¿Cómo enfrentar el legado de la violencia?

Abimael Morote
El abrazo del terror (Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

La semana pasada, la opinión pública peruana se vio conmocionada por la decisión judicial que otorgó arresto domiciliario a Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo, integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso. Cada vez que un sentenciado por terrorismo sale de prisión – debido al cumplimiento de su pena y/o a la demora en los procesos pendientes contra los integrantes de la mayor banda criminal de nuestra historia – nuevamente se desatan pasiones que creíamos bastante dormidas.

Es innegable y comprensible el rechazo que despiertan estas decisiones. Sendero Luminoso fue una organización subversiva y terrorista que inició un conflicto armado interno que desangró a la sociedad peruana y que cobró una alta cantidad de víctimas mortales, la mayor en la historia republicana. Los miembros de su cúpula no han expresado – a diferencia de lo ocurrido con varios integrantes del MRTA – arrepentimiento alguno por sus crímenes. Y, peor aún, sus abogados, familiares y algunos jóvenes que se han adherido a sus ideas propugnan una inaceptable amnistía que saque de la cárcel a estos criminales. Estos sentimientos, sin duda, son legítimos.

Pero, además, salen a la luz otras manifestaciones con menos asidero. El incumplimiento de decisiones judiciales que, aunque controvertidas, se ajustan a derecho. La reivindicación de un indultado autócrata que se preció de “derrotar al terrorismo”, pero cuyo fantasma sobre su posible resurrección es agitado por sus sucesores. Ciudadanos que alucinan que la única forma de acabar con el terror es a lo Rambo, olvidando que los repudiados senderistas fueron capturados con las armas de la ley, gracias al GEIN y a valerosos policías y militares. Y, por supuesto, irresponsables congresistas que ya se ven proponiendo leyes de amnistía porque pretenden seguir confundiendo a nuestros héroes con la gente que deshonró el uniforme de Grau y Bolognesi.

En otras palabras, el miedo, la desesperación y los reflejos autoritarios terminan ganando a un sector de ciudadanos. Y, en su variante más dura, se llega al terruqueo.

Durante los últimos días, se han propuesto una serie de soluciones legales y policiales que miran una importante arista del problema: es necesario que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan bien su trabajo y culminen los casos Soras y Tarata a la brevedad posible, con las más altas penas para los involucrados, de acuerdo a su responsabilidad. Y lo mismo con el caso Perseo, que se concentra en la conexión entre los cabecillas senderistas y los miembros del Movadef.  Sin duda, ello cerraría el círculo que, con la salida de Morote y Liendo de la cárcel, se ha vuelto a abrir.

No es la única tarea legal en ciernes. Lo ocurrido con los casos Soras, Tarata y Perseo es lo mismo que viene ocurriendo con procesos recaídos sobre agentes del Estado. Los juicios orales en casos emblemáticos como Cabitos y Accomarca, por solo mencionar dos ejemplos, han durado más de cinco años. Ello es inaceptable tanto para los familiares de las víctimas – varios de los cuales han muerto en el camino – como para los mismos acusados (aunque, muchas veces, son sus abogados quienes han dilatado estos procesos). Cuando algunos políticos se llenan la boca diciendo que “hay casos que duran 30 años”, olvidan que han mediado juicios (inválidos) en el fuero militar, la Ley de Amnistía de 1995 y las demoras judiciales atribuibles tanto al sistema procesal peruano como a los abogados de los acusados. Es necesario, por tanto, que la Sala Penal Nacional recupere su especialidad exclusiva para estos casos y, de una vez por todas, los cierre con sentencia.

No hay que olvidar tampoco como llegamos a esta situación. Los defensores de las cadenas perpetuas a mansalva de la década de 1990 olvidan que estos juicios no cumplieron con las garantías del debido proceso. Y que tuvimos que anularlos ante sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Tal es así que el propio Fujimori – el principal responsable de esta situación – tuvo que crear una comisión ad hoc para indultar a personas que eran inocentes. Y los juicios realizados en democracia no solo cumplieron con las reglas del debido proceso, sino que aseguraron altas penas para los terroristas, en base a sus responsabilidades individuales. Podemos discutir las penas impuestas, pero lo cierto es que los procesos fueron ejemplares.

