¿Por qué Luis Castañeda no quiere llevar a los shipibos de Cantagallo a Campoy?

En abril de 2015, la teniente alcaldesa Patricia Juárez se comprometió con los miembros de la comunidad shipiba de Cantagallo a hacer todo lo posible para llevarlos a Campoy, donde la gestión anterior había adquirido un terreno para el traslado, en el marco del proyecto Río Verde.

Ayer, el alcalde de Lima y varios de los representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima habían señalado que era responsabilidad de la gestión anterior la falta de traslado.

Pero Luis Castañeda Lossio no le contó a la ciudad que ya había comprometido los terrenos de Campoy destinados para los shipibos, para ser transferidos a un tercero.

Conjuntamente con el blog de Rosa María Palacios publicamos el informe de Daniel Yovera que destapa este dato desconocido hasta hoy. Presentamos, además, los documentos del caso.

GESTION DE “LUCHO” DECIDIÓ LA VENTA DEL TERRENO ASIGNADO A COMUNIDAD SHIPIBA

POR DANIEL YOVERA

La comunidad shipibo-conibo que habitaba en Cantagallo, sobre una parte del área de la obra “Línea Amarilla”, pudo haber sido reubicada íntegramente en el 2015, debido a que en octubre del año anterior la Municipalidad de Lima, la concesionaria LAMSAC y Scotiabank acordaron comprar para ellos un terreno de más de 7 mil metros cuadrados en Campoy, San Juan de Lurigancho, para construir allí el Complejo Habitacional Shipibo-Conibo.

Como es sabido, la gestión de Susana Villarán, LAMSAC y el banco modificaron el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla que firmó la administración de Castañeda a fines del 2009. La modificación fue oficializada con una adenda el 15 de febrero del 2013, la misma que creó un fideicomiso para la ejecución del Proyecto Río Verde.

En mayo del mismo año se formó un grupo de trabajo para la reubicación de las 226 familias de Cantagallo, y el 7 de octubre del 2014 el municipio limeño y la fiduciaria, Scotiabank, compraron en Campoy el terreno de 7,141 para construir allí el complejo habitacional. El 22 diciembre de aquel año, en la agonía de la gestión de Villarán, se aprobó una ordenanza que reconocía la relevancia de la reubicación y de la construcción de dicho proyecto de vivienda.

Pero esa posibilidad se perdió tras el triunfo electoral de Luis Castañeda. En marzo del 2015, los mismos actores decidieron vender el terreno, para destinar el dinero obtenido de esa venta al nuevo proyecto, es decir, al by pass de la avenida 28 de julio.

Eso parece haberlo olvidado el alcalde de Lima, quien esta mañana, frente a las cenizas y los humeantes restos destruidos de Cantagallo, dijo esto:

“Ese terreno fue comprado para un negocio, se ve claramente que lo compran en 5 ó 6 millones y lo venden en 15 millones y después desaparece la empresa. ¿Cómo es eso? ¿Se crea una empresa, hace ese negocio, inmediatamente lo vende y se cierra la empresa? O sea, era un negocio, no tenía ni agua ni desagüe y no tenía absolutamente nada”, señaló el alcalde sin ninguna prueba en mano.

Al alcalde le contaron mal la historia. Dicho terreno fue vendido durante su gestión, y hay documentos que lo demuestran.

La adenda de ‘Lucho’

El terreno, ubicado en Malecón Checa s/n, Campoy, San Juan de Lurigancho, fue comprado con dinero del fideicomiso el 7 de octubre del 2014, por la Municipalidad de Lima (fideicomitente) y Scotiabank (fiduciario).

Ambos se lo compraron a la empresa Portal Campoy SRL por US$ 4’641,735, y fue inscrito en los Registros Públicos de Lima y Callao a nombre de la fiduciaria. El costo promedio por metro cuadrado fue de U$S 650.

Pero a pesar de la ordenanza aprobada en diciembre del 2014, Castañeda borró del mapa el Proyecto Río Verde y con ello los proyectos que éste contenía. Uno de ellos era el Conjunto Habitacional Shipib-Conibo.

El 5 de marzo del 2015, las tres partes del contrato de concesión se reunieron nuevamente para firmar la hoy famosa Adenda. En realidad, como han demostrado los mensajes entre la exfuncionaria edil, Gisselle Zegarra, y Léo Pinheiro, exmandamás de OAS, hoy preso por el caso Lava Jato, los acuerdos habían empezado incluso antes de que Castañeda ganara las elecciones municipales.

