EL OTRO LADO DEL CASO ORELLANA

Con Benedicto Jiménez capturado y las investigaciones avanzadas, va quedando aún más claro el tamaño de la organización liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, vinculada a la apropiación de terrenos y con sospechas fundadas sobre su ligazón con el lavado de activos.

Más allá de la responsabilidad cada día más nítida que recaerá, en términos penales, en Orellana y su clan, resulta indispensable ver cuáles han sido las fallas institucionales que han permitido que un personaje de este tipo haya podido operar, durante muchos varios, casi impunemente.

En primer lugar, el Ministerio de Justicia debería plantear una seria reorganización de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.  Varios de los documentos ingresados por Orellana y sus cómplices para consolidar la apropiación de inmuebles ajenos tranquilamente podrían haber sido observados por un registrador serio. SUNARP debería hacer una investigación interna sobre el grado de infiltración que pudo haber tenido la institución con el clan Orellana y ordenar los correctivos necesarios para evitar que casos como este puedan repetirse a través de organizaciones sofisticadas como las mencionadas.

En segundo lugar, Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, debería contestarnos por qué tantos jueces convalidaron, mediante acciones de amparo y otro tipo de procesos, la apropiación de terrenos. Y si bien es cierto que, al final, Orellana terminó reculando en sus querellas – gracias a la acción de la sociedad civil – las autoridades del PJ también nos deben una explicación sobre la admisión de este tipo de demandas en forma sistemática.

En tercer lugar, hay partidos políticos que debieran responder por los nexos de algunos de sus integrantes con esta organización. Solidaridad Nacional, que ya nos debe varias “contribuciones” a la política nacional con la pobre calidad de sus integrantes y que tiene aún una cuestión pendiente sobre su alianza con César Álvarez, debería explicar porque mantuvo tanto tiempo a Heriberto Benites en sus filas. Y lo mismo en el APRA, que acogió a Jiménez y Orellana como candidatos invitados.

Para concluir: el Ministerio Público. Como señaló en su momento Rosa María Palacios:

El nombre de Orellana ha sido asociado a la mafia ancashina por el procurador Cristian Salas. Por tres años la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe Trujillo, ha tratado de investigarlo por lavado conjuntamente con sus socios en Áncash. Una y otra vez la Fiscalía lo ha impedido mandando todo al archivo. Su última queja tiene un año sin resolver. Ese solo hecho debería bastar para sacar a patadas del sistema a los fiscales corruptos responsables.

Hace algunos meses, Ricardo Uceda denunció las conexiones de Orellana con un asesor del exfiscal de la Nación José Pelaez Bardales. El actual Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, tuvo que reconocer que se había reunido con el empresario. Y durante las semanas previas para la elección del nuevo titular del MP, la revista Juez Justo – dirigida por Jiménez – apoyó a Ramos y a Pelaez como posibles fichas en dicha elección.

Si ya con el caso Ancash existen fundadas razones para suspender al Fiscal de la Nación, el caso Orellana podría añadir otras tantas.

(Foto: Perú.21)

One thought on “EL OTRO LADO DEL CASO ORELLANA

  1. Un vicio muy peruano es buscar culpables y personalizar en ellos todas las irregularidades, fiascos, derrotas, defectos y frustraciones.

    Seamos sinceros, la verdad es que, con Carlos Ramos Heredia y Manuel Burga o sin ellos, la Fiscalía de la Nación y el fútbol peruano van a seguir siendo pésimos por razones que los entendidos en los correspondientes temas explican con profunda pasión. Principalmente, debido a una cuestión de principios: los resultados de sus gestiones y los de sus predecesores son catastróficos y, tanto Ramos como Burga, ambos, no contribuyen al objetivo principal que la ciudadanía exige para sus instituciones -les guste a ellos o no-: que sus situaciones al menos no empeoren. Lo que esas entidades necesitan es una reforma de raíz hasta la cúspide más alta de sus respectivas jerarquías. Individual y comparativamente, el Ministerio Público y la Federación Peruana de Fútbol son un desastre de proporciones dramáticas y cada vez están peor. No obstante, es clave resaltar que la administración de justicia es mucho más importante que el fútbol nacional.

    Ramos Y Burga, los dos, deberían irse para siempre. No solo porque son detestados, sino para probar que hay ciertas cosas que no dependen de un solo hombre, ni de una sola institución. Como lo son el fracaso total y absoluto de la justicia y el fútbol en el Perú, por ejemplo.

    Otro detalle, Ramos no tiene ninguna autoridad moral para investigar a Burga. No hay que dejar que se burlen de nosotros de esa manera tan indigna con escapismos tan groseramente burdos como ese.

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