VERDADES QUE NO OFENDEN, DIEZ AÑOS DESPUES

Hace exactamente diez años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su Informe Final al país, documento en el que condensaba 23 meses de trabajo y estudio sobre el periodo de violencia que vivió el Perú entre 1980 y 2000. Transcurrida una década, durante los últimos días han circulado diversos balances, se han realizado conmemoraciones y actividades académicas y, claro está, los detractores de toda la vida han continuado con una campaña de mentiras que ya lleva una década.

Este año, me interesa dialogar con un artículo de Gonzalo Zegarra, publicado en el diario virtual Altavoz, pues tiene algunas cosas que ubican en su lugar el debate respecto a la CVR y algunas omisiones que lo llevan a conclusiones erróneas.

Para empezar, Zegarra acierta al señalar cuál es el principal punto controvertido que ha generado controversias en relación a la Comisión de la Verdad y Reconciliación:

Las voces que desde un inicio se opusieron a la CVR lo hicieron bajo el argumento de que no convenía al sistema democrático admitir públicamente siquiera la posibilidad de que el Estado haya violado los derechos ciudadanos de ciertos peruanos, pues ello podría deslegitimar los resultados de la lucha antisubversiva en su conjunto. Hubo incluso quienes sostuvieron que si ello había ocurrido, se trataba de un “mal menor” inevitable en la defensa frente a la demencial agresión del terrorismo.

En particular, muchos quienes se ubican en este sector esperaban que los actos que implicaban violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado fueran omitidos o “comprendidos” como un “costo a pagar” por la pacificación del país. Al no responder a esta narrativa, pues la Comisión se centró sobre todo en las víctimas y en la explicación de lo ocurrido, este grupo de peruanos tachó inmediatamente de “pro terrorista” a la CVR.

Todo ello a pesar que: a) La CVR condenó claramente a Sendero Luminoso y al MRTA; b) indicó que SL era el responsable principal del inicio de la violencia y de la mayor cantidad de víctimas mortales (a pesar que algunos extraviados con simpatías hacia radicalismos de izquierda pretenden contrariar esta conclusión); c) señaló que SL cometió crimenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, potencialmente, genocidio contra el pueblo asháninka; d) no se niega el carácter terrorista de varias de las acciones de SL y el MRTA y e) se encuentran patrones sistemáticos de secuestro en el accionar del MRTA. Además, claro está, de reconocer a héroes militares y civiles y acciones de coraje y heroísmo.

En el fondo, la razón por la cual la CVR ha sido tan criticada es porque no reconoce que hay “razones de Estado” que permiten violar derechos humanos y señala responsabilidades institucionales, políticas y brinda datos para que el sistema de justicia establezca culpabilidades y sancione a quienes rompieron la ley. Y dado que la clase política en su totalidad y otros actores sociales fueron interpelados por sus acciones y omisiones, también se sumaron al cargamontón. A tal extremo se ha ido que los defensores civiles de los sectores castrenses olvidan que, al final del libro “En Honor a la Verdad”, la versión de parte del Ejército Peruano sobre el conflicto, se reconoce y condena los actos contrarios a la ley cometidos por agentes del Estado.

Sin embargo, como bien precisa el director de Semana Económica:

La legitimidad del Estado en general, y de la Fuerza Armada y policial en particular, se juega en el correcto uso de la fuerza pública. Por eso, la complacencia con los excesos es inaceptable y eso es lo que entraña no denunciar a quienes violaron los derechos humanos. Por tanto, cualquier Estado democrático civilizado tiene la obligación de emprender un esfuerzo por determinar si la lucha antisubversiva –por más legítima que sea en su conjunto– implicó vulneraciones a los derechos humanos. Y eso es lo que hizo la CVR.

Donde creo que Zegarra Mulánovich desacierta es al señalar que se busca convertir a la CVR “en una verdad oficial”, casi totémica, que no está abierta a otras narrativas. Y allí caben hacer algunas precisiones.

Hay que mencionar, en primer lugar, que sí es cierto que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es la narración oficial del Estado peruano sobre el periodo de violencia. Y lo es porque recibió un encargo y un mandato por parte de dos gobiernos democráticos, mediante una norma específica, que señalaba sus funciones, alcances y límites.

