EL ALCALDE DE SAN BORJA Y SU JUICIO POR DESAPARICION FORZADA

El señor de la foto se llama Marco Álvarez Vargas. Es alcalde de San Borja por segundo periodo consecutivo, militante del Partido Popular Cristiano y miembro del Ejército Peruano en situación de retiro.

Y, aunque no figura en su CV, desde hace algunos años, el alcalde de San Borja tiene un juicio pendiente por la desaparición forzada de Lucho Manrique Escobar, en 1989, en Huancavelica.

En primera instancia, Álvarez fue absuelto, por una presunta falta de pruebas en su contra. Sin embargo, una resolución dictada en agosto de 2014 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, señaló que existía evidencia para volverlo a procesar por este caso. Así lo reseñamos en septiembre pasado en este blog:

a) Qué Álvarez sí estuvo presente en Huancavelica en 1989 y que, en ausencia del jefe político militar, era la persona de más alta graduación en el lugar.

b) Fue felicitado por “operaciones especiales de inteligencia en Huancavelica” durante las elecciones municipales de 1989. No hay pruebas que constaten que Alvarez tuvo alguna coordinación electoral, pero sí hay documentos que suscribe como jefe político militar en la práctica mientras estuvo en dicha región.

c) Tenía poderes para efectuar detenciones y operaciones antisubversivas. Aunque Álvarez niega la participación en la desaparición de Manrique, si comandaba en la práctica la dependencia militar de Huancavelica.

d) 3 personas señalan que Manrique fue detenido. Dos de las personas puntualizaron que se entrevistaron con Álvarez y que este negó la detención. Otra testigo señala que Álvarez era, en la práctica, el jefe político militar de Huancavelica.

e) Huancavelica, en el contexto en el que ocurrieron los hechos, era una zona donde existían múltiples denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Por su cargo, y así lo señala expresamente la Sala, resultaría fundado imputarle el conocimiento de los hechos, la orden de ejecución del operativo de detención de Manrique, así como su desaparición.

El nuevo juicio contra Álvarez debió iniciarse en diciembre. Sin embargo, adujo razones de salud para no asistir a la audiencia de instalación del proceso oral, en dos oportunidades. La segunda de ellas, por una operación ocular. Pero, en enero de este año, decidió recusar al juez Marco Cerna, integrante del colegiado de la Sala Penal Nacional que lo procesará, situación que ha dilatado aún más el inicio del juicio.

Hoy en Expreso, diario poco proclive al procesamiento de agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos, publica una nota contra el juez Cerna. Dos son sus argumentos centrales: señalar que el hermano del magistrado trabaja en el Instituto de Defensa Legal como “jefe de prensa”, organización no gubernamental que patrocina a la familia de Lucho Manrique y que había votado “a favor de la acusación contra Álvarez”.

¿Quién es el denunciante? Nada menos que el general EP en situación de retiro Wilson Barrantes, partidario de la amnistía general para terroristas y militares y a quien se ha visto en reuniones con MOVADEF. Si el alcalde va a escoger este tipo de defensores para su causa, mejor que busque otro militar, sin conexiones con el organismo de fachada senderista.

Pero más allá del denunciante, lo cierto es que ambas acusaciones son falsas. Como ha señalado Carlos Rivera, abogado del IDL, dicha institución no tiene el cargo de jefe de prensa y el hermano del magistrado Cerna no trabaja en ningún puesto dentro de dicha ONG. También desmiente que el juez haya votado ya en ese caso, dado que el juicio oral aún no se inicia.

Como decía un expresidente de la República, quien no la debe, no la teme. ¿Se presentará el alcalde de San Borja al juicio oral que lo espera hace meses?

(Foto: El Comercio)

LA DEFENSORIA DEL LECTOR

Desde hace algunos años, en este blog hemos propuesto la necesidad que los diarios peruanos cuenten con un Defensor del Lector. ¿En qué consiste esta figura? Lola Galán, quien ejerce este cargo actualmente en El País, indica cuáles son sus funciones:

Se trata de una figura que tiene su origen en los comités especiales creados por algunos diarios japoneses en los años veinte del siglo pasado para recoger e investigar las quejas de los lectores. Inicialmente, era una tarea que se resolvía con total discreción, hasta que un par de diarios de Kentucky decidieron que la misión requería la máxima transparencia. Así se creó el primer Ombusdman de los medios de comunicación, en 1967. EL PAÍS introdujo esta figura en 1985, con la misma intención: aportar transparencia al trabajo periodístico.

La Defensora tiene la misión de atender las quejas y las dudas de los lectores y de velar por que los contenidos del diario se mantengan dentro de las normas profesionales y éticas que constituyen su ideario.

¿Que implica esta figura? En principio, que el medio tenga un código de ética, reglas de publicación o principios rectores que guíen su trabajo. En segundo lugar, que el medio sea absolutamente consciente que puede incurrir en errores y que la labor de sus periodistas es perfectible. Y, en tercer lugar, que la persona que ejerza dicha labor tenga internalizadas las normas éticas del medio como aquello que puede hacer o no un periodista para conseguir una información.

En el Perú tenemos algunos antecedentes. En el grupo Apoyo, cuando tenía una división de publicaciones, se introdujo esta figura, a cargo de José María de Romaña – filósofo, teólogo y periodista – quien se encargaba de esta tarea para las revistas Debate, Semana Económica y Perú Económico.  En sus inicios, Perú.21 se planteó tener esta figura, pero finalmente no existió un acuerdo sobre la persona a nombrar. Por breve tiempo, Alfonso Grados Bertorini cumplió esta función en La Primera, cuando era dirigida por Juan Carlos Tafur.

Ayer, Juan José Garrido hizo oficial que el diario que dirige, Perú.21, pasa a ser el único medio impreso que circula en la actualidad que cuenta con esta figura. Las razones de la incorporación están en su editorial de ayer:

En Perú21 nuestros límites se establecen bajo un mandato claro y definido por parte del directorio en sus Principios Rectores. Es un nutrido compendio de buenas prácticas periodísticas, donde la empresa establece de manera clara y práctica los fines y valores, los principios de la línea editorial, la relación del medio y sus periodistas, así como los alcances de la operación. Son, sin duda, un apoyo constante en nuestra labor diaria, un punto de reflexión y encuentro con los mejores estándares de nuestra profesión.

Creo, no obstante, que dicha filosofía y marco conceptual se pueden enriquecer aún más con el soporte de un Defensor del Lector, una figura que atienda las preocupaciones, quejas o sugerencias que nuestra labor diaria pueda suscitar y que el medio, por diversas razones, no atiende por sí mismo. La figura del Defensor del Lector se integra, a partir de hoy, a nuestra permanente búsqueda por la verdad, por entregarles la información más veraz, oportuna y objetiva, sin minimizar o sobrepasar los derechos de terceros. Nuestro compromiso es con ustedes, nuestros lectores, y la mejor manera de honrarlo es asegurando que nuestro trabajo y esfuerzo se enmarca en los más altos estándares de la industria.

La persona nombrada para este encargo es Carlos Basombrío. Sociólogo, exviceministro del Interior, cuya honestidad es comprobada y comprometido con la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos. Una persona con la que se puede coincidir o discrepar, pero que tiene sus principios claros y que, además, tiene experiencia periodística, como director de la revista Ideele. Algunas de las líneas generales de su trabajo las ha dado ayer, pero promete, para este domingo, ser aún más claro en los alcances y límites de su función. Aunque ya precisó vía Twitter que, en los alcances de su función, no se encuentran los columnistas de opinión.

