VERDADES QUE NO OFENDEN

Durante este año, la memoria sobre el periodo de violencia vivido entre 1980 y 2000 ha ocupado un papel central en la discusión mediática. A las conmemoraciones de los dos decenios de sucesos impactantes para los limeños – el asesinato de María Elena Moyano, Tarata, La Cantuta y la captura de Abimael Guzmán – sucesos coyunturales han generado debates sobre el legado de aquellos años y sus secuelas.

Allí podemos ubicar el intento del Movadef para inscribirse como partido político y su presencia en universidades públicas y un sector disidente del magisterio, las operaciones del gobierno en el VRAEM y el Huallaga – que han fluctuado entre algunos éxitos, la búsqueda de cámaras y ganancias inmediatos y la indiferencia estatal frente a los caídos en acción – y la escandalosa sentencia dictada para favorecer a los miembros del destacamento Colina.

Sin embargo, las discusiones han quedado en el plano meramente superficial o de la simple denostación. En particular, han recrudecido los ataques al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación desde varios frentes: fujimoristas que intentan borrar todo lo queresponsabilice penalmente a su líder, conservadores que minimizan las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado o las omisiones de algunos actores sociales y eclesiales, una clase política desnudada en todas sus limitaciones y, por supuesto, senderistas buscando que los peruanos seamos amnésicos ante el baño de sangre que desencadenaron.

Estos sectores no proponen investigaciones a conciencia que complementen los hallazgos de la CVR, sino que condenan al olvido el periodo de violencia o lo cuentan en forma tal que sus responsabilidades queden atenuadas. Al mismo tiempo, condicionan el debate que se genera frente a dicho periodo de nuestra historia, sin considerar las causas y las secuelas de lo ocurrido, como, sobre todo, a los hechos y alas víctimas, olvidadas por el Estado y la sociedad tanto en su recuerdo como en las políticas públicas.

El Informe Final de la CVR no debe totemizarse. Como este documento señala en su preámbulo, se trata de un relato abierto y perfectible, sujeto a mejoras a partir de investigaciones a conciencia. En ese camino, podemos encontrar, por citar tres ejemplos, los trabajos de Carlos Iván Degregori sobre los intelectuales frente al fenómeno senderista, la investigación de Ricardo Uceda sobre violaciones a los derechos humanos desde la perspectiva de los perpetradores, así como la parte narrativa de la sentencia contra Alberto Fujimori.

Finalmente, cabe recordar lo señalado por un editorial de El Comercio publicado el 30 de agosto de 2003: “Como toda obra humana, el informe de la CVR puede tener errores u omisiones, pero en general, esta obra monumental e histórica aporta elementos suficientes para entender lo que pasó. Viene ahora la etapa más compleja: la auténtica catarsis que nos lleve a restañar las heridas. Y en ese proceso estaremos alertas para denunciar a quienes tengan la bajeza de usar el tema en provecho político o personal”. Honremos esa palabra.

(Columna publicada en El Comercio el 14.09.2012)

MAS SOBRE EL TEMA:

Sobre los ataques a la CVR: Rosa María Palacios y Salomón Lerner Febres

Sobre la discusión acerca de los “caviares”: Carlos Meléndez, Carmela Chávez y Steve Levitsky

EL ALEPH Y CONTRATOS ESTATALES

Todo el lío gordo que se armó con Alexis Humala hace algunas semanas tiene una razón de ser. La Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que los parientes más cercanos de los altos funcionarios públicos (o sus empresas) contraten con cualquier entidad estatal. La idea es evitar que se pueda obtener algún tipo de privilegio a partir de esta condición.

Pues bien, el domingo último, María Eugenia Guevara de Sin Medias Tintas encontró otro lío de este tipo. La empresa de la hermana del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, llamada Aleph Impresiones SRL, obtuvo un contrato con la Municipalidad de San Borja, luego que Merino fuera nombrado titular de esta cartera en diciembre último. Según el reportaje, la suma total de la contratación fue de 83,500 nuevos soles, tal como se puede comprobar en el portal del SEACE.

El Comercio amplía algunos datos:

Además, Jorge Merino figuraba como gerente administrativo de la empresa y solo ocho meses después de firmado, ejecutado y pagado el contrato, el actual ministro firmó su renuncia al cargo al interior de la compañía. El organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) está investigando el hecho.