A pesar de este carácter y de llevar la nomenclatura de Informe Final (a pesar de ser un punto de partida), en la Introducción de este documento se hace la siguiente precisión:

«Verdad» es un relato perfectible. El relato de la CVR se refiere a sucesos ocurridos en la historia del Perú y a procesos sociales ligados a una memoria conflictiva y fragmentada. Proponemos una narración que, al recuperar nuestra memoria como país, se proyecta hacia el futuro, y debe por eso ser continuada y enriquecida con la participación de la sociedad civil, el Estado y los organismos que habrán de crearse para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del Informe. Lo importante es que el relato contiene en él mismo los criterios que permiten su perfeccionamiento constante; consideramos que habrá lugar en él siempre para acoger nuevos testimonios de víctimas aún desconocidas, así como nuevas perspectivas de análisis o de crítica que contribuyan a su reescritura continua.

Así las cosas, la CVR reconoce la existencia de otras narrativas y que pueden existir algunos datos a precisar con otras investigaciones. Por ejemplo, la cifra de 8,000 desaparecidos registrada por la CVR es conservadora frente a la estimación hecha por el Ministerio Público y otras instituciones que señalan que su número está entre 13,000 y 15,000 personas.

Asimismo, hay temas que no pudieron trabajarse a profundidad, por cuestiones de tiempo, o simplemente no pudieron ser incluidos. Entre los primeros se encuentran los crímenes de odio contra la comunidad LGTB (un caso que la CVR si alcanzó a documentar fue la matanza de “Las Gardenias”, cometida por miembros del MRTA)  y, entre los segundos, el rol de los actores internacionales y de los intelectuales en el periodo de violencia. Por tanto, el riesgo de la totemización o la eliminación de otras narrativas, al que teme Zegarra, se halla conjurado por el propio Informe Final.

Lo mismo podría decirse en torno a la inclusión del trabajo de la CVR en el espacio educativo, como señala acertadamente Roberto Bustamante:

Leo a varios decir que por qué no se enseña “la verdad” en las escuelas con el IF de la CVR. Ese argumento es justo el que el IF criticaba: la educación de manual, el culto al libro y a la cita textual, lo escrito sobre lo oral/testimonial. Hay sí elementos que pueden ser incorporados, porque han sido investigados y hay evidencia, a la enseñanza de la historia contemporánea. Pero la enseñanza de la historia, implica mucho más que una sucesión de eventos, sino la construcción de una narrativa. Los profesores mucho más que pedir que los alumnos reproduzcan tal cual el gran relato del Hatun Willakuy, podrían ahondar en las historias y testimonios de las familias, de los barrios, del colegio, de los profesores.

Entonces, ¿por qué creo que en personas como Zegarra se puede arribar a conclusiones como las criticadas aquí? Creo yo que se vio marcado por el tono del debate acerca de la CVR. Frente a los constantes ataques frente al Informe Final, quienes lo han defendido durante estos años han estado a la defensiva y, durante mucho tiempo, no se ha profundizado en algunos aspectos del Informe Final menos controvertidos. Más allá que muchos de los argumentos esgrimidos por los defensores del IF CVR son compartidos por mi, creo que corresponde hacer una reevaluación sobre la forma cómo se han transmitido los mensajes vinculados al Informe y, en general, frente al tema de derechos humanos. Se ha hablado mucho hacia quienes ya estaban convencidos o hacía quienes no escucharían nunca. No frente a quienes ignoraron el pasado por cuestiones de edad o desinterés y a aquellos que no tenían carga alguna hacia la CVR. Allí queda una tarea pendiente por hacer.

Finalmente, creo yo que resulta indispensable volver la vista hacia los principales protagonistas del trabajo de la CVR: las víctimas. Es un escándalo que en el país existan 15,000 desaparecidos, cuyos cuerpos, en su mayoría, no han sido entregados a sus familiares para cerrar el periodo de duelo. Varias de las señoras que fundaron ANFASEP hace 30 años están muriendo sin poder tener este derecho. Lo mismo ocurre con quienes esperan justicia por casos ocurridos hace tres décadas. Y, del otro lado, hay cientos de viudas de militares y polícias que siguen esperando que los respectivos Ministerios aumenten las pensiones que justamente merecen por los caídos en el cumplimiento del deber. Estos tres ejemplos nos señalan que existen tareas pendientes y urgentes que el Estado debe afrontar. Como dijo Salomón Lerner Febres hace una década:

La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Esta historia comienza hoy.

