CUANDO EL DERECHO SE ENFRENTA AL CIUDADANO

Una de las lecciones que más recuerdo de mi paso por una facultad de Derecho se encuentra en el impacto que la legislación tiene en los ciudadanos. Una buena norma puede generar estímulos importantes para la consolidación de la democracia, para la buena marcha de la economía y, sobre todo, para hacernos la vida menos difícil a quienes no ocupamos un puesto público. Pero mis profesores – de todas las ramas del Derecho y de distintas tendencias – advertían sobre los riesgos de los mamarrachos jurídicos que, lamentablemente, son muy comunes en nuestra sociedad. Dos de ellos han merecido la protesta del público en estos días.

El primero de ellos tiene que ver con la ley de reforma (parcial) del régimen pensionario privado, concentrada en la rebaja de las comisiones que nos cobran las AFP por administrar nuestro dinero. Y más que cuestionar cuál comisión es mejor – para ello, los amigos economistas pueden dar mayor información, pues esta varía en cada caso en particular -, sí me preocupa un tema. Los ciudadanos que queríamos quedarnos en la comisión por flujo, que actualmente es la que rige el sistema privado de pensiones, teníamos que hacer un trámite para quedarnos, en lugar que fuera al revés, como mandaría el sentido común. Y se trataba de la suscripción de dos documentos que, en ventanilla, no demoraba más que 5 minutos pero que, por las colas que hubo, se hacía engorroso. Ya ni hablo de lo que ocurrió con quienes querían hacerlo vía Internet, pues las mejoras recién llegaron en la última semana, luego de muchos reclamos antes las redes sociales.

Pero lo que más me sorprendió es que el presidente del Consejo de Ministros señalara que “la norma se aprobó al revés de lo que propusimos”. Si fue así – y el señor Jiménez es abogado – ¿por qué no la observaron? En un gabinete donde priman los hombres y mujeres que han pasado por una facultad de Derecho, sorprende que ninguno de ellos haya reparado en este detalle. Probablemente, como señaló Pablo Secada hace varios meses, en la expedición de la norma, antes que el interés de los ciudadanos (sobre todo, de los afiliados al sistema privado de pensiones), primaron los egos.

La segunda norma que ha causado controversia fue dictada por el Poder Ejecutivo. Se trata del Decreto Legislativo N° 1146, una norma que permite una convocatoria obligatoria mediante sorteo para el servicio militar, que es voluntario en el Perú desde 1999. Un severo retroceso en una institución que, antes de su reforma, había disminuido su mala imagen, producto de los maltratos y levas que se daban como consecuencia de su obligatoriedad. Como indican los especialistas del Instituto de Defensa Legal:

(…) la norma establece un retorno condicional a la modalidad del servicio militar obligatorio, el cual no es acorde a democracias que tienden a consolidarse debido a que vulnera diversos derechos ciudadanos, como por ejemplo el ejercicio de la libertad de elección laboral y profesional. Además, dicho sistema se caracterizaba por incorporar a soldados que en su mayoría carecían de estudios escolares completos, provenían de los sectores más pobres, eran reclutados a la fuerza y, en algunos casos, eran víctimas de maltrato a su integridad física y psicológica. También dicho sistema se fortalecía en una lógica que asignaba una función reformatoria de conductas propias de pandilleros, delincuentes, vagos, etc., lo cual tergiversaba la función exclusiva de instrucción militar para la defensa nacional.

Para agravar más las cosas, hay algunas exoneraciones para poder escapar de esta medida. La más controvertida de ellas supone el pago de una multa de 1850 nuevos soles, suma que probablemente será pagada por comodidad por los sectores altos y con gran esfuerzo por la clase media, pero que nuevamente castiga a los sectores menos favorecidos económicamente a cumplir con este servicio. Peor aún, el pago de una propina bastante baja (350 soles) generará un problema a aquellos jóvenes que, desde temprana edad, colaboran con el aumento del ingreso familiar y que, al ser sorteados y no poder exonerarse, no pueden tomar un empleo que les permita un ingreso mayor. Por tanto, no se trata de un servicio pluriclasista, como señala Mirko Lauer en su columna de hoy, sino que repite las mismas taras del SMO.

En ninguno de los casos, el centro fue el ciudadano. En el primero de ellos, solo importó la rebaja de las comisiones per se, sin buscar la mejora de todo el sistema. En el segundo, el aumento de la tropa disponible para las Fuerzas Armadas, antes que la profesionalización castrense. Y en ambas situaciones, quienes no acceden a una información adecuada son quienes salen perdiendo.