RECETA INFALIBLE PARA HACER FRACASAR UN PROYECTO MINERO

1. No tener en cuenta el pasado: Empresas con malos antecedentes siempre tienen más dificultades para plasmar sus nuevas iniciativas que aquellas que recién llegan. El caso más nítido es el de Yanacocha, campeona nacional e internacional en metidas de pata en su relación con su entorno. Pero también ha ocurrido en torno al caso Tía María. Rosa María Palacios así lo comenta:

El miedo es real. Se basa, en Tía María por ejemplo, en paro ya por 21 días, en la historia empresarial de Southern y el recuerdo popular de las chimeneas negras y los suelos contaminados. Eso ya no existe porque se remedió. Pero el recuerdo no se borra de un día para otro. Eran otros tiempos, es verdad. Durante el gobierno militar se presionaba para lograr records de producción, sin importar cómo y las empresas públicas y las poquísimas privadas así lo hacían. El Estado fue, a través de sus empresas públicas, el mas grande contaminador en los setenta. Las primeras normas ambientales son de los noventas. Ese mundo enemigo del ambiente termino hace décadas. Pero siempre queda la duda.  ¿Por qué confiar en la palabra de quien hizo daño antes? Las marchas y contramarchas de la propia empresa al explicar que su actual proyecto no tomará agua del río Tambo, bajo ninguna consideración, tampoco tienen la contundencia que debería.

2. Un ineficiente manejo del Estado: Si ya desconfías de un Estado que antes que dejó que contaminaras, peor aún cuando no te brinda servicios básicos. Parte de la negociación de las comunidades con el Estado y la empresa se basa en este punto: se trata de zonas del país donde la capacidad de actuación estatal ha sido siempre bastante limitada. Explica Juan Carlos Tafur:

En el fondo, lo que sucede en estos con­flictos no es tanto que las exigencias a la empresa se acrecienten de un modo exce­sivo, sino que las poblaciones aprovechan los mismos para pedir que se resuelva el cúmulo de reclamos acumulados al Estado.

Si con anterioridad a los proyectos en cuestión, el Estado dedicase algún empeño en satisfacer tales pedidos (agua, luz, ca­rreteras o caminos rurales, postas médi­cas, colegios, etc.) el grado de conflictividad disminuiría hasta niveles perfectamente manejables.

3. Actuación policial con errores de fondoNormalmente, las zonas donde ocurren conflictos sociales vinculados con industrias extractivas cuentan, en principio, con poca dotación policial. Por lo general, estamos hablando de lugares del país donde solo están las comisarías del lugar, con oficiales y suboficiales básicamente entrenados para enfrentar el delito común. La atención policial se centra más en Lima y en las ciudades principales del país.

¿Qué es lo que ocurre? En defecto de una fuerza policial regular, llega a estas zonas del Perú personal de la División de Operaciones Especiales (DINOES). Y aquí se encuentran dos problemas. El primero es que las funciones y entrenamiento de los miembros de esta unidad policial está dirigido, básicamente, hacia el combate a la subversión y al narcotráfico. Se trata de fuerzas dentro de la Policía Nacional que están destinadas a una función cuasi militar.

El segundo es que las empresas extractivas compran los días de franco del personal policial y, en algunos casos, esta situación lleva a la suscripción de convenios. Si bien los mismos no son ilegales per se, si llevan a una situación de casi privatización de la Policía y, sobre todo, de identificación de las fuerzas del orden con los intereses de las empresas mineras y petroleras. La confianza y la legitimidad de la actuación de la Policía Nacional se ven disminuidas cuando se sabe que las empresas han suscrito estos convenios y, además, cuando el personal policial se traslada en vehículos de estas compañías.

Así las cosas, tenemos a oficiales entrenados para luchar contra el terrorismo puestos a custodiar a una empresa minera – que les compra el franco – frente a la protesta de civiles. Una situación anormal por donde se le mire.

4. Iniciar la campaña del “terrorismo antiminero”: La peor estupidez que se puede hacer, recomendada por algunos analistas, consultores y manejadores de imagen, pensada básicamente en el público limeño, pero que solo alienta al sector “estoy a favor de la minería, meta bala a toda costa para que el proyecto salga”, olvidando que ese grupo resulta minoritario incluso dentro de quienes apuestan por la inversión privada.