Que la tragedia de peruanos matando a otros peruanos no se vuelva a repetir.

5 thoughts on “VERDADES QUE NO OFENDEN, DIEZ AÑOS DESPUES

  1. La Comisión de la Verdad y Reconciliación tuvo muy poco de verdad y menos de reconciliación. Debemos afirmarlo permanentemente para que los jóvenes de hoy no sigan siendo engañados. Quienes vivimos la historia reciente del Perú, como testigos y partícipes de ella, conocemos bien la verdad. Nadie nos puede contar cuentos. Por ello juzgamos una obligación moral denunciar la infamia de la CVR.

    El papel principal de la CVR fue manipular la verdad. Su tarea no se redujo a mostrar hechos porque estos ya eran públicos. Lo que hizo la CVR, además de apelar a la gran escusa marxista de la pobreza como causa de la violencia, fue equilibrar los hechos. Su interés se centró en el Estado, las FFAA y Alberto Fujimori. El gran logro de la CVR fue convencer que la experiencia sufrida por los peruanos no fue un ataque alevoso de dos grupos terroristas de izquierda que pusieron en práctica el plan político que la izquierda venía pregonando desde hacía 30 años. Lo que había sucedido, según la CVR, fue un “conflicto armado interno”.

    La teoría del CAI requería mostrar a las FFAA como otro grupo terrorista, al Estado como un agencia del terror y a Alberto Fujimori como el líder terrorista. Gracias a la astucia retórica de sociólogos marxistas, la historia del terrorismo quedó transformada en una guerra de bandas, donde los más malos resultaron siendo el Estado, las FFAA y Alberto Fujimori. Demostrar esto es muy fácil. Basta analizar las “Conclusiones Generales” de la CVR. Lo que encontramos allí es un enfoque parcializado sobre el rol del Estado y en particular de Alberto Fujimori. Pero además, notamos la ponzoña dirigida hacía el hombre que pacificó el país. Nadie puede negar que durante el gobierno de Alberto Fujimori se detuvo el proceso de violencia y el número de víctimas se redujo prácticamente a nada. Con aciertos y errores el país fue pacificado, los terroristas fueron capturados, juzgados y encarcelados. Sin embargo, la CVR no tiene ni una sola palabra a favor de Fujimori. Al contrario, su nombre está siempre rodeado de los peores adjetivos y epítetos.

    En estas conclusiones encontramos que mientras a Abimael Guzmán se le menciona siete veces, sin añadirle ni un solo adjetivo ni condena alguna, en cambio Alberto Fujimori se le menciona 13 veces y siempre, sin una sola excepción, está señalado con calificativos como corrupto, autoritario, dictador, etc. Hay pues una clara diferencia en el tratamiento a uno y a otro. Mientras que a Abimael Guzmán simplemente se le menciona, como corresponde en un documento oficial que debe mostrar por lo menos imparcialidad o neutralidad, con un lenguaje técnico y frío, el trato a Alberto Fujimori es apasionado, rencoroso, envilecido; se le rodea innecesariamente de calilficativos reiterados que evidencian una clara intecionalidad por mostrarlo como un ser despreciable y ruin. Esta fue pues realmente la labor de “construcción de la verdad” que emprendió la CVR y su jauría de progresistas PUCP.

    A continuación mostramos un extracto de las 13 veces en que la CVR menciona a Alberto Fujimori en sus conclusiones, para que el propio lector juzgue si se trata de un documento pulcro, que puede alcanzar la categoría de neutro y confiable.

    31.- (…) Esta incongruencia se expresó de la manera más patente cuando, tras ser capturado, Abimael Guzmán Reinoso abandonó casi inmediatamente la tesis del equilibrio estratégico y solicitó al gobierno un acuerdo de paz junto con un reconocimiento explícito y sumamente elogioso al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

    35.- . (…) En la década de 1990, especialmente a partir de su frustrada toma del Congreso y de la toma de la residencia del embajador japonés en diciembre de 1996, el MRTA favoreció la legitimación de la política contrasubversiva autoritaria y militarizada del gobierno de Alberto Fujimori.