Por la fideicomitente (Línea Amarilla SAC) estamparon su firma en la adenda Damiao Carlos Moreno Tavares y Wu Yong Le, por el fideicomisario (Municipalidad Metropolitana de Lima), Hugo Amador Illescas Hidalgo y Emilio Chero Valencia, y por la fiduciaria (Scotiabank Perú SAA) lo hicieron Cecilia Marín Armas y Claudia Paola Alarcón.

En el punto 2.7, el último de la adenda, los firmantes incluyeron una “cláusula adicional”, cuyo texto es el siguiente:

“Cláusula adicional: Transferencia de terreno adquirido con recursos de terreno fideicometido: Debido a los nuevos alcances del proyecto como consecuencia de la modificación del Master Plan Modificado y aprobado por la MML mediante Carta No 028-2015-MML-GPIP, del 4 de marzo del 2015, la Gerencia del Proyecto ha determinado la necesidad de vender el terreno adquirido con recursos de este fideicomiso a efectos que el dinero que se obtenga de dicha venta ingrese nuevamente al patrimonio fideicometido y sea destinado para la ejecución del proyecto”.

Punto aparte, continúa:

“Las partes dejan constancia de que será la Gerencia del Proyecto la responsable de llevar a cabo las negociaciones de dicha venta y de definir los términos y condiciones que contendrá el contrato de compra-venta correspondiente, el cual deberá incluir las disposiciones previstas en la cláusula 7.1.3. en lo que fuera aplicable”.

Y concluye:

“El Fiduciario únicamente estará obligado a suscribir –en representación del patrimonio fideicometido– el contrato de compraventa del terreno y de ser el caso, el contrato para la tasación del inmueble y el servicio del corredor de bienes raíces, gastos legales, notariales, registrales y tributos que correspondan, una vez que haya recibido la instrucción de la Gerencia de Proyectos en ese sentido, siendo aplicables para la firma de los referidos contratos, en lo que resulta aplicable, los plazos y otras estipulaciones previstas en la cláusula 7.1”.

Entonces, lo primero que queda claro que el terreno destinado para la reubicación de la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo fue obra de la administración Castañeda. Esa decisión les quitó a estas personas la posibilidad de a vivir a una zona con niveles de riesgo mucho menores.

Y, en segundo lugar, queda claro que si hubo un “negocio” –para usar el término empleado por el alcalde de Lima– el mismo fue hecho en su mandato, en su gestión.

Castañeda dijo hoy temprano que a los shipibo-conibos “les vendieron ilusiones”. Más bien, su gestión se las quitó.

10 thoughts on “¿Por qué Luis Castañeda no quiere llevar a los shipibos de Cantagallo a Campoy?

  1. Es una RATA SOLAPA, por eso calladito las hace recónditas, pero es un malversador de fondos, habría quien es su asesor legal que le prepara el camino para lucrar solapa como suele ser el caradura hipócrita y mentiroso

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  2. Tanto que explotaba su condición de provinciano para venderse como buenito y terminó siendo peor que el peor de los burgueses. Ahora hay que preguntarnos QUÉ QUIERE HACER EN CANTAGALLO, QUÉ LOBBIES TIENE, POR QUÉ LAS CARPAS YA ESTABAN LISTAS Y LOS MUNICIPALES FUMIGANDO INCLUSO ANTES QUE ACABARA EL INCENDIO, POR QUÉ EL MUDO LOS QUIERE BOTAR.

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  3. Castañeda es un miserable cínico. Ofrece el traslado en abril del 2015, cuando ya, antes, en marzo del 2015, había firmado la cláusula adicional que autorizaba VENDER EL TERRENO DE CAMPOY, que la MML en la gestión de Susana Villarán había comprado para, precisamente reubicar a la comunidad schipiba. Con esta cláusula dejaba sin terreno a la comunidad la que se quedó donde se ha producido el incendio, avivado por el tipo de material provisional e inflamable. La Fiscalía debe pedir la prisión preventiva de este sujeto. La Contraloría debe acordar con las universidades, para que las facultades de Ingeniería Civil, como prácticas de sus alumnos del último año,elaboren los metrados, análisis de costos y presupuestos de esta y TODAS LAS OBRAS A NIVEL NACIONAL, para conocer el costo real de las mismas y evitar los mayores robos que se producen por sobrevaloración de estas.

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  4. Los regidores de Enrique Cornejo se prestaron para la patraña. ellos y cornejo nunca se oponen por que ya está arreglado bigote sea el próximo alcalde para que no les investigue gastos.

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  5. Esto ya es el colmo … una mas al estilo Comunicore … Y los malnacidos del Congreso le blindan. Malditos todos los cómplices … ya les llegará la hora …El pueblo en algún momento hará justicia …

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