LOS INTRINGUILIS DE LA JUSTICIA MILITAR

Uno de los temas que, con la transición democrática, fue materia de discusión durante toda la década pasada, fue qué hacer con la justicia militar.  Siendo minoritario el sector que planteaba su desaparición – incluso dentro de los ámbitos más progresistas -, la idea de las reformas vinculadas a este cuerpo estaban más cercanas a establecer candados institucionales para evitar dos problemas que tuvo durante las dos últimas décadas del siglo XX: ser un instrumento de impunidad en materia de violaciones de derechos humanos y carecer de independencia, sobre todo, en lo que se refiere a la elección de sus magistrados.

El primer objetivo se cumplió a medias. Si bien es cierto que son mucho menores las intervenciones en procesos por violaciones a los derechos humanos, algunas intervenciones del fuero militar sí han afectado casos determinados. El ejemplo sintomático es lo ocurrido con el caso Chavín de Huántar, donde la intervención de la justicia castrense probablemente le cueste al Estado una sentencia desfavorable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en reiteradas ocasiones, ha señalado que esta no es la instancia pertinente para procesar este tipo de hechos.

Pero el segundo punto es el que, hasta ahora, no se ha resuelto.  Luego de varias idas y venidas normativas, las actuales normas sobre justicia militar permiten que sea el Presidente de la República quien designe a los magistrados del Fuero Militar Policial (cuando debería hacerlo el Consejo Nacional de la Magistratura como con el resto de jueces de todo el país), que se puedan escoger a oficiales en actividad (lo que ha sido visto por el sistema interamericano de derechos humanos como una afectación a la independencia judicial) y que, además, existan fiscales militares cuando esta figura no estaba contemplada en la Constitución de 1993.  Peor aún, el Tribunal Constitucional dijo que estas normas eran constitucionales, volteando su jurisprudencia luego de por lo menos 5 sentencias en sentido opuesto.

El tema ha vuelto a la mesa con los recientes cambios en el Fuero Militar Policial, sobre todo, en su presidencia.  En estos días, fue destituido el Contraalmirante en retiro Carlos Mesa Angosto, quien durante varios años presidió este fuero especial. Rápidamente, medios como Correo y Expreso se solidarizaron con él – lo que es consecuente con la línea de estos medios, pues Mesa se opone a los procesos a militares por violaciones de derechos humanos y que sigue pensando que las ong’s quieren “desaparecer” la justicia militar, lo que es mentira – y Mesa Angosto salió denunciando que el Poder Ejecutivo ha hecho cambios que hacen que “se controle al fuero militar desde el Poder Ejecutivo”.

El problema con la argumentación de Mesa es que con la legislación que “permite el control del Ejecutivo” fue dictada en el gobierno de Alan García y fue al amparo de la misma que lo eligieron a él como presidente del Fuero Militar Policial. Y justamente, lo que han cambiado son las reglas – mediante Ley dictada por el Congreso – para elegir al presidente y algunas precisiones para elegir a los magistrados. Lo de fondo del sistema de elección, que se da de patadas con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, se mantiene. De hecho, como comenta David Lovatón, abogado del Instituto de Defensa Legal, el cambio normativo reciente parece tener otro fin:

Al parecer la Ley 29955 le habría puesto la puntería al actual Presidente del Fuero militar policial, contralmirante (r) Carlos Mesa Angosto, pues todo parece indicar que las modificaciones introducidas apuntan a removerlo del cargo. Cabe recordar que Mesa Angosto fue designado como vocal del Tribunal Supremo militar policial por el ex Presidente Alan García y, en su momento, no reclamó por la afectación de la independencia de este fuero castrense como lo hace ahora; tampoco protestó cuando Montesinos hizo firmar a los altos oficiales de las fuerzas armadas la vergonzosa “acta de sujeción”, por el contrario, la firmó.

Y claro, luego de esta respuesta, Mesa salió del cargo. Pero su reemplazo tiene su mismo corte e incluso peor. Como relata un informe de Justicia Viva, el general (r) Hugo Pow Sang, flamante presidente del Fuero Militar Policial, tiene el siguiente repertorio de cuestionamientos en su contra:

a) Al igual que Mesa Angosto, también firmó el acta de sujeción a Montesinos y Fujimori de 1999. Como también lo han hecho otros funcionarios de este gobierno, como el asesor en temas de defensa Adrián Villafuerte Macha y el exministro del Interior Wilver Calle Girón.  Todo ello, por cierto, a pesar que Ollanta Humala se ha expresado en términos bastante duros contra quienes firmaron el acta de sujeción durante varios años. En el libro – entrevista biográfica “De Locumba a candidato a la Presidencia del Perú”, Humala se mandó con todo contra ellos, exigiendo incluso cortes de honor y llamándolos delincuentes. Este es un tema ético antes que legal, dado que solo han sido condenados los oficiales que obligaron a firmar a sus compañeros de armas este vergonzoso documento.

b) Cuando el caso Barrios Altos fue llevado al fuero castrense, Pow Sang emitió un informe exculpando a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Juan Rivero Lazo por los asesinatos producidos en 1991. En un informe ampliatorio, también exculpó a los miembros del destacamento Colina, al considerar que solo hacían labores administrativas y que no pertenecían al Servicio de Inteligencia del Ejército.

Es decir, Pow Sang formó parte de la cadena de impunidad que se tejió sobre el caso Barrios Altos. Y este solo hecho debería hacer que el Presidente de la República lo ponga, de inmediato, de patitas en la calle. Y – aunque esto lo veo más difícil – debería proponerse una fórmula de reforma de la justicia militar, a fin que la elección de sus magistrados sea, por fin, compatible, con los estándares internacionales de derechos humanos, con lo que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional llevados ante su jurisdicción puedan contar con todas las garantías de un proceso justo.

Tremendo lío en el que, una vez más, se ve involucrado el Presidente de la República, con el silencio de todo el gabinete, comenzando por el Ministro de Defensa.

(Foto: Andina)

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