    36.- También lo hizo Alberto Fujimori en 1990. Sin embargo, a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, Fujimori se convirtió en un gobernante autoritario que buscó permanecer en el poder consolidando una autocracia corrupta.

    98.- (…) facilitaron el triunfo del ingeniero Alberto Fujimori, un candidato independiente que rápidamente reveló su menosprecio por la democracia.

    100.- La CVR posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado «Colina».

    102.- (…) Condena, sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales que se habrían producido, injustificadas por tratarse de personas rendidas, y comparte el rechazo de la opinión pública a las imágenes de Alberto Fujimori paseándose entre los cadáveres en la residencia recién rescatada.

    103.- (…) los atentados y crímenes incluso contra miembros del propio SIN, así como la desvirtuación de operaciones legítimas como el mencionado operativo Chavín de Huántar, llevan el sello del gobierno autoritario de Alberto Fujimori.

    104. Por lo expuesto, la CVR sostiene que en los últimos años del gobierno de Fujimori el conflicto armado interno fue manipulado con la finalidad de hacer que el régimen permaneciera en el poder.

    119.- (…) Aprovechando el desgaste de los partidos políticos y el desprestigio del Legislativo, el gobierno de Alberto Fujimori, y los promotores de una política contrasubversiva autoritaria y militarizada, sobredimensionaron su ineficacia y sus problemas…

    129. La CVR considera que la dictadura de Alberto Fujimori pretendió legalizar de forma espuria la impunidad a las violaciones de los derechos humanos realizadas por agentes del Estado…

    130.- (…) El descrédito sufrido por el sistema judicial durante el régimen presidido por Alberto Fujimori desembocó en un favor a los verdaderos subversivos cuando, años después, el Estado tuvo que realizar nuevos juicios a partir de pruebas escasas

    131.- (…) Bajo la dictadura de Fujimori, la obsecuencia del Ministerio Público ante los imperativos del Poder Ejecutivo fue total.

    160.- Para la CVR una secuela del conflicto armado interno en el terreno político es la descomposición moral en la que se hundió el país durante los últimos años de la dictadura de Alberto Fujimori…

    Esta es pues la manera recargada de calificativos como la CVR trata a Alberto Fujimori en sus conclusiones, siendo notoria la animadversión mostrada, pues no hace falta recurrir a tanta adjetivación y apasionamiento. Una pasión que no se muestra en cambio cuando se habla de Abimael Guzmán, el mayor criminal y genocida de nuestra historia, de quien tan solo se menciona fríamente su nombre. Acá mostramos una evidencia clara, una prueba contundente del rol de la CVR en la “construcción de la verdad”. Aun queda mucho más por analizar, como el enfoque dado a la reconciliación, en donde es el Estado el que debe agachar la cabeza y pedir perdón a la sociedad. ¿Acaso dice algo sobre el perdón que deberían pedir los partidos de izquierda y líderes de izquierda, entre ellos algunos comisionados de la CVR, por haberse pasado 30 años pregonando y preparando la lucha armada, en contacto con líderes y potencias extranjeras?

    Como ya dijimos, aun queda mucho más por analizar. Pero al menos no nos queda duda alguna de que la CVR fue un burdo intento por manipular la verdad montada por la izquierda para limpiar su responsabilidad ante la historia y ante el pueblo peruano. El informe de la CVR seguirá siendo rechazado por una buena parte de los peruanos que conocemos la verdad de primera mano.

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  2. Yaygu:

    El problema es que tu esperabas que la CVR dijera “Fujimori nos salvó del terrorismo”. Y como eso no ocurrió, la achacas de pro terrorista.

    Aca las conclusiones de la CVR sobre Sendero Luminoso, donde se condenan claramente sus acciones. En particular cito las siguientes:

    12. La CVR considera que la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar la lucha armada contra el Estado Peruano, a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas, y en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres.

