REPERTORIO DE PROTESTA

Como miles de ciudadanos, estuve ayer en las protestas que se desarrollaron ayer en el Centro de Lima. Para quienes no asistieron o no han leído los diarios, la descripción sobre el transcurrir de las mismas es bastante simple. Lo que comenzó como un plantón en la Plaza San Martín, continuó como una marcha por el Jirón de la Unión, Paseo de la República, Wilson y La Colmena. Al volver a la plaza, espontáneamente, la decisión fue ir hacia el Congreso.

Hasta que la marcha entró a la avenida Abancay, el comportamiento de la Policía, hay que decirlo, fue ejemplar y de mero acompañamiento. Las arengas no solo eran contra Humala, sino contra la mayor parte de la clase política (aunque habían varios miembros de distintos partidos en varios puntos de la marcha).

Sin embargo, al llegar a la altura de la Biblioteca Nacional, comenzaron los problemas. Mejor dicho, las bombas lacrimógenas. Un grupo fue hacia el Centro y, luego de un par de vueltas, retomó el Jirón de la Unión hacia la Plaza San Martín. Otro grupo se quedó por aproximadamente una hora más en la avenida Abancay, en forma pacífica, cuando la PNP decidió que la protesta se acababa a punta de gases. Luego vinieron los detenidos – la mayoría liberados anoche – y las críticas a la actuación policial.

Estos fueron los hechos como los vi en el terreno. Ahora, el análisis.

Coincido con Roberto Bustamante cuando señala la relación casi paternal entre estas protestas (la del miércoles y la de ayer) y las ocurridas en 1997, cuando el fujimorismo se tiró abajo el Tribunal Constitucional. Más allá de algunos datos tecnológicos que diferencian a esta protesta de la otra – léase, el uso de celulares y redes sociales para convocatorias y transmisión de información – hay varios rasgos comunes: peso mayor de lo moral antes que lo político, organización vía redes pequeñas que captan mejor estos sentimientos antes que los partidos, ausencia de liderazgos nítidos, políticos que reaccionan luego de la protesta.

Esta situación, a la vez, es la fortaleza y la debilidad de este tipo de movimientos. Resultan ser bastante efectivos para el objetivo concreto, en este caso, revertir una decisión considerada por la ciudadanía como injusta. Pero son difíciles de asir para un proyecto político de más largo aliento. No solo por que los líderes de las protestas terminan, en algunos casos, convirtiéndose en aquello que criticaron (hace un par de días, Renato Cisneros recordaba como Martín del Pomar pasó de dirigente de marchas en cuestionado alcalde de Barranco), sino porque, al rechazar a los dirigentes políticos en su mayoría, no provoca que alguna tienda pueda cosechar, nítidamente, este descontento a su favor. Salvo que sigan una carrera política relativamente pulcra, los liderazgos que puedan surgir al calor de las protestas se diluyen fácilmente.

Asimismo, al ser protestas donde el componente fuerte, en términos sociales, es de clase media, el repertorio en slogans y formas de hacer sentir la voz es distinto al que tienen gremios y organizaciones con mayor tradición de protesta. De allí que, por momentos, algunas de las manifestaciones puedan ser tachadas como frívolas. Fue lo que ocurrió con el flashmob protagonizado por algunos artistas y activistas en Miraflores. La pregunta es si estas críticas son por cuestiones de clase o si simplemente se trata de criticar por criticar o si, realmente, se jugó en el filo entre la llamada de atención y la frivolización.

Ojo, varias de estas cuestiones ya han sido planteadas para las protestas fuera de Lima en el libro de Carlos Meléndez “La Soledad de la Política”. Los actores políticos no pueden articular las demandas locales a los ámbitos regional y nacional (y viceversa) y tampoco pueden vincular la protesta social con la representación política. Y, de otro lado, los dirigentes de las protestas terminan siendo desbordados por la masa o su éxito al pasar a la disputa electoral es bastante limitado.

De allí que, más allá del probable éxito puntual de las protestas contra lo que ha sido una repartija descarada, queda un gran signo de interrogación sobre cómo la calle puede ser representada por los políticos. Más aún, cuando todos han quedado pésimo, tanto por el reparto del 2013, como el producido en 2007.

Mañana: el balance político de esta coyuntura, a dos años del gobierno de Humala.

