LA NECESIDAD DE UNA NUEVA LEY UNIVERSITARIA

Ayer el Congreso de la República aprobó una nueva Ley Universitaria. Según indicó anoche el ministro de Educación, la norma será promulgada por el Poder Ejecutivo en los próximos días (y los últimos tuits de Nadine confirman ello). Con ello, las universidades públicas y privadas tendrán un nuevo marco normativo para el ejercicio de sus funciones.

La norma ha sido satanizada casi como una cancelación de la autonomía universitaria, básicamente, por la introducción de una Superintendencia para las Universidades, que tiene facultades rectoras y sancionadoras para todo el sistema universitario. Y en la misma han caído tanto la mayoría de miembros de la Asamblea Nacional de Rectores – que desaparece con la nueva norma – como columnistas con visión libertaria que consideran a cualquier intervención estatal casi como una reproducción del Velascato. Como comentaba Salomón Lerner Febres hace algunas semanas:

Desde una perspectiva que reduce la intervención estatal a casos extremos, cualquier tipo de regulación suele ser acusada de una vulneración de las libertades básicas de la persona. Esta postura en algunos medios ha pretendido equiparar la normativa propuesta en el proyecto de ley universitaria –en particular, la creación de un Consejo Nacional de Universidades– con un modo de intrusión parecida a la realizada por el general Juan Velasco Alvarado en varios sectores de la economía y la sociedad entre 1968 y 1975. Nos encontramos lejanos de defender a quienes propugnan un intervencionismo estatal parecido al establecido por Velasco Alvarado –un gobierno de facto cuyo autoritarismo explica el pobre resultado de sus pretendidas reformas– y también tomamos distancia de las políticas que sobre el tema se acordaron en el primer gobierno del ex presidente Alan García, pues, ciertamente, ellas pusieron en peligro la sustentabilidad económica del país y contribuyeron a la crisis que vive la universidad hasta el día de hoy.

Asimismo queremos dejar en claro que tomamos distancia de aquella postura que se reclama indebidamente del liberalismo bien entendido y que, deformándolo, lo reduce al ámbito de la economía concebida esta como única –o en todo caso prioritaria– dimensión de la existencia humana, dimensión en la que sociedad es sinónimo de mercado, ciudadano equivale a ser cliente y, en esa misma línea, la educación es un “producto” que se halla a cargo de “proveedores” que la entregan a “clientes” (entiéndase los alumnos) a cambio de un pago monetario previamente acordado. Todo eso asegurado en su moralidad por la acción –“imparcial y equitativa”– de una mano invisible que todo lo regula, reflejando en verdad que la oferta, la demanda, la competitividad y la rentabilidad se han convertido en los conceptos y valores supremos.

¿Cuál es la visión general que propone la norma? Ricardo Cuenca ha comentado en su blog lo siguiente:

  1. La Ley se reafirma en que la universidad es un espacio de construcción de conocimiento basado en la investigación y la formación integral. Las finalidades, la estructura y organización, las formas de graduación, las características del cuerpo docente, la obligatoriedad por los estudios generales, etc. indican que la reflexión académica es el centro articulador de la vida universitaria. No obstante, sincera una práctica común. Reconoce la existencia de programas no académicos orientados a la profesionalización como una opción universitaria. Y aun cuando a diferencia de otros países no se ha atrevido a denominar directamente “universidades de enseñanza”, no limita en lo absoluto su existencia.
  2. La Ley formula la regulación de la calidad a través de la creación de la SUNEDU. Instancia autónoma, cuyos miembros son elegidos mediante concurso público y como en países como EEUU y Colombia es la institución responsable del primer escalón de un sistema de aseguramiento de la calidad. Si bien se ha decidido colocar “cuotas” para las universidades públicas y privadas (situación que no comprendo bien) rompe con aquello de ser “juez y parte”, característica que llevó al mal funcionamiento de las responsabilidades de autorización de funcionamiento y sanciones a la ANR y el CONAFU, ambas instituciones que desaparecen
  3. La Ley sienta las bases para una reforma de los mecanismos de aseguramiento de calidad a través de la modificación en el enfoque de otorgamiento de autorizaciones de funcionamiento; es decir, se transita de un enfoque credencialista-burocrático (como el de CONAFU basado fundamentalmente en la elaboración de un documento llamado Proyecto de Desarrollo Institucional) hacia autorizaciones basadas en estándares de calidad. Un enfoque de control de calidad. Se suprime de tal modo, las licencias definitivas para pasar a licencias renovables. Junto con ello, plantea la reforma del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), con la finalidad de ajustar (espero que con miras al establecimiento de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad) los procesos de acreditación.
  4. Queda pendiente mirar como funcionará el voto universal en las universidades públicas. No hay evidencia aún del impacto de su aplicación. Lo que queda claro es que la opción de la vieja leyuniversitaria no estaba funcionando. Las universidades privadas se rigen por sus estatutos. Falta también desarrollar estrategias para articular la universidad con la educación técnica y elaborar otros dispositivos legales que potencien esta nueva norma.