    13. Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Esta cuota tan alta de responsabilidad del PCP-SL es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR.

    14. La CVR ha comprobado que el PCP-SL desplegó extremada violencia e inusitada crueldad que comprendieron la tortura y la sevicia como formas de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población que buscaba controlar.

    15. La CVR ha encontrado que el PCP-SL fue en contra de las grandes tendencias históricas del país. Poniendo en práctica una férrea voluntad política, se expresó como un proyecto militarista y totalitario de características terroristas que no conquistó el apoyo duradero de sectores importantes de peruanos.

    16. La CVR considera que el PCP-SL sustentó su proyecto en una ideología de carácter fundamentalista, centrada en una rígida preconcepción del devenir histórico, encerrada en una visión únicamente estratégica de la acción política y, por tanto, reñida con todo valor humanitario. El PCP-SL desdeñaba el valor de la vida y negaba los derechos humanos.

    28. La CVR señala que, por la generalidad y sistematicidad de estas prácticas, miembros del PCP-SL, y en especial su dirección nacional y su denominada jefatura, tienen directa responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de ataques armados contra la población civil, cometidos a gran escala o bien como parte de una estrategia general o planes específicos. Del mismo modo, estas conductas constituyen, a juicio de la CVR, graves infracciones a los Convenios de Ginebra, cuyo respeto era obligatorio para todos los participantes en las hostilidades.5 La perfidia con la que ac-tuó el PCP-SL en el terreno, escudándose en la población civil, evitando el uso de distintivos y atacando a traición, entre otros métodos similares como el recurso a acciones terroristas, constituyó un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población civil, con lo que se incrementaron en una forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en cuyos territorios se llevaban a cabo las hostilidades.

    29/30. La CVR encuentra la más grave responsabilidad en los miembros del sistema de dirección del PCP-SL por el conflicto que desangró a la sociedad peruana, por los siguientes elementos:
    • Por haber dado inicio a la violencia en contra del sentimiento abrumadoramente mayoritario de la población;
    • por haber planteado su lucha contra la democracia peruana con una estrategia sanguinaria;
    • por las prácticas violentas de ocupación y control de territorios rurales y poblaciones campesinas con un alto costo en vidas y en sufrimiento humano;
    • por su política de genocidio mediante actos de provocación al Estado;
    • por su decisión de proclamar el llamado equilibrio estratégico que acentuó el carácter terrorista de sus acciones.

    31. La CVR hace notar la profunda irresponsabilidad y menosprecio del PCP-SL hacia sus propios militantes, a quienes se inducía a matar y a morir de la manera más cruel y sanguinaria, mientras que sus dirigentes máximos, especialmente Abimael Guzmán Reinoso, permanecían en Lima, exentos de riesgos físicos y privaciones, prácticamente durante todo el conflicto. Esta incongruencia se expresó de la manera más patente cuando, tras ser capturado, Abimael Guzmán Reinoso abandonó casi inmediatamente la tesis del equilibrio estratégico y solicitó al gobierno un acuerdo de paz junto con un re-conocimiento explícito y sumamente elogioso al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

    Y de hecho, la CVR, además de considerar a SL como una organización subversiva y terrorista, indica que tiene un potencial genocida por sus acciones contra el pueblo asháninka.

    Sobre la izquierda, hay harta crítica. Ver conclusiones:

    105. La CVR expresa su reconocimiento especial a todas las víctimas pertenecientes a los partidos que conformaron la alianza Izquierda Unida, muchas de las cuales fueron autoridades locales que permanecieron en sus puestos a pesar de la intensidad de la violencia. La CVR resalta, también, que IU fue un canal de representación política de am-plios sectores populares y movimientos sociales hasta entonces no incluidos en la agenda nacional. De esta forma, en muchas zonas del país, militantes de izquierda fueron un freno para el avance del PCP-SL.

    106. La CVR ha constatado que la alianza Izquierda Unida (IU) fue la segunda fuerza electoral durante la mayor parte de la década de 1980, tuvo representación en el Parlamento, responsabilidad en gobiernos locales y, entre 1989 y 1992, en los gobiernos regionales.