(Foto: El Comercio)

RELEVOS MINISTERIALES

Hace un par de meses, en la revista Poder, Ricardo Uceda y David Rivera contaban que:

Es posible que Castilla ya no vea el término del proceso de desburocratización. Apagado el incendio Repsol, partirá en busca de mejores vientos en julio próximo, o a lo mucho en diciembre, por razones personales que ya se las había explicado a la pareja presidencial con meses de anticipación. Nadine ya está buscando reemplazo, lo mismo que para Carolina Trivelli, que parte a medio año por voluntad propia.

Luis Miguel Castilla se quedará en el gabinete, al menos hasta noviembre o diciembre. Es el acuerdo al que ha llegado con Palacio de Gobierno. Con Trivelli, la historia, como hoy sabemos, es distinta.

Las versiones sobre la salida de Trivelli fueron frecuentes al menos desde mayo. Más que los cuestionamientos a los proveedores de los programas sociales – en particular, Qali Warma -, pesaron en la decisión temas de índole profesional y personal. Según Velaverde, Trivelli tendría su futuro asegurado en un puesto en el Banco Mundial. La hasta hoy titular del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social estuvo junto al presidente del BM en la visita que hizo a Lima hace algunas semanas, en particular, en una conferencia que dictó en la PUCP.

Una fuente nos indicó que la persona que reemplazará a Trivelli en el MIDIS será mujer, de perfil técnico y con cierta experiencia en el exterior.

Sobre la salida de José Luis Silva Martinot del ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la primicia la tuvo la revista Velaverde esta mañana. Posteriormente, El Comercio confirmó que la misma se daría en las siguientes horas, cuestión que fue ratificada por el Presidente del Consejo de Ministros.  Tres distintas fuentes que hemos podido confirmar en estas horas señalan que las razones de su salida pertenecen a la esfera estrictamente personal del ministro, por lo que es correcto que se haya informado que se trata de “razones personales”.

Según El Comercio, el MINCETUR tendría como titular a Magali Silva, viceministra de PYMES del Ministerio de la Producción.

Finalmente, no se ha confirmado si entre los renunciantes está Luis Peirano, ministro de Cultura, como señaló la revista dirigida por Juan Carlos Tafur en su edición de hoy.

(Foto: El Comercio)

ACTORES DE REPARTO

Ayer, el acuerdo sobre el reparto de puestos para el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo estalló por los aires. Durante la mañana y la tarde de ayer, con diversos tonos y comunicados, la mayoría de integrantes electos el miércoles decidió declinar, luego que, en diversas partes del país, la protesta ciudadana se hiciera patente y, en forma casi unánime, los medios de comunicación rechazaran lo que, a todas luces, era una vulgar repartija.

La reculada, en realidad, comenzó el jueves, cuando Ollanta Humala y Keiko Fujimori, en diversos tonos y defendiendo cada uno a sus elegidos, señalaron que existía un problema de legitimidad en torno a algunos de los escogidos. Claro está, 24 horas antes, sus respectivas bancadas habían consumado un acuerdo que les salió caro en términos políticos.

A ellos les siguió Alan García, a quien cuatro partidos políticos le dieron en la yema del gusto al sellar un contubernio rechazado por la población. El problema para el líder aprista es que, desde la ciudadanía, varios le recordaron otra repartija vinculada al Tribunal Constitucional y ejecutada en 2007. De hecho, dichos críticos señalaban que, si el APRA tenía bancada, se hubiera sumado a este cogollo.

Más allá que, finalmente, las dimisiones se concreten en una anulación de la elección la próxima semana – de hecho, quienes han encabezado las protestas cívicas de estos días, prometen continuar los plantones en las calles hasta que ello se consume -, lo cierto es que ha quedado una fea imagen sobre la mayor parte de políticos. Se les ha visto capaces de debilitar dos instituciones que merecen relativa confianza de la ciudadanía – aunque mayor que los poderes del Estado – todo para no ser controlados o para poder consolidar proyectos políticos particulares.

Este problema no se arreglará con meas culpas – algunos de los cuales comenzaron hoy – sino con gestos concretos. El primero es terminar de liquidar la elección cuestionada. El segundo es elegir a autoridades realmente capacitadas para puestos que la ciudadanía valora. Y el tercero es debatir si es que dejar la designación del TC y la Defensoría en manos del Congreso de la República es una regla que debe permanecer sin variaciones.

VERGÜENZA NACIONAL

Resulta sintomático que la mayoría de portadas de hoy de los principales diarios coincidan en los sustantivos y adjetivos: repartija, vergüenza, indignación, traición, anticuchos. Y dichas palabras son pronunciadas por periódicos que representan a variadas tendencias políticas.

