ELECCIONES EE.UU.: FARID KAHHAT COMENTA EL DEBATE PRESIDENCIAL

Ayer en Pasando Revista, entrevistamos al politólogo y analista internacional Farid Kahhat, quien comentó los principales temas tratados durante el tercer debate presidencial en Estados Unidos, en el que Barack Obama y Mitt Romney discutieron sobre política exterior.  El debate tuvo como centro a Medio Oriente, China y Rusia.

Por supuesto, también conversamos sobre la indiferencia frente a Europa – no mencionada en el debate – y la única alusión sobre América Latina. Además, ¿quién puede ganar la elección y que factores la pueden definir?

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(Foto: AFP)

EL COGOLLO DEL INDULTO

Luego de la serie de fotos, cuadros y demás imágenes que jugaban con la sensibilidad de la opinión pública – ver reportaje de Jacqueline Fowks para El País -, una pregunta quedaba flotando en el ambiente: ¿quiénes están dirigiendo la campaña ante la opinión pública a favor del indulto humanitario para Alberto Fujimori?

Una primera pista la tuvimos el viernes cuando, en entrevista con Rosa María Palacios, Carlos Raffo admitió que había vuelto a apoyar a su amigo, a pesar de la opinión contraria de su entorno personal. Raffo indicó que “volvía a la cancha” ante la ausencia de defensores del indulto en las filas de los seguidores del fundador de los autoritarismos competitivos en América Latina post Guerra Fría. Cabe recordar que, con excepción de los hijos de Fujimori, pocos parlamentarios de su propia bancada han salido a defender la medida. Además de las ya conocidas divisiones en el fujimorismo, pesa mucho que varios de los congresistas fujimoristas sean independientes – es decir, no pertenecientes a Fuerza Popular – o de agrupaciones regionales más autónomas.

La segunda pista la registró Diario 16 el sábado. Allí no solo se revelaron otros nombres, sino también la molestia del sector “keikista” en torno al uso de imágenes, pinturas y demás con miras a generar compasión. Aquí los párrafos claves de la nota:

Fuentes de diario16 confirmaron que el expresidente coordina estrechamente con un grupo de cinco ‘amigos’ allegados a él, entre ellos, Carlos Raffo, su médico de cabecera Alejandro Aguinaga y el empresario y exalcalde de Miraflores, Germán Kruger, quien fue una de las personas que aconsejó a Fujimori viajar a Chile en el 2005.

A través de ellos Fujimori habría filtrado las cartas, fotografías y pinturas, con el objetivo de “sensibilizar” a la opinión pública. Sin embargo, al no tener los efectos esperados, estos ‘operadores’ -‘amigos de Fujimori’- están siendo blancos de críticas por un sector de fujimoristas encabezados por Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama.

Precisamente ayer, el diario La Razón, conocido por su histórica vinculación con el fujimorismo, publicó una nota titulada: “Foto y cuadro de Fujimori desatan cisma al interior de fujimorismo. Keiko Fujimori y su familia rechazan maniobras de Carlos Raffo”.

En el desarrollo del texto responsabilizan al publicista de haber difundido la foto de Fujimori, en la que aparece supuestamente “demacrado”, pero que en realidad lo que más se nota es la burda maniobra que inmediatamente mereció el rechazo de la opinión pública. “La foto en la que se ve a Fujimori en un aspecto lamentable también las hizo públicas Raffo”, dice La Razón.

Según ese mismo medio, “la gota que colmó la paciencia fue el autorretrato” en el que supuestamente Fujimori “pide perdón” pero que en realidad no proyecta esa imagen sino la de un Fujimori feliz, sonriente y en un buen estado de salud. Ese cuadro fue pintado en este mes, como consta en la propia firma de Fujimori en el autorretrato.

“La familia está indignada con Carlos Raffo”, precisa el diario. La Razón también “aclara” que “ese cuadro sí lo pintó el ingeniero, pero no ahora. Si ha bajado más de 20 kilos porque no tiene ganas de comer, cómo se puede creer que va a ponerse a pintar”.

Esta fuente del diario La Razón, según pudimos averiguar, sería nada menos que Jaime Yoshiyama, quien contaría con el pleno respaldo de Keiko Fujimori. Ambos y un gran sector de la cúpula y bancada del fujimorismo creen que estos psicosociales están perjudicando y no ayudan al indulto de su líder. Por el contrario, están generando el rechazo de la opinión pública.

