La tenaza fujimorista

Si todos pensábamos que el fujimorismo solo iba a limitarse a copar el Congreso con todos los asesores que pudiera, estamos equivocados. Esta semana, dos noticias que se generaron en la Plaza Bolívar dan cuenta que Fuerza Popular busca copar ciertas instancias de fiscalización, con resultados que no precisamente ayudarían a la transparencia en el país.

(Excongresista Juan José Díaz Dios ampayado en el séquito del Contralor Edgar Alarcón. Foto: Gerardo Caballero)

DIAZ DIOS COORDINADOR PARLAMENTARIO DE LA CONTRALORIA

Ayer el contralor Edgar Alarcón se presentó en la comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Pero la noticia no fue él, sino uno de sus acompañantes.

Dos fuentes distintas nos indicaron la mañana de ayer que el señor Juan José Díaz Dios había llegado acompañando a la cabeza de la Contraloría General de la República, como flamante director de Coordinación Parlamentaria de dicha entidad. El hecho fue notorio para los periodistas que cubren el Congreso de la República. Alarcón lo ratificó a su salida del Congreso.

Como indica la periodista Laura Grados:

El Contralor General de la República, Edgar Alarcón, elegido en ese cargo por el Congreso pasado, nombró al excongresista fujimorista como coordinador de la Contraloría para el Legislativo. Se trata de un puesto político que consiste en coordinar acciones entre ambas instituciones y además da seguimiento a proyectos de ley relacionados a la institución que ahora representa. En síntesis, Díaz Dios es el lobista oficial de la Contraloría en el Parlamento (con la acepción legal de la palabra).

Existe varios problemas. Si bien Díaz Dios es alguien que conoce el Congreso por su propia experiencia parlamentaria, no reune un requisito fundamental para la Contraloría: imparcialidad política. De hecho, el periodista Enrique Patriau indicó ayer que el excongresista iba a ser asesor de la bancada fujimorista.  Así lucía su portada en Twitter hasta hace unas horas:

Diaz Dios le dijo a Patriau la tarde de ayer que no existía conflicto de interés porque el fujimorismo no es gobierno y no maneja dinero público. El problema es que el excongresista no solo va a llevar cosas de ida desde la Contraloría, sino también de vuelta desde el Congreso. Dado que él está identificado con una fuerza política, que además es la mayoría parlamentaria y tiene interés para usar las facultades de fiscalización de la Contraloría para ejercer su rol opositor, el conflicto sí es evidente.

El contralor Alarcón solo se ha limitado a decir que Diaz Dios “cumple con el perfil técnico y no tiene sentencias”. Esto último en alusión clara a otro de los baldones del exparlamentario: una acusación de su esposa por violencia de género, la cual le costó no ser incluido en la lista parlamentaria fujimorista de 2016.

La jugada no solo dice mucho del fujimorismo, sino también del contralor, a quien le ha llovido juego graneado desde el gobierno, abogados especialistas en inversión privada y expertos en Derecho respecto de sus declaraciones sobre determinados grandes proyectos de infraestructura y compras estatales. Todo indica que pretende blindarse frente a estos cuestionamientos. Curiosamente, con el grupo que más lo cuestionó cuando fue nombrado con los votos del humalismo.

(Congresista Alcorta en Big Brother mode on. Foto: Ojo)

ALCORTA CONTRA LAS ONGS

Así se reseñó parte de la sesión del lunes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso:

La formación de grupos de trabajo que aborden diversos temas de actualidad nacional e internacional como la crisis en Venezuela y el funcionamiento y recibo de considerables cantidades de dinero por las organizaciones no gubernamentales (ONG) desde el exterior, entre otros, se planteó hoy lunes 22 en sesión realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores. (…)

A su vez, Lourdes Alcorta Suero (FP) se refirió al funcionamiento de las ONG, de las cuales dijo que suelen recibir apoyo económico del exterior -señaló que habían recibido hasta mil 100 millones de dólares- sin que nadie conozca el destino que se dio a esos dineros. Precisó que esto también debería de ser informado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

En realidad, el tema suena aún menos suave que estas palabras.

De acuerdo a la transcripción de la sesión del referido grupo de trabajo, a la que DTP tuvo acceso ayer, Alcorta comenzó atacando a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por un conflicto sobre pueblos indígenas vinculado al Lote 88 y, posteriormente, dio cuenta de un hecho que sí es cierto y fue denunciado por el portal Ojo Público hace algunas semanas: irregularidades en el manejo de fondos en AIDESEP durante la gestión de Alberto Pizango. El líder indígena ha negado estas acusaciones.

El también congresista fujimorista Miguel Castro Grandez se mandó con lo siguiente:

“Particularmente creo que es importante hacer una evaluación sobre el control de los ingresos. A mi particularmente me gustaría ser parte de una mesa de trabajo sobre este tema de las ONG, que creo que necesitan ser analizadas exhaustivamente. Han tenido mucha diferencia tanto en tema político como en temas de conflicto social”

Mercedes Araoz, segunda vicepresidenta de la República, indicó que estaba a favor de observar el tema, pero con algunas atingencias: “no es que queramos intervenir en el actuar de las ONG, creo que eso al contrario, muchas ONG participan en la actividad que tenemos hoy en día en complementando las actividades públicas y privadas, con muy buena intención”.