    107. La CVR ha constatado que, durante la década de 1970, la mayor parte de las organizaciones que luego conformarían IU compartieron con diversos matices un discurso y una estrategia que privilegiaba la toma del poder por la vía de la lucha armada. En el contexto de grandes movilizaciones sociales y apertura democrática de fines de los años 70, algunas de estas organizaciones iniciaron un viraje que las llevó a valorar positivamente la vía electoral y la democracia representativa.

    108. La CVR hace notar, sin embargo, que un deslinde ideológico insuficiente y en muchos casos tardío colocó a la mayoría de los partidos miembros de IU en una situación am-bigua frente a las acciones del PCP-SL y más aún del MRTA. Esta ambigüedad hizo di-fícil para sus líderes, y también para las dirigencias sociales sobre las cuales IU tenía in-fluencia, dar la lucha ideológica contra las concepciones violentistas del PCP-SL o del MRTA.

    109. La CVR constata que la izquierda formuló denuncias de las violaciones de los dere-chos humanos cometidos por el Estado. Sin embargo, no dio el mismo tratamiento a aquéllas cometidas por los grupos subversivos, especialmente por el MRTA. Hubo dos agrupaciones que mantuvieron hasta el final la posibilidad del recurso a la violencia para tomar el poder. Esto fue, en última instancia, lo que produjo la división de la izquierda entre supuestos reformistas y revolucionarios.

    110. Para la CVR, sin que ello fuera una posición generalizada, sectores de la izquierda entendieron su participación en el parlamento y en los municipios como una tribuna de agitación y propaganda para demostrar las limitaciones de las instituciones demo-burguesas.

    111. La CVR señala que, en el plano político, el sectarismo y la ineficacia de los partidos y de los independientes que conformaban IU, así como la dificultad para poner los intereses del país por encima de los grupos o personalidades que la integraban, impidió que ella fuera más allá de su carácter de alianza electoral, para convertirse en frente programático que representara y ofreciera una alternativa de transformación pacífica y democrática a sus militantes y al país. Ese límite se mantuvo incluso en su momento de mayor presencia electoral, le impidió luego diferenciarse de la política del gobierno aprista, y terminó dividiéndola en 1989. La división desconcertó a sus seguidores y resquebrajó el dique de contención que significaba IU en amplios sectores populares; ello favoreció el avance de los grupos subversivos y posteriormente del fujimorismo.

    112. Sin embargo, la CVR resalta el papel positivo de la temprana denuncia de las violaciones de los derechos humanos por parte de IU, tanto a través de sus partidos integrantes como de las organizaciones sociales en las cuales tenía presencia y de sus representantes en el Parlamento, que tuvieron un destacado papel en las más importantes comisiones investigadoras del Congreso sobre temas vinculados al conflicto armado in-terno (la matanza de los penales, los grupos paramilitares, las causas de la violencia).

    113. La CVR deja constancia, además, de que numerosos miembros de IU, especialmente militantes de base de provincias en períodos electorales, cayeron víctimas de las fuer-zas del orden que no distinguieron entre izquierdaunidistas y subversivos. Asimismo, queda claro para la CVR que IU no fue nunca fachada legal del PCP-SL, ni de manera orgánica ni oficiosa. Conforme avanzaba la década, IU denunció crecientemente la ideo-logía y los métodos del PCP-SL, quien asesinó un número significativo de dirigentes sociales de las filas de IU, algunos de ellos líderes de importantes gremios nacionales.

    Finalmente, sobre la reconciliación, la misma se distingue del perdón. Y de hecho, la CVR descarta cualquier tipo de amnistia, sea a favor de los terroristas o de agentes del EStado.

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  3. Godoy: Es mejor decir “no hizo nada”; como la campañita fracasada de fines del año pasado, con Gorriti (caviar) a la cabeza. Tuvo que salir al frente el propio jefe GEIN Miyashiro a cerrarle la boca a la mafia.

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  4. Después de leer la respuesta a la queja sobre los ‘adjetivos’ que le dan a su querido japonesito, quedó claro que el comentarista 2 es el que intenta manipular la verdad.

    Facilísimo ignorar a los simpatizantes de la corrupción y del asesinato. Sus esfuerzos de lavado de cara a su jefecito dan mucha gracia.
    🙂

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