Y, en particular, este nombramiento resulta importante por una razón adicional. Si bien todos los diarios son chequeados casi al milímetro por una audiencia en redes sociales que no perdona casi nada, en particular, los medios del Grupo El Comercio son observados con atención particular, por dos motivos. De un lado, la adquisición de los medios de Epensa, que ha supuesto incluso una demanda de amparo por acaparamiento de medios. De otro lado, la conducta de algunos de los medios del GEC durante las últimas campañas electorales, en especial, la presidencial de 2011. Perú.21, precisamente, fue uno de los medios más evaluados por científicos sociales y no precisamente para bien (ver esta columna de Alberto Vergara y este PPT de Santiago Pedraglio).

Por ello y por la importancia de esta figura, sería interesante que los demás diarios del GEC puedan replicarla, así como los demás diarios que no pertenecen a la referida corporación. Es una buena práctica que puede ayudar a mejorar la calidad del periodismo en el Perú.

(Foto: Terra)

TACTICA Y ESTRATEGIA FRENTE A CASTAÑEDA

Los tres primeros meses de Luis Castañeda Lossio al frente de Lima se han caracterizado por la carencia de una visión para la ciudad, desmontaje revanchista de las políticas de su antecesora, despidos arbitrarios, poca transparencia y también alta aprobación. ¿Qué deben hacer los opositores al alcalde?

En principio, se debe entender porque Castañeda es apreciado por muchos limeños. No solo es la antipatía a Villarán. La esperanza de obras utilitarias como las hechas en sus anteriores gestiones y que no se toque un status quo informal que ha permitido sobrevivir e incluso ascender socialmente a varios ciudadanos está en la raíz de su éxito en las encuestas.

Comprendido ello, una estrategia opositora debe buscar acercar aquellas políticas que se buscan defender con el público que aplaude al alcalde. Supone mostrar las ventajas en ahorro en tiempo y seguridad de los corredores frente a un transporte barato y que deja a la gente “en la puerta de su casa”. Pasa por evidenciar que cultura es el mural borrado a la mala por Castañeda, pero también la fiesta patronal del barrio. Implica aprovechar ventanas de oportunidad, como el proyecto de ordenanza sobre transporte presentado esta semana por Enrique Cornejo. Se requiere empatía y, sobre todo, ensuciarse los zapatos. En suma, política.

Finalmente, destierren de su cabeza la revocatoria. No solo por principio, sino sobre todo por practicidad. Las reglas aprobadas hace una semana suponen más candados para su aplicación y, además, deslegitimaría toda crítica hecha a la consulta anterior. Emprender dicho camino sería hacer exactamente lo que Castañeda quiere: polarizar.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 15.03.2015)

(Foto: El Comercio)

LA GROSERIA DE CONDORI Y LA MEDIA TINTA OFICIALISTA

Hasta ayer, quienes seguimos el quehacer político recordábamos vagamente al congresista Rubén Condori por esta grosera falta, al marcar la votación de la parlamentaria Rosa Mavila sin que ella se diera cuenta:

Al congresista lo sancionaron donde más le duele: en el bolsillo. Le pusieron una multa de siete día menos de sueldo. Y de allí nos volvimos a olvidar de él, hasta el martes.

Ese día, Condori fue uno de los siete congresistas que votó en contra de la Unión Civil. Y con argumentos que eran más que un homenaje a Mario Moreno. Hasta allí, podríamos encontrarnos dentro de la libertad de conciencia de cada persona, así tuviera serias dificultades para expresarla.

Pero el miércoles por la tarde, el congresista fue a una entrevista en Arroba Radio, una emisora por internet, donde fue entrevistado por la conductora Gisela Sotelo y allí se mandó con frases que jamás esperábamos escuchar a un congresista peruano, a pesar del nivel al que ya estamos acostumbrados. Aquí una selección de sus bytes más “celebres”, extraidos por La Mula:

“El hecho de amamantar no es cultural, es algo biológico y es exclusivo de las mujeres. La cuestión de cocinar, lavar planchar son atributos propiamente de género. Esos se puede ir modificando, ¿o es natural?”

“Yo no caí de frente a votar. Yo  estuve pendiente del tema, los meses anteriores, tengo algún tipo de formación en estos temas, yo tengo especialidad en medio ambiente”

“Aquí hay inconductas que debemos trabajar en el seno de la familia, el hogar, institucionalizar algunas formas apropiadas de vida porque en el país está campeando la inseguridad social, la drogadicción, el alcoholismo y esto es producto de familias no constituidas debidamente”

Yo leí una obra, ‘Mi lucha’ de Hitler, que se fue al extremo, que no comparto, pero que decía háganle seguimiento a un pata que es ambicioso, a una prostituta, a alguien que es comunista; lo hemos hecho y me he dado cuenta que son judíos, por tanto hay que desaparecer a los judíos. Es una situación extrema, pero en alguna parte sí tiene razón, porque hay inconductas que se generan por un tipo de vida

Tirso Molinari, historiador que ha estudiado bien el fascismo en el Perú – y al único partido abiertamente facho de raigambre popular en nuestro país, la Unión Revolucionaria – señala lo siguiente al final de su libro sobre dicho tema (recogido en este post de Roy Palomino):

Y esto del fascismo no es una “anécdota”. Es parte crucial de la historia de las mentalidades y de la cultura política autoritaria existente en el país. Historia densa que en buena medida y con sus resignificaciones nos dice mucho de la demonización histórica del Apra y de la izquierda, nos dice mucho de las dictaduras militares, de las instrumentalizaciones clientelísticas, nos dice mucho de la intolerancia terrorista de Sendero Luminoso y de la intolerancia antisubversiva estatal, y nos dice mucho también de sus anclajes de mesianismo autoritario del gobierno de Fujimori y de ese enorme apoyo político-clientelístico que llegó a tener. Por último, nos dice mucho del racismo aún existente en nuestro país.

En cualquier parte del mundo, sería un verdadero escándalo que un congresista del partido de gobierno se exprese con esas palabras, sobre todo, con el último extracto. De hecho, si hay algo que Ollanta Humala supo hacer bien durante estos años fue deslindar con cualquier corriente nacionalista extrema (léase, Antauro y sus papás). Y, de hecho, el sistema político peruano pudo contener una candidatura filonazi que había en Tacna en 2010. En un país que ha tenido cerca de 70,000 muertos y desaparecidos por un conflicto iniciado por un grupo con una visión fundamentalista del marxismo, resulta inaceptable que un congresista de la República, que jura defender los valores de la Constitución, ponga como ejemplo de negación de derechos a un conjunto de ciudadanos nada menos que al pensamiento guía de Hitler, uno de los mayores criminales de la historia de la humanidad.

Por ello, caen bien estos párrafos de la columna de hoy de Álvarez Rodrich:

Condori pertenece a Gana Perú. ¿Los patrones de esta agrupación –Ollanta Humala y Nadine Heredia– nunca intercambiaron alguna palabra con él que les permitiera darse cuenta del tipo de espécimen que estaban metiendo al congreso?

De paso, en vez de estar enviando voceros para deslizar que este dúo dinámico no le ordenó al retazo de bancada que le queda en el Congreso que se oponga a la unión civil, por qué no hablan claro y dicen cuál es la real posición de Humala frente a la unión civil, si es la que ofrecía cuando era candidato y para buscar votos hasta se abrazaba y besaba con los travestis de Tarapoto, o es la de ahora en que finge demencia.

¿Cual ha sido la respuesta del nacionalismo? Al poco habitual silencio de varios de sus adeptos en Twitter, siempre prestos a comentar cualquier crítica al gobierno, se suma esta tibia respuesta de Nadine Heredia (captura de tuits hecha por Unión Civil Ya):

¿Tan difícil es rectificar derecho? ¿Tan difícil es adoptar una posición clara sobre un tema de derechos?

