CONOCE EL MAYOR CAMBIO EN MATERIA AMBIENTAL DEL ULTIMO AÑO

Hoy en el Diario El Peruano apareció esta norma:

(Imagen vía la cuenta de Twitter del ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal)

No miento al decir que se trata del mayor cambio en materia ambiental aprobado este año. Y, probablemente, de este gobierno. Y por ello es necesario entenderlo.

Vayamos por partes. Desde que se hicieron las reformas económicas que liberalizaron la economía, el Ministerio de Energía y Minas se orientó, sobre todo, al impulso de la inversión privada en estos sectores. Y está bien que así sea, es su función principal. Claro está, debe velar que la misma se haga en cumplimiento de la normativa sobre la materia.

Sin embargo, como sabemos también, a la par que aumentó la inversión, creció una (natural) preocupación por el impacto ambiental de proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos. Asimismo, desde el exterior, se comenzó a impulsar la mejora de nuestra institucionalidad ambiental – así fue que nació el Ministerio del Ambiente, niños, recuerden su creación en medio de una cumbre internacional – y, al mismo tiempo, ya en democracia, se presentaron los conflictos sociales que Marco Sifuentes describe bien en su dinámica:

El punto es que toda esta historia se repite una y otra vez. Por un lado, los directamente afectados tienen un medianamente justificado miedo a las empresas extractoras. Y luego, estas empresas usan a sus voceros (en el gobierno y en los medios) para convertir a los manifestantes en –literalmente– la reencarnación de Sendero Luminoso. Es decir, intentan generar miedo en la opinión pública urbana, especialmente en la über-facha y asustadiza capital. Pero sus mentiras saltan a la luz y solo consiguen afianzarse como empresas inescrupulosas ante los ojos de los manifestantes, justificando así, por completo, el miedo inicial al proyecto. Y vuelta a empezar, nunca aprendimos nada.

En el fondo, los ciudadanos que viven en las zonas aledañas a grandes proyectos mineros no solo temen las consecuencias ambientales de los mismos – a la par que desean sus beneficios económicos -: sobre todo, no confían en el Estado como dirimente de disputas entre la empresa y ellos, ni menos aún como garante de la preservación de su entorno. Para decirlo claro, creen que, como en algunos partidos de la Copa Perú, al árbitro lo compran sin roche.

Y en ello pesan dos elementos. El primero, sin duda, es la actuación policial, donde muchas veces es la minera la que compra los días de franco de oficiales y suboficiales. Y se terminan produciendo situaciones como esta:

(¿Recuerdan? Hace apenas unos meses en Tía María. Captura de pantalla: Utero.pe)

El segundo – y quizás el más importante – es que los estudios de impacto ambiental eran aprobados por la misma entidad que debía promover la inversión. Y si le preguntamos a cualquier experto sobre capacidad estatal, era claro que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros estaba menos empoderada que la Dirección General de Minería.

(El MINEM, visto como juez y parte por muchas comunidades. Foto: Radio Nacional)

Y es en este punto donde volvemos a la norma de hoy. Hace algunos años, este gobierno creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente cuya función central sería aprobar los estudios de impacto ambiental mas importantes. Y, durante años, existían dudas sobre si las competencias de minería e hidrocarburos en materia de protección ambiental pasarían a esta institución, sobre todo, por los retrasos en esta decisión.

Como indica La República:

El ente informó hoy que comenzará desde el 28 de diciembrerevisar los primeros estudios de impacto ambiental de proyectos de inversión que así lo requieran. Recordemos que este año, informes periodísticos elaborados por el portal Convoca detallaban irregularidades en la aprobación de estos estudios en el proyecto Tía María; los mismos que consideraban factores poco seguros sobre los tajos a realizar.

Ojo, no todo es color de rosa. Aún queda por ver cuáles son las capacidades institucionales del SENACE para hacerse de una de las mayores papas calientes de la administración pública. Es decir, la clave para ir reduciendo la desconfianza en la aprobación de los estudios de impacto ambiental y, con ello, los conflictos socioambientales. Si el SENACE fracasa en ello, sería un duro golpe tanto para la inversión privada como para la protección de nuestro entorno. De allí que este anuncio debería motivar, antes que un estallido de felicidad, algunas cautelas.

Sí, se trata de la misma administración que aprobó un paquetazo ambiental que era bastante cuestionable. Pero, en este caso, ha ido por la línea correcta. ¿Continuará el siguiente gobierno esta política?

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