En medio de estas divisiones y disputas sobre cómo encarar el tema del indulto, hoy llegó la tercera pista, vía una investigación de Edmundo Cruz y Elizabeth Prado para el diario La República. Cruz amplió datos, indicó más nombres y señaló incluso el lugar de reunión del grupo asesor de Fujimori:

El grupo funciona en una vivienda de la calle Tres Marías, a escasas cuadras de la Universidad de Lima. Fue alquilada hace dos meses aproximadamente.

El viernes por la tarde, ante una solicitud de esta redacción a Carlos Raffo para conversar con él en el local de la calle Tres Marías, el publicista respondió textualmente: “Ese es un lugar de trabajo privado”. No negó la existencia de esa oficina, y para cualquier consulta adicional sobre el tema de la campaña a favor del indulto nos remitió a un correo electrónico.

El ‘grupo consultor’ de esta campaña lo formarían Alejandro Aguinaga Recuenco, médico de cabecera de Fujimori; Germán Kruger, empresario que financió el viaje de Fujimori de Tokio a Santiago de Chile, el 2005; Jorge Trelles, autor de la célebre frase: “en todo caso, nosotros (gobierno de Fujimori) matamos menos…”; y Carlos Raffo Arce, ex congresista y publicista que se apartó del fujimorismo en abril del 2011.

Todos ellos forman parte del núcleo más duro del fujimorismo, es decir, del “albertismo”. Tanto Kruger como Trelles han sido visitantes habituales del Establecimiento Penal Barbadillo. Y Raffo ha tenido que admitir vía Twitter que la casa de Tres Marías en Surco es alquilada por él y es su oficina particular. El problema para el fujimorismo es que todos ellos han sido autores de varios de los principales gazapos que le han costado derrotas al exautócrata: el viaje a Chile, la postulación al senado japonés y las contradicciones con el discurso de Keiko que intentaba suavizar su postura en la segunda vuelta.

Pero Cruz y Prado no solo se centran en la estrategia en el plano más mediático, sino también en algunas redes sociales fujimoristas:

Los principales objetivos de estos sitios propagandísticos son determinadas personas que se oponen al indulto a Fujimori y que se caracterizan por su posición firme en defensa de los derechos humanos.

“Prohibido para caviares”, por ejemplo, está enfilada a desacreditar a personalidades como Diego García Sayán, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; a la alcaldesa de Lima Susana Villarán; a Sofía Macher, quien integrara la CVR; y a los ex presidentes de la República Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y al actual mandatario Ollanta Humala.

Todos ellos tuvieron o tendrán que ver con el tema del indulto humanitario.

“Fujimori libertad”, “Fujimori no está solo” y “Haremos a Keiko presidenta”, completan la lista de sitios difamadores.

Precisamente esta última página es una actualización de la que Carlos Raffo colgó y alimentó durante toda la campaña electoral del 2011 a favor de su entonces patrocinada. Lo que es un indicador indiscutible de la autoría de estos medios virtuales con fines de manipulación.

En efecto, la página en Facebook “Prohibido para Caviares” (que también tiene su versión en Twitter) funciona hace un par de años y que se dedica constantemente a insultar a todos aquellos que han criticado aspectos o el conjunto de las medidas gubernamentales y delitos cometidos por Fujimori. De hecho, el suscrito ha sido una de las “víctimas” de la campaña de difamación de los administradores de dicha página quienes, por cierto, hasta ahora no dan la cara.

Otro tema de las redes virtuales fujimoristas que llamó la atención hace algunas semanas tiene que ver con el Twitter. En esta red social, todos los viernes existe la tradición del #ff (o Follow Friday), en la que se recomiendan a los demás seguidores de un usuario seguir a otros. Hace algunas semanas, la cuenta de Keiko Fujimori hizo #ff a varias cuentas, algunas de ellas bastante alturadas en sus argumentos, pero la mayoría de ellas entrarían en la categoría de trolls fujimoristas. Aquí el pantallazo (cortesía de @Hans_Ruhr):

La estrategia tiene tres componentes: a) generar compasión, b) atacar y difamar a todos aquellos que se oponen radicalmente al indulto (de allí que uno ve cada día más agresivos a los trolls fujimoristas) y c) tratar de reducir la aprobación de Humala para que el indulto sea visto como una tabla de salvación. La estrategia Barrabás, como la ha nombrado Augusto Álvarez Rodrich. Y todo porque no existen argumentos de peso para que Ollanta Humala conceda el indulto por razones humanitarias. Así andan las cosas en el punto único de agenda de la principal agrupación de la oposición.