(Caricatura: Andrés Edery, para El Comercio) (Foto de Condori y Mávila: RPP)

LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA MEGACOMISION SOBRE ENRIQUECIMIENTO ILICITO

En la madrugada de hoy, el Congreso de la República aprobó la desclasificación del informe pendiente de la Megacomisión que investigó la gestión de Alan García Pérez sobre enriquecimiento ilícito. Este documento ya ha sido subido, se encuentra a disposición del público y viene circulando ya en redes sociales, así como un PPT que resume los principales hallazgos.

Este blog pudo conocer hace algunos meses que algunos altos funcionarios del gobierno de Alan García se encontrarían en problemas gracias a este informe. Según este cuadro, preparado por Justicia Viva, son 5 los funcionarios con serios indicios de desbalance patrimonial.

Cabe indicar que la recomendación general de la Megacomisión respecto de este informe es que el Ministerio Publico pueda seguir indagando, a partir de los elementos encontrados, la posible existencia de elementos que lleven a investigar los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

En resumen:

– 6 funcionarios con desbalance patrimonial: los exministros Aurelio Pastor y Luis Nava, una funcionaria del Despacho Presidencial, dos exfuncionarios del Ministerio de Educación y un exdirector de Agua Para Todos.
– En el caso de Nava, la Megacomisión indagó en clientes del estudio y empresas de sus hijos.
– Aurelio Pastor figura como socio de dos empresas junto al rector de la Universidad Alas Peruanas. También se encontró depósitos en efectivo en su cuenta por US$ 70,381.00.
– Un exfuncionario del Ministerio de Educación presenta desbalance patrimonial por cerca de 2 millones de soles.
– En al menos dos casos, la Megacomisión encuentra depósitos de empresas ganadoras de contratos con el Estado.
– Si bien no hay desbalance patrimonial de Alan García, Hernán Garrido Lecca y José Antonio Chang, se recomienda indagar relaciones empresariales entre ellos.

A continuación, lo que se encontró a varios encumbrados exfuncionarios y, por supuesto, los 6 casos donde se logró evidenciar el desbalance patrimonial.

ALAN GARCIA PEREZ

La conclusión inicial a la que llega la Megacomisión es que la variación patrimonial y el gasto económico personal de García Pérez en el periodo 2006 – 2011 serían menores a los ingresos netos del expresidente en S/. 83,058.86.

Se arriba a esta conclusión luego de verificar el patrimonio e ingresos de Alan. De un lado, su remuneración como presidente, acciones en la empresa Popuventas, tres armas, ahorros y depósitos bancarios.  De otro lado, García tenía en el periodo bajo examen dos préstamos hipotecarios con dos bancos distintos, así como una acreencia con la mencionada empresa.

También se examina el patrimonio inmobiliario de García Pérez: a) La casa de Chacarilla, vendida luego de su traspaso, dentro de un acuerdo de separación de patrimonios firmado casi al final del segundo gobierno, a Pilar Nores; b) un departamento en la Av. Paseo de la República vendido al inicio del segundo gobierno; c) la famosa casa de playa en Pulpos, que este blog reveló como vendida en 2008 al entonces ministro de Educación José Antonio Chang.

Pero, ojo, la Megacomisión encuentra que se debe seguir indagando en los siguientes elementos respecto de García:

  • El poder otorgado por AGP a Fernando Lazo Manrique sobre sus hijos, entre 1991 y 2013. Lazo Manrique fue gerente del Ministerio Público entre 2008 y 2014. Su designación, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, corresponde al Fiscal de la Nación. Este personaje trabajó en las gestiones de Gladys Echaiz y José Peláez Bardales, ambos con vínculos familiares con militantes apristas. Como bien anota Laura Grados: “ ¿Y qué pasó mientras Peláez era fiscal? Pues que rechazó incluir a Alan García y a altos funcionarios de su gobierno, en la investigación y posterior acusación por el caso narcoindultos ¿Por qué tenía que incluirlos Peláez? Pues porque al tratarse de altos funcionarios, los delitos de corrupción son íntegramente vistos por la Fiscalía de la Nación”.
  • La sustitución del régimen de separación de patrimonios del matrimonio García Nores. Como es público, el expresidente está separado de su esposa, sin haberse divorciado y mantiene otro compromiso sentimental con la madre de su último hijo.
  • La no inclusión del departamento en Paris de García Pérez y del crédito hipotecario para adquirirlo. La Megacomisión señala que AGP recién lo declaró a la Megacomisión y que el mismo está
  • El nombramiento como director del expresidente en la empresa que controla la cadena de librerías Crisol, donde también participan el exministro Chang y el empresario Jaime Carbajal, expresidente de la Cámara Peruana del Libro. Carbajal ha sido nombrado en el informe de la Megacomisión en el caso BTR, así como en una investigación de IDL – Reporteros sobre un negocio con el Estado obtenido cuando su socio era ministro.
  • El alquiler de la casa del exministro Jorge Baca Campodónico en Las Casuarinas, cuando este estaba procesado por casos de corrupción.
  • Tampoco se declaró una oficina a nombre de García, ubicada en el centro de Lima, producto de la sucesión de su padre.
  • Tres hallazgos respecto de la adquisición de la actual vivienda de AGP en Miraflores: a) señalar como domicilio la casa de Chacarilla ya otorgada a su aún esposa; b) indicar a la Megacomisión que iba a pagar dicha casa con un crédito hipotecario cuando la misma ya había sido cancelada con un préstamo personal con la Universidad San Martín de Porres (en la que trabaja) y c) que la vivienda ha sido constituida como Patrimonio Familiar a favor de su hijo menor.
  • García es Vocal del Consejo Asesor Internacional de la empresa española Abengoa. Como registró este blog, Abengoa ganó varios contratos durante el gobierno de AGP. El expresidente es el único político

LUIS NAVA GUIBERT

La Megacomisión encuentra que Nava tiene un desbalance patrimonial estimado en S/.259,021.17. Ello se desprende de los siguientes elementos:

  • Ingresos de Nava en el sector público, que comprenden sus labores como asesor parlamentario antes del segundo gobierno de AGP y los cargos ejercidos en ese periodo: Secretario General de Palacio de Gobierno y ministro de la Producción.
  • Ingresos de Nava en el sector privado, obtenidos como docente de la Universidad San Martín de Porres.
  • Se declaran tres inmuebles: uno en La Planicie (constituido como patrimonio familiar), una casa de playa en Golf de Asia y un departamento en Miraflores.
  • No se declara el 25% que le corresponde de dos unidades inmobiliarias que tiene en copropiedad con sus hermanos en Bellavista, Callao.
  • Nava también registra dos autos, acciones en Popuventas (donde es socio de Alan García) y tres armas.
  • También registra un crédito hipotecario y ojo, un fraccionamiento de una deuda con la SUNAT. Ambos fueron cancelados al acabar el segundo gobierno aprista.

El otro gran elemento que llama la atención de la Megacomisión es el hecho que, durante el segundo gobierno de García, el estudio Nava y Huesa “evidenció un incremento significativo de sus ingresos anuales por encima del 45% sustentado en parte por empresas proveedoras de bienes y servicios al Estado”. Este bufete jurídico fue originalmente fundado por el exministro y luego pasó a su hijo, Luis Nava Mendiola. Aquí el pantallazo correspondiente del PPT con la lista de clientes.

La Megacomisión indaga especialmente en la relacion de Nava con empresas brasileñas. Se recoge que, mientras Nava y Huesa patrocinaba a Odebrecht, la mencionada empresa obtuvo ingresos por S/.34’643,559.45 por contratos con el Estado. Se indica que Nava tuvo tres reuniones con Jorge Barata, representante de Odebrecht. Una de ellas se sostuvo cuando el estudio de su hijo patrocinaba a la mencionada empresa.

