PALACIO Y LA CAMPAÑA

Desde el Despacho Presidencial, Ollanta Hu­mala observa la campaña presidencial con dis­tancia. Unos metros más allá, Nadine Heredia cuida de no aparecer en actividades de su can­didato oficial, Daniel Urresti. Mientras los candidatos intentan acercar a sus rivales con Palacio de Gobier­no (para bajarles la llanta), en las alturas del poder han preferido la neutralidad. ¿Por qué?

Una primera explicación se encuentra en la situación po­lítica de los actuales inquilinos de Palacio. La palabra de Heredia ha perdido peso desde el escándalo de las agen­das, a tal punto que sus tuits atacando a Keiko pasan des­apercibidos. Humala escogió el perfil bajo luego de que, ante su primera declaración des­templada, tuvo la amenaza de una sanción electo­ral. Y, además, no pueden controlar un partido donde solo han queda­do los leales, y sus operadores (Jara y Abugattás) son minoría. En otras palabras, así qui­sieran, no pueden influir.

Otro conjunto de explicaciones apuntan al legado. To­dos los candidatos coinciden en que mantendrán las dos principales políticas de esta administración: pro­gramas sociales y educación. Y saben que, en el fondo, salvo una sorpresa de último minuto, es bastante pro­bable que la pareja libre las acusaciones penales. Son conscientes de que el pleito con el Apra ha terminado debilitando a García, lo que los tranquiliza.

También es cierto que han escogido un candidato acor­de a las circunstancias. Urresti es lo suficientemente vo­cinglero para garantizar la aparición en medios, pero no es el mejor defensor del gobierno. Su juicio lo descon­centra por lo menos un día a la semana de la campaña. En el fondo, sabían que requerían una locomotora que les permita pasar la valla electoral (con las justas), pero que sea lo suficientemente débil como para no dispu­tar su liderazgo interno.

Al final de la jornada, todo indica que los Humala Here­dia serán los únicos encargados de defender su labor al frente del país. Sin voceros eficientes (y los pocos que quedan, concentrados en su campaña parlamentaria), tendrán que hacer esta labor desde el 29 de julio. No en vano el Partido Nacionalista Peruano es una empre­sa familiar, con todo lo que ello implica.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 21.02.2016)

2 thoughts on “PALACIO Y LA CAMPAÑA

  1. Ahora, ante mi nuevo inminente fracaso electoral, ya empiezo a buscar las excusas que voy a dar por mis incapacidades personales. Contra Acuña, ¡maldito enano!, me tengo que vengar como sea, si yo no gano, el menos, por eso le doy con toda la fuerza de un bufalo; Guzman se me disparo, ¡che’su!, esta fuera de mi control, ¡OTRO maldito enano!, entonces hay que inventarle cochinadas y quien mejor que Nadine para tambien entrar en la receta de machar honras ajenas con mentiras, como Francisco Tavara Cordova es un acerimo aprista, lo tengo de los cojones al chiquillo; mis complices fujimontesinistas siguen firmes en la punta, pero hay que recordarles quien es su socio estrategico de vez en cuando, si no voy a tener que autoasilarme en Paris de nuevo con mis Hermanos masones; Barnechea, es un ex-compañero aprista que se cambio de bando, nunca nos llevamos bien, es un pituco, es demasiado inteligente para mi, pero algo de hayista debe todavia tener adentro, le puedo llegar por ahi porque esta a solo un punto de mi, ¡miercoles! y, finalmente, pucha, no me liga una sola de mis maniobras mediaticas via El Comercio, Peru21 y Caretas, la prensa libre me tiene jodido, nunca me debi meter contra RMP, AAR, Ampuero, Tafur y Hildebrandt; la gorda sonsa esta resblandecida, insiste en salir en ropa de baño en la playa, luciendo su “cuerpazo” y yo ya empece a subir de peso y mi papada y tetas ya me estan colgando otra vez, asi no vamos a llegarle a la juventud vegetariana y reformista de marras, ¿y ahora qui’ago?.