Luego, el controvertido congresista y pastor evangélico Julio Rosas se mandó con todo a favor de la posición de Alcorta e incluso fue más allá:

Sin embargo, nosotros como comisión podemos pedir la presencia del director de APCI, porque hay que tener claro de que las ONG, no solo en el Perú, sino en América Latina, en otros países reciben ingentes cantidades de dinero de Europa, Estados Unidos, que nadie tome más, y no solo las ONG para cumplir agendas internacionales, muchas veces ajenas a los intereses legítimos de un país, sino también organismos del Estado, como ministerios, cada oficina, o cada organismo también tiene una oficina de cooperación técnica internacional

Quién comenzó a advertir que la cosa se podría salir de cauce fue la parlamentaria del Frente Amplio María Elena Foronda:

“Entonces, si es una actitud más de fiscalización política a las ONG, yo no estaría de acuerdo.

Si es una tema de querer saber qué es lo que se está haciendo con el dinero de la cooperación internacional, solicitaría que se amplíe ese espectro. Insistiría en ese tema, que no es lo mismo ponerle el ojo a las ONG, que sí están haciendo trabajo en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos ambientales y cuya intencionalidad puede ser otra.”

En la misma línea, fue el congresista oficialista Alberto de Belaúnde, recordando el antecedente directo de anterior ingerencia estatal frente a las ONG, más allá de los debidos controles que la APCI debe ejercer:

“suscribo también la preocupación manifestada por mi colega, la congresista María Elena Foronda, respecto a un posible interés político en cuanto al tema de las ONG.

Lo menciono para que tengamos cuidado en nuestra actuación, no digo que exista en la actualidad, pero es siempre un posible peligro, porque recordemos que lo mismo sucedió en el Congreso del 2006 y esto terminó con una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional buena parte de la ley dada en el Congreso, justamente por invadir fueros privados desde el espacio político“.

La formación del grupo de trabajo sobre las ONG se debatirá en la próxima sesión. Pero hay dos cuestiones que la congresista Alcorta debería aclarar.

Es público y notorio que el fujimorismo tiene una animadversión contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a quienes acusan de ser las que motivan la “persecución política” contra Alberto Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos. La señora Alcorta comparte una línea dura en esa materia. Eso es un claro conflicto de interés.

Y a ello le podríamos sumar las declaraciones dadas por la parlamentaria no solo sobre las ONGs vinculadas a derechos humanos, sino también a las que vincula con la “promoción del aborto”. Digamos, si ese grupo se llega a formar – cuestión que, en realidad, podría solucionarse con una sesión informativa del jefe de la APCI -, dados los antecedentes, Alcorta deberia abstenerse de presidirlo.

Y precisamente esta es una repetición de lo ocurrido en el Congreso pasado, donde Alcorta jugó en pared con el congresista Julio Rosas. Como documentó Laura Grados en un reportaje publicado por Utero.pe y La República, el Congreso de la República comenzó a presionar a la APCI para que fiscalice a las ONG feministas y las dedicadas a temas reproductivos:

El 24 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó a la APCI S/. 2.5 millones para la fiscalización de las ONG. Así aparece en una publicación en El Peruano, en donde se autoriza este monto. Según pudo saber Útero.Pe, APCI ha contratado alrededor de 150 funcionarios para esta función fiscalizadora.
Si bien el dinero fue transferido antes de que sesione la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, fue durante la primera reunión de este grupo de trabajo, en la que participó el legislador Julio Rosas como accesitario, en donde se decidió fiscalizar, principalmente, a las ONG enfocadas en aspectos relacionados con los derechos reproductivos de la mujer. Una semana antes, en una sesión de coordinación de temas en la comisión, la congresista Lourdes Alcorta ya había propuesto la fiscalización.
En la primera sesión oficial de la Comisión de RREE, del 18 de agosto pasado, se citó a la directora de APCI, Rosa Lucila Herrera. Hacia ella dirigió Rosas la ametralladora de preguntas sobre el financiamiento y específicamente detalles del trabajo que realizaban las ONG como Promsex o Católicas por el Derecho a Decidir.
Ese día, Herrera precisó que el trabajo de su despacho solo consiste en fiscalizar los proyectos de cooperación de las ONG, mas no a la institución en sí misma. “El Congreso estaba presionando después de que saliera lo que publicó un medio nacional, sobre una estadounidense que traficaba con tejidos de fetos. Por eso es que inmediatamente se mandó notificación a Promsex y a Inppares”, nos confió un funcionario de la APCI que prefiere no identificarse.
Consultamos con la directora de APCI al respecto y declaró que, efectivamente, después del mandato del Congreso, se ha priorizado la fiscalización de las ONG dedicadas a temas de derechos reproductivos. Promsex e Inppares, principalmente. De hecho, este lunes ha sido citada ante la Comisión de RREE para entregar información actualizada del trabajo.

Mucho ojo, entonces, con las amenazas que se pueden venir desde el Congreso contra la sociedad civil. Advertidos estamos.

One thought on “La tenaza fujimorista

  1. Dicen que las ONGs han recibido muchos millones del exterior, se refieren tambien a la de Keiko? La incluirian imparcialmente en esas investigaciones?. Lo dudo.

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