Pues bien, Desde el Tercer Piso encontró que el monto de lo contratado con la referida Municipalidad es bastante mayor y que no fue la única comuna con la que contrató la referida empresa, a pesar que la ley lo prohíbe. Veamos lo que indica el Portal de Transparencia Económica del MEF:

Pero no fueron las únicas entidades con las que contrató Aleph Impresiones. También se registran contratos con PromPerú, dependiente del sector Comercio Exterior y Turismo y con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Aquí el cuadro correspondiente:

El ministro Merino indicó anoche que su hermana debería asumir su responsabilidad por estos contratos, que él desconocía. Luego del antecedente de Alexis Humala, va siendo hora que todos los altos funcionarios públicos no solo pongan en vereda a sus familiares, sino también que indiquen si es que alguna empresa de las personas de su ámbito familiar más cercano ha contratado con el Estado, para proceder a las correspondientes anulaciones de contratos. A ver si así caminan derecho.

(Foto Jorge Merino: La República)

LA IZQUIERDA SEGUN ROLANDO BREÑA PANTOJA

Este miércoles conversamos largo y tendido con Rolando Breña Pantoja, líder histórico del PC Patria Roja. Con él conversamos sobre cómo su partido ha enfrentado a Sendero Luminoso, la imagen que tiene de Abimael Guzmán, los retos del magisterio, las virtudes y defectos de la izquierda peruana y la relación que tiene su partido con el capital.

Aquí la entrevista completa:

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PROBLEMAS QUE NO SON MENORES

Cuando un gobierno no tiene empatía hacia sus ciudadanos, pierde el norte, por más que las buenas cifras económicas le sonrían y tenga algunos logros puntuales. Le pasó a Alan García frente al Baguazo. Y Ollanta Humala está en severo riesgo que le ocurra esa penosa situación.

Algunos señalarán que esto comenzó con el giro que dio Humala a partir de la segunda vuelta electoral. Yo tengo mis discrepancias con esta interpretación, pues nunca creí que el mismo fuera, como algunos suponían desde el lado zurdo, un mero giro estratégico para luego hacer un programa radical. De hecho, yo no voté por Ollanta Humala en primera vuelta por ese programa radical.

Pero sí hay que tener en cuenta que, con proyecto de izquierda o no, Humala ganó por dos razones. Supo conducir ciertas expectativas de cambio (algunas radicales, otras moderadas) en un contexto en el que, para muchos, mantener lo que se tiene es lo único suficiente para gobernar un país complicado como el Perú. Y generó empatía con aquellos peruanos que se sienten más desamparados. Por ello ganó en el sur, por ello su mayor aprobación estaba en la selva, por ello se esperaban con expectativas ciertos programas sociales.

Y por ello es que ha resultado chocante no escuchar explicación alguna sobre los fallecidos en conflictos sociales, o no percibir un mínimo gesto de empatía por la familia de Soraida Caso, la menor fallecida de un balazo en medio de un operativo contrasubversivo en el VRAEM. O ver a las autoridades de este gobierno aprovechar las fotos con menores de edad para hacerse propaganda.

El principal defecto de este gobierno se encuentra en su desconfianza. Ollanta Humala y Nadine Heredia son constituyen una pareja que se ha forjado a contracorriente de muchos ataques y experiencias complicadas. Ello ha sido útil para la necesaria perseverancia para forjar sus objetivos. Pero también ha generado que ambas personas sean poco proclives a aceptar las críticas válidas, pues las asimilan al conjunto de dimes y diretes que han enfrentado en su vida política. Olvidaron que la Presidencia de la República es el cargo más expuesto del país y que van a tener que distinguir las observaciones de mala leche de aquellas que suponen críticas válidas a su gestión. Y que tienen que dar explicaciones de sus actos, así no les guste.

No se trata de un tema de popularidad, sino de un mínimo de empatía para gobernar con solvencia, sin pensar tanto en la quincena como en el fin del lustro para el cual tienen el mandato popular. De ello no deben olvidarse, que se deben a nosotros.

PS: Esta mañana partió Pilar Coll, una de las personas que más ha hecho en nuestro país por los derechos humanos. En momentos siempre difíciles en esta labor incomprendida, recuerdo unas líneas que escribí hace 4 años:

Dar a los demás es una tarea de todos los días. Por eso ella tiene cierto sonrojo frente a los reconocimientos de este tipo. Porque, en realidad, la tarea que esta señora española con el corazón anclado aquí la pudo haber hecho cualquiera de nosotros. Y es que todos los días, sin que lo notemos, podemos hacer algo bueno por alguien. A veces basta un abrazo o una sonrisa y ya hicimos que el sol saliera para una persona en dificultades. Otras veces se requiere de un trabajo más esforzado. Y si ese esfuerzo tiene solidez en el tiempo, termina siendo una forma de vida.

