HISTORIAS DE ESPIAS

Pocos datos se conocen hasta ahora del caso de espionaje que viene siendo procesado por el Fuero Militar Policial y que se conoció gracias a una filtración – según La República, por parte de un abogado defensor de uno de los implicados; para Hildebrandt en sus Trece, la información provino de la Marina, airada porque Humala quería seguir manteniendo el tema en reserva -.

Lo que conocemos hasta ahora es que están detenidos tres suboficiales de la Marina con viajes sospechosos al exterior, que la hipótesis que se maneja es que nos encontramos ante una red, que los hechos se produjeron entre 2005 y 2012 (dependiendo de los agentes) y que la defensa de los implicados es que la información sustraída tenía que ver con temas pesqueros. Hasta allí, los hechos.

La hipótesis que se maneja más en la prensa peruana es la presunta vinculación de estos espías con Chile, en dos posibles variantes. Augusto Álvarez Rodrich ha recordado casos anteriores en los que militares peruanos filtraban información al vecino del sur, sobre todo en épocas de tensión entre ambos países. Mientras que Juan Carlos Tafur apunta a la posibilidad de espionaje industrial a favor de empresas mapochas, en un contexto en el que dichas compañías son defendidas briosamente por su Estado (igual que Brasil).

Sin embargo, el gobierno peruano ha sido bastante prudente en señalar si es que el espionaje viene o no desde Santiago. De hecho, Humala evitó la foto patriotera con los líderes políticos y ha sido bastante escueto en sus declaraciones públicas. En la misma línea han estado tanto la Cancillería como el Ministerio de Defensa. Por tanto, el abanico de opciones se amplía y una investigación sería no solo debería llevar a condenar a los involucrados, sino también a conocer el móvil de la operación.

Resulta tranquilizador, hasta cierto punto, que nuestra contrainteligencia militar pueda detectar estas claras amenazas a nuestra seguridad. Sin embargo, cabe preguntarse cuál es el perfil del personal de inteligencia que el Estado peruano está reclutando y formando. Casos recientes de espionaje a favor de otros países, posible uso político de los servicios de inteligencia, agentes que dobletean en empresas privadas de seguridad nos hacen pensar sobre que tipo de persona se reclutan para servicios que requieren discreción por la naturaleza de su función, así como una fuerte formación ética para no desnaturalizar sus labores.

¿ES URRESTI UN PRESIDENCIABLE?

En un país con mayor vocación institucional, la pregunta que hago en el título de este post sería ociosa. Un ministro que sale en medio de cuestionamientos por la actuación policial en un conflicto social, con una resolución fiscal que puede resolver – en cualquier momento – si será llevado o no a juicio oral por el asesinato de un periodista en medio del peor periodo de violencia del último siglo y que ha llevado el lenguaje político a niveles de deterioro y procacidad que ya superan nuestros pobres estándares, en otra parte del planeta, tendría su futuro político liquidado.

Pero claro, el señor se va, retirado gracias a una presidenta del Consejo de Ministros que por fin se empodera, y tenemos a varios reporteros gráficos a los que habría que preguntarle si conocen el caso Bustíos luego de ver esta imagen.

Sin ánimo de exculpar a los periodistas que se tomaban fotos con un acusado de asesinar a un colega suyo (y, peor aún, lo saben), el problema no solo está en la imagen que vemos arriba.

En un país del mundo que se presuma serio, sería un escándalo mayúsculo que el Presidente de la República ponga como encargado de la seguridad interna del país a un procesado por asesinato. Sin ir muy lejos, en Chile y Argentina, designaciones polémicas como esta tuvieron que ser dejadas de lado porque existía un claro mensaje político: más allá de la garantía de presunción de inocencia, un sospechoso de haber intervenido en los principales eventos de vulneración de derechos fundamentales no podía ser funcionario público.