También resulta un signo de estos tiempos que, vía redes sociales, se haya podido congregar rápidamente una manifestación en contra. Y que la misma haya sido recibida, casi de inmediato, por varias bombas lacrimógenas lanzadas por la Policía, a pesar que la misma era absolutamente pacífica.

El sabor a componenda ha quedado en el ambiente. Mientras que el gobierno asegura dos votos fijos para evitar que cualquier norma cuestionable pueda ser sacada del ordenamiento jurídico – ¿se imaginan a Cayo Galindo y Víctor Mayorga votando, por ejemplo, en contra de las normas sobre servicio militar? -, el fujimorismo ha logrado poner al abogado de Alberto Fujimori y de varios procesados por narcotráfico, corrupción y violadores de derechos humanos como magistrado de un Tribunal Constitucional al que se palomearon en 1997. Mientras que todos los políticos ganan con una Defensoría del Pueblo adocenada, con una persona cuestionable a la cabeza, cercana a un partido que ha perdido todo rubor democrático.

Peor aún, hemos visto a congresistas del Partido Popular Cristiano defender la repartija en nombre de “un acuerdo ya tomado”. El PPC, cuyos miembros se consideran como guardianes de la institucionalidad, terminó convalidando una de las peores votaciones que hemos tenido en 13 años de democracia, desde que la recuperamos.

Resulta también desleznable que la mayoría de gremios empresariales hasta ahora no haya dicho esta boca es mía respecto a la elección de ayer. Si bien varios de sus miembros deben respirar aliviados porque, al menos, hubo una buena elección de los directores del Banco Central de Reserva, su silencio resulta ominoso frente a dos instituciones que también deberían importarles. El Tribunal Constitucional ha resuelto varias disputas económicas y laborales, mientras que la Defensoría del Pueblo tiene el mejor seguimiento de conflictos sociales.

No estoy a favor de los que piden disolución del Congreso. Por el contrario, sería un remedio aún peor que la enfermedad. La mejor forma de hacer sentir a esta gente – no todos, felizmente, ayer hubo muestras de dignidad en ese hemiciclo – que nos avergüenza es seguir con manifestaciones, protestas simbólicas y, sobre todo, comprometerse más en la actividad política.

En el Congreso aun no se han dado cuenta de la magnitud del daño hecho. De lo que son conscientes es que se bajaron 2 instancias de control. Y no parecen sentir remordimiento alguno en ello.

(Foto: Miguel Bellido. El Comercio)

TC Y DEFENSORIA: LAS PERLAS FINALES

Mientras el Congreso debate si consagra la repartija en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, dos datos merecerían mayor atención de quienes votarán en unos minutos.

PILAR FREITAS: Según la web Infos, la oficina en la avenida Camino Real en la que Alejandro Toledo despachó entre 2011 y 2012 pertenece a la Fundación Canevaro. El dato no es ocioso, dado que Freitas es vicepresidenta de la referida fundación. Este hecho vuelve a demostrar que, antes que una Defensora del Pueblo, tendremos una defensora del cuestionado líder de Perú Posible. Amen de las demás acusaciones contra la abogada y regidora.

ROLANDO SOUSA: En su sección de datos, la revista Velaverde señaló que el estudio Sousa & Nakazaki firmó un contrato con la Policía Nacional del Perú para la defensa del general Adolfo Cuba y Escobedo en 2009. Cuba – ya fallecido – era el director general de la PNP al momento del golpe del 5 de abril de 1992. El problema es que el estudio no podía firmar estos contratos de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, dado que Sousa tiene más del 5% de participaciones en dicho estudio. En el SEACE también aparecen varios contratos por patrocinio legal de militares a favor de Sousa & Nakazaki en 2011, pero los mismos han sido anulados de oficio.

Ahora, a esperar la votación en el Congreso.

(Caricatura: Carlín)

BENAVIDES MORALES Y LA PISTA DEL DINERO FUJIMORISTA

Durante las últimas semanas, un nombre muy mencionado en la década pasada ha vuelto a aparecer en varias portadas: Enrique Benavides Morales, traficante de armas vinculado a Vladimiro Montesinos. Pero esta vez, su nombre está ligado al otro jefe de la banda: Alberto Fujimori Fujimori.