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(Pintura: Alberto Fujimori Fujimori)

HISTORIAS DE CENSURAS

En la historia de este blog, hemos cubierto casos de censuras sobre exposiciones artísticas. Los dos casos más sonados fueron los de la exposición de caricaturas de Piero Quijano, a la que se le retiraron 3 dibujos “ofensivos” para el gobierno aprista, como la de la frustrada permanencia de La Chalina de la Esperanza en la galería de la Municipalidad de San Isidro.

Estos sucesos no solo constituyen claras violaciones a la libertad de expresión, de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Perú y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también generan el efecto contrario a lo buscado por los censores.

Con la censura, a la larga, se logra mayor repercusión de la obra a la que se quería esconder, la cual generalmente es repuesta con mayor concurrencia de público y se logra un debate mayor sobre los tópicos que buscaba mostrar.  Así ocurrió con la muestra de Quijano, que terminó en una galería más grande y sus dibujos pasaron por las redes sociales, y con La Chalina de la Esperanza, que fue mostrada en la Municipalidad Metropolitana de Lima con gran éxito.

Esta semana, dos casos han devuelto el tema a la palestra. De un lado, la organización católica Tradición y Acción intentó censurar la muestra “Así Sea”, de la escultora Cristina Planas, una exposición exhibida en la galería de la Municipalidad de Miraflores. El tema de esta exhibición artística es la fe y, como podrán suponer, los seguidores de Tradición y Acción – quizás una de las alas más extremas dentro de la Iglesia Católica – con el apoyo del portal Aciprensa (caracterizado por caricaturizar al prójimo que no piensa como ellos, incluso si son católicos) han calificado de blasfema esta muestra.

Si bien la Municipalidad de Miraflores ha decidido que la muestra se quede hasta la fecha pactada para su cierre, un efecto indirecto de la misma ha sido la salida de Luis Lama de la dirección de la sala de la comuna miraflorina. Como indica Diario 16:

“No he renunciado. He sido despedido. El alcalde siente que yo lo he traicionado porque después de la muestra ‘Vigilar y castigar’ (una exposición que recorría la historia de las más escandalosas censuras alrededor de los últimos 30 años) me pidió que no se exhibiera más arte controversial. Sin embargo, cuando se puso en la sala la muestra de Cristina Planas, no vi un arte provocador, sino, por el contrario, vi mística y fe, casi una celebración entre creyentes y agnósticos. Pero empezaron los insultos, las llamadas”, cuenta Lama, quien aceptó hablar por teléfono luego de dos días de insistencia.

El conocido crítico de arte deja entrever la enorme influencia que ejerce este grupo religioso en la autoridad municipal: “Para empezar, yo no estoy molesto con el alcalde, creo que nos hemos despedido en buenos términos. Y es que no puedo culparlo. Hay un grupo de oscurantistas religiosos y él ha cedido ante el poder que han adquirido dentro del manejo de la municipalidad. Yo he visto en las sesiones (públicas) de los miércoles cómo le han gritado al Sr. Muñoz a tal punto que han tenido que apagar los micrófonos. Y es que ese poder que tienen es el que él mismo les ha dado para integrarlos y pagar sus votos. Así la democracia está mal entendida, es una coacción, ellos te eligen y si no haces lo que quieren, te revocan. Lo acorralaron”.

A los seguidores de Tradición y Acción y a los amigos de Aciprensa les convendría leer completa la sentencia de la Corte Interamericana en el caso “La Última Tentación de Cristo”. La célebre y controvertida película de Martin Scorsese, basada en la novela de Nikos Kazantakis sobre un Cristo bastante humano, fue censurada en Chile al amparo de la rígida legislación censora dictada durante el régimen de Pinochet. La Corte Interamericana ordenó que la película fuera exhibida e indicó que lo ocurrido contravenía este tratado internacional.

De otro lado, una muestra sobre la violencia en el Perú ha sido censurada por el Ministerio de Justicia. Señala Diario 16:

La muestra era un homenaje a María Elena Moyano, a las víctimas de Tarata, a las personas que participaron en la marcha por la paz de Villa El Salvador en 1992 y también una celebración por la captura de Abimael Guzmán.

