienten que hayan suficientes iniciativas público – privadas conjuntas y que otras hayan sido rechazadas o demoradas en su implementaciones. Indican que hay puntos en los que pueden apoyar como reparto de alimentos, mejora del contact tracing para detectar y aislar enfermos de Covid, entre otras. De otro lado, consideran que algunos sectores en específico no están alineados con el Ministerio de Economía y Finanzas para reactivar.

b) En el gabinete hay división sobre el rol que le deben tocar a los privados. En algunos casos, por el temor a que una apertura mayor de las actividades económicas conlleve una nueva saturación del sistema de salud. En otros casos, porque hay una desconfianza hacia algunos sectores empresariales, en parte por la posición que tuvo CONFIEP hacia la disolución del Congreso de la República, en otra por necesidad de desmarcarse de la etiqueta de “gobierno neoliberal” que se le ha puesto desde la izquierda.

c) Desde fuera, se ve que hay razón de ambas partes. En efecto, el gobierno podría ser más proactivo en buscar la colaboración de otros actores, pues la respuesta frente a la pandemia ha sido básicamente estatal – con lo positivo y negativo que ello conlleva -. Pero no todos ven en los reclamos empresariales necesariamente una vocación altruista por apoyar, sino la posibilidad de hacer buenas relaciones públicas, así como una crítica al gobierno por no ser más liberal en materia económica.

¿Por qué se presenta este fenómeno?

Una primera ecuación tiene que ver con la naturaleza de este gobierno. Martín Vizcarra proviene desde la política regional, cuestión que obliga a que sea un actor naturalmente desconfiado, tendiente a evitar los círculos de poder de cualquier tipo y a desarrollar sus estrategias en personas de absoluta confianza. Es alguien que, además, en su relación con la empresa privada ha estado acostumbrado a un trato más distante del que han tenido sus predecesores. En los libros de Rafaella León y Martín Riepl sobre Vizcarra se da cuenta de sus complicadas relaciones con Southern Perú y cómo supo aplicar, en determinados momentos, la estrategia del garrote y la zanahoria cuando era gobernador de Moquegua. De hecho, la experiencia ocurrida con PPK, donde varios de los ministros provenían de grandes empresas privadas, hizo que el gobierno buscara desmarcarse un poco de este perfil.

Un segundo punto fundamental, poco profundizado por los analistas, es la crisis de confianza existente en el sector privado, presente no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en varios sectores de la sociedad peruana. Sin duda alguna, buena parte del origen de este punto tiene que ver con los grandes casos de corrupción revelados en los últimos años – Lava Jato y Club de la Construcción -, las indagaciones sobre financiamiento irregular de campañas electorales – lo ocurrido con el aporte de Dionisio Romero Paoletti a Keiko Fujimori en 2011 es el ejemplo más representativo – y un problema que ya venía desde la década de 1990: mala atención al usuario, sobre todo en las empresas que tienen mayor relación con el ciudadano (retail, bancos, telefonía, luz).

Este último punto se ha agudizado durante la pandemia, tanto frente a la poca difusión de algunos mecanismos para acceder a reprogramaciones de créditos o casos puntuales en los que los usuarios no podían acceder a nuevos financiamientos bancarios o reprogramación de sus deudas. A ello se ha sumado la demora no explicada por las tiendas por departamento sobre los pedidos que han tenido pendientes de entrega antes que reiniciaran sus labores de comercio electrónico. Todos los días, en las redes sociales, aparecen quejas sobre estos puntos. Lamentablemente, tanto las cuestiones vinculadas a crisis de confianza como de credibilidad no han sido vistas con claridad por varios de los agentes económicos, lo que ha generado más sospecha, menor confianza y, sobre todo, un silencio ensordecedor.

A esto se ha sumado lo ocurrido con los créditos del programa Reactiva Perú. En una práctica poco común, el Ministerio de Economía y Finanzas reveló cuáles eran las empresas que habían accedido a estos créditos. Y aquí la prensa hizo su trabajo. Ojo Público detectó que algunos préstamos otorgados por entidades del sistema financiero fueron recibidos por empresas investigadas por casos de corrupción o que tenían empresas off shore en el extranjero. Otros países han impedido que este tipo de compañías sean beneficiarias de este tipo de programas. Aquí es necesario que el MEF haga una corrección severa para evitar que esto se vuelva a repetir. De hecho, hoy el presidente Vizcarra tuvo que hacer un anuncio en ese sentido, ante la ausencia de respuesta clara por parte del MEF.

Más discutible es lo que ha ocurrido con los créditos otorgados a grandes empresas que han despedido trabajadores o que han entrado a suspensión perfecta de labores. Para algunos, debió ser un requisito explícito que aquellas empresas grandes que recibían estos beneficios no tuvieran que recurrir a estas medidas y que debió priorizarse aún más a las PYMES. Otros consideran que las empresas grandes, por su volumen, requerían de ambos tipos de reglas y que, en casos como los medios de comunicación, arrastran una crisis severa de modelo de negocio desde hace años que terminó de reventar con el Covid 19. Sin embargo, es muy claro que la imagen de los bancos y de las empresas a las que se concedió estos créditos ha quedado significativamente mellada. Y sobre esto, hay que decirlo, nadie – ni en el sector privado ni en el Ejecutivo – se han pronunciado.

Un tercer punto tiene que ver con la visión que ha tenido el gobierno sobre la pandemia. Básicamente se ha tratado de un esfuerzo estatal, donde la recurrencia a terceros ha sido mayor con la academia y los gremios profesionales, pero menor con las empresas. Recién en las últimas semanas comienza a existir una visión más amplia de recurrir a esfuerzos mayores de concertación, en parte porque el gobierno no tiene los operadores suficientes para ejecutar todo. Pero también porque ha comenzado a comprender que se ingresa a una nueva etapa y se requiere un cambio de estrategia. A la par, algunas personas en el Ejecutivo han comenzado a dejar la mirada que achacaba exclusivamente al “aprofujimorismo” las críticas a su desempeño durante la pandemia.

Pero una última pregunta se impone: ¿realmente el sector privado peruano es, per se, mejor que su Estado? Hay claros y nítidos ejemplos que, en varias áreas, tiene mejor flexibilidad y logística para desempeñar bien sus tareas. Pero también es cierto que hay empresas que tienen fallas. Son evidentes los severos y groseros fallos del sector retail para el envío de productos de distinto tipo a sus consumidores y más aún, las gruesas fallas de comunicación para dar una respuesta a cada usuario sobre su caso.

En resumen, es importante que se convoque a todos los sectores para poder apoyar en una cruzada nacional como la que es enfrentar, en simultáneo, tanto la pandemia como las consecuencias económicas de la misma. Pero también la empresa privada tiene que hacer un severo mea culpa sobre las responsabilidades pasadas y presentes sobre su comportamiento ético y frente a sus usuarios. Sin este último componente, no podrá haber un nuevo pacto sólido entre Estado, empresas y sociedad.

Y de lo contrario, un gobierno como el que están temiendo en algunos círculos empresariales se hará realidad.

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