Desafortunadamente, en el Perú no es así. Y allí se mezcla tanto una predilección por la “mano dura” efectista frente a la violencia como un menosprecio a las personas que representaron a la mayor cantidad de víctimas del periodo 1980 – 2000: los más pobres y excluidos de la sociedad peruana. De lo contrario, no tendríamos como actual alcalde de Trujillo a un procesado por encabezar escuadrones de la muerte para eliminar delincuentes. En el Perú, buena parte de nuestros ciudadanos piensan que el día que delinques perdiste tus derechos más básicos, incluyendo el de vivir. Y tampoco tendríamos a Alan García y a Keiko Fujimori como favoritos para disputar la elección presidencial de 2016. Uno, por su participación no aclarada en casos como El Frontón o la existencia de un comando paramilitar liderado presuntamente por Agustín Mantilla, o por su responsabilidad política en los sucesos de Bagua. Otra por liderar una agrupación política que sigue revindicando como “líder histórico” a un sentenciado por robo y asesinato.

Y precisamente, muchos aplauden al exministro por “ser el único que se atreve a pechar al APRA y al fujimorismo”. Comprendo y comparto muchas de las críticas que se hacen a las agrupaciones antes mencionadas. Sostengo que Alberto Fujimori y Alan García comparten el dudoso honor de ser las personas que han hecho los gobiernos más desastrosos de la historia del Perú como nación independiente. Uno por ser un criminal que lideró una organización delictiva liderada desde la cúspide de la estructura del Estado peruano. El otro por el desastre que supuso un periodo que casi nos pone al borde de la inexistencia como país viable. Y también entiendo el fastidio y la molestia ante medios de comunicación donde varios de sus periodistas entrevistan a los representantes de estos partidos sin hacerles un solo cuestionamiento o como si se sentaran en un lonche en San Antonio o La Baguette, a hablar de cosmobiología.

Pero ello, creo yo, no brinda carta blanca a un exministro que demostró, en los meses que ocupó el cargo, incompetencia, sentido del espectáculo antes que oportunidad de reformar un sector que necesita cambios a gritos, poca sobriedad y un lenguaje chabacano que empalidecería a algunos de los representantes más orgullosos de la replana y chiste colorado nacional. Menos aún con la acusación que tiene encima, tan similar a la que le achacan al líder del APRA y a aquella que hizo que el fundador del fujimorismo hoy cumpla 25 años de prisión.

Y en un país que se precie de ser serio, tampoco tendría opciones un político que solo se ha hecho conocido por su estilo campechano o por ser, en toda la regla, un troll tuitero. Como señala Pedro Tenorio, ¿alguien conoce la visión de país que tiene Urresti? No se puede ganar una elección únicamente apelando al “anti”, también tiene que existir un discurso que convenza a la gente que se es mejor que las demás alternativas. Ni siquiera en el juego de la Copa Mal Menor, al que hemos acostumbrados durante años, basta ser opositor fuerte a las principales alternativas para ganar la elección. Tiene que existir un rollo, por primario que sea, para saber a donde se quiere dirigir el país.

Vuelvo al inicio del texto y, en efecto, en otro país esta pregunta sería ociosa. Pero en aquella nación donde cualquier persona con algo de ego cree que puede cosechar algo a río revuelto, considerando que cualquiera puede sacarse la tinka presidencial, Daniel Urresti cree que ayer se inició su carrera política. Y, peor aún, hay quienes piensan que puede postular en serio.

CAMBIOS MINISTERIALES: GANÓ ANA JARA Y EL PARTIDO NACIONALISTA

Hoy a las 9 a.m., en el bloque conjunto que tienen en Exitosa, Rosa María Palacios y Juan Carlos Tafur adelantaron que se venían cambios en el Gabinete Ministerial. El director de Exitosa Diario incluso se animó a dar dos nombres de ministros a salir: Daniel Urresti y Eleodoro Mayorga.

Luego de varias horas de especulaciones, el resultado final se conoce: ganó Ana Jara.

¿Por qué decimos que ganó Jara?  En primer lugar, porque logró la salida de Daniel Urresti del Ministerio del Interior. El controvertido ministro, quien nunca debió estar al frente de una cartera tan delicada con una acusación por asesinato de por medio, fue perdiendo bonos al interior del gabinete ministerial por diversos motivos.

