INTELIGENCIA

La obtención de información relevante para la defensa nacional y la seguridad interna es la única razón que justifica, en un estado democrático, la existencia de una entidad estatal que pueda operar en el sigilo y lejos del ojo público. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas se han confundido varios conceptos sobre ella.

Se considera que la inteligencia es un tema estrictamente castrense. Y nos ha ido mal cuando el peso militar ha sido fuerte. Varios de los militares que apoyaron a Velasco surgieron del Servicio de Inteligencia Nacional. Montesinos llevó a la institución a la categoría de organización criminal. Y con la promoción Humala a cargo, sus ocupaciones han sido distintas a garantizar los fines arriba anotados.

Para muchos, resulta “normal” que todos los gobiernos espíen a sus rivales. No lo es. No solo por cuestiones de principio –no debemos tener una policía política–, sino también por razones prácticas, pues se desvían recursos requeridos para vigilar a quienes sí constituyen una amenaza.

Hemos sido muy tolerantes con las actividades de empresas privadas de seguridad y agentes que vendían información con fines privados. Si bien se sancionó a los miembros de BTR, no han surgido reglas para controlar las posibles actividades de espionaje de sus competidores en el mercado. Y, como ha indicado el congresista García Belaúnde, es sospechosa la obtención de información sobre quienes denunciaban las acciones del clan Orellana.

Más allá de las investigaciones y sanciones sobre los casos revelados en los últimos meses, se requiere una reforma a fondo de la DINI que pasa, en nuestra opinión, por los puntos antes anotados.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 22.03.2015)

(Foto: El Comercio)

LOS FILES DE LA DINI

Uno puede entender que la Dirección Nacional de Inteligencia pueda tener un convenio con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para obtener información (pública, por cierto) respecto de los bienes y empresas que puedan tener personas que representan una amenaza para la defensa nacional y la seguridad ciudadana en el país. Hasta allí, todo bien.

Lo que uno no puede comprender es que una entidad estatal use de pretexto dicho convenio para levantar información de políticos, empresarios y periodistas.

Hace poco más de un mes, Exitosa Diario ya había alertado sobre búsquedas registrales hechas desde la DINI para armar files sobre congresistas. Aquí la parte pertinente de la nota sobre cómo se descubrió este asunto:

Los documentos que de­muestran estas “rascadas” provienen de la misma Su­perintendencia Nacional de Registros Públicos (Su­narp), tras un pedido oficial de información que realiza­ra el congresista Víctor An­drés García Belaunde sobre las búsquedas y los usua­rios que lo rastreaban en re­gistros públicos. Esto dentro del marco de la persecución, denuncias y amedrenta­mientos contra él y su fami­lia, por parte de la red de Ro­dolfo Orellana.

La sorpresa fue grande al ver que el informe remiti­do por la Sunarp especifica­ba que había sido rastrea­do desde una cuenta de la DINI. Se trata de la cuenta DINAINT02 que, según el mismo informe, estaba aso­ciada al usuario Rosendo Francisco Chávez Rojas con el e-mail dini@dini.gop. pe. La cuenta era parte del “Convenio Sunarp – Direc­ción Nacional de Inteligen­cia” por el cual la DINI tiene acceso irrestricto para reali­zar búsquedas de bienes in­muebles, personas jurídicas, entre otros detalles.

¿Y quiénes fueron ras­treados desde la cuenta DI­NAINT según los registros de la Sunarp? Además de Víctor Andrés García Be­launde aparecen los congre­sistas: Mesías Guevara Ama­sifuén, Juan Carlos Eguren, Neuenschwander, Marco Tulio Falconí Picardo, Nor­man Lewis Alcázar, Víctor Crisólogo Espejo, María Ló­pez Córdova y Cecilia Cha­cón De Vetorri.

Con la DINI “en reestructuración” y bajo investigación parlamentaria, Correo Semanal pudo acceder a la base de datos de búsquedas hechas por la DINI, a través de Chávez Rojas. Y de lo presentado por la revista se concluye que:

1. La práctica de rastrear las propiedades de políticos comenzó en el gobierno de Alan García. Dos de los indagados durante dicho periodo fueron el hoy congresista oficialista César Yrupailla Montes y el expresidente Alejandro Toledo, en plena campaña electoral. ¿Para qué?