Ojo que hay otros vínculos que se podrían explorar: Romina Mella en IDL-Reporteros encontró vínculos de empresas cercanas a Nava como contratistas de Odebrecht, como también lo hizo hace algunos años Oscar Miranda con socios de Nava hijo. Asimismo, el propio informe de la Megacomisión sobre “casos complementarios” da cuenta de lo hecho para la construcción del Cristo del Pacífico, donado por la empresa brasileña, incluyendo una reunión entre el exministro y Barata.

También se mencionan otras cuestiones a indagar en el Ministerio Público como:

  • Pagos extraordinarios al hermano del exsecretario general de Palacio de Gobierno por parte de un conocido banco y de una entidad financiera en liquidación.
  • Ingresos no justificados del hermano y uno de los hijos de Nava Guibert, que suman en total US$ 232,877.27, S/.152,803.10 y € 20,000.00.
  • Crecimiento importante de la empresa Transportes Don Reyna, de propiedad de otro de los hijos de Nava Guibert, a pesar de su escaso capital.
  • Relaciones de Transportes Don Reyna como proveedor para Relima como para Sirius, la constructora de Luis Felipe Piccini y Miguel Garro. Este último, involucrado con el caso Comunicore. Otras compañías para las que trabajó Don Reyna son Constructora Upaca (de propiedad de Piccini) y CONIRSA. Upaca fue cliente del estudio Nava y Huesa y Relima pagó servicios a los hermanos José Antonio y Jean Pierre Nava Mendiola, hijos del exministro.

AURELIO PASTOR VALDIVIESO

La conclusión de la Megacomisión es que el exministro de Justicia tiene un desbalance patrimonial por S/. 450,257.00. ¿Qué se analizó en su caso?

  • Ingresos del sector público como congresista de la República y Ministro de Justicia.
  • Ingresos del sector privado como abogado en 2005 y 2006.
  • Tres inmuebles ubicados en San Isidro. Uno de ellos con hipoteca ya pagada y dos adjudicados a su esposa en 2013 por separación de patrimonios.
  • Declara dos autos, joyas y enseres domésticos. También se analiza su evolución de ahorros.
  • Aparecen dos préstamos hipotecarios (uno ya cancelado) y una hipoteca legal. Resulta extraño para la Megacomisión un préstamo personal declarado en 2009 por US$.40,000.00, cuyo origen, aplicación y la procedencia de los fondos para cancelarlo se desconocen.
  • Se registra también un inmueble de su esposa, así como acciones de Pastor en las empresas Ahuashyaco Logística del Oriente S.A., Alas del Alto Mayo – Moyobamba y TRP-Huancayo. En las dos últimas aparece como socio del rector de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez Prado. También hizo una transferencia a otra empresa de Ramírez Prado, Inversiones Las Palmas SAC, así como a la compañía RDR Logística e Importaciones EIRL. Esta última pertenecía a un exasesor de Pastor en el Congreso de la República.
  • Y, last but not least, la Megacomisión encuentra movimientos importantes reflejados en los estados de cuenta de Pastor, no justificados con sus actividades comerciales. Se trata de depósitos en efectivo en la Cuenta de Ahorros en moneda extranjera en el  Banco de Crédito del Perú, que ascenderían a la suma de US$ 70,381.00.

HERNAN GARRIDO LECCA

La Megacomisión encuentra que la variación patrimonial y el gasto económico personal del exministro han sido cubiertos con sus ingresos netos, en S/.328,507.84. Sin embargo, hay algunos datos que merecerían una mayor indagación:

  • Contradicciones en lo declarado sobre el capital social de Librerias Crisol.
  • Contratos de Santillana, vinculada comercialmente con su socio Jaime Carbajal, con el Ministerio de Educación en 2009 por más de 33 millones de soles. Ojo que IDL-Reporteros denunció que Carbajal intervino en una compra de libros para el MINEDU en el segundo gobierno aprista.
  • Seis empresas en las que Garrido Lecca ha intervenido y actualmente han sido dadas de baja de oficio, a pesar de tener deudas coactivas con la SUNAT.
  • Calificación crediticia riesgosa del exministro antes de asumir el cargo, así como deudas tributarias.
  • Diferencias en las declaraciones juradas presentadas por Garrido Lecca ante la SUNAT, las cuales no han sido materia de fiscalización.
  • Un préstamo hipotecario contraido con una entidad que solo tiene representación de negocios en nuestro país y, por tanto, con limitaciones para operar según la SBS.
  • Asimismo, la Megacomisión explora en los pagos realizados a Garrido Lecca por empresas que obtuvieron contratos con el Estado durante el segundo gobierno aprista. Se trata de las compañías Innova Andina, Contugas, Cosmos Agencia Marítima, Horizons SouthAmerican, Balbi Consultores Asociados y Savia Perú.
  • También se explora en los pagos realizados por la empresa Global CST (investigada por un contrato de entrenamiento militar) y Alex Stewart International. El presidente de esta última compañía fue quien regaló una serie de vinos especiales para Alan García.

JOSE ANTONIO CHANG ESCOBEDO

Sobre el exministro de Educación, la Megacomisión señala que su variación patrimonial está estimada en S/. 1’505,615.01. Ese desbalance inicial sería cubierto por los ingresos recibidos por la Universidad San Martín de Porres.

Estos son los elementos principales para seguir con investigaciones en el Ministerio Público:

  • Posible cobro irregular como Rector de la Universidad San Martín de Porres cuando era ministro de Educación y presidente del Consejo de Ministros, así como los contratos obtenidos por esta casa de estudios cuando ocupaba cargos estatales. La Megacomisión encontró, en su informe sobre el caso“Colegios Emblemáticos”, la existencia de un vínculo laboral y comercial entre el exministro con la USMP, cuando era funcionario del gobierno. En ese mismo lapso de tiempo, dicha universidad contrató con el Estado por un total de S/.10’173,852.91, de los cuales S/.1’700,895.97 corresponden a los sectores Educación y PCM.
  • La denuncia de IDL-Reporteros sobre la posible intervención de Jaime Carbajal, socio de Chang, en una compra de libros para el MINEDU en el segundo gobierno aprista, a través de la empresa V&D Distribuidores.
  • Las vinculaciones de Chang con varios investigados por la Megacomisión, que veremos más adelante.
  • Suscripción de un convenio marco entre la USMP y el Despacho Presidencial cuando Chang era presidente del Consejo de Ministros. En términos administrativos, el Despacho Presidencial depende de la PCM.

ASABEDO FERNANDEZ CARRETERO Y MARIA JESUS GAMARRA DE FERNANDEZ

Se trata de dos exfuncionarios del Estado que están casados. El primero de ellos fue Secretario General del Ministerio de Educación durante todo el segundo gobierno aprista, mientras que la segunda trabajó como Secretaria General del Ministerio de Agricultura al inicio del gobierno mencionado y como Directora General de Administración y Operaciones del Despacho Presidencial entre 2007 y 2011.

La Megacomisión encuentra un desbalance patrimonial de la sociedad conyugal estimado en S/. 378,653.58. Asimismo, también se menciona que se deben investigar pagos hechos a Fernández Carretero que no se condicen con las labores que efectúa, así como pagos efectuados por ambos miembros del matrimonio a la empresa Orvisa S.A., que tuvo contratos con el Estado en el segundo gobierno de García. También se señalan como elementos a investigar variaciones en el patrimonio de los hijos y hermano del investigado.

Finalmente, como dato a tomar en cuenta, el convenio entre la USMP y el Despacho Presidencial se firmó cuando Gamarra de Fernández era Directora General de Administración y Operaciones. Su esposo fue recomendado por un docente de dicha universidad al ministro Chang para ocupar el puesto de confianza que tuvo durante todo el gobierno.

PEDRO ELMER MORALES GONZALES

Se trata del jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE) del Ministerio de Educación entre 2010 y 2011. La Megacomisión encuentra un desbalance de S/. 1’986,211.00, gracias a la adquisición de inmuebles y otros bienes que, según este grupo de trabajo, no puede justificar con sus ingresos.