    Me gusta

  2. Uno de los escándalos más grandes de corrupción del segundo gobierno aprista terminó esta semana con una sentencia exculpatoria. La Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia a cargo del caso de los Petroaudios absolvió a Rómulo León, Daniel Saba, César Gutiérrez y demás acusados de los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho

    El proceso que anticipó a la sentencia, sin embargo, invita a la reflexión, pues parece un caso diseñado para explicar cómo la percepción y administración de justicia pueden –y suelen en nuestro país– encontrarse en las antípodas. Y hay un grave problema cuando el sistema de justicia en un país no parece ser justo.

    Los incidentes que molestan la percepción ciudadana en este caso no escasean: partes del expediente extraviadas, demoras en un proceso que tomó más de siete años, cambio de la sala penal encargada del caso y la exculpación de Alberto Quimper –ex ejecutivo de Perú-Petro que habría recibido dinero para favorecer la adjudicación de lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum– por prescripción de la pena al no sentenciarse a tiempo.

    Por si esto no fuera suficiente, además, en setiembre del año pasado, la sala decidió no admitir gran parte de las pruebas incriminatorias, lo que a la postre terminó por determinar la suerte favorable de los acusados.

    Para los magistrados, los audios incriminatorios del 2008 –y que hicieron público el caso– no eran válidos en el proceso por provenir de una interceptación telefónica ilegal (recordando con ello la sentencia del 2012 que condenaba a los responsables de la interceptación en el caso Business Track en agravio de León y Quimper). Sin quererlo, con esta decisión, los jueces también nos recordaban que León y Quimper merecieron mejor suerte que el resto de ciudadanos y el Estado, pues no solo lograron una sentencia favorable como agraviados, sino que esta fue mucho más rápida que la de los ‘petroaudios’.

    Junto con los audios, la sala penal declaró inválidas varias otras pruebas por el solo hecho de estar vinculadas a ellos. Ni las actas de los allanamientos a los inmuebles de León y Arias Schreiber, ni los correos y archivos de la computadora de León –aportados por su secretaria– fueron considerados.

    Para los vocales, estas pruebas estaban contaminadas pues no se hubiera dispuesto su consecución si no fuera por la evidencia que se obtuvo de la escucha de los audios. Bajo ese razonamiento, cualquier investigación posterior a los audios hubiera resultado inútil, dado que si no fuera por el destape de las conversaciones de los ex funcionarios y procesados, las investigaciones y allanamientos nunca se hubieran dado.

    La sala no analiza si estas prueban podrían ser el único medio para llegar a la verdad. No pondera los derechos en juego. Únicamente privilegia la intimidad de los acusados sin balancear los intereses de justicia y las necesidades de reprimir la desviación de la función pública.

    Por el contrario, en un aparente acto de reproche, casi al final de la lectura de la sentencia, la sala califica las imputaciones de deficientes y las acusa de haber generado “innecesarias complicaciones al proceso, falsas expectativas de punición a la opinión pública y perjuicio al derecho de los justiciables”. Es decir, para el tribunal, más que un proceso, esta fue una comedia de “mucho ruido y pocas nueces”.

    El distanciamiento entre percepción y administración de justicia se hace más pronunciado en nuestro país cuando recordamos que los grandes casos de corrupción no se descubren por las autoridades judiciales. En la etapa inicial no suele aparecer un proactivo fiscal, ni un acucioso procurador, sino una prensa suspicaz. Y cuando siete años después del destape de un presunto delito, los jueces optan por ignorar las pruebas más relevantes, se completa el círculo perceptivo de la injusticia: autoridades que no investigan y otras que no sentencian.

    La venda en los ojos de la dama de la justicia toma en este caso un nuevo significado que excede a la imparcialidad que buscaba representar en su origen y se convierte en ceguera frente a lo que realmente sucedió y se escoge soslayar. La misma venda que hoy impide apreciar correos electrónicos, actas, y escuchar audios, mañana también podría servir de excusa para la miopía frente a agendas y videos.

    Este acto de impunidad judicial tuvo nombre propio desde un inico: el del nefasto vocal aprista César Javier Vega Vega, cuya poderosa red extra-judicial sigue operando a pesar de su reciente fallecimiento, se extiende a la PNP y la Fiscalía de la Nación y debe ser frenada a toda costa.

    Me gusta

Agregar un comentario

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Cambiar )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Cambiar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Cambiar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Cambiar )

Connecting to %s