Comisiones Investigadoras: una evaluación

Rosa Bartra
Rosa Bartra y los viejos defectos de las comisiones investigadoras (Foto: Gestión)

La semana pasada, el Congreso de la República se enfrascó en la discusión sobre los informes de la Comisión Investigadora sobre el caso Lava Jato, presidida por la parlamentaria Rosa Bartra. Al final, la mayor parte de congresistas aprobó el documento encabezado por la congresista fujmorista y rechazó discutir el documento presentado por Humberto Morales (Frente Amplio) en minoría.

Existe un consenso entre especialistas sobre los defectos serios del informe Bartra. Lejos de añadir elementos nuevos de juicio tanto para las indagaciones del Ministerio Público como para el examen histórico, el manuscrito redunda en hechos ya conocidos, antes que en acontecimientos nuevos. Además de la inexplicable exclusión de Alan García y Keiko Fujimori de responsabilidades políticas, el informe Bartra no suma ni siquiera para el objetivo último que tenía el fujimorismo con este grupo de trabajo: hundir políticamente a sus rivales.

Pero el informe Morales tampoco supera la valla. Si bien incluye a García y a Fujimori, la evidencia que anota tampoco es concluyente para la imputación de delitos. En general, tanto los documentos en minoría como en mayoría carecen de un buen análisis político y jurídico de los hechos que tenían entre manos indagar.

Solo por citar un ejemplo, en el reciente libro del politólogo Francisco DurandOdebrecht. La empresa que capturaba gobiernos” existen muchos mayores elementos de contexto que permiten establecer una historia más cabal de lo ocurrido con el caso Lava Jato. Más allá de la discusión sobre la aplicación del concepto “captura del Estado” a esta trama de corrupción, lo cierto es que hay eventos nuevos que permiten trazar una historia que se remonta a las postrimerías del gobierno de Morales Bermúdez, así como eventos que permiten arribar a algunas conclusiones dirigidas a mejorar la transparencia, la contratación pública y los planes de infraestructura en el Perú.

De hecho, la intención primigenia de las comisiones investigadoras es a)  hacer un buen recuento de hechos, b) evidenciar problemas legislativos y de política pública y c) presentar recomendaciones de modificación legislativa o cambios en la actuación institucional. Palabras más, palabras menos, lo que hace Durand en su libro. Y, por cierto, nada de lo que presenta el informe Bartra.

El problema es que nuestras comisiones no se concentran en ello, sino en posibles aspectos penales. ¿Por qué?

Una primera respuesta sería un supuesto apoyo a la acción de la justicia. Sin embargo, existe unanimidad entre los agentes del sistema de justicia – en particular, jueces y fiscales – en que los informes de las comisiones investigadoras, en su mayoría, han tenido aportes muy acotados en los procesos judiciales que se han seguido tanto en casos de corrupción como de violaciones a los derechos humanos (las dos materias que más han ocupado a este tipo de grupos de trabajo). Lo mismo señala José Ugaz en su libro “Caiga Quien Caiga”, sus memorias como Procurador Anticorrupción.

Un segundo argumento sería aportar elementos para posibles acusaciones constitucionales o infracciones a la Constitución. Sin embargo, este tipo de procesos puede tramitarse en forma independiente, como lo demostraron las acciones parlamentarias en el caso del vocal supremo César Hinostroza o de los exmiembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura.

Así, solo queda un argumento en pie para este tipo de indagaciones: el uso de las mismas como arma política para invalidar o sacar de carrera a rivales políticos. Cuestión que es evidente que no puede sostener este tipo de grupos de trabajo.

Es cierto que no todas las comisiones investigadoras han seguido, necesariamente, este patrón. Y que algunas han tenido buenos resultados en sus indagaciones. El informe Ames sobre la matanza de los penales, el documento sobre el caso La Cantuta elaborado por Roger Cáceres, las revelaciones de los narcoindultos hechas por el grupo de trabajo encabezado por Sergio Tejada o la hoja de ruta sobre el caso Lava Jato plasmada por el exparlamentario Juan Pari son algunos ejemplos de ello.

En esa línea va la comisión investigadora sobre abusos a menores encabezada por el congresista Alberto de Belaúnde. Lejos de hacer un trabajo para la búsqueda de titulares, se realizan sesiones que apuntan a los elementos básicos de una comisión investigadora. Y, a tal punto llega la prudencia que, previendo que estamos ante un tema mayor, De Belaúnde propondrá la creación de una Comisión de la Verdad por parte del Poder Ejecutivo. Una iniciativa que ya tenía en mente, pero que fue frustrada por el gobierno de PPK.

Por ello, debemos repensar el mecanismo de las comisiones investigadoras, tanto a la luz de buenas prácticas parlamentarias (que las hay, como ya hemos anotado), como sobre posibles ajustes legislativos. Por ejemplo, se podría acotar su alcance en temas penales. Y deben concentrarse en cambios legislativos y de política pública. Es un tema que debería tomarse en cuenta para un segundo impulso reformista, luego del referéndum del 9 de diciembre.

 

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