La Megacomisión también encuentra que se debe indagar en empresas beneficiadas con contratos con el Estado garantizadas con inmuebles de Morales Gonzales, en una deuda por cobrar por S/. 1’200,000.00 a una empresa minera, en los pagos recibidos por dos empresas contratantes con el Estado y en movimientos bancarios mayores a los ingresos del exfuncionario. También se observa una serie de depósitos por pequeños montos entre octubre de 2011 y enero de 2012 y, además, un abono de un consorcio que ganó obras por Colegios Emblemáticos en su cuenta bancaria, producido en diciembre de 2011.

MIGUEL FACUNDO CHINGUEL

El principal implicado en el caso narcoindultos, en principio, no tiene desbalance patrimonial. Sin embargo, la Megacomisión recomienda indagar más debido a la existencia de incoherencia en sus declaraciones juradas como funcionario. Se observan inversiones declaradas que no se ajustan a la verdad y problemas con sus propiedades registradas, tanto inmuebles como vehiculares. También se indica que sus movimientos bancarios no se condicen con sus ingresos personales, al igual que el aporte brindado a la campaña de Luis Nava Guibert al Parlamento Andino. Finalmente, se indica que personas vinculadas a la empresa de su esposa laboraron en SERPOST, entidad en la que también prestó servicios.

HAMMER ZAVALETA GUTIERREZ

El último personaje de esta historia al que la Megacomisión encontró desbalance patrimonial. Se trata del exdirector ejecutivo del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento y Agua Para Todos y exfuncionario de Sedapal. El grupo de trabajo localiza una variación patrimonial y gasto económico personal del investigado superior a sus ingresos netos declarados en S/.61,953.40.

De acuerdo con el informe, Zavaleta no declaró oportunamente bienes inmuebles, ni su participación en cuatro empresas. También se observan depósitos bancarios superiores a sus ingresos, llamando la atención abonos en efectivo por S/.206,331.06 y US$115,885.00, que fueron retirados en agencias bastante lejanas a aquellas donde se hizo dichas operaciones. Asimismo, se registra un abono mediante cheque de una empresa ganadora de una obra de saneamiento.

OTROS VINCULOS A INDAGAR

Finalmente, una de las partes más sabrosas del informe es una serie de conexiones entre varios personajes cercanos, en términos patrimoniales, que valdría la pena seguir investigando. Estos son los principales:

  • La venta de la casa de playa de Alan García a José Antonio Chang, exministro de Educación.
  • La compra de la casa familiar del vicerrector de la Universidad San Martín de Porres, Raúl Bao, por independización de su propietaria inicial, la Asociación de Vivienda Júpíter. Bao y Chang aparecen como vocales de esta entidad entre 1996 y 2007.
  • Tres inmuebles en La Molina, producto de la partición de una vivienda unifamiliar, vendidos por el padre de Chang a Bao y su esposa. Luego, uno de ellos pasa a nombre de Chang padre. Otro de los inmuebles es vendido a un tercero y el tercero, donde vive el actual rector de la USMP y expresidente del Consejo de Ministros, sigue a nombre de Bao.
  • La empresa Alpamayo Entertaiment, productora de dibujos animados, donde aparecían como socios Chang, Carbajal y Garrido Lecca. Como revelamos junto con Marco Sifuentes y Jonathan Castro hace 7 años, esta empresa también contaba con capitales de Televisión Azteca. Garrido Lecca fue el lobbista para el ingreso de Banco Azteca al Perú, obtenido finalmente en el segundo gobierno de García. Y como reseñamos el año pasado en este blog, Carbajal organizó el megaevento de presentación de Banco Azteca y se ha encontrado correspondencia suya con un directivo de la empresa mexicana CEMEX.
  • La formación de Inversiones El Quijote SAC, empresa conformada exclusivamente para comprar la participación de Santillana en las librerías Crisol. Esta compañía fue constituida por Mercados & Norandina, representada por Carbajal; José Antonio Chang, Garrido Lecca y Eduardo Schudt, socio de los anteriores en Alpamayo. La empresa se fusionó luego con Librerías Crisol.
  • La presencia de Chang (rector), Bao (vicerrector), García Pérez (director del Instituto de Gobierno) y Carbajal (Facultad de Ingeniería y Arquitectura) en la USMP.

Revisen el informe completo y saquen sus propias conclusiones.

(Foto: Andina)

LOS EXTRANJEROS EN EL PERU: REFORMAS LEGALES URGENTES

Por motivos de trabajo, una de las oficinas públicas que más tuve que pisar durante dos años fue la sección Extranjería de la actual Superintendencia Nacional de Migraciones. La última vez que estuve por allí fue hace poco menos de diez años y realmente el panorama era de correr.

Cada año, los extranjeros que son residentes en el Perú tienen que cumplir con dos trámites obligatorios: el pago de una tasa anual de extranjería durante los 3 primeros meses del año y la renovación anual del carnet de extranjería. Este último caso debe ser uno de los más tortuosos, dado que siempre solicitan más documentos de los que se encuentran en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad. ¿Resultado? Normalmente el ciudadano extranjero que vive en el Perú debe estar a salto de mata con este segundo trámite.

Inés Agresott, colombiana residente en nuestro país y promotora cultural, ha contado en diversos medios de comunicación qué es lo que le ocurrió hace algunos meses cuando quiso revalidar su calidad migratoria. El siguiente párrafo de su testimonio para la revista Ideele resume lo que le pasa a varias personas que viven en el Perú por diversos motivos:

Hace 7 meses comenzó mi pesadilla en Migraciones. Como todos los años, fui en julio del 2014 a renovar mi carnet de extranjería como familiar de nacional y, ¡oh sorpresa!, me di con la noticia que habían retenido mi documento. No solo eso, pedían que desista voluntariamente del trámite iniciado, saliera del país y ahí me regularizara, ingresando por la frontera. Cuando reclamé me dijeron que supuestamente hace 6 años el funcionario que me renovó la residencia, luego de mi segundo matrimonio, había procedido erróneamente, al no cancelar mi residencia por “no acreditar la continuidad del vínculo matrimonial original”. Para llegar a semejante conclusión, no les importó desconocer mi público matrimonio en el 2008 con el ciudadano peruano Christian Wiener Fresco, y que a lo largo de estos cinco años, incluidos dos del actual gobierno, la Dirección General de Migraciones y Naturalización primero, y la Superintendencia Nacional de Migraciones, después; me habían reconocido y validado todos los años la vigencia de mi residencia, incluso otorgándome un nuevo ejemplar del carnet el 2013. Y en el colmo del absurdo y el machismo, sí reconocían la nueva relación con una extranjera de mi primer marido, el mismo al que según ellos yo debía seguir estando casada para poder aspirar a la residencia.

El caso de la señora Agresott, lamentablemente, no es una excepción. La Defensoría del Pueblo ha encontrado, gracias a las denuncias que han llegado a sus oficinas, cuatro grandes problemas en Extranjería. Aquí los reseñamos:

1. CUESTION GENERAL: UNA NORMA DESFASADA: Como indica la Defensoría, la actual Ley de Extranjería tiene 23 años, no tiene reglamento y no contempla situaciones actuales, como los grupos especialmente vulnerables en situaciones de migración (mujeres, niños) o problemas como la trata de personas. Asimismo, tiene un enfoque centrado más en la seguridad (recuerden, depende del Ministerio del Interior) que en los derechos del migrante. Y esto, añado yo, no solo se siente en la norma, sino también en el trato que tienen los funcionarios de dicha dependencia estatal a quienes se acercan a una de sus ventanillas.