De acuerdo a las declaraciones de Karen Bernedo, curadora de la muestra, la censura habría sido ordenada por la ministra de Justicia, Eda Rivas. En su muro de Facebook Bernedo publicó:

“La ministra de Justicia mandó a retirar 12 imágenes de la muestra después de inaugurada y habiendo aprobado con anterioridad toda la información que iba a ser expuesta. Las imágenes corresponden a los 20 años de la captura de Abimael, entre las que se han retirado los archivos de prensa y las gráficas de Álvaro Portales, Juan Acevedo, Jesús Cossio y la que corresponde al proyecto ‘Un día en la memoria’ de Mauricio Delgado Castillo”.

Y más torpe aún, varias de las imágenes eran críticas hacía Sendero Luminoso y hacia el fujimorismo. Algunos sindican a la ex congresista Martha Moyano como la persona que presionó para sacar estas imagenes de la muestra. Indica el referido diario que:

Coincidentemente, el afiche censurado de Mauricio Delgado recalca que el gobierno de Fujimori no usó la captura de Abimael para la derrota de la subversión sino para fines electorales. Esto habría molestado al sector fujimorista.

En tanto, la caricatura censurada de Jesús Cossio sobre Abimael Guzmán es sumamente crítica al dogmatismo del líder terrorista y al ‘acuerdo de paz’ con Alberto Fujimori, así como al indulto. “Salvo el indulto, todo es ilusión”, dice Abimael.

Cossio está sumamente sorprendido e indignado por la censura: “Mi dibujo y el de Juan Acevedo eran críticas a Sendero Luminoso y a Abimael Guzmán. Vaya estulticia y paranoia censora”.

Juan Acevedo respondió igualmente indignado al incomprensible veto de su historieta: “Sabes, censores los de antes, que vetaban cosas que les parecían peligrosas para sus posiciones. En este caso, la ministra (de Justicia) es tan boba que ha censurado una crítica a Sendero Luminoso. No creo que ella los defienda, es solo que ni sabe qué prohíbe y por qué. Por mí, yo la perdono, como a cualquier inocente inimputable, pero el problema es que ha perjudicado el esfuerzo de los organizadores de esta exposición contra la violencia terrorista”.

Hasta ahora, el Ministerio de Justicia no ha dicho absolutamente nada. Esperamos desde aquí la reposición de la muestra completa y una explicación consistente al respecto. Aunque claro, por lo general, los censores dan explicaciones de personas inimputables. Nuestra solidaridad con los artistas afectados.

(Foto: Yanina Patricio)

PETROAUDIOS: QUIMPER, TC Y UN JUICIO QUE NO COMIENZA

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que le quita la medida de arresto domiciliario a Alberto Quimper vuelve a poner algunos temas en agenda en torno a este caso y, en general, a como se viene aplicando la justicia en el Perú.

En torno a la sentencia del Tribunal Constitucional, cabe señalar que los fundamentos de la misma – no fue culpa de “Don Bieto” vulnerar su arresto domiciliario es mi favorito – son bastante endebles. Y vuelve a poner en tela de juicio a un TC cuya conformación actual, más allá de un puñado de buenas sentencias, termina con más pena que gloria. Más aún, cuando como recuerda Diario 16:

Hay otro hecho que llama la atención, y es que el fallo del TC que favorece a Químper se da a solo semanas de que diversos medios ampayaran a tres magistrados constitucionales (Mesía, Eto Cruz y Urviola) en una reunión en el restaurante Brujas de Cachiche, en Miraflores, con diversas personalidades entre los que estaban los excongresistas apristas Jorge del Castillo y Aurelio Pastor.

Como debe recordarse, en este momento estamos en pleno proceso de selección de magistrados al Tribunal Constitucional. Pero, para variar, el proceso tiene ya cuestionamientos. Como señaló hace unos días Álvarez Rodrich:

Lamentablemente, no parece que el proceso está caminando de ese modo. Mientras se sigue buscando un defensor del Pueblo de consenso, los otros nueve puestos se ‘repartirían’ –esa es la palabra correcta– en proporción al número de miembros de cada bancada: dos TC para el oficialismo y el fujimorismo cada uno; y un TC, cada uno, para Perú Posible y Acción Popular-Frente Amplio. Por su parte, los tres puestos del BCR se repartirán entre Solidaridad Nacional, Alianza por el Gran Cambio y el Apra.

Es fácil concluir, por lo visto, que se está privilegiando la repartija partidaria y que el proceso puede ser fácilmente perforado por lobistas en busca de capturar puestos públicos que pueden ser clave para servir a intereses privados.