Todo comenzó hace unas semanas, cuando Daniel Yovera, periodista del programa #esnoticia – cancelado ayer -, recordó que Benavides Morales, a través de una empresa off shore en Panamá, le compró una casa a Juana Fujimori y a su esposo, Isidro Kagami, en Miraflores.  En el mismo reportaje, se señaló que un colaborador eficaz afirmó que Benavides Morales le entregaba dinero a la señora Fujimori de Kagami. Recordemos que las hijas de la pareja Kagami – Fujimori son las propietarias de la vivienda donde reside Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

La segunda pista la dio Yovera hace dos días. Llamémosle los 9 Tomos de Panamá. Se trata de un conjunto de información enviada en 2007, durante el segundo gobierno de Alan García, por autoridades panameñas vía conducto regular, sobre cuentas vinculadas a la organización criminal Fujimori – Montesinos. Dicha información no fue rasteada oportunamente durante ese periodo, lo que supone uno de los mayores actos de negligencia del Estado peruano.

¿Cómo se conectan los 9 Tomos de Panamá con Benavides Morales? La empresa con mayor movimiento de dinero de la corrupción en dicho país es Treves Intora, una empresa formada por Benavides y otros traficantes de armas para la venta de aviones MIG 29 y Sukkoi 25, que supusieron pingües ganancias y coimas para los involucrados en esta operación. Asimismo, la mayoría de las cuentas se vinculan a Benavides, entre ellas, la de Ocean Reef, la off shore a través de la cual se adquirió la casa al matrimonio Kagami – Fujimori.

De hecho, hace una década, Ángel Paez señaló que:

Por esa misma vía (la cuenta de Ocean Reef, nota de DTP), Benavides pagó, en otros casos, sobornos a miembros de la cúpula del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú. El concierto entre Juana Fujimori y Enrique Benavides Morales fue posible, ya que el empresario mantenía una relación estrecha con la hermana del ex presidente desde que ésta administraba las donaciones de Palacio de Gobierno.

El acuerdo habría convenido la compra del inmueble a un precio mayor a su valor real, para justificar de esta manera la honorabilidad del dinero de la hermana del presidente. La operación comercial, aparentemente regular, es una de las formas típicas a las que recurren las organizaciones delictivas para reciclar e infiltrar en los flujos de circulación legal dinero proveniente de actividades ilícitas y malversaciones de fondos públicos.

Otras piezas encajan. En La República, la semana pasada, se registró que, durante la gestión de Augusto Miyagusuku Miyagui como presidente de la compañía de seguros estatal Popular y Porvenir (hoy en liquidación), el hijo del matrimonio Kagami – Fujimori, Isidro, ocupó un puesto en el directorio entre 1994 y 1995. Asimismo, la empresa de este personaje, HK Service, reparaba los vehículos siniestrados asegurados en la mencionada compañía estatal.

En el mismo edificio de PyP, funcionaban las ong´s Apenkai y Aken, que manejaban las donaciones provenientes de Japón, teniendo como directivos a funcionarios de la aseguradora, así como a los hermanos del autócrata Fujimori. Pero también existía una relación entre PyP y Enrique Benavides Morales. En el resumen del informe sobre Popular y Porvenir de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, se indica que:

Otra modalidad de exacción de efectivo que drenó a la empresa fue aprovecharse de las pólizas de seguros de los equipos de las fuerzas armadas. La sobrevaluación de pólizas fue uno de los elementos presentes. (…)

Asimismo, la gestión de esta póliza permitió el favorecimiento para la adquisición de aeronaves a través de la empresa Debrett Enterprise representada por Enrique Benavides Morales, a precios sobrevaluados en casi el 100%, (en el caso estudiado de la reposición de un helicóptero). Parte del equipo pagado a la empresa nunca fue repuesto al Ejército.

La última pista la dio ayer Laura Grados en Velaverde. Dos detalles son centrales en el reportaje. De un lado, la propia confesión de Alberto y Kenji Fujimori, quienes señalaron que, si el reo era indultado, viajaría a Europa, específicamente Alemania. De otro lado, el testimonio de Juana Kiyan, comadre de Juana Fujimori, a quien Jenny Kagami (co-propietaria de la casa donde vive Keiko) le vendió un inmueble en Miraflores. Sin embargo, al no inscribirse la transferencia, Kiyan podría perderlo, debido a un litigio judicial. Según indica Kiyan, Isidro Kagami Fujimori le propuso vender el inmueble.