2. DEFICIENCIAS DE LA ACTUAL REGULACIÓN MIGRATORIA: No se contemplan los casos de los hijos solteros y de los convivientes vinculados al titular de la situación migratoria. Tampoco existen otras salidas para la regularización migratoria que vayan más allá de la salida obligatoria del país de esta persona. Y se exige el requisito obligatorio de la declaración jurada para prorrogar la calidad de familiar de residente, incluso en casos donde haya casos de muerte o separación.

3. SANCIONES: La única sanción en casos de incumplimientos administrativos es la salida del país. No hay una gradualidad de pena y existen problemas para apelar esta medida.

4. INNOBSERVANCIA E INADECUADA APLICACION DE NORMAS: A la aplicación de requisitos no contemplados en el TUPA, se aprecian situaciones como ingresos y salidas del país no registradas, resoluciones que no son motivadas, bases de datos no integradas con Relaciones Exteriores y un trámite engorroso para los trabajadores extranjeros.

Por ello, como señala El Comercio:

La Defensoría del Pueblo resaltó la necesidad de que en el Perú exista una nueva ley de extranjería que mantenga un equilibrio entre la protección de los derechos de las personas y las exigencias en materia de seguridad del Estado.

Y es hora de cumplir con esta tarea. Cerca de 70,000 personas extranjeras residentes en el Perú lo agradecerán.

(Foto: Andina)

UNION CIVIL: UNA LUCHA A SEGUIR

Esta tarde pude seguir buena parte del debate sobre la Unión Civil. Si bien el resultado final no fue el esperado, algunas anotaciones breves sobre lo que pude ver.

1. En lo que respecta a cuestión de ideas, resultó claro que quienes se encontraban a favor de la propuesta expusieron mejor que quienes se encontraban en contra, tanto en forma como en fondo. Muy destacadas las intervenciones de Verónika Mendoza – quien pidió perdón a los ciudadanos LGTBI por décadas de exclusión -, Carlos Bruce, Mauricio Mulder y Sergio Tejada. También habría que sumar a los congresistas que, junto a Mendoza y Mulder, votaron a favor: Pedro Spadaro y Cecilia Chacón (Bruce y Tejada tenían voz, pero no voto en el debate).

En el otro lado, lejos de una exposición jurídica, teníamos argumentos basados básicamente en cuestiones vinculadas presuntamente con la moral y, sobre todo, con una lectura fundamentalista de la Biblia. Varios congresistas que intervinieron esta tarde no solo jalarían un curso básico de Derecho Constitucional, sino incluso uno de Teología y hasta el de Ciencias Naturales del colegio. Quienes representan mejor este pensamiento propio del siglo XVI son los congresistas Julio Rosas y Carlos Tubino, representantes del “fujimorismo renovado” que la señora Keiko Fujimori nos metió al Congreso.

2. Quizás el argumento más repetido durante todo el debate giró en torno a la familia, vista como si esta fuera un edulcorado comercial de banco. Se hablaba de hogares de papá, mamá e hijos casi en forma exclusiva. Provengo de un hogar donde, en mis primeros años de vida, fui criado por dos mujeres: mi madre y mi abuela. Y sin ser Disneylandia, creo que viví una infancia feliz y plena. ¿Tienen derecho estos congresistas a dictaminar si es que un modelo de familia debe ser el único protegido? ¿No saben que desde décadas la unión de hecho se reconoce?

Y el otro argumento fue el religioso. Para quien estudió en un colegio católico, en una universidad confesional, es creyente y practicante como el suscrito, lo dicho esta noche por varios congresistas fue absolutamente vergonzoso y, sobre todo, incompatible con las enseñanzas del Evangelio que muchos de estos parlamentarios se jactan de conocer al derecho y al revés, al igual que el Levítico (y lo mismo podríamos decir sobre lo dicho por monseñor Luis Bambarén ayer por la tarde). Y por supuesto, resulta doblemente descarado que estos parlamentarios no entiendan el mínimo significado de un estado laico.

3. Si hasta el día de hoy muchos no entendían porque Ollanta Humala y Nadine Heredia no decían nada sobre el tema, el voto de sus tres congresistas fue claro en exponer la posición del partido: todos en bloque votaron en contra. Sumemos a ello la ausencia de Omar Chehade y, además, de la vicepresidenta Marisol Espinoza, quien horas antes dijo que solo estaba de acuerdo con el contenido patrimonial de la propuesta. En lo particular, no me sorprende, considerando aquellas declaraciones del 2011 de Humala definiéndose como conservador. Claro está, el último reducto de “inclusión social” en el discurso quedó liquidado el día de hoy.

4. Aún así, prefiero gente definida en sus convicciones que a los tibios. El premio al comodín del año se lo llevan Octavio Salazar y Heriberto Benitez, quienes se abstuvieron.

5. El PPC confirma que corre el serio riesgo de caer en la intrascendencia. Como comentó minutos después de la votación el abogado Alberto de Belaúnde:

– Como bien señaló el congresista Mulder, es absolutamente atípico que el presidente de la Comisión (JC Eguren) haya votado en contra de un predictamen hecho por su equipo técnico. A esto hay que sumarle que el propio Eguren ha reconocido que la propuesta es constitucional y legal.

6. En un país como el Perú, donde el conservadurismo es fuerte en diversos segmentos de la sociedad, emprender una cruzada como ésta implica valor. Sobre todo si, en nombre de la fe, se condena a una persona por el simple hecho de acostarse con quien le da la gana. Peor aún, cuando dichas creencias postulan, como principal enseñanza, el amor al prójimo en todas sus manifestaciones. Por ello, quizás la mejor declaración de esta tarde fue la del destacado productor y director de televisión y teatro Ricardo Morán.

7. Quedan aún más batallas por dar. Como quedó claro en el debate del último año y medio, conforme se difundieron más los derechos que comprende la Unión Civil, subía la aprobación ante la opinión pública. Se requiere un esfuerzo más sostenido y, sobre todo, comenzar a entrar a sectores populares donde hay más resistencias al tema, las cuales sirven de pretexto para el vergonzoso voto populista dado por siete congresistas. Y, claro está, a seguir marchando, luchando e interpelando a los candidatos que se nos vienen. Porque hoy, los siete parlamentarios que votaron en contra le dieron la espalda a la historia, pero abrieron la oportunidad para que el tema se vuelva parte de la agenda electoral. Ahora queremos ver que dicen los candidatos a la Presidencia y al Congreso.

Más firmes que nunca, los ciudadanos LGTBI y los ciudadanos heterosexuales que apoyamos y estamos comprometidos con su lucha, debemos seguir enfocados en la misma mira: que todos los peruanos tengamos los mismos derechos.

Más temprano que tarde, el Perú estará firme y feliz por la Unión Civil.

EL PERU Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Nuestro país ostenta el récord de ser la nación del continente que tiene más sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mi modo de ver, son tres los motivos que nos llevan a esta performance en el sistema interamericano.

El primero de ellos tiene que ver con el grado de conocimiento que tuvimos, sobre todo durante la década de 1990, en torno al funcionamiento de este mecanismo internacional de protección de derechos humanos. Recuerden: estábamos en un gobierno autoritario, con varias vías cerradas para poder acceder a la justicia en este tipo de temas, con una Ley de Amnistía vigente desde 1995 para los casos vinculados al periodo de violencia y, a partir de 1996, con un creciente cierre de ventanas de comunicación opositoras en medios.

Tal fue el éxito del sistema que Fujimori, a la primera sentencia polémica que pudo – el dictado de nuevos juicios a 4 miembros chilenos del MRTA cuyo debido proceso había sido vulnerado – intentó salirse de la competencia contenciosa de la Corte. Y es que se le venían sentencias graves como la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional y el despojo a Baruch Ivcher de su nacionalidad y de la propiedad de Latina. Por ello, en el gobierno de transición de Paniagua, se tuvo el buen criterio de volver a esta instancia internacional.