2. El tema se vuelve más recurrente una vez iniciado el gobierno de Humala. Por lo menos cinco ministros actuales fueron rastreados en temas de propiedades: Jara, Segura, Von Hesse, Cateriano y Pérez Guadalupe. El caso del ministro de Defensa resulta interesante por el timing: la búsqueda se hizo a los pocos días de ocupar dicha cartera. Sumemos a ellos a los congresistas arriba mencionados.

3. No solo políticos, también aparecen las principales cabezas de los grupos empresariales del país entre los registrados en las búsquedas.  En la lista se encuentran Dionisio Romero, Carlos Rodríguez Pastor (grupo Interbank), Eduardo Hochschild, José Graña Miró Quesada (propietario de Graña y Montero y exmiembro del directorio de El Comercio), Luis Agois Banchero (EPENSA). También se encuentra Rodrigo Arosemena, presidente de una conocida empresa de asesoría de imagen y visitante de Palacio de Gobierno.

4. ¿Qué hacían periodistas en la lista de indagados? Medio gremio fue buscado por la DINI en la web de Registros Públicos. De acuerdo a lo presentado por Correo y las búsquedas en la lista publicada hoy por dicho diario que hemos hecho, se hicieron investigaciones sobre las propiedades de Augusto Álvarez Rodrich, Rosa María Palacios, César Hildebrandt, Fernando Rospigliosi, Juan Paredes Castro, Juan Carlos Tafur, Fritz Du Bois, Pedro Tenorio, Aldo Mariátegui, Gustavo Gorriti, Marco Zileri, Jaime de Althaus, Miguel Ramírez, Raúl Vargas, Ángel Páez, Edmundo Cruz, entre otros. Vista la lista, ninguno de los arriba anotados es precisamente cercano al gobierno de turno, por el contrario, son críticos al régimen, como corresponde a todo periodista que se precie de serlo.

El asunto resulta realmente escandaloso. Como decíamos al inicio, se puede entender que, dentro de las labores de inteligencia, se pueda rastrear las propiedades de personas involucradas en crímenes. Pero no se puede explicar que un servicio de inteligencia durante dos gobiernos democráticos anden indagando los vaivenes inmobiliarios y empresariales de políticos, directores de empresas y periodistas. Mejor formulada la interrogante: ¿para qué servían esos files?

Y la pregunta resulta pertinente porque, tanto en este gobierno como en el anterior, han circulado files contra periodistas y funcionarios. Recuerden la denuncia de Augusto Álvarez Rodrich sobre estas prácticas en 2007 o, más recientemente, lo que Correo Semanal puso al descubierto sobre un expediente contra Jara y algunas contrataciones en PCM.

Es momento que estas prácticas paren, de una buena vez. A ver si la reestructuración de la DINI sirve para ello. Aunque tengo mis dudas sobre si este o el siguiente gobierno va a emprender esta reforma o tener más controles democráticos para una tarea que, aunque importante para la seguridad nacional, requiere tener determinados candados institucionales para evitar su distorsión.

EL NUEVO BYPASS DE CASTAÑEDA

Hoy todos los diarios de circulación nacional tienen este aviso que engalana sus páginas:

En efecto, Luis Castañeda Lossio anuncia una nueva obra, pero con varios problemas.

1. NO ESTÁ EN SU PLAN DE GOBIERNOEn la sección transporte del Plan de Gobierno de Solidaridad Nacional no se menciona ni una sola obra vial, a pesar que Castañeda, supuestamente, es el rey del cemento y de los intercambios en calles y plazas. Y tampoco se mencionaron las obras que se vienen ejecutando o ya tienen proyectos aprobados desde la gestión pasada (Vía Parque Rímac, Vías de Lima, Vía Expresa Sur) y que Castañeda deberá continuar o iniciar, debido a que ya hay contratos de concesión en marcha.

2. SE SUPERPONE A LA LINEA 3 DEL METRO: Como pueden ver en este mapa de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, el famoso by pass se haría por donde tendría que pasar la Línea 3 del Metro de Lima.

¿Cómo hará convivir ambas obras sin incrementar el costo del Metro?

Es un problema de improvisación parecido al de otra promesa sacada de la manga de Castañeda: el Monorriel. Solo que, en este caso, ponernos un by pass si está en sus competencias.

3. CONTRADICCIONES CON OTRA DE SUS MEDIDAS ANUNCIADAS: Ayer el señor alcalde dijo que iba a “estudiar” la posibilidad de reemplazar el Corredor Tacna – Garcilaso – Arequipa con un Metropolitano. Y ahora, en esa misma vía, pone una obra cuya prioridad es el transporte privado, no el público.

