PROHIBIENDO REELECCIONES: ¿UNA REFORMA EN SERIO?

Hoy el Congreso de la República aprobó, en primera votación, la reforma constitucional para eliminar la reelección de presidentes regionales y alcaldes provinciales y distritales. Es decir, las autoridades elegidas este 5 de octubre (y las que serán electas en la segunda vuelta regional de diciembre) no podrán ser reelectas en 2018. Para que el proyecto sea aprobado definitivamente, deberá esperarse a una segunda votación en la legislatura próxima, entre marzo y julio de 2015.

La medida, sin duda, tendrá cierta popularidad. De un lado, existe un grupo de ciudadanos que no cree en ninguna forma de reelección. Pero, de otro lado, también existe un alto número de personas que considera que esta puede ser la salida para evitar la corrupción en gobiernos subnacionales, de la cual hemos visto varios casos durante este año.

A primera impresión, veo cuatro problemas en esta medida.

El primer problema es que la reforma planteada mira el árbol y no el bosque. Es decir, se trata de una medida aislada y que no ve otros problemas conexos. Por ejemplo, Fernando Tuesta planteaba una limitación menos drástica, acompañada de otras medidas:

Se debe permitir la reelección tanto a nivel regional como local por un solo período, pero al lado de esto ajustar los mecanismos de reglas de juego en la Ley de Partidos Políticos (propuesta de los organismos electorales, dejado de lado por el Congreso) y desarrollar una activa participación y coordinación de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial y ciertamente el Ministerio del Interior, como se hizo en los casos antes nombrados. De lo contrario, como muchas veces sucede, estaremos reformando las normas, sin conseguir los efectos deseados.

En segundo lugar, la medida no soluciona el problema planteado. La autoridad corrupta robará sin importar el límite de tiempo que tenga para gobernar. En tanto los mecanismos de control y contratación pública no sean aplicados y/o modificados, poco será lo que se pueda hacer en torno a la corrupción en el nivel subnacional de gobierno.

Tercero, la medida no se inscribe dentro de un proyecto serio de reforma política. Como indica Tuesta en su columna de hoy, resulta necesario revisar que errores se cometen al momento de proponer modificaciones al sistema político, para no cometerlos:

El primero, atribuir los arreglos institucionales como autónomos en sus impactos, por lo que cuando no ocurren los efectos esperados en el corto plazo, se les atribuye todo el fracaso. De nada valen controles, por ejemplo, sobre fiscalización del dinero mal habido en la política, si la Policía, la Fiscalía, el poder Judicial y la Contraloría hacen también su trabajo.

Lo segundo es plantearse objetivos institucionales que no son correspondidos con las medidas planteadas. No se puede afirmar, por ejemplo, fortalecer partidos políticos en el Perú y mantener el voto preferencial. Tampoco se puede otorgar dinero público a los partidos, sin hacer los ajustes de mayor control y supervisión. Menos se puede combatir el golondrinaje si no se establece más tiempo para supervisión de domicilio y penalidades efectivas.

Un tercer problema viene de la mano del conocimiento y la coherencia de las propuestas. Con el conocimiento no solo nos referimos propiamente a las leyes que se busca reformar, sino a los impactos que producen ciertas medidas. Por eso se observa con preocupación cómo se plantean medidas que ya están en las leyes u otras que no corresponden. Ciertamente, en materia de reforma política y electoral hay cerca de una docena de normas, pero para discutir y colaborar con la reforma, por lo menos hay que conocerlas.

Pero lo que quizá es más peligroso es hacer propuestas que no parten de un mínimo diagnóstico, sean parciales y carezcan de prevención de impactos. Esto es frecuente leerlo a través de los medios o a través de algunas propuestas legislativas.

A la luz de estos pasos, queda claro que no se ha examinado ninguna de las cuatro variables.

Finalmente, la medida resulta tan o más demagógica que la prohibición de reelegir congresistas, propuesta por algunos en redes sociales como respuesta a la medida. Hay que considerar que la tasa de reelección de congresistas no es alta en el Perú (y que normalmente se eligen los congresistas de mejor desempeño). Con los presidentes regionales pasa otro tanto. Y, como indica Carlos Meléndez, en el caso de alcaldes provinciales y distritales, no se supera el 20% de reelección. Por tanto, no hay una correlación entre índice de choros y reelección de autoridades.

En suma, una medida poco meditada en el Congreso de la República. Tanto o más que la elección de un pastor homofóbico a la cabeza de su grupo de derechos humanos.

(Foto: Congreso de la República)

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