¿Y si tenemos democracia, por qué seguimos con el récord? De un lado, porque existen un conjunto de casos pendientes vinculados al conflicto armado interno que no han sido debidamente esclarecidos o procesados en nuestro país. De otro lado, se han incorporado temas vinculados a ceses colectivos estatales durante la década de 1990 (SITRAMUN, trabajadores del Congreso de la República y de la Contraloría, por solo citar algunos ejemplos). Y, probablemente, en los próximos años, tendremos temas como pueblos indígenas, relación entre empresas y derechos humanos (Yanacocha, por ejemplo) o, incluso, el tema de la Unión Civil. A mayor conocimiento del sistema, mayores casos ante la Comisión Interamericana, más posibilidades de tener temas que lleguen a conocimiento de la Corte.

En segundo lugar, porque la defensa del Estado, durante muchos años, fue bastante deficiente y, en muchos casos, se vio impulsada antes que, por criterios técnicos, por dar complacencia a un sector de la opinión pública. Les invito a revisar las sentencias recaídas sobre el Estado peruano para que vean como este tema ha evolucionado, en términos generales, favorablemente. Quizás el mayor ejemplo es lo ocurrido en el caso Berenson: la defensa del Estado se concentró, sobre todo, en salvar el segundo juicio llevado a cabo en sede civil y con todas las garantías, porque sabía que el proceso ante jueces sin rostro era indefendible. Y el objetivo se logró.

Sin embargo, hay casos en los que aún pretende forzarse las cosas y evitar sentencias a toda costa, sin ofrecer pruebas contundentes. El tratamiento del caso Chavín de Huántar, evidenciado a través de audios revelados en La República hace un par de años, es una muestra de lo que no se debe hacer ante la Corte Interamericana. Ojo, probablemente aquí se nos venga otra sentencia condenatoria, tanto por el proceso ante el fuero militar como por dilatar el juicio civil.

Y, en tercer lugar, porque, como ya dijimos, tenemos harto material llevado ante el sistema interamericano, tanto por el legado del periodo de violencia como por temas más actuales (conflictos sociales, pueblos indígenas, derechos laborales).

Es en ese contexto que debe entenderse la polémica sentencia en el caso Gladys Espinoza vs. Perú (que recomiendo leer completa). Como ya se ha reseñado, la resolución de la Corte Interamericana trata sobre un caso de tortura y violación a una sentenciada por terrorismo (la aludida era miembro del MRTA). La Corte IDH señala claramente los crímenes cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA, no indica que se deban procesar a los magistrados que vieron su caso, pero indica claramente que toda persona, por más criminal que sea, tiene derecho a que su cuerpo no sea violentado. Y por ello ordena una reparación económica que se encuentra dentro de los estándares habituales de la Corte – y que deberá ser compensada, gracias al Decreto de Urgencia 052-2010, con el monto de reparación que la terrorista le debe al Estado -, así como una serie de medidas para ajustar los protocolos de actuación policial y judicial en estos temas.  La sentencia, dicho sea de paso, no ordena un nuevo juicio a esta condenada.

Como bien ha señalado Ernesto Cabral:

Durante el conflicto armado interno, 4.289 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, informó el Estudio para la Defensa de los Derechos Humanos (Demus) el pasado viernes 29 de agosto, citando cifras del Consejo de Reparaciones, encargado de acreditar a los afectados durante este periodo.

Del total de casos, 19 están judicializados y ninguno tiene sentencia, de acuerdo a las cifras presentadas por Demus durante la semana en que se conmemora los once años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en agosto de 2003.

La mayoría de víctimas de estos casos eran personas inocentes. Pero, como en el caso bajo comentario, también habían terroristas. Y por supuesto que el terrorismo nos repele y nos devuelve a épocas que jamás quisieramos volver a repetir. Pero si algo debemos aprender en el Perú es que ser delincuente no le da al Estado carta blanca para que sus agentes hagan con los reos lo que les da la gana: ni ejecutarlos extrajudicialmente, ni violarlos.

Como mencionamos – disculparán la autocita- hace algunas semanas en Exitosa Diario, existe en nuestro país una visión que enfati­za que lo ocurrido entre 1980 y 2000 solo puede ser carac­terizado como terrorismo y que, por tanto, cualquier otra definición –como conflicto armado interno- es una “con­cesión” a Sendero. En esa lógica, cualquier método es permitido para su derrota. Quienes propugnan esta idea muestran condescendencia con las violaciones a los dere­chos humanos cometidas por agentes del Estado, siendo aún más papistas que la pro­pia familia militar policial. Este es uno de estos casos y, por ello, dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no recae en esta lógica, no faltan quienes buscan patear el tablero como lo hizo Fujimori en 1999 y como, más recientemente, lo hizo Hugo Chávez una vez que la Corte comenzó a ajustar a su gobierno por los graves problemas sobre libertad de expresión existentes hasta hoy en Venezuela.

Un sistema internacional de protección de derechos humanos funciona para todos, inocentes y culpables. Y cada vez más ve casos vinculados a agentes no estatales que vulneran derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Persistir en combatir al terrorismo a lo Rambo o como lo hicimos en décadas anteriores nos llevará, nuevamente, a perder casos en San José de Costa Rica. Es hora que el Estado y, sobre todo, el sector que hace más gritería frente a este tipo de sentencias comience a entenderlo.

(Foto: Corte Interamericana de Derechos Humanos)

PERU – CHILE: ESPIONAJE Y LENGUAJE DIPLOMÁTICO

Durante los últimos días, se ha suscitado un debate interno en nuestro país sobre cuál debe ser el tono a emplear respecto del conflicto diplomático con Chile respecto al caso de espionaje conocido en las últimas semanas. En particular, entre el gobierno y el diario El Comercio.

Para comenzar, dejemos en claro que todo acto de espionaje puesto al descubierto siempre va a minar la confianza incluso entre países aliados. Y ese fenómeno es mayor cuando estamos ante dos naciones que en los últimos años recién han comenzado a reducir las fricciones entre ellas, más aún cuando no estamos ante el primer caso de espías reclutados por Chile en las filas de nuestras Fuerzas Armadas. De lo mostrado en los medios de comunicación, estamos ante un caso comprobado de espías.

Y aquí comienzan las diferencias. Como bien ha apuntado Augusto Álvarez Rodrich, dos son los factores centrales en el tipo de respuesta y vocabulario presidencial: de un lado, un lenguaje forjado en el ámbito castrense – recuerden, el Presidente de la República es un militar – donde se es mucho más directo y frontal en torno a sucesos diplomáticos. AAR recordaba como el pleito del embajador ecuatoriano en Lima hace un par de años derivó en un recambio mutuo de embajadores, dado que Perú no se daba por satisfecho por las explicaciones dadas desde Quito.

De otro lado, Humala busca cerrar, con un gesto fuerte, la posibilidad de un espionaje chileno para siempre y exige, para ello, una satisfacción del gobierno de Michelle Bachelet. Por eso, ante una respuesta considerada tibia por Palacio de Gobierno, se optó por dejar en Lima a nuestro embajador en Santiago, quien había sido llamada en consulta. En esa línea va lo señalado por Rosa María Palacios:

He recibido información que señala que las acciones de Chile contra el Perú son más graves de las que conocemos, y distan de ser solo lo que hasta ahora es publicable. Hay mucho más, de carácter secreto, de lo que se ha visto por las fuerzas políticas. Su revelación causaría un bochorno internacional de proporciones. De ahí la furia del Presidente ante una respuesta tibia y de todas formas negacionista. De ser cierta esta información, parece que no hay exageración.