Su caída comenzó en el momento en que pasó a convertirse en un desaforado tuitero y tuvo que ser cuadrado por dos de sus compañeras de gabinete.  Pero en su salida pesaron cuatro elementos: la proximidad de la decisión del fiscal Luis Landa sobre el caso Bustíos (antes de fin de mes), la polémica por los asesores del despacho ministerial, el costo político de los sucesos de Pichanaki y la mala relación con Ana Jara y con buena parte del equipo de ministros.  Según nos indica una fuente con llegada a Palacio de Gobierno, la salida de Urresti fue la última en decidirse.

De hecho, Urresti se va a su estilo, con este tuit:

El reemplazo de Urresti, además, es su antítesis. José Luis Pérez Guadalupe, quien se ha desempeñado correctamente al frente del Instituto Nacional Penitenciario. Es doctor en sociología y tiene un máster en criminología (ojo con el tema de política criminal). Mesurado en sus declaraciones, su nombramiento también supone un claro mensaje al fujimorismo. Pérez Guadalupe no es tragado por el sector más duro de Fuerza Popular, debido a que ha ajustado varias de las gollerías de la prisión del único reo del Establecimiento Penal Barbadillo.

Jara además gana una ministra. La salida de Carmen Omonte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables era parte de los cambios que se tenían pensados hace semanas. Según Luis Thais, secretario general de Perú Posible, ya la querían de vuelta en el partido, que queda sin representantes en el gabinete. En el haber, Omonte deja una preocupación genuina por temas de mujer y género. Dentro de sus últimas acciones, se encuentra una reunión sobre temas de la agenda LGTB, así como el apoyo a Máxima Acuña de Chaupe, maltratada por Yanacocha. En el debe, pesa la omisión de obligaciones que tuvo con una extrabajadora del hogar.

La reemplazante de Omonte, Marcela Huaita, ha sido viceministra de la Mujer en la gestión de Jara. Según indica la abogada especialista en temas de género Jeanette Llaja, Huaita es feminista, académica y ha trabajado en Manuela Ramos, una de las más importantes ong en temas de género. Abogada de profesión, era actualmente la secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es una persona que goza de toda la confianza de Jara.

Y el tercer logro de Jara es la salida de Eleodoro Mayorga. Controvertido ministro desde que se destapó el caso Interoil, logró sortear con éxito una interpelación y un voto de censura. Pero luego vinieron los destapes de nuevos concursos controvertidos, reuniones con Jorge del Castillo, visitas de varios abogados de la consultora a la que pertenece y, claro está, el caso Pichanaki.

El reemplazo de Mayorga es Rosa María Ortiz, quien también es la antítesis de Mayorga. Ortiz ha tenido varios trabajos en el sector público, sobre todo en el sector Energía y Minas. Actualmente, encabezaba el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). La nueva ministra también ha sido consultora del Despacho Presidencial. Según conoció este blog, la abogada goza del respaldo de Humala y de su esposa hace buen tiempo. De acuerdo con El Comercio, tiene resistencias de empresarios de hidrocarburos, debido a la suspensión de la licitación de lotes petroleros cuando era presidenta de Perupetro en este gobierno.

Pero el otro ganador es el Partido Nacionalista.

Daniel Figallo sale del ministerio de Justicia y Derechos Humanos luego de una gestión que, en líneas generales, se veía correcta, hasta que apareció el caso Belaúnde Lossio y le complicó la vida política. Era el ministro con más peligro de ser censurado en marzo próximo. Su reemplazo es el congresista Freddy Otárola, de discreto paso por el sector Trabajo y convertido en ministro multiusos. Ojo al dato: Otárola es notario y su despacho es atendido por su cuñada desde hace varios años. Ojo que el Consejo del Notariado es una entidad que depende del Ministerio de Justicia.

Finalmente, Daniel Maurate ocupará la plaza de Otárola. Y viene con yaya. Señala El Utero de Marita:

hasta hace unos minutos era viceministro de Promoción del Empleo. Militante nacionalista, abogado. Entre sus milagros está haber sido destituido de la Dicscamec tras descubrirse que adulteró su certificado de experiencia profesional. Y eso no es todo: también ha sido abogado de Jack Castillo, presunto autor intelectual del crimen del fiscal Colona en el gobierno de César Álvarez (Áncash). Este es el que más palta nos da.

Por cierto, además de su CV (glup) Maurate salió a defender, sin éxito, en varios debates, la Ley de Empleo Juvenil.