Pero la solución no queda únicamente en el plano estrictamente legal y policial (vinculado, sobre todo, al seguimiento necesario a los sentenciados por terrorismo que salen por cumplimiento de penas). Es cierto que el caso Perseo probablemente deje a los líderes de Movadef en una prisión que, por su edad, terminará en una suerte de cadena perpetua en la práctica. Pero lo cierto es hay un conjunto de jóvenes que se ha visto persuadido de una ideología fundamentalista. Por ello, conviene prestar atención al espacio educativo, como señaló Roberto Bustamante hace un lustro:

El asunto es que, como país, no terminamos de ocuparnos de las escuelas. Estas siguen siendo espacios violentos, que generan un sentimiento de desapego en muchos niños y niñas del Perú. ¿Qué clase de ciudadano sale de un colegio lleno de rejas, donde el profesor está esperando con una vara a que termine el recreo para golpear a los alumnos para que regresen al aula? ¿Qué pasa cuando el profesor le dice al alumno que su forma de hablar el español es “motosa” y que debe “aprender a hablar bien”?

No cabe duda que la enseñanza (crítica) sobre el periodo de violencia es necesaria. Como docente universitario, compruebo que los jóvenes requieren información sobre un lapso de tiempo que ven como lejano, pero sobre el que, en muchos casos, quieren conocer. Y ello no solo implica que los alumnos conozcan el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación o vayan al LUM. Sino que realmente nuestras escuelas y universidades sean lugares donde el docente no sea el único propietario del saber, sino que enseñe a aprender a sus alumnos, en forma democrática.

Por supuesto, también implica que nuestros partidos den una respuesta. Como refirió hace algunos años Martín Tanaka, ello implica denunciar “claramente lo que Sendero Luminoso es, un grupo terrorista, homicida. Y si ellos se paran delante tuyo y te gritan consignas a favor de Abimael Guzmán, lo que hay que hacer es pararse y gritarles también en la cara que repudiamos a los asesinos y terroristas”. Nada más, nada menos. El debate con el fundamentalismo resulta una tarea imposible.

Y también es necesario que nos asumamos como una sociedad post conflicto. Algo que significa apreciar que existen comunidades andinas y selváticas en las que conviven, en un mismo espacio, perpetradores y víctimas (así como sus familias). En donde el periodo de violencia fue aprovechado para venganzas privadas. Conociendo que la mayor parte de víctimas provino de los sectores más excluidos de nuestra patria. Y donde, en las ciudades (sobre todo en Lima), vivimos con el panorama descrito por Marco Avilés:

Pensemos en el cuarentón de la camioneta. También en quienes ahora dirigen el país, desde el Gobierno hasta las empresas. Son los jóvenes que durante la guerra vivieron encerrados en casa mientras afuera las bombas estallaban y la gente era secuestrada. No iban a fiestas ni a discotecas. Sus padres no los llevaron de vacaciones al Cusco. Tengo hermanas mayores y de niño vi el celo con que salían para intentar divertirse. Siempre en grupos. Siempre a lugares cercanos. Si no había condiciones de seguridad, se quedaban en casa. Un día mataron al compañero universitario de una prima cercana en un atentado. Empezaban los años noventa. En los meses siguientes, ella hizo todo lo posible para irse del país y nunca más volvió. Muchos se fueron. Otros no se fueron nunca. Se quedaron. Y terminaron de formarse en ese país aterrorizado, corrupto, donde se estafaban o mataban unos a otros. Veinte años después, cuando la paz es esto que vivimos, ellos están en el poder. Están en el Gobierno, en las empresas, dirigiendo sus propias familias. Quieren darles a sus hijos lo que nunca tuvieron: seguridad a cualquier precio. Sienten el derecho de tomar lo que antes les fue negado. Y lo hacen con ese mismo frenesí de los niños que salen al recreo después de haber pasado mucho tiempo castigados y encerrados. Quizá intuyen que la libertad será breve, pasajera. Que deben conseguirlo todo para hoy. Porque quizá el mañana no existe.

Asumir que somos una sociedad que tiene que convivir con un legado de dos décadas de violencia y miedo es el primer paso para superar aquellas marcas indelebles que aún los peruanos tenemos pendientes por procesar. Y ello no se superará en tanto sigamos negando aquello que, cada vez que volvemos a tener temor de volver a vivir un pasado de terror y muerte, nos vuelve a saltar en la cara.

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