Más aún, cuando ya existen problemas con la propuesta de convertir el Corredor Azul TGA en Metropolitano. Comenta el exgerente municipal Miguel Prialé:

Para empezar el Metropolitano es un sistema BRT (Bus Rapid Transit) cuyo modelo en el mundo exige funcionar con vías segregadas. Me dejo entender Sr Luis Castañeda? SE-GRE-GA-DAS, es decir, exclusivas en sus vías y en sus paraderos. La vía expresa tenía espacio para ello, pero por eso el Metropolitano tuvo los problemas que tuvo en Barranco y el Centro Histórico. Quiere hacer un Metropolitano BRT en.. av Tacna? en la av Arequipa? en la Av Javier Prado- La Marina?

4. ¿SOLUCIONA EL PROBLEMA DE TRANSITO? Hace siete años, Juan Carlos Dextre, experto en temas de transporte de la PUCP, remarcaba lo siguiente:

En la mayoría de las ciudades del Perú, el vehículo automotor está ganando espacio, a costa de quitárselo a las personas. En el caso de Lima y Callao(1) con una población de 8 millones de habitantes y 448,000 automóviles, sólo el 11.4% del total de viajes se realiza en automóvil particular, mientras que existe un 25.4% de viajes a pie y 61.7% de viajes en transporte público. Para mejorar la circulación de la minoría que viaja en automóvil, las autoridades deciden construir más infraestructura para autos: ampliación de carriles, construcción de pasos a desnivel, intercambios viales, estacionamientos, etc. Lamentablemente existe bastante evidencia que demuestra que la construcción de infraestructura para autos, no solo, no resuelve el problema de la congestión, sino que lo empeora. Por ejemplo, en el año 2001, el Texas Transportation Institute mostró los resultados de un estudio sobre 68 áreas urbanas en Estados Unidos, desde el año 1982 al 1999, período en que la población en esas áreas creció en 11%, mientras los kilómetros de vías urbanas aumentaron en un 15%, sin embargo, en promedio las horas de congestión en esas áreas crecieron en un 50% y el tiempo de viaje lo hizo en un 7%(2). El ex Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa(3) dice que esto es como querer apagar un incendio echando gasolina.

Las molestias pasan, las obras quedan, la improvisación se paga.

EL ALCALDE DE SAN BORJA Y SU JUICIO POR DESAPARICION FORZADA

El señor de la foto se llama Marco Álvarez Vargas. Es alcalde de San Borja por segundo periodo consecutivo, militante del Partido Popular Cristiano y miembro del Ejército Peruano en situación de retiro.

Y, aunque no figura en su CV, desde hace algunos años, el alcalde de San Borja tiene un juicio pendiente por la desaparición forzada de Lucho Manrique Escobar, en 1989, en Huancavelica.

En primera instancia, Álvarez fue absuelto, por una presunta falta de pruebas en su contra. Sin embargo, una resolución dictada en agosto de 2014 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, señaló que existía evidencia para volverlo a procesar por este caso. Así lo reseñamos en septiembre pasado en este blog:

a) Qué Álvarez sí estuvo presente en Huancavelica en 1989 y que, en ausencia del jefe político militar, era la persona de más alta graduación en el lugar.

b) Fue felicitado por “operaciones especiales de inteligencia en Huancavelica” durante las elecciones municipales de 1989. No hay pruebas que constaten que Alvarez tuvo alguna coordinación electoral, pero sí hay documentos que suscribe como jefe político militar en la práctica mientras estuvo en dicha región.

c) Tenía poderes para efectuar detenciones y operaciones antisubversivas. Aunque Álvarez niega la participación en la desaparición de Manrique, si comandaba en la práctica la dependencia militar de Huancavelica.

d) 3 personas señalan que Manrique fue detenido. Dos de las personas puntualizaron que se entrevistaron con Álvarez y que este negó la detención. Otra testigo señala que Álvarez era, en la práctica, el jefe político militar de Huancavelica.

e) Huancavelica, en el contexto en el que ocurrieron los hechos, era una zona donde existían múltiples denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Por su cargo, y así lo señala expresamente la Sala, resultaría fundado imputarle el conocimiento de los hechos, la orden de ejecución del operativo de detención de Manrique, así como su desaparición.

El nuevo juicio contra Álvarez debió iniciarse en diciembre. Sin embargo, adujo razones de salud para no asistir a la audiencia de instalación del proceso oral, en dos oportunidades. La segunda de ellas, por una operación ocular. Pero, en enero de este año, decidió recusar al juez Marco Cerna, integrante del colegiado de la Sala Penal Nacional que lo procesará, situación que ha dilatado aún más el inicio del juicio.