Dos cosas quedan claras: Jara se deshizo de dos piedras en el zapato (Urresti y Mayorga), gana un problema innecesario (Maurate) y tiene dos ministras conversadas con Palacio (Huaita y Ortiz). Y, finalmente, han tenido que recurrir a gente que ya estaba en el gobierno, en algunos casos (sobre todo en Trabajo) raspando el concolón.

EL GOBIERNO Y LOS MEDIOS

Hoy Nadine Heredia, vía Twitter, se mandó con las dos siguientes frases, vinculadas directamente con las acusaciones en su contra, dictadas en las últimas semanas:

Tuit 1Fotocopias “hechas”, reportajes sin verificación, dichos de socios movadef, carta astral, hoja de vida, registro d viaje de hnos, todo vale!

Tuit 2Cuando termine todo, me sentare con mis hijos para contarles q es la concentración de medios al servicio de candidaturas. Pruebas en mano.

Soy de las personas que considera que la mejor relación existente entre el gobierno y los medios está en la tirantez. Resulta normal, en toda democracia, que el gobierno se sienta incómodo ante las denuncias periodísticas y que pretenda hacer un control de daños sobre las mismas. Sobre todo, cuando las mismas están bien fundamentadas. Vean un caso reciente en Chile, donde una denuncia de la revista Qué Pasa llevó a la renuncia del hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, a su cargo en el Poder Ejecutivo, debido a un conflicto de intereses respecto de un préstamo solicitado al Banco de Chile.

El problema es que, actualmente, existen algunos temas que complican una relación que, de por sí, es tirante.

1. La sospecha permanente sobre el gobierno. Ollanta Humala ganó la presidencia a pesar de varios peros en su contra: cercanías al chavismo en el 2006, el caso Madre Mía, un programa original de gobierno en el 2011 que ilusionaba al sector más radical de nuestra izquierda con estatizaciones, una controvertida propuesta sobre Ley de Medios en el mismo documento y, en el fondo, la expectativa que, en algún momento, brinde un zarpazo autoritario. Sospecha alimentada con las propias ambigüedades del gobierno en varios temas, la necesidad de algunos analistas y periodistas de confirmar que “era mejor viciar o votar por Keiko antes que por Humala en el 2011”, el sanbenito aprista de “reelección conyugal”, las denuncias poco esclarecidas sobre varios casos de inconducta o posible corrupción durante los últimos cuatro años. la debilidad del núcleo gobernante y, porque no decirlo, el hecho que Humala no fuera, precisamente, el candidato favorito de los medios de comunicación durante el último proceso electoral presidencial.

2. La sospecha permanente sobre los medios. La campaña del 2011 dejó varios damnificados, entre ellos la credibilidad de la prensa en general que, en su mayoría, se la jugó por una candidata. Como indicó Marco Sifuentes, en el caso de El Comercio, esto costó críticas internas y externas y un bajón en las suscripciones, pero en general la parcialización resultó mal para casi todos. Y si bien desde varios medios – incluyendo algunos vinculados al GEC – han disparado críticas acertadas al gobierno y buenas denuncias, también se ha percibido el uso abusivo del condicional, la publicación de denuncias puestas en “paquete” con direccionalidad política y sin corroboración, fantasmas en columnas de opinión – llamar chavista, a esta altura del partido, a Humala es tan chistoso como denominarlo neoliberal – y hasta el uso de cartas astrales para el debate político. Más aún cuando las legítimas críticas a la misma señora Heredia muchas veces son acompañadas de varias de las expresiones más machistas vistas en los últimos años en la política peruana.

3. Un duo político que no sabe dar explicaciones: Si de algo adolece el matrimonio Humala Heredia es de timing para dar explicaciones y receptibilidad a las críticas. Temas que podrían haber matado a las 48 horas de ocurridos, como el tema de las cuentas de la señora Heredia, publicando todos los documentos vía web o brindando una entrevista donde se aclaren todas o la mayoría de las dudas son mal manejados. Cualquier denuncia es vista como un “capricho que no debemos atender” o que “lo responderemos a su tiempo”. Y cuando el Presidente de la República brinda entrevistas y tiene la oportunidad de aclarar varios temas, la desperdicia con respuestas poco claras.