Esto es más grave aún si se tiene en cuenta, como acertadamente apunta una carta enviada el jueves por el candidato a la DP Oscar Shiappa-Pietra al congresista Jaime Delgado –presidente de la comisión especial–, la falta de transparencia con la que se ha conducido el proceso por no haberse publicado la lista oficial de candidatos, ni sus hojas de vida, ni los criterios en base a los cuales se está procediendo a la selección y posterior elección de candidatos.

Similar cuestión expresó Ernesto de la Jara esta semana. Y van creciendo las voces en ese sentido. La verdad es que la elección pasada fue igual y el resultado ha sido un TC que comenzó con escándalo en el Fiesta y termina con ampay en las Brujas de Cachiche. De allí que sea necesario ponerle harto ojo a esta elección (que también tiene repercusiones económicas, como señaló el editorial de El Comercio de ayer).

Ahora bien, volvamos a los Petroaudios. Más allá que la sentencia del Tribunal Constitucional es un canto a Risas y Salsa, coincido con Gustavo Gorriti que la demora en este caso ya es grosera y que la misma es la que provoca que tanto Quimper como Rómulo León, los principales protagonistas de los diálogos de picaresca que remecieron la política peruana, puedan (y deban) llevar su juicio en libertad. Ninguno de los dos es candidato a Madre Teresa de Calcuta y, desde este espacio, creemos que hay razones suficientes para que tengan una prolongación de la temporada que ya tuvieron en la cárcel, pero luego de una sentencia que defina su situación legal.

Dicho este punto, políticamente incorrecto para muchos, hay que señalar que la demora en el caso ha sido sospechosa. Este fue el mayor escándalo de corrupción del gobierno que, como hemos mencionado desde hace tiempo, no solo incluye al ya famoso negocio petrolero de Discover Petroleum (que es el que está pendiente de juicio oral), sino que también permitió conoce tramas ligadas a un ex premier, hospitales, otros rubros y, of course, negocios vinculados a empresas mexicanas. Más aún cuando la sentencia del caso conexo a este, la del chuponeo de BTR, pide la investigación a altos funcionarios por el supuesto encubrimiento de pruebas o pedidos de incriminación a algunas personas que nada tenían que ver en este asunto.

Es hora que el juicio comience, no importa que se agoten las dosis de valeriana en algunos hogares ligados al gobierno anterior. Es hora que se haga justicia.

MAS SOBRE EL TEMA:

Augusto Álvarez Rodrich: El reino de la pendejada

Diario 16: Sí hay copia de los archivos borrados del caso BTR

CARLOS LEON: CHAVEZ, CUBA Y LA IZQUIERDA PERUANA

Esta semana en Pasando Revista conversamos con el politólogo Carlos León Moya, a partir de las elecciones en Venezuela, sobre las razones por las que parte de la izquierda peruana mira con cierta benevolencia a Venezuela, Cuba y a otros gobiernos de izquierda que tienen problemas con los derechos civiles y políticos. Aquí el programa completo, que comenzó con unos comentarios sobre la sentencia en el caso Chavin de Huántar.

MAS SOBRE EL TEMA:

Carlos Meléndez: Las tres izquierdas

CHAVIN DE HUANTAR: UNA PRIMERA MIRADA A LA SENTENCIA

Como anunciamos el domingo, el lunes se dictó la sentencia de primera instancia en el caso Chavín de Huántar. Y salvo a los fans de Vladimiro Montesinos, no ha dejado contento a nadie.

Antes del análisis, veamos cuales fueron los escenarios posibles mencionados por Ricardo Uceda en torno al juicio:

Una posibilidad es que se reconozca el asesinato y uno o todos sean hallados culpables. Otra, que no hubo crímenes y que todos son inocentes. En ese caso, Zamudio, prófugo desde hace 11 años, podría quedar en libertad. La intermedia es que se establezca que hubo por lo menos un asesinato –el de ‘Tito’– y que los acusados son inocentes por falta de pruebas. Zamudio quedaría con el juicio pendiente hasta que algún día sea capturado.