Como señala el editorial de ayer de Noticias SER:

Uno de los blancos favoritos de esta campaña son las ONG, a las que se acusa de hacer un uso irregular de los fondos que reciben de la cooperación internacional. Incluso esta es acusada de ser cómplice de acciones que atentan contra la gran inversión o contra la dignidad de las Fuerzas Armadas, lo que, además, la convierte, a ojos de los lectores u oyentes, en una suerte de inaceptable intervención extranjera en los asuntos internos del país. Lo que no se dice es que las ONG presentan informes anuales de su trabajo ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, entidad que, además, ha realizado diversas acciones de fiscalización. A ello habría que agregar las permanentes evaluaciones y auditorias de proyectos y recursos, que no se pueden malversar alegremente, como se afirma con tremenda ligereza

Otro de los blancos son los líderes y las lideresas de las protestas, o quienes respaldan estas luchas. Sobre ellos se acumulan, por las movilizaciones que lideran, diversas denuncias, que, además, se convierten en procesos penales, que suelen avanzar a paso lento, y tienen como principal finalidad amedrentarlos  y anular sus acciones, ya que deben dedicar buena parte de su tiempo a responder a citaciones de diversos tribunales. No en vano, estos llevan los procesos a paso lento, como sucede con el caso del Baguazo.

A esta dinámica se ha agregado ahora la acusación, soltada primero por un funcionario de la empresa Southern y repetida luego por el coro habitual de voceros oficiosos de la minería, de que la oposición al proyecto Tía María es liderada por “terroristas antimineros”, lo cual es un paso adelante hacia la estigmatización de quienes protestan. Por si esto fuera poco, en días recientes, en un diario de circulación nacional, el congresista Martín Belaunde ha calificado al líder del partido político “Tierra y Libertad” Marco Arana, de “sucesor de Abimael Guzmán”, y a su acción política, de “terrorismo revestido de seudoecologismo”.  Ello no solo es una burda mentira, sino una temeraria acusación, hecha sin prueba alguna.

Si usted es empresario minero, piense dos veces antes de aceptar un consejo en esta línea.

5. No despejar dudas respecto del proyecto: Como bien señaló hoy en Exitosa el consultor en conflictos sociales Julio Schiappa Pietra:

Para la gente no está claro cuál es el beneficio de tener una mina cerca de sus chacras. Tampoco tienen claro económicamente los beneficios, porque están bastante bien. Hay que mirar lo que gana una persona en esa zona. Un agricultor independiente es una persona con mucho dinero. Es necesario que a Arequipa vayan negociadores profesionales”, precisó.

De hecho, ese es el principal error cometido por Southern. No ha sabido explicar las bondades del proyecto, ni cómo utilizarán la técnica de desalinización del agua del mar para no tocar aquellas fuentes destinadas a uso agrícola. Y ahora pagan las consecuencias.

6. Ausencia de ordenamiento territorial: Si no tenemos claras las zonas del país en las que se puede hacer minería, agricultura, ganadería y aquellas donde estas actividades pueden convivir, los malentendidos van a persistir. Van cuatro años de gobierno y hemos avanzado poco o nada en esta tarea.

Una vez servido esto, tiene el terreno listo para que aquellas personas que desconfían de la minería o quienes puedan tener ideas radicales ganen a río revuelto. En realidad, ellos no han incendiado la pradera, lo ha hecho usted con sus errores, señor funcionario estatal o señor empresario minero. Y si sigue sin comprender que los conflictos sociales no se solucionan en términos binarios, seguiremos postergando proyectos que pueden traer recursos que, bien utilizados, pueden servir para impulsar el desarrollo. Pero mientras sigamos en esta línea, tenemos la receta completa para hacer fracasar cualquier intento de impulsar grandes proyectos mineros en el país. Lejos de la tramitología, aquí está la clave de los conflictos sociales en el Perú.