4. La “concentración de medios” y la posición de Humala sobre el tema. La compra de Epensa por parte de El Comercio ha suscitado tanto una demanda de amparo que está pendiente de resolución como una polémica en torno a lo que será su actuación en la campaña de 2016. Para algunos, la pregunta es esta: “si en el 2011 la posición editorial de los medios de EC y Epensa coincidió contra Humala, ¿harán lo mismo a favor y en contra de un candidato en 2016?”. Y varios periodistas al interior de estos medios son conscientes que este es un tema que tendrán que enfrentar.

Y, para complicar el panorama, el propio Humala, a fines de 2013, dio su opinión sobre el tema, lo que ha enturbiado las relaciones entre el gobierno – cuyos voceros y funcionarios contratados de cuando en cuando sueltan el tema de la concentración como defensa frente a cualquier denuncia – y el GEC, que lo tiene en la mira con mayor fuerza desde aquella declaración.

5. Campaña electoral adelantada: Las denuncias contra Heredia, quien está en el punto más bajo de su popularidad, son obviamente aprovechados por la oposición. Comenta Rosa María Palacios:

La pregunta es ¿por qué el ataque? El liderazgo opositor del Apra y el fujimorismo necesita un antagonista y es probable que tanto García como Fujimori vean a Heredia como un objetivo a demoler más sencillo que su esposo porque la caída de ella no compromete la estabilidad demo­crática. Lo segundo es reducir las posibilidades de la cabeza de lista parlamentaria del nacionalismo el 2016. ¿Funciona? Por ahora, sí.

Y el gobierno, que no es manco, sale a responder en el estilo de Heredia o con las chabacanerías acostumbradas de Urresti o con algunos de sus funcionarios en Twitter tratando de tapar el sol con un dedo frente a cada acusación.

Dicho esto, ¿qué rol le corresponde a ambos actores?

Al gobierno, responder de buen grado las críticas y dudas. Dejar de atribuir a cada acusación la mano del APRA o del fujimorismo – vamos, la misma no estuvo detrás de denuncias serias como el caso Belaúnde Lossio, las aventuras de Chehade en las Brujas de Cachiche o las acusaciones contra Urresti por violaciones de derechos humanos en los 80s -. Salir a explicar cuanto antes cualquier cuestión sobre el patrimonio personal de sus funcionarios y allegados (allí hasta Blanca Rosales fue más viva que Nadine Heredia). Colocar en la congeladora a cualquier funcionario que dedica su tiempo a tuitear al gobierno de denuncias periodísticas (para eso están los ministros). Y no meterse en un tema como el debate sobre la “concentración de medios”, donde su sola palabra enturbia cualquier discusión seria sobre la materia.

Pero vamos, también la prensa tiene que reflexionar sobre su rol en estos años. Si quiere demostrar que hay corrupción en el gobierno, debe demostrarlo con evidencias concretas y no solo con conjeturas. Debe publicar lo que realmente se haya podido comprobar. Debe corroborar cada paquete que llega con evidencia, no solo para demostrar la verdad del mismo, sino también para poder desprenderse en forma más clara de las intenciones de su fuente (poco altruistas en el 95% de casos). Concentrarse más en el análisis a profundidad que en el “periodismo de declaraciones”. Separar la parte editorial de la informativa en campañas electorales. Y no llegar a extremos de frivolización como poner análisis de cosmobiólogos, noticias sobre realitys o notas web destinadas solo al clickbait fijo en el mismo espacio donde se tratan denuncias e informaciones de otro corte.

A ver si ambas partes enmiendan rumbos en esta semana. Pero tengo mis serias dudas al respecto.

(Foto: Alessandro Currarino para El Comercio)

HERIDAS ABIERTAS, DERECHOS ESQUIVOS

El Instituto de Estu­dios Peruanos acaba de publicar el nove­no tomo de las obras completas de Carlos Iván Degregori. Este volumen, que lleva el nombre de esta columna, se centra en las “batallas por la memoria” sobre el periodo de violen­cia vivido entre 1980 y 2000, vieja preocupación del autor alentada por su participación en la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El hilo conductor de los textos es mostrar que, si bien existe un rechazo casi uná­nime a Sendero Luminoso, la división se encuentra en torno a la caracterización del periodo y, sobre todo, el rol de las Fuerzas Armadas y el fujimorismo en la pacifica­ción del país.