Esta tercera opción, que junto con la primera era la que veíamos como más probable, Ahora si, vamos a la materia, veamos punto por punto y actor por actor como se configura la sentencia:

SE DEMOSTRÓ QUE CRUZ SANCHEZ FUE ULTIMADO LUEGO DEL COMBATE MILITAR

Este era un punto cantado en la sentencia y que incluso había sido reconocido por César Nakasaki, abogado de Nicolás Hermoza Ríos. Con la evidencia que había (testimonios del diplomático japonés Hidetaka Ogura y de los policías Marcial Torres y Raúl Robles, los testimonios de los comandos que refieren que en la zona donde mataron al terrorista conocido como (a) “Tito” no se combatió, las fotografías del operativo y los examenes forenses del EPAF que fueron oficializados por el Ministerio Público), era difícil no arribar a esta conclusión. Para la Sala, el testimonio de los policías y el peritaje de Clyde Snow y José Pablo Baraybar son las piezas probatorias fundamentales para llegar a establecer este punto.

Con ello, además, se cae el argumento esgrimido por el Ministerio de Defensa, con pericias contradictorias entre sí y que tenían severos defectos, tanto en su interpretación como en un tema central: no se examinó el cuerpo del occiso Cruz Sánchez.

En cuanto a los otros dos casos de presuntas ejecuciones, como señalamos el domingo, habían pocas pruebas que sostuvieran que hubiera más de un asesinado fuera de las acciones de combate.

Nunca está demás recalcarlo: este hecho no limpia a Cruz Sánchez de los crímenes por los que debió ser procesado, como miembro de la cúpula del MRTA, un grupo terrorista que puso bombas, asesinó autoridades y civiles y, sobre todo, hizo del secuestro una práctica sistemática, que califica como crimen de lesa humanidad. El punto es que debió ser juzgado por estos hechos y condenado por los mismos. Eso es lo que nos distingue en un Estado de derecho de esta gente.

LAS CONTRADICCIONES DE LA SENTENCIA:

Son bien explicadas hoy por César Romero de La República. Si bien se indica que Zamudio estuvo al mando de gente del SIN y todas las evidencias apuntan a que tuvo responsabilidad en los hechos:

(…) la sentencia establece que los miembros del SIN que participaron en el operativo no estaban armados, solo llevaban cámaras de video, sin embargo, son a ellos a quienes se pide investigar.

Igualmente, los tres jueces pasan por alto el hecho probado en otros juicios que Montesinos tenía absoluto control sobre cada integrante del SIN como para pensar que uno de ellos tome la decisión unilateral de matar a un terrorista capturado con vida.

Se pide investigar al personal del SIN por la muerte de Cruz Sánchez, pero se absuelve al jefe de facto de esta dependencia, Vladimiro Montesinos.

Asimismo, la sentencia descarta la existencia de la cadena de mando del SIN, a pesar que la misma ha sido demostrada en otras sentencias. El editorial de La República de hoy lo señala:

La doctrina y la jurisprudencia aplicadas a los casos de violación de DDHH enfatizan en la apreciación de las decisiones personales de los miembros de los grupos regulares unidos por la cadena de mando. Para producir esta sentencia increíble, la Sala ha cerrado los ojos ante la evidencia gráfica y los testimonios recogidos de los suboficiales de la policía Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga. Estos coincidieron en señalar que se formaba parte de un comando que respondía a la jefatura del operativo que funcionaba basándose en una cadena de mando. Los vocales perdieron de vista las dos mil fotos, en 15 álbumes, tomadas por miembros del Servicio de Inteligencia Nacional antes, durante y después del operativo. Varias de ellas fueron publicadas por La República en enero y marzo de este año.

Los gallinazos existieron. Se ha demostrado durante el proceso que ni bien se conoció la toma de la residencia japonesa por el comando del MRTA, Alberto Fujimori dispuso que el SIN se hiciera cargo de la tarea del resguardo de las casas aledañas, tarea encargada al jefe de la Dirección de Seguridad y Protección del SIN, el entonces comandante Jesús Zamudio Aliaga. Así lo declaró en el juicio Vladimiro Montesinos y consta en el expediente. La orden de Fujimori la ejecutó el jefe nominal del SIN, general Julio Salazar Monroe. Durante el operativo el grupo de Zamudio se desplazó a la residencia y su presencia fue registrada gráficamente; los testimonios no dejan lugar a dudas de que los dos suboficiales que detuvieron al subversivo rendido reportaron ello a Zamudio y él envió a un comando a recogerlo. Todas ellas son decisiones realizadas a partir de los usos propios de una cadena de mando.

Para reforzar este punto, que hubiera evitado la exculpación de Montesinos, el Ministerio Público debió ser más enfático en demostrar la vinculación Presidencia de la República – SIN – Hermoza Ríos.

