En defensa de todos los derechos, señor Gutiérrez

(El Defensor del Pueblo planteó un reto. Aquí lo tomamos y le respondemos. Foto: El Comercio)

El señor Defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, publicó hace unos días un artículo en el diario El Comercio en el que buscaba justificar porqué el enfoque de su gestión se basaría en involucrarse más en los derechos del consumidor y en la prestación de servicios públicos. Al final de su columna, no dudó en hacer un reto para debatir en torno a sus ideas sobre la institución que dirige. Aquí recojemos el guante y, como él sostiene, no arrugamos.

La defensa de Gutiérrez sobre su rol como Defensor del Pueblo se basa en un único argumento: el artículo 162 de la Constitución indica que, dentro de sus funciones, además de defender los derechos constituciionales y fundamentales de la persona, debe “supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”. Y, por tanto, la entidad debe tener un énfasis especial en estas dos últimas materias.

Tal vez el señor Defensor del Pueblo pueda revisar, con exahustividad, la página web de su institución. Se percatará allí que existe una Adjuntía para Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indigenas. Señala la descripción de dicho órgano lo siguiente:

Se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos a acceder a servicios públicos de calidad con tarifas justas, mediante la supervisión de la prestación de los servicios públicos de agua y alcantarillado, electricidad, telefonía y transporte público, así como los derechos de los ciudadanos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, mediante la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal.

Es decir, la Defensoría del Pueblo ya toca los temas indicados por el señor Gutiérrez en su artículo del viernes pasado. Y lo hace desde el inicio de sus funciones, hace veinte años. Por tanto, no se puede hablar de un enfoque novedoso.

Pero hay más. Al hacer click en la parte sobre servicios públicos, uno podrá comprobar que la Defensoría del Pueblo ha elaborado informes sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, protección adecuada de las víctimas en accidentes de tránsito, transporte urbano, derecho al agua en zonas rurales, telefonía rural, cobros indebidos en los servicios de electricidad y teléfono. En las notas de prensa de la institución, también podremos detectar las diversas alertas sobre estos problemas, dirigidas a diversas entidades del Estado. Y ello para no hablar de los temas vinculados a la jubilación, considerando que la Oficina de Normalización Previsional es una de las entidades más quejadas del aparato público peruano.

Y, como vemos, al hablar de electricidad y teléfono, hablamos de servicios públicos que son prestados por entidades privadas. Es decir, por el mercado al que el flamante Defensor también quiere tocar, de acuerdo con su artículo publicado en El Comercio.

De hecho, para facilitarle la tarea, la propia Defensoría señala claramente los casos en los que puede intervenir en estas materias. Se los colocamos aquí al señor Gutiérrez:

En materia de servicios públicos supervisamos la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones y transporte de pasajeros. La Defensoría del Pueblo puede intervenir en casos como los siguientes:

  • Por corte o suspensión del servicio por falta de pago si la deuda estuviera en procedimiento de reclamo.
  • Por problemas en la calidad del servicio: interrupciones prolongadas o no programadas o defectos no atendidos por la empresa prestadora del servicio.
  • Por falta de información oportuna y adecuada por parte de la empresa prestadora del servicio, especialmente sobre el procedimiento de reclamos.
  • Cuando la empresa operadora no reciba un reclamo o no brinde una respuesta dentro de los plazos establecidos.
  • Cuando una empresa aseguradora (SOAT) o una AFOCAT no cumpla con la obligación de cubrir gastos médicos de los accidentados o indemnizaciones por daños causados a consecuencia de un accidente de tránsito.

Es cierto que, para ojos de los ciudadanos, entidades como INDECOPI o los organismos reguladores demoran bastante en resolver los reclamos respecto a cobros indebidos o malos servicios de las entidades que prestan servicios públicos. La Defensoría puede exhortar a estas instituciones a hacer mejor su labor y ayudar a detectar cuáles son los puntos más importantes en los que vienen fallando. Pero no puede sustituirse en la labor que compete, estrictamente, a estas entidades y, menos aún, entrar a temas de derecho del consumidor que tienen ya un ente rector sobre la materia.

Indica el señor Gutiérrez en su artículo que “En ningún momento he afirmado que se van a abandonar las líneas de trabajo desarrolladas por la Defensoría del Pueblo en estos 20 años”. El problema es que los hechos parecen fundamentar lo contrario. Antes que pronunciarse sobre las importantes sentencias en los casos Accomarca, Bagua y Sótanos SIE, que se vinculan nítidamente con los derechos de todos los peruanos (campesinos, pueblos indígenas, policías y ciudadanos en general), el Defensor del Pueblo ha preferido referirse a una declaración al vuelo del Presidente de la República sobre el consumo de la marihuana, que no se encuentra penalizado por ninguna norma.

Peor aún, el señor Gutiérrez nunca llegó a presentar su plan de trabajo, donde nos dijera cuáles son las formas en las que se proseguirá con el trabajo en las áreas vinculadas a la defensa de los derechos fundamentales. Algo en lo que, hasta el momento, no ha sido muy prolijo en señalarnos en sus escasas declaraciones públicas y, menos aún, en las notas de prensa que viene emitiendo la Defensoría del Pueblo.

Hubiera sido importante que el Defensor del Pueblo hubiera estado ayer en la ceremonia pública de reconocimiento a la labor hecha por su predecesor, Eduardo Vega Luna. Y no por un mero gesto de cortesía. Era importante que escuchara la voz de representantes de víctimas del periodo de violencia, miembros de la comunidad LGTBI, integrantes de pueblos indígenas, colectivos diversos, organizaciones de mujeres, sindicatos y, en general, miembros de la pluralidad de grupos vulnerables que existen en nuestro país. Ese otro Perú que, precisamente, ha visto en la Defensoría del Pueblo a la única entidad pública que les hace caso, que vela por sus demandas, que se compra sus pleitos y que defiende, como señala su mandato, los derechos humanos de todos los peruanos.

Precisamente, a ese otro Perú es al que el Defensor no se ha dirigido. Ha preferido enarbolar las banderas de quienes tienen acceso al mercado y cuyas necesidades son otras. Ha buscado ser defensor del consumidor y no ha tenido el gesto de acercarse a los ciudadanos que, durante veinte años, han requerido los servicios de una entidad que se ha ganado, con justicia, su buena imagen ante la opinión pública.

Por tanto, urge que el flamante Defensor del Pueblo nos indique claramente cuál su plan de trabajo para el quinquenio que tiene por delante. He allí su reto importante. El debate sobre sus funciones es importante, pero lo es más aún que pueda tener claras sus prioridades. Y ellas deberían estar centradas en los derechos de todos, sobre todo, de quienes son más excluidos en nuestra sociedad. Esperamos que no arrugue.

Una respuesta a “En defensa de todos los derechos, señor Gutiérrez

  1. Hubiera sido de esperar que el “elegido” D.P, antes de escribir sus ideas, muy cómodamente sentado en su poltrona, explicara a la opinión pública, cómo compatibiliza tan alto y honorable cargo, con los entuertos que tiene entre manos. No creemos que alguien que tiene rabo o cola de paja, pueda mirar con transparencia y directamente a los ojos de los ciudadanos.

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