El autor tiene dos afirma­ciones contundentes. De un lado, un sector de la sociedad decidió intercambiar dere­chos por seguridad e ignoró la muerte de cientos de sus compatriotas, tratados como ciudadanos de segunda cate­goría. De otro lado, la defen­sa oficiosa de los militares frente a graves violaciones de derechos humanos ter­mina siendo hueca, pues los más conservadores no logran revindicar acciones heroicas que sí existieron.

Dos aportes finales del vo­lumen. Varios de los escritos muestran el discurso reaccio­nario del segundo gobierno de Alan García sobre derechos humanos, que será recordado en la próxima campaña elec­toral. Y en un texto inédito, Degregori propone un reto póstumo: investigar aquellos temas que la CVR no pudo indagar. El rol de actores in­ternacionales e intelectuales durante el conflicto, así como los crímenes de odio contra homosexuales son materias que merecerían un mayor de­sarrollo académico.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 15.02.2015)

OTRAS CIUDADES DEL DESIERTO

Los Wyeth han decidido vivir en un suburbio en medio del desierto californiano. Un plácido retiro en el que siguen frecuentando a sus amigos republicanos, donde se muestran a favor de la Guerra de Irak. Un oasis en el que la matriarca del clan hace ver a cierta excolumnista de un diario centenario peruano casi como una socialdemócrata, el hijo menor produce shows que llevarían a apreciar a Esto es Guerra como serio candidato al Emmy, la cuñada alcohólica se recupera de su enésima recaida y el jefe de la familia linda entre la actuación, la pusilanimidad y el respeto a creencias conservadoras.

Allí, en Navidad, llega Brooke, la hija escritora de la familia, que vive en el “este liberal” estadounidense, con un libro bajo el brazo, que promete sacudir a un grupo de personas que buscan evadir sus propios demonios como familia. Pero la novela termina siendo el catalizador que descubre secretos que nos explican porque un núcleo familiar terminó privilegiando las apariencias.

En otra ciudad en medio del desierto, esta historia nos parece bastante actual.  Más allá de las referencias al Estados Unidos conservador post 11 de septiembre, la historia bien podría haberse desarrollado en la Lima AB del 2015. El pensamiento de parte de nuestras élites se asemeja al de aquella familia californiana: racismo, clasismo, menosprecio y caricaturización de quien piensa distinto – incluso en las posiciones más moderadas -. Al ver la obra en cuestión, recuerdo como se desenvolvieron algunos almuerzos y reuniones en la segunda vuelta del 2011: convertidos en campos de batalla, enfrentando a padres e hijos o amigos de toda la vida, llevando las posiciones políticas a nivel de farsa y sacando lo peor de nosotros.

Pero creo que la empatía que produce la obra no solo tiene que ver con el trasfondo político de la misma. Por sobre todo, está vinculado con una visión donde las apariencias priman. Muchos contextos familiares limeños están atravesados por historias que no se pueden decir hasta que sus protagonistas no estén en este mundo – por más que la verdad detrás de ellas sea más que evidente -, donde prima el qué dirán, en las que aquel familiar que “desentona” es alejado o ha optado por la autodestrucción. Y en las que se prefiere la visión de familia feliz que aparece en las fotos enmarcadas en la sala – o, más contemporáneamente, en el muro de Facebook -. Preferimos lucir bien ante los demás, antes que mostrar nuestros demonios financieros, personales, amicales, políticos.

Otras Ciudades del Desierto no solo funciona bien por la trama, sino también por sus interpretes. Destacan tres de ellos: Wendy Vásquez, como la hija depresiva que cataliza el drama; Martha Figueroa, soberbia en su representación como la esperpéntica conservadora que sostiene al clan y en una reaparición en las tablas que nos recuerda la estupenda actriz que es; y un Alberto Isola más contenido que en otros papeles, pero con la solvencia actoral de siempre.

