¿Es Martín Vizcarra un gobernante autoritario?

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(Foto: El Comercio)

Hace un par de semanas, el expresidente estadounidense Barack Obama publicó en su cuenta en Facebook una lista con los libros que más le habían gustado en 2018. Entre ellos, resalta un volumen con un título bastante provocador: Cómo mueren las democracias, cuya edición en castellano ya se puede conseguir en Lima.

Este texto, escrito por los politólogos y docentes de la Universidad de Harvard Steve Levitsky – un viejo conocido del Perú – y Daniel Ziblatt, trata de explicar las razones por las que líderes populistas de diverso signo ideológico han constituido, tanto en el siglo XX como en la centuria actual, uno de los mayores peligros para la democracia.

En particular, ambos autores buscan explorar, a partir de lo ocurrido en diversas partes del mundo, cómo fue posible el ascenso de Donald Trump y cómo evitar que un liderazgo como el suyo sea nocivo para la preservación de uno de los sistemas políticos más consolidados del mundo. Y parten desde una premisa que Levistky ya ha explorado en otros libros y que a los peruanos nos parece conocida: las democracias ya no solo caen por efecto de una tanqueta, sino (y sobre todo en los últimos 25 años) a través del ejercicio tiránico del puesto.

En América Latina, Alberto Fujimori fue el triste precursor contemporáneo de una tendencia que luego siguieron Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y, en menor medida, Evo Morales (aunque anda dando pasos seguros a incorporarse al primer grupo) y Rafael Correa. Desde distintas orillas ideológicas, muchos temen que Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador vayan en esa dirección (aunque solo el primero parece dirigirse aceleradamente, por ahora, en ese rumbo).

En los últimos meses, sobre todo desde que lanzara el referéndum, nuestra “coalición conservadora criolla” ha buscado colocar como idea que el actual Presidente de la República es un gobernante autoritario y que está en un camino de copamiento institucional muy similar al que tuvo Fujimori en la década de 1990. Este grupo de personas esgrime razones muy variadas por las que Martín Vizcarra estaría en esta vía: “tapar la corrupción” de “sus aliados” (léase, Alejandro Toledo, Susana Villarán, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski), “encubrir su propia corrupción” (entiéndase, el caso del aeropuerto de Chinchero) o tratar de tapar “su incapacidad como gobernante”.

¿Es esto cierto? Lamento desilusionar a mis seguidores conservadores, pero la respuesta es negativa, en un doble sentido.

Vizcarra no se ha apoderado de ninguna institución pública. En toda su actuación, ha utilizado las armas que le otorga la Constitución para presentar sus iniciativas: referéndum, comisiones del Poder Ejecutivo, envío de proyectos de Ley al Congreso. Tampoco ha forzado mecanismos de corrupción para alcanzar sus objetivos. Ha hecho, hasta ahora, política pura y dura, dentro de los cauces institucionales. Y, además, no ha buscado la disolución del Congreso de la República.

Para salir de dudas, Levitsky y Ziblatt hacen un examen sobre los indicadores clave de un comportamiento autoritario, que se basa en cuatro aspectos: rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego, negación de la legitimidad de los adversarios políticos, tolerancia o fomento de la violencia y predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición. En ninguna de las preguntas vinculadas a estos aspectos se obtendría una respuesta afirmativa. Compruébenlo ustedes mismos:

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(Fuente: Levitsky y Ziblatt 2018: 33 – 35)

No faltarán quienes digan: “Pero Keiko Fujimori, que es la lideresa de la oposición, está encarcelada”. Pero no es por acción del gobierno. Como lo han señalado ya dos instancias del Poder Judicial, hay serios indicios de comisión de delitos, así como de obstrucción de la justicia. Y, para mayor garantía, al negar el asilo a Alan García, Uruguay terminó confirmando ante la comunidad internacional que cumplimos con los estándares mínimos de una democracia.

También habrán los que indiquen: “pero el proyecto sobre el Ministerio Público constituye una intervención sobre otra institución”. La iniciativa, en particular, no genera un organismo interventor al estilo Blanca Nélida Colán, como se hizo en los noventa, por lo que vocación de control no tiene. Discusión distinta es la de si es la medida más conveniente o si pasaría un estándar de inconstitucionalidad. Y, claro, es necesario mencionar también, como apunta hoy Andrés Calderón, que tanto el MP como el Congreso de la República tienen la llave para salir del señor Chávarry con celeridad y con el menor costo institucional posible.

Descartada la intención autoritaria, quedan las tres críticas hechas desde nuestra “coalición conservadora criolla”. Y las tres no pasan una prueba de sustento.

Como bien refirió Marco Sifuentes en su columna de ayer: “Humala y Heredia fueron a prisión, como ahora Keiko; y la situación de García es de lejos mejor que las de Villarán y PPK, a quienes sí les allanaron las casas y les congelaron las cuentas”. Añado a ello: el proceso de Toledo sigue las rigideces de un tratado de extradición bastante formalista y que, antes de llegar a un juez federal en California, requiere un previo examen de los Departamentos de Estado y de Justicia. Nadie en su sano juicio defiende a estas personas y sus inconductas – muchas de ellas, con contenido penal -, por lo que esta cuestión queda sin sustento.

El caso Chinchero es más sencillo de explicar: un mal contrato no supone un delito. Y ese mal contrato proviene desde el gobierno de Humala. Tampoco hay evidencia que involucre al Presidente actual en ilícitos penales en torno a este tema.

Finalmente, no está mal que el Presidente de la República se compre el pleito anticorrupción. Por el contrario, se trata de una materia que, durante los últimos años, ha sido considerada como una de las dos más importantes para los peruanos. Por tanto, indicar que “se tiene que ocupar de otras cosas” resulta ser una falacia. En lo que sí coincidimos es en que el Poder Ejecutivo debe mejorar su performance sectorial, buena en algunos casos, discreta en otros.

A la luz de la lectura del libro de Levitsky y Ziblatt, queda una pregunta por dilucidar: ¿estamos en peligro de consagrar a un líder populista autoritario en 2021? Intentaremos responderla en un siguiente post, en los próximos días.

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