Hoy en Expreso, diario poco proclive al procesamiento de agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos, publica una nota contra el juez Cerna. Dos son sus argumentos centrales: señalar que el hermano del magistrado trabaja en el Instituto de Defensa Legal como “jefe de prensa”, organización no gubernamental que patrocina a la familia de Lucho Manrique y que había votado “a favor de la acusación contra Álvarez”.

¿Quién es el denunciante? Nada menos que el general EP en situación de retiro Wilson Barrantes, partidario de la amnistía general para terroristas y militares y a quien se ha visto en reuniones con MOVADEF. Si el alcalde va a escoger este tipo de defensores para su causa, mejor que busque otro militar, sin conexiones con el organismo de fachada senderista.

Pero más allá del denunciante, lo cierto es que ambas acusaciones son falsas. Como ha señalado Carlos Rivera, abogado del IDL, dicha institución no tiene el cargo de jefe de prensa y el hermano del magistrado Cerna no trabaja en ningún puesto dentro de dicha ONG. También desmiente que el juez haya votado ya en ese caso, dado que el juicio oral aún no se inicia.

Como decía un expresidente de la República, quien no la debe, no la teme. ¿Se presentará el alcalde de San Borja al juicio oral que lo espera hace meses?

(Foto: El Comercio)

LA DEFENSORIA DEL LECTOR

Desde hace algunos años, en este blog hemos propuesto la necesidad que los diarios peruanos cuenten con un Defensor del Lector. ¿En qué consiste esta figura? Lola Galán, quien ejerce este cargo actualmente en El País, indica cuáles son sus funciones:

Se trata de una figura que tiene su origen en los comités especiales creados por algunos diarios japoneses en los años veinte del siglo pasado para recoger e investigar las quejas de los lectores. Inicialmente, era una tarea que se resolvía con total discreción, hasta que un par de diarios de Kentucky decidieron que la misión requería la máxima transparencia. Así se creó el primer Ombusdman de los medios de comunicación, en 1967. EL PAÍS introdujo esta figura en 1985, con la misma intención: aportar transparencia al trabajo periodístico.

La Defensora tiene la misión de atender las quejas y las dudas de los lectores y de velar por que los contenidos del diario se mantengan dentro de las normas profesionales y éticas que constituyen su ideario.

¿Que implica esta figura? En principio, que el medio tenga un código de ética, reglas de publicación o principios rectores que guíen su trabajo. En segundo lugar, que el medio sea absolutamente consciente que puede incurrir en errores y que la labor de sus periodistas es perfectible. Y, en tercer lugar, que la persona que ejerza dicha labor tenga internalizadas las normas éticas del medio como aquello que puede hacer o no un periodista para conseguir una información.

En el Perú tenemos algunos antecedentes. En el grupo Apoyo, cuando tenía una división de publicaciones, se introdujo esta figura, a cargo de José María de Romaña – filósofo, teólogo y periodista – quien se encargaba de esta tarea para las revistas Debate, Semana Económica y Perú Económico.  En sus inicios, Perú.21 se planteó tener esta figura, pero finalmente no existió un acuerdo sobre la persona a nombrar. Por breve tiempo, Alfonso Grados Bertorini cumplió esta función en La Primera, cuando era dirigida por Juan Carlos Tafur.

Ayer, Juan José Garrido hizo oficial que el diario que dirige, Perú.21, pasa a ser el único medio impreso que circula en la actualidad que cuenta con esta figura. Las razones de la incorporación están en su editorial de ayer:

En Perú21 nuestros límites se establecen bajo un mandato claro y definido por parte del directorio en sus Principios Rectores. Es un nutrido compendio de buenas prácticas periodísticas, donde la empresa establece de manera clara y práctica los fines y valores, los principios de la línea editorial, la relación del medio y sus periodistas, así como los alcances de la operación. Son, sin duda, un apoyo constante en nuestra labor diaria, un punto de reflexión y encuentro con los mejores estándares de nuestra profesión.