Luego de la polémica desatada con La Cautiva, La Plaza vuelve a acertar poniendo una obra que, en forma distinta, interpela, deja preguntas al salir de la sala y coloca temas que, en un contexto fuera del arte, serían difíciles de abordar en forma sencilla. Felicitaciones a Juan Carlos Fisher y a todo su equipo.

MAS SOBRE LA OBRA:

El Útero de Marita: 3 razones para explorar las Otras Ciudades del Desierto

(Foto: Pase Libre)

TEMAS DE FONDO SOBRE LA ACTUACION POLICIAL

Durante los últimos dos meses. se han suscitado una serie de críticas a la actuación de la Policía Nacional, en el trato frente al ciudadano. A continuación, un recuento:

Varias cosas que decir al respecto de varias actuaciones que tienen en común algo: poco criterio y abuso.

LA RESPONSABILIDAD DE URRESTI

En las redes sociales, hay un hashtag bastante popular: #UrrestiDebeIrse.

Soy de quienes cree que el actual ministro del Interior no debe estar en el cargo. Una persona que tiene pendiente una acusación por asesinato, en medio de la peor situación de violencia que vivió en el país en el último siglo, no es la persona más indicada para estar en un puesto que, precisamente, se ocupa de la seguridad interna y la protección a los ciudadanos. Peor aún cuando dicha persona ha dado muestras comprobadas de ineficiencia, poca tolerancia a la crítica y dedicación durante varias semanas a los ataques personales antes que a los temas de su sector.

Asimismo, en cualquier país del mundo que se precie, el ministro del Interior habría puesto su cargo a disposición ante un fallecido en un conflicto social. Hace 30 años eso hacían los titulares de dicho sector en el Perú. Las palabras “responsabilidad política”, simplemente, no existen en el vocabulario ministerial.

Además, hay un tema que complica la permanencia de Urresti. La acusación por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos hace que cualquier actuación policial donde se cometan abusos sea directamente achacada a él. Para decirlo claro, muchos lo ven como objeto de sospecha y, por tanto, como una persona capaz de – literalmente – hacer cualquier cosa por reestablecer “el orden”. En ese contexto, donde cualquier hecho va a ser puesto en conocimiento vía redes sociales, la permanencia de un ministro con este antecedente convierte en aún más sospechosa cualquier actuación policial.

Pero el problema no se acaba solo con Urresti.

LA ACTUACIÓN POLICIAL EN CONFLICTOS SOCIALES

Normalmente, las zonas donde ocurren conflictos sociales vinculados con industrias extractivas cuentan, en principio, con poca dotación policial. Por lo general, estamos hablando de lugares del país donde solo están las comisarías del lugar, con oficiales y suboficiales básicamente entrenados para enfrentar el delito común. La atención policial se centra más en Lima y en las ciudades principales del país.

¿Qué es lo que ocurre? En defecto de una fuerza policial regular, llega a estas zonas del Perú personal de la División de Operaciones Especiales (DINOES). Y aquí se encuentran dos problemas. El primero es que las funciones y entrenamiento de los miembros de esta unidad policial está dirigido, básicamente, hacia el combate a la subversión y al narcotráfico. Se trata de fuerzas dentro de la Policía Nacional que están destinadas a una función cuasi militar.

El segundo es que las empresas extractivas compran los días de franco del personal policial y, en algunos casos, esta situación lleva a la suscripción de convenios. Si bien los mismos no son ilegales per se, si llevan a una situación de casi privatización de la Policía y, sobre todo, de identificación de las fuerzas del orden con los intereses de las empresas mineras y petroleras. La confianza y la legitimidad de la actuación de la Policía Nacional se ven disminuidas cuando se sabe que las empresas han suscrito estos convenios y, además, cuando el personal policial se traslada en vehículos de estas compañías.

Así las cosas, tenemos a oficiales entrenados para luchar contra el terrorismo puestos a custodiar a una empresa minera – que les compra el franco – frente a la protesta de civiles. Una situación anormal por donde se le mire.

POCO CONOCIMIENTO Y ENTRENAMIENTO EN PROTOCOLOS POLICIALES

Aunque usted, amigo lector, no lo sepa, la Policía Nacional del Perú cuenta con un Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, con un Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Imponer la Ley, así como una Cartilla para el personal policial que participa en operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público.