LA RESPONSABILIDAD DE ZAMUDIO

Otro hecho cantado en el caso, debido a que todas las pruebas apuntaban a su responsabilidad, aunque no puede ser condenado en ausencia. El tema es que la mayoría de la sala asume que actuó solo, cosa por demás discutible conociendo la historia de Zamudio. Como señala La Mula:

Jesús Zamudio Aliaga, o ZAJ, es un coronel del Ejército en retiro, hombre de confianza de Vladimiro Montesinos, detenido por Alberto Fujimori junto con el coronel Roberto Huamán Azcurra cuando ‘buscaba’ al ex asesor en la ciudad de Lima, en el año 2000.

Zamudio fue uno de los hombres fuertes del comando Júpiter, grupo encargado de la seguridad personal de Montesinos, además de la vigilancia de su casa en la playa Arica.

Hombre de confianza del jefe del SIN, informó para Montesinos y Fujimori durante el Operativo Chavín de Huántar.

Quedan entonces tres tesis posibles: a) Como señala la Sala, Zamudio actuó solo, b) como dice la acusación fiscal, Zamudio actuó bajo la cadena del mando del SIN, que compromete a los co-acusados Montesinos, Hermoza y Huamán (y, en última instancia, a Fujimori), o c) la tesis esgrimida por el periodista Umberto Jara, quien sostiene que Zamudio respondía directamente a Alberto Fujimori. Las dos últimas parecen ser las hipótesis con mayor fuerza.

La pregunta es: ¿nadie puede ubicar a Zamudio? Como señaló Ángel Páez en su cuenta en Facebook, hasta DNI ha renovado este sujeto en 2008. ¿Cómo así?:

LAS REPERCUSIONES EN SAN JOSE

Aquí van nuestras anotaciones:

a) La estrategia tendrá que ser redelineada por un nuevo Procurador Supranacional: Luis Huerta Guerrero. Hasta la semana pasada, este abogado era el Procurador en temas Constitucionales.

b) La sentencia de primera instancia cambia la estrategia que se tenía tanto con Pedro Cateriano como con Oscar Cubas: negar las ejecuciones. Con esta sentencia, el Estado tendría que admitir que al menos existió una muerte extrajudicial, la de Cruz Sánchez, a menos que quiera seguir jugando al cinismo.

c) Si el Estado quiere aminorar su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya hemos señalado, el Ministerio Público debería, de oficio, investigar y sobreseer a los comandos, para de una vez por todas, se les deje de usar para tratar de encubrir a Montesinos y compañía. Y ello evitaría que se produzca el escenario descrito por el forense José Pablo Baraybar, quien indica que nuevamente va a tratar de usarse a los comandos para dejar el caso en el limbo, más aún con un voto singular como el de la vocal Lizárraga, que deja abierto el caso, a pesar que la sentencia, por mayoría, libera de toda responsabilidad a los comandos y señala, claramente, que fue un operativo militar correcto.

d) Claro está, a la luz de los hechos, el Estado de todas maneras sería hallado responsable por la ejecución extrajudicial de Cruz Sánchez (Zamudio era miembro del Ejército peruano), así como por no condenar a Zamudio (prófugo) y las demoras en el juicio. Ello es lo que hace que la faena, para el gobierno, no sea como esperaba.

Al final, el desenlace de esta historia dependerá de la Corte Suprema de Justicia.

(Caricatura: Andrés Edery para Gestión)

CECILIA CHACON ¿FUERA DEL CONGRESO?

Esta mañana, la congresista fujimorista Cecilia Chacón fue condenada a 4 años de prisión suspendida por complicidad en enriquecimiento ilícito. El Comercio resume bien los argumentos de la Primera Sala Penal Liquidadora:

El tribunal determinó que la fujimorista recibió dinero por parte de su padre, el general EP (r) y ex ministro del fujimorato Walter Chacón Málaga, quien purgó pena privativa de la libertad.

Durante la lectura de sentencia se conoció que Chacón de Vettori no pudo acreditar cómo adquirió una serie de propiedades que tiene junto a su esposo, Luis Miguel Portal Barrantes. Entre los bienes figuran un hotel en Cajamarca y un departamento en Lima, además, de un conjunto de vehículos.

El tribunal indicó que el dinero con el que se construyó el hotel en la región norandina proviene de Chacón Málaga.

En el caso del departamento en la urbanización Los Milanos, en San Isidro, se determinó que el pago se realizó al contado cuando la congresista argumentó que este se hizo en partes.