Creo, no obstante, que dicha filosofía y marco conceptual se pueden enriquecer aún más con el soporte de un Defensor del Lector, una figura que atienda las preocupaciones, quejas o sugerencias que nuestra labor diaria pueda suscitar y que el medio, por diversas razones, no atiende por sí mismo. La figura del Defensor del Lector se integra, a partir de hoy, a nuestra permanente búsqueda por la verdad, por entregarles la información más veraz, oportuna y objetiva, sin minimizar o sobrepasar los derechos de terceros. Nuestro compromiso es con ustedes, nuestros lectores, y la mejor manera de honrarlo es asegurando que nuestro trabajo y esfuerzo se enmarca en los más altos estándares de la industria.

La persona nombrada para este encargo es Carlos Basombrío. Sociólogo, exviceministro del Interior, cuya honestidad es comprobada y comprometido con la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos. Una persona con la que se puede coincidir o discrepar, pero que tiene sus principios claros y que, además, tiene experiencia periodística, como director de la revista Ideele. Algunas de las líneas generales de su trabajo las ha dado ayer, pero promete, para este domingo, ser aún más claro en los alcances y límites de su función. Aunque ya precisó vía Twitter que, en los alcances de su función, no se encuentran los columnistas de opinión.

Y, en particular, este nombramiento resulta importante por una razón adicional. Si bien todos los diarios son chequeados casi al milímetro por una audiencia en redes sociales que no perdona casi nada, en particular, los medios del Grupo El Comercio son observados con atención particular, por dos motivos. De un lado, la adquisición de los medios de Epensa, que ha supuesto incluso una demanda de amparo por acaparamiento de medios. De otro lado, la conducta de algunos de los medios del GEC durante las últimas campañas electorales, en especial, la presidencial de 2011. Perú.21, precisamente, fue uno de los medios más evaluados por científicos sociales y no precisamente para bien (ver esta columna de Alberto Vergara y este PPT de Santiago Pedraglio).

Por ello y por la importancia de esta figura, sería interesante que los demás diarios del GEC puedan replicarla, así como los demás diarios que no pertenecen a la referida corporación. Es una buena práctica que puede ayudar a mejorar la calidad del periodismo en el Perú.

(Foto: Terra)

TACTICA Y ESTRATEGIA FRENTE A CASTAÑEDA

Los tres primeros meses de Luis Castañeda Lossio al frente de Lima se han caracterizado por la carencia de una visión para la ciudad, desmontaje revanchista de las políticas de su antecesora, despidos arbitrarios, poca transparencia y también alta aprobación. ¿Qué deben hacer los opositores al alcalde?

En principio, se debe entender porque Castañeda es apreciado por muchos limeños. No solo es la antipatía a Villarán. La esperanza de obras utilitarias como las hechas en sus anteriores gestiones y que no se toque un status quo informal que ha permitido sobrevivir e incluso ascender socialmente a varios ciudadanos está en la raíz de su éxito en las encuestas.

Comprendido ello, una estrategia opositora debe buscar acercar aquellas políticas que se buscan defender con el público que aplaude al alcalde. Supone mostrar las ventajas en ahorro en tiempo y seguridad de los corredores frente a un transporte barato y que deja a la gente “en la puerta de su casa”. Pasa por evidenciar que cultura es el mural borrado a la mala por Castañeda, pero también la fiesta patronal del barrio. Implica aprovechar ventanas de oportunidad, como el proyecto de ordenanza sobre transporte presentado esta semana por Enrique Cornejo. Se requiere empatía y, sobre todo, ensuciarse los zapatos. En suma, política.

Finalmente, destierren de su cabeza la revocatoria. No solo por principio, sino sobre todo por practicidad. Las reglas aprobadas hace una semana suponen más candados para su aplicación y, además, deslegitimaría toda crítica hecha a la consulta anterior. Emprender dicho camino sería hacer exactamente lo que Castañeda quiere: polarizar.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 15.03.2015)

(Foto: El Comercio)

LA GROSERIA DE CONDORI Y LA MEDIA TINTA OFICIALISTA

Hasta ayer, quienes seguimos el quehacer político recordábamos vagamente al congresista Rubén Condori por esta grosera falta, al marcar la votación de la parlamentaria Rosa Mavila sin que ella se diera cuenta:

Al congresista lo sancionaron donde más le duele: en el bolsillo. Le pusieron una multa de siete día menos de sueldo. Y de allí nos volvimos a olvidar de él, hasta el martes.

Ese día, Condori fue uno de los siete congresistas que votó en contra de la Unión Civil. Y con argumentos que eran más que un homenaje a Mario Moreno. Hasta allí, podríamos encontrarnos dentro de la libertad de conciencia de cada persona, así tuviera serias dificultades para expresarla.