(Foto: El Comercio)

3 thoughts on “RECETA INFALIBLE PARA HACER FRACASAR UN PROYECTO MINERO

  1. Podríamos agregar otro punto mas a la receta: LA TRAICIÓN A LOS ELECTORES.
    No olvidemos que Humala ganó gracias al voto del sur. Es decir el sur fue decisivo en el triunfo del candidato de Gana Perú. Pero ¿que sucede cuando alguien se siente traicionado? y encima el traidor te dice que eres un azuzador, antiprogreso, terrorista antiminero, destructor del país, etc.
    Osea Humala cree que a la gente se le puede engañar, traicionar y encima imponer, pasar sobre ellos, asesinarlos y todo va estar normal.
    ¿Existe tanta ceguera por parte del gobierno y los mineros? ¿no saben acaso que en las ultimas elecciones para alcaldes, el pueblo arequipeño eligió a quienes estaban en contra de este proyecto? ¿es tan difícil leer este mensaje?
    Por ultimo ¿cuando será el día en que por fin se respete la voluntad del pueblo a elegir la forma de vivir? Los arequipeños NO QUIEREN NADA CON ESTE PROYECTO. ¡ENTIENDANLO!
    Y no digan que no quieren imponer su proyecto, entonces ¿para que van? ¿para que se empeñan en tratar de convencer a la gente de “las bondades” del proyecto? ¿para que mandan al matón Cateriano o gente del Ministerio del ambiente? Pues para eso: PARA IMPONER EL PROYECTO.
    Escucho con mucha pena a un periodista arequipeño (Camanejo) en las mañanas, decir que los arequipeños están renunciando a tener metales en sus vidas. Si no aceptan el proyecto no tendrán herramientas o cosas de metal. Claro, es fácil desde un micrófono y desde lejos lanzar estas afirmaciones. Ademas dice que solo las minas informales destruyen y/o contaminan. Y para terminar (ahora sí), me causó indignación ver anoche a la señora Baguazo (la que fuera condecorada por su jefe), hacer comentarios y dar sugerencias en este tema con total desparpajo e impunidad, en el canal donde los apristas son incólumes y se sienten como en su casa. No aprenden.

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  2. Estimado Godoy: has olvidado un elemento clave, contra el cual tu “wishful thinking” se deshace en el aire: manejo de las autoridades regionales y ser conscientes que los índices de corrupción en ciertas provincias cuadruplican los de Lima. Hace veinte años un presidente regonal era un sacrificado funcionario que administraba la miseria. Hoy día una presidencia regional es un delicioso (y muy fácil) botín al cual aspira todo tipo de parásitos, pandilleros locales, demagogos de alquiler, y modernos “empresarios” gamonales. No nos engañemos. La “consciencia popular” ha despertado sólo porque hoy hay muchísimo dinero del canon minero, y si bien antes el sistema político permitía a una “Cerro Corporation” robar tierras y matar peones impunemente, el actual sistema político ha traido algunos cambios (ojo, no digo “mejoras”, sólo “cambios”). Hoy una “Cerro Corp.” tiene más problemas porque las élites regionales exigen a cambio una serie de “licencias sociales” que en realidad constituyen megacoimas, bajo amenaza de paros regionales, algaradas callejeras, y el consabido muerto al cual las élites locales tornarán en mártir y bandera. Además que los congresistas de turno se asustan de incurrir en el enojo de las élites regionales, pues eso implicará una reelección más difícil.
    Aquí en Lima seguimos soñando con el empoderamiento de las masas populares, el cual es sólo una ficción que los modernos gamonales venden a los incautos oenegeros, usando nombrecitos tan retumbantes como “frente de defensa”, cuando en verdad a esos gamonales les importa muy poco el medio ambiente: sólo buscan su ganancia, sea expresada en una megacoima auspiciada por la empresa minera o vía suculentos “contratos” al ocupar un cargo en ese moderno “corregimiento” al que llaman en Lima “Gobierno Regional”.
    Por eso Godoy, inclusive observando escrupulosamente ese soñador “Catecismo del Inversionista Buenito” que nos propones en seis puntos, la culpa esencial cae en el Estado. Un Estado ausente cuyos jefes (no califican como “líderes”) sólo piensan en la siguiente elección y en los negociados, y que dejan el trabajo pesado a tecnócratas ansiosos de lucirse ante las grandes empresas privadas (donde pedirán chamba al acabar el gobierno), y cuyos vicios son reproducidos de modo más salvaje y descarnado en las provincias. Como al Estado le importa un pito ejercer fiscalización y autoridad en provincias, los “estallidos sociales” seguirán por los siglos de los siglos, mientras haya canon que sirva de botín.

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