Dicho esto, si hay aspectos que ya han merecido polémica. Desde la izquierda, se ha criticado que se mantenga la existencia de universidades con fines de lucro en el sistema. Desde mi perspectiva, aunque en un mundo ideal no deberían existir las “universidades negocio”, lo cierto es que ya tienen 20 años de formación en el Perú, por lo que su recomposición hubiera sido compleja, incluso con un plazo de moratoria. La norma les pide los mismos estándares de calidad que a las demás, lo que, en principio, parece ser un saludable punto medio y también señala que deben tener representatividad de estudiantes y alumnos en el gobierno universitario.

Otro tema complejo está en la aplicación de la regla que exige que los docentes universitarios en pregrado tengan, como mínimo, maestría. Ello implica, de un lado, que las propias universidades brinden facilidades a sus profesores para que puedan alcanzar este grado en los 5 años que establece la norma como moratoria para su aplicación. De otro lado, que la flamante Superintendencia verifique que las maestrías que se obtengan para cumplir con este requisito no sean aquellas que son un saludo a la bandera.  Otros consideran que debió exigirse el grado de doctor para todos los profesores. Y hay quienes aluden a carreras donde, para el ejercicio profesional, no se exige el postgrado, como periodismo.

Lo que hay que tener en cuenta, en realidad, es que el norte de la Universidad no solo es la enseñanza con miras a la obtención de títulos y grados académicos, sino también la investigación, lo que exige, por supuesto, estudios de postgrado con miras a ello.

A ello se suma otra controversia con la eliminación del bachillerato automático. Para algunos, la medida aplicada con Fujimori era un retroceso. Para otros, la Ley debió zanjar el debate entre bachillerato y licenciatura, que conviven en el Perú (y México) como una excepción en América Latina.

Finalmente, hay un tema social que se deberá atender. Si las reglas de la norma aprobada ayer se aplican en serio – remarco el condicional – al menos un tercio de las casas de estudio superior universitarias existentes van a desaparecer y los alumnos y egresados de ellas van a tener que ver que hacen.

De allí que sea importante que la educación técnica sea vista, en serio, como una posibilidad y que desde el Estado se tome un rol promotor para una formación superior no universitaria de calidad, a fin de brindar oportunidades para quienes no quieren o no pueden entrar a una universidad. Solo así se completará un círculo virtuoso.

La búsqueda de la calidad universitaria no se agota en la Ley. Por ello el reto más importante vendrá ahora, con su implementación, cuestión en la que los actores involucrados en este debate deberán continuar alertas.

PD 1: El editor de este blog trabaja en una universidad, pero escribe a título estrictamente personal.

PD 2: Sería bueno que algunos medios de comunicación hicieran patente su conflicto de interés en este tema.

2 thoughts on “LA NECESIDAD DE UNA NUEVA LEY UNIVERSITARIA

  1. Estimado Godoy: buen análisis de la norma, aunque hay otros puntos que has dejado fuera, creo yo. Para empezar el tema de la burocratización y la eficiencia, asi como de la pesada carga gobiernista en la SUNEDU. Si el Estado no logra gestionar siquiera la educación pública escolar ¿cómo diablos puede dar directivas sobre la educación universitaria? Peor aún ¿Podrá el Estado sustituir a la ANR? ¿Podrá el Estado ejecutar un procedimiento de acreditación eficaz y transparente? ¿Ya se cuenta con algo de personal capacitado para estas tareas? ¿O vamos a “reciclar” a burócratas viejos del Ministerio de Educación para dirigir este nuevo ente? (bueno, tenemos un antecedente: la SUNAFIL es un recalentado de los tradicionales organos inspectivos del Ministerio de Trabajo, solo que dotados de mayor autonomía y con más gollerías).
    Más allá del chillido de los mercachifles afectados (o sea, dueños actuales o potenciales de universidades), y de la perorata lobbysta e hipócrita de “San Libre Mercado que todo lo puede”, cabe preguntarse hasta donde llegaran las facultades de la SUNEDU.
    Ojo para la actual prensa del Humala Fan Club, no es seguro que la Presidenta Nadine siga en el cargo después del 2016, así que fácilmente pueden ser ppkausas o fujimoristas quienes en poco más de dos años empiecen a utilizar la SUNEDU para cualquier cosa…

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  2. Este mamarracho de ley, la nueva ley universitaria 30220, se promulgó sin
    antes haberse escuchado a aquellos a quienes va a regir: los universitarios: y
    esto es dictadura. En segundo lugar: su artículo 84, establece el cese
    obligatorio de los profesores mayores de 70 años, condenándolos a una pensión
    de 600 soles. El sistema pensionario de Perú -al que estarán sujetos los
    cesados-, es uno de los más inhumanos del mundo. Esta sola consideración, es
    suficiente para descalificar moralmente a este mamarracho de ley, y al estado
    peruano, que jamás tuvo reservas morales.

    Por lo menos un solo artículo, deslegitima moral y jurídicamente a este
    mamarracho de ley: su artículo 84, que estipula el cese obligado de los
    catedráticos mayores de 70 años, con una pensión de 600 soles: después de haber
    entregado toda su juventud en las aulas, los condena a la precariedad de su
    existencia y a la desesperación más espantosa. Este horror, desenmascara ante
    el mundo, a la clase política peruana, y muestra ante el mundo civilizado, la
    bancarrota de valores en la que medra el estado peruano.

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