Es decir, en teoría, la PNP tiene una serie de procedimientos que dan los pasos a seguir en una actuación policial dentro del marco de la Constitución y la Ley. Ojo, no se trata – como algunos enfatizadores de la “mano dura” señalan – de documentos que “atan de manos” a la Policia. Por el contrario, he tenido ocasión de leerlos y tranquilamente los agentes del orden pueden actuar eficazmente en este marco.

Sin embargo, durante los últimos años, al conversar con personal policial, me queda claro que la formación en torno a estos documentos es escasa y se limita a charlas, sin que se haga mucho entrenamiento de campo. Pesa también un problema ya detectado por expertos en seguridad interna: incremento de escuelas policiales, con miras a formar rápidamente a oficiales y suboficiales que salgan a la calle a patrullar, pero con escasa profundización de estudios y formación, lo que comprende cuestiones elementales como manejo de armas.

Como bien señaló Cesar Bazán, jefe del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal:

“Nosotros analizamos dos ejes, cómo se forman en Derechos Humanos y Policía Comunitaria los oficiales. Es decir, cómo se relacionan los policías con la población no para atacarla o asustarla, sino para tenerla como un aliado para enfrentar a la delincuencia. Lo que hemos encontrado son varias cosas. Salió una Ley de Educación Policial y recientemente salió un reglamento, pero a su vez hay esfuerzos para frenar este tipo de reformas”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En materia de Derechos Humanos la formación es bastante deficiente. Tienen un curso en los cinco años de estudios, tienen solamente un curso de Derechos Humanos y en ese curso se enseñan materias bastante teóricas, que poco aportan a lo que los policías hacen en la práctica. Es decir, a un policía le sirve mucho más cómo se respetan los derechos humanos al momento de hacer una detención o al momento de hacer un parte policial o al enfrentar una protesta social y eso es mucho más valioso porque son los derechos humanos en vivo en la práctica, en el momento de acción”, opinó.

Allí nos explicamos porque la PNP está acostumbrada a atacar o asustar al ciudadano. Sumemos a ello una cultura policial donde la persona que va a pedir un servicio o hacer una denuncia – salvo honrosas excepciones – es vista como sospechosa antes que como un ciudadano al que debe brindarse todas las garantías del caso. O, por los miembros corruptos de la institución – hay varios honestos – como un potencial punto para coimear.

FINALMENTE, TAMBIEN ES PROBLEMA DE CIVILES

No solo me refiero aquí a los políticos que proponen normas para exonerar de responsabilidad a los policías que cometen abusos. De hecho, ahora está pendiente de discusión un proyecto sobre uso de la fuerza policial que tiene varios puntos que merecerían observación (revisen este breve informe del IDL sobre la materia). Sino también a cómo los civiles nos portamos frente a la actuación policial.

De un lado, están quienes perciben a la PNP como una mera réplica del legendario tema de Narcosis “Sucio Policía”. Se olvida que los oficiales y suboficiales también son seres humanos con derechos y que la legitimidad de una causa social justa no da carta blanca para hacer vandalismo o para tirarle piedras a las fuerzas del orden. Por supuesto, en ningún caso, esto justifica ninguna de las actuaciones vistas durante las últimas semanas, pero también nos da cuenta de una caricaturización en la que no debemos incurrir tan alegremente. De hecho, recuerden que la mayoría de muertos en Bagua eran policías.

De otro lado, los partidarios de la “mano dura”. Aquellos que hablan de “matar al delincuente” como única solución a la seguridad ciudadana, que clama en redes sociales porque “paren a estos rojos que protestan” o que incluso trata de solucionar problemas familiares llamando a la Policía Nacional. Varios de ellos dejarían empequeñecida a la familia conservadora retratada en la muy buena obra Otras Ciudades del Desierto, puesta en escena en un conocido teatro local. Para decirlo claro, son quienes creen que la PNP debe ser la fuerza del orden, entendido este último como el status quo político y social del Perú.

Como vemos, la situación va más allá de un ministro del Interior controvertido, sino que requiere una reforma de fondo en la Policía Nacional del Perú, que este gobierno parece no estar dispuesto a iniciar en lo que le queda de mandato.

(Foto: Captura de imagen de video de Villarealino)