Como se recordará, el general Chacón fue excluido del proceso por una sentencia del Tribunal Constitucional que indicó que se había excedido el plazo razonable para mantenerlo procesado sin condena. Ello no implica una declaración de inocencia, razón por la cual su hija si ha sido condenada por el tema de enriquecimiento ilícito.

Además de la pena, la congresista Chacón deberá pagar 2 millones de soles y, ojo, será inhabilitada por 3 años de la función pública. Dado que la parlamentaria fujimorista apeló el fallo, a muchos les quedaba la duda de sí ella debía esperar a que se resuelva su recurso de nulidad en la Corte Suprema para ser removida del Congreso.

Pues bien, la congresista Chacón ha sido procesada bajo las reglas del antiguo Código de Procedimientos Penales. Y ello tiene una importancia clave en este tema. El Acuerdo Plenario N° 10-2009/CJ-116 indica claramente, en su párrafo 8.B:

Distinta es la regulación normativa adoptada por el ACPP. En efecto, su artículo 330° admite expresamente el sistema de la ejecución inmediata o provisional para todas las penas, salvo las de internamiento, relegación, penitenciaría o expatriación. Cabe anotar que las tres primeras penas no fueron ratificadas por el CP de 1991, por lo que en dicho caso el aludido precepto procesal carece actualmente de significación alguna. La sentencia condenatoria impugnada, sólo si impone pena de expatriación, exigirá que el encausado quede “…entre tanto, bajo vigilancia de la autoridad política” –así lo precisa el artículo 331° in fine ACPP-. Al respecto es pertinente señalar que si bien la pena de expatriación ha sido reconocida en el artículo 30°.1 CP, su legitimidad es inaceptable desde la perspectiva superior del artículo 22°.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual ha determinado que el Congreso discuta su posible exclusión. En cambio, la pena de expulsión del país, que igualmente es una pena restrictiva de libertad, prevista en el artículo 30°.2 CP sólo para extranjeros, no tiene ese grave vicio de ilegitimidad y, por ende, será posible instrumentar los mecanismos de vigilancia adecuados si su aplicación promueve la interposición de un recurso impugnatorio.

En consecuencia, la pena de inhabilitación según las normas del ACPP – con diferencia del régimen del NCPP- se ejecuta provisionalmente (no hay al respecto ninguna regla de excepción similar a la contenida en el NCPP). Siendo así, no hace falta esperar la firmeza de la sentencia condenatoria que la imponga para comenzar a ejecutar la pena de inhabilitación. El sistema que para esta clase de pena sigue el ACPP, ante la interposición de un recurso, es el de la ejecución provisional.

Eso lleva a la conclusión de la segunda parte del párrafo 9:

Distinto es el caso de la pena de inhabilitación impuesta bajo el régimen procesal del ACPP, pues la impugnación que se interpone contra ella no tiene efecto suspensivo. Así las cosas, concedido el recurso impugnatorio, se remitirán las copias pertinentes al Juez de Ejecución –el Juez Penal según el ACPP y la Ley Orgánica del Poder Judicial- para que inicie el procedimiento provisional de ejecución, según las reglas sancionadas en los fundamentos jurídicos 15° al 16°. Por otro lado, en aplicación supletoria del artículo 380° del Código Procesal Civil, si la sentencia es anulada o revocada se declarará la ineficacia de todo lo actuado sobre la base de su vigencia. El Juez Penal, en este caso, precisará las actuaciones que quedan sin efecto atendiendo a lo resuelto por el superior.

Eso choca con lo señalado con el artículo 25°, primer párrafo del Reglamento del Congreso de la República:

En caso de muerte, o enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones; o que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional; o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso, el Congresista será reemplazado por el accesitario.

Por esta razón, el procurador anticorrupción Julio Arbizu ha señalado que pedirá una aclaración a la Sala sobre este tema.

Por cierto, el accesitario de la congresista es el ciudadano Carlos Alfonso Cassaro Merino. Cassaro está inscrito como militante del movimiento regional Cajamarca Siempre Verde, pero ha participado en las elecciones parlamentarias de 2006 y 2011 por el fujimorismo. Es abogado y empresario.

Veremos que pasa en el Congreso a la luz de esta aclaración legal.

ACTUALIZACIÓN: Según hace notar Ronald Gamarra en Twitter, en las páginas 108 y 109 de la sentencia en el caso Chacón se alude al Acuerdo Plenario arriba citado, en particular, a la sección que citamos sobre el hecho que la inhabilitación no tenga efectos suspensivos.

(Foto: El Comercio)