Pero el miércoles por la tarde, el congresista fue a una entrevista en Arroba Radio, una emisora por internet, donde fue entrevistado por la conductora Gisela Sotelo y allí se mandó con frases que jamás esperábamos escuchar a un congresista peruano, a pesar del nivel al que ya estamos acostumbrados. Aquí una selección de sus bytes más “celebres”, extraidos por La Mula:

“El hecho de amamantar no es cultural, es algo biológico y es exclusivo de las mujeres. La cuestión de cocinar, lavar planchar son atributos propiamente de género. Esos se puede ir modificando, ¿o es natural?”

“Yo no caí de frente a votar. Yo  estuve pendiente del tema, los meses anteriores, tengo algún tipo de formación en estos temas, yo tengo especialidad en medio ambiente”

“Aquí hay inconductas que debemos trabajar en el seno de la familia, el hogar, institucionalizar algunas formas apropiadas de vida porque en el país está campeando la inseguridad social, la drogadicción, el alcoholismo y esto es producto de familias no constituidas debidamente”

Yo leí una obra, ‘Mi lucha’ de Hitler, que se fue al extremo, que no comparto, pero que decía háganle seguimiento a un pata que es ambicioso, a una prostituta, a alguien que es comunista; lo hemos hecho y me he dado cuenta que son judíos, por tanto hay que desaparecer a los judíos. Es una situación extrema, pero en alguna parte sí tiene razón, porque hay inconductas que se generan por un tipo de vida

Tirso Molinari, historiador que ha estudiado bien el fascismo en el Perú – y al único partido abiertamente facho de raigambre popular en nuestro país, la Unión Revolucionaria – señala lo siguiente al final de su libro sobre dicho tema (recogido en este post de Roy Palomino):

Y esto del fascismo no es una “anécdota”. Es parte crucial de la historia de las mentalidades y de la cultura política autoritaria existente en el país. Historia densa que en buena medida y con sus resignificaciones nos dice mucho de la demonización histórica del Apra y de la izquierda, nos dice mucho de las dictaduras militares, de las instrumentalizaciones clientelísticas, nos dice mucho de la intolerancia terrorista de Sendero Luminoso y de la intolerancia antisubversiva estatal, y nos dice mucho también de sus anclajes de mesianismo autoritario del gobierno de Fujimori y de ese enorme apoyo político-clientelístico que llegó a tener. Por último, nos dice mucho del racismo aún existente en nuestro país.

En cualquier parte del mundo, sería un verdadero escándalo que un congresista del partido de gobierno se exprese con esas palabras, sobre todo, con el último extracto. De hecho, si hay algo que Ollanta Humala supo hacer bien durante estos años fue deslindar con cualquier corriente nacionalista extrema (léase, Antauro y sus papás). Y, de hecho, el sistema político peruano pudo contener una candidatura filonazi que había en Tacna en 2010. En un país que ha tenido cerca de 70,000 muertos y desaparecidos por un conflicto iniciado por un grupo con una visión fundamentalista del marxismo, resulta inaceptable que un congresista de la República, que jura defender los valores de la Constitución, ponga como ejemplo de negación de derechos a un conjunto de ciudadanos nada menos que al pensamiento guía de Hitler, uno de los mayores criminales de la historia de la humanidad.

Por ello, caen bien estos párrafos de la columna de hoy de Álvarez Rodrich:

Condori pertenece a Gana Perú. ¿Los patrones de esta agrupación –Ollanta Humala y Nadine Heredia– nunca intercambiaron alguna palabra con él que les permitiera darse cuenta del tipo de espécimen que estaban metiendo al congreso?

De paso, en vez de estar enviando voceros para deslizar que este dúo dinámico no le ordenó al retazo de bancada que le queda en el Congreso que se oponga a la unión civil, por qué no hablan claro y dicen cuál es la real posición de Humala frente a la unión civil, si es la que ofrecía cuando era candidato y para buscar votos hasta se abrazaba y besaba con los travestis de Tarapoto, o es la de ahora en que finge demencia.

¿Cual ha sido la respuesta del nacionalismo? Al poco habitual silencio de varios de sus adeptos en Twitter, siempre prestos a comentar cualquier crítica al gobierno, se suma esta tibia respuesta de Nadine Heredia (captura de tuits hecha por Unión Civil Ya):

¿Tan difícil es rectificar derecho? ¿Tan difícil es adoptar una posición clara sobre un tema de derechos?

(Caricatura: Andrés Edery, para El Comercio) (Foto de Condori y Mávila: RPP)