Sin embargo, lo más saltante de lo mencionado por Kiyan es una reunión que tuvo, gracias a Juana Fujimori, con Benavides Morales, en Santa Beatriz, en 1998. Exactamente, en el mismo lugar donde un colaborador eficaz dice haber presenciado pagos del traficante a la hermana del autócrata. Allí Benavides ofreció el alquiler del inmueble de Miraflores, recién adquirido a Jenny Kagami, así como una suma de cien mil dólares por una reparación, dinero rechazado por Kiyan. Este hecho comprueba, nuevamente, las relaciones estrechas entre Benavides y J. Fujimori.

Benavides no es cualquier miembro de la mafia. Según se registró en 2005, Benavides manejó 198 millones de dólares en cuentas en el Banco Wiese. Hasta ahora, ha logrado evadir la acción de la justicia, debido a una extradición frustrada y a un cambio de nacionalidad. Pero la pista de su dinero puede llevar a las cuentas de una familia que, hasta ahora, guarda su dinero a buen recaudo.

EL CASO CATERIANO

Anoche, Panorama soltó una bomba: el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, tiene sus comunicaciones telefónicas interceptadas. La prueba, un audio en el que alude a una supuesta “luz verde” de Nadine Heredia respecto a la suscripción de un contrato entre el MINDEF y el PNUD para la administración de compras militares en el VRAE. El reportaje fue hecho por Marco Antonio Vásquez:

El caso tiene varias aristas que conviene revisar.

a) El “chuponeo”:

Ilegal por donde se le mire y lo más preocupante de todo este caso. Si el espionaje de las comunicaciones de cualquier ciudadano merece el rechazo general – de hecho, la gente de BTR fue condenada por este delito – en el caso de un ministro de Estado cobra una atención particular, dado que hay temas de Estado que, por cuestiones de tiempos y estilos, se manejan en reserva.

Más aún, en una cartera como Defensa, donde se manejan temas sensibles para la seguridad nacional, interna y externa. Este es un caso en el que se debe investigar a fondo y hasta el final.

b) Las hipótesis sobre la autoría del espionaje:

Marco Sifuentes desliza vía Twitter que “el APRA y el fujimorismo le han declarado guerra total al gobierno”. Esto apuntaría a un primer grupo de sospechosos: el grupo de marinos que tienen intereses cercanos a ambas agrupaciones, tanto por afinidades ideológicas como por intereses comunes en temas como derechos humanos, corrupción y defensa del medio ambiente.

Asimismo, Cateriano no es afín a ambos partidos, como lo señala claramente en una entrevista concedida a Velaverde hace algunas semanas. De hecho, el fujimorismo vetó su candidatura al Tribunal Constitucional hace un par de semanas.

Una segunda hipótesis fue esgrimida ayer por Rosa María Palacios, también en Twitter: gente de dentro, descontenta con la gestión de Cateriano. Y allí podríamos ubicar desde militares a quienes no le agrada la transparencia con la que el ministro procura manejarse en temas de compras – de hecho, el famoso convenio por PNUD se hizo porque no se había creado la agencia de adquisiciones en FF.AA. – hasta el entorno militar cercano al Presidente de la República, encabezado por Adrián Villafuerte, que no se lleva bien con el titular de Defensa.

Una tercera fuente posible es la DINI, debido al incremento de presupuesto para labores operativas. Ojo que aún no termina de esclarecerse el presunto espionaje a Fernando Rospigliosi y Carlos Basombrío.

c) El tema Nadine:

Si bien se ha descartado la llamada “reelección conyugal”, lo cierto es que el audio confirma que Nadine Heredia tiene un peso bastante fuerte en el gobierno. Peso que es más trascendente siendo el Partido Nacionalista Peruano, en el fondo, un proyecto familiar, donde la esposa del Presidente de la República es la número 2 a bordo del equipo.

A esta altura, pocos pueden cuestionar que un Presidente pueda consultar a su esposa sobre temas laborales – de hecho, conozco a demasiados matrimonios que se manejan así -, pero quizás haya llegado la hora de regular, de una vez por todas, la figura del cónyuge del Presidente, a fin de tener funciones claras, presupuestos definidos o, simplemente, tirarla por la borda y hacer que trabaje como cualquier otra persona, con ciertas salvedades por potenciales conflictos de intereses. Con ello, probablemente, no se calme la ola de chistes machistas sobre “quien manda en Palacio”, pero si habremos ganado en transparencia e institucionalidad. Y eso es mejor que el limbo en el que vivimos.

(Foto: El Comercio)