El problema es que unas disculpas no serán fácilmente enunciadas por Chile, pues no es lo usual en relaciones internacionales. Así lo explica el profesor de la PUCP Óscar Vidarte:

Pero creer que el Gobierno Chileno va a reconocer públicamente el espionaje y, por ende, ofrecer las disculpas que muchos solicitan por estos lares no es real (como se aprecia en la experiencia comparada); de ahí que, por el bien del país, las fuertes declaraciones del presidente Humala frente a la respuesta del Gobierno Chileno deberían ser entendidas como parte de la retórica política (con gran impacto en la opinión pública cuando se trata de Chile), no del camino a tomar.

Pasemos ahora a la visión de El Comercio, que se centra en tres puntos.

El primero, una supuesta discrepancia entre algunos miembros del cuerpo diplomático y Palacio de Gobierno respecto del tono de la respuesta dada a Chile. Según informó dicho diario, Humala quería más precisiones desde Santiago respecto del tema del espionaje y, por ello, fue más duro que Cancillería en su respuesta. Desde Torre Tagle, se aclaró que quien lidera la respuesta sobre temas internacionales es el Presidente de la República y este, a su vez, disparó contra EC por supuestos intereses crematísticos en Chile. La alusión presidencial era a Emilio Rodríguez Larraín, esposo de una integrante del directorio del Grupo El Comercio, quien tiene una participación en Lan Perú.

Más allá de este pleito sobre “quien está más cerca de los chilenos”, lo cierto es que sí resulta indispensable debatir sobre el tono de las respuestas frente a este tipo de problemas diplomáticos. En la misma línea de EC se pronunciaba Juan Carlos Tafur la semana pasada:

Nadie duda que este telón de fondo se complica aún más por un acto hostil como es el acto de espionaje, pero a la vez es necesario decir que respecto de ello lo que cabe es trazar una estrategia orgánica, que establezca cautelas y ponga cortapisas, pero no solo con firmeza, también con discreción. Porque eso se hace en silencio, con planificada sagacidad, no con arrebatos verbales, declaraciones altisonantes o puestas en escena grandilocuentes, lo cual, lejos de mostrar temple, demuestra debilidad.

El segundo tema que preocupa a El Comercio se vincula con el posible aprovechamiento político del caso. En otras palabras, usar un tradicional tema de unidad nacional para bajarle el tono a temas que complican al gobierno. Más explícito en esa línea fue Enrique Pasquel, subdirector y editor de Política de EC:

Que el presidente no reclamase a Chile por el espionaje apenas se enteró del mismo, sino recién tiempo después cuando los hechos salieron a la luz generó muchas preguntas. Por ejemplo: ¿Es que el gobierno se guardó este caso para utilizarlo luego con el fin de distraer a la opinión pública en el momento en que estuviese demasiado concentrada en revisar si hay esqueletos en su clóset? ¿Será que el gobierno le está subiendo el tono a este conflicto para aglutinar a la ciudadanía alrededor suyo y solucionar el problema de enfrentarse a las próximas elecciones con una alicaída popularidad? Estas preguntas, además, se vuelven más relevantes a raíz de los hechos de los últimos días.

Pero este punto ha merecido una respuesta de Álvarez Rodrich con algunas buenas atingencias:

Pero en donde el argumento de El Comercio es menos claro es cuando sostiene que hay un aprovechamiento político de la crisis. Para empezar, fue un medio del grupo, América TV, el que reveló el caso, y es conocido que el gobierno presionó a este medio para que no lo difundiera por razones de seguridad nacional.

De paso, hizo bien América en, a pesar de ello, revelar el caso, pues, en general, los periodistas están para difundir noticias en vez de ocultarlas, algo que sería, en todo caso, responsabilidad del gobierno.

Finalmente, hay un tema ideológico de por medio. Para el grupo de liberales y libertarios hoy en el mando periodístico de El Comercio, hay un convencimiento que las relaciones comerciales pueden ayudar a apaciguar los conflictos entre países. Pasquel remarcaba el jueves que:

Además, no podemos olvidar que la colonia peruana es la más grande de Chile (supera los 100 mil peruanos), que de este país (junto con Ecuador) proviene el mayor flujo migratorio al Perú, que las inversiones peruanas en Chile alcanzan los US$8.500, que las inversiones chilenas en el Perú superan los US$13.600, ni que los tacneños viven principalmente del comercio con Chile.

Y el habitual columnista sabatino de EC, Ian Vásquez, del Instituto Cato, el think tank libertario más conocido en el mundo, fue más allá en el argumento:

Es más, una razón poderosa por la que el mundo está viviendo en el momento más pacífico de su historia, tal como lo documenta Steven Pinker y otros, es por el aumento del comercio y la libertad económica. El intercambio comercial ha hecho que la guerra sea más costosa, pues es relativamente barato conseguir bienes a través del intercambio y no a través de la conquista. A su vez, el conflicto armado reduce o elimina las ganancias comerciales.

Tal como lo han observado numerosos pensadores, el comercio también cultiva normas civilizadoras, pues para tener éxito, hay que ser honestos, mantener compromisos, y ofrecer al otro lo que desea.  Los griegos antiguos parecen haber reconocido esas virtudes. La palabra griega para “intercambiar” (katallassein) también significa “convertir al enemigo en amigo”. Eso lo ignora la lógica nacionalista.

Curiosamente, la respuesta a este argumento no vino desde el gobierno sino desde alguien de la misma orilla y grupo periodístico: Juan José Garrido, director de Perú.21:

Entonces, quienes creemos en un futuro conjunto con nuestros hermanos del sur, dentro de la Alianza del Pacífico, debemos partir por exigir que dicha visión compartida esté precedida de un trato similar. No hay mejor oportunidad para demostrar ese trato que cuando se presentan diferencias, más aún cuando está claro quién debe las disculpas del caso.

Como vemos, estas discrepancias tendrán para rato. Mientras, desde aquí, esperamos que las relaciones entre ambos países no se deterioren más. En esa línea, Chile debería dar algún tipo de satisfacción al Perú para no prolongar más esta telenovela diplomática.

(Foto: Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno)

REVOCATORIA

Desde 1997, el distrito de San Silvestre de Cochán (San Miguel, Cajamarca), tuvo 5 procesos de revocatoria. En 3 de ellos se sacó al alcalde y se convocó a nuevas elecciones. Este es el ejemplo más ex­tremo de lo vivido, durante cerca de dos décadas, en cien­tos de distritos con menos de cinco mil electores, ubicados en área rural.

La revocatoria debió tener un carácter excepcional, con­siderando las consecuencias que conllevaba. Sin embargo, en pequeñas circunscripcio­nes, fue el vehículo perfecto para que el perdedor de las elecciones boicoteara al ga­nador de las mismas y pueda conseguir su salida del cargo. Fenómeno que aumentó con­forme se conoció más el meca­nismo y los presupuestos mu­nicipales se incrementaron.

Lima recién pudo conocer, en toda su magnitud, las con­secuencias nefastas de la defi­ciente regulación de esta insti­tución. Un proceso convocado con un bajo número de firmas, con sus impulsores reales aga­zapados y que generó la pér­dida de los mejores cuadros políticos de la alcaldesa, lo que precarizó aún más una gestión regular. Peor aún, la elección de 2014 se volvió un plebiscito sobre Villarán, lo que permitió el regreso de un alcalde cuyos defectos ya percibe un sector de ciudadanos.

Desde el jueves, las reglas son distintas. La causa de la revocatoria deberá ser susten­tada ante el Jurado Nacional de Elecciones, que se convierte en el filtro final para su pase. Solo podrá ser invocada en el tercer año de gestión. Y, además, ya no existe el incentivo perverso de las nuevas elecciones. Estos son candados que devuelven su real esencia a una figura legal que representa una sali­da extrema frente a gestiones realmente deficientes.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 08.03.2015)

(Foto: El Comercio)