Gracias, Pilar.

PAPELON INFANTIL

Una malsana costumbre que viene adquiriendo el gobierno de Ollanta Humala es la de presentar como logros en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico operaciones que, luego del examen periodístico de rigor, no podrían ser calificadas como éxitos resonantes sino, por el contrario, de papelones monumentales.

El primer caso fue la Operación Libertad. Presentado como un operativo exitoso de rescate de un grupo de trabajadores de una empresa transportadora de gas – quienes, para remate, acaban de ser despedidos -, terminó siendo una operación en la que se reveló el desamparo absoluto de nuestros combatientes en el VRAEM. Más escandaloso fue conocer, como señaló inicialmente IDL-Reporteros y luego confirmaron algunos militares sobrevivientes, que un grupo de valientes hombres fue abandonado por sus superiores, en una cuestión que merecería, siquiera, una de las cortes de honor tan reclamadas por Ollanta Humala contra los generalotes que se cuadraban ante un capitán acusado por traición a la patria.

La semana pasada, el gobierno presentó como éxito la captura del denominado “camarada William”, un importante mando de Sendero Luminoso. Pero el asunto terminó lejos de los aplausos y más bien cerca de la estridencia. Dejo aquí en el relato a Marco Sifuentes:

(…) se aseguró que Rolando Cabezas figuraba como “víctima” en el Informe Final de la CVR y que, además, lo había considerado como beneficiario de reparaciones.

El problema es que para criticar hay que informarse, a menos que la intención, por supuesto, sea echar lodo nomás. La verdad era que:

1. No figuraba como “víctima”, sino como “desaparecido”. Un desaparecido no necesariamente es una víctima, vamos, que no es tan difícil de entender. Y, efectivamente, el terrorista estaba en calidad de desaparecido hasta que volvió a aparecer en el VRAEM.
2. La CVR no determinó quiénes eran beneficiarios de reparaciones. Eso lo hizo el Consejo de Reparaciones, una instancia del PCM que, por cierto, hizo su trabajo durante el gobierno aprista, el régimen menos amigable con la CVR.
3. La inscripción de Cabezas Figueroa como beneficiario de reparaciones había sido anulada ya en enero de 2011 precisamente porque la Dircote advirtió que el señor había vuelto a aparecer y pertenecía a las filas de Sendero Luminoso.
4. El artículo 4 de la Ley de Reparaciones establece claramente que ningún miembro de una organización terrorista puede recibir una reparación. O sea, hubiese sido imposible que el señor Cabezas Figuroa cobre dinero como si fuera una víctima.
5. El “camarada William” no era Cabezas, sino Víctor Hugo Castro Ramírez, con lo que incluso las aclaraciones anteriores no tienen sentido.

Cada una de estas cinco desinformaciones fue desmentida pero ha sido, nueeeevamente, aprovechada por cierto sector de los medios y la política para pretender tumbarse todo el trabajo de la CVR.

Y en medio de todo, aún no se puede esclarecer si el senderista abatido es o no “William”, como sostiene Ángel Páez desde La República. (Aunque hoy Fernando Rospigliosi asegura que Castro Ramírez sí es “William, de acuerdo con las fotos del cadáver) ¿El error del gobierno? Dejar pasar demasiado tiempo en aclarar la identidad de esta persona y dejar correr todos los rumores del caso, afectando con ello el propio crédito de su supuesto éxito.

Pero lo ocurrido esta semana es aún más indignante. El domingo por la tarde, vimos a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables junto a la esposa del Presidente de la República cogiendo en brazos a tres menores de edad supuestamente rescatados del cautiverio al que habían sido sometidos por miembros de Sendero Luminoso, quienes llegaban luego de un operativo de rescate ocurrido el viernes. Junto con los menores, llegaron 2 mujeres detenidas por sus supuestos vínculos con la organización terrorista.

En efecto y, tal como lo documenta la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Tomo VI, una de las violaciones a los derechos humanos contra menores de edad cometidas por Sendero Luminoso es su secuestro para su posterior adoctrinamiento y uso en acciones armadas. Bajo el vergonzoso nombre de “pioneritos”, SL utilizó (y aún utiliza) a menores de edad en acciones de combate, cuestión contraria a varios tratados internacionales sobre protección de menores de edad en situaciones de violencia.

Esta fue la versión dada por el Ministerio de Defensa el fin de semana (foto vía Jacqueline Fowks). Pero la versión del gobierno se complicó hace un par de días. Según dio a conocer La República:

El operativo militar que liberó el último sábado a tres niños que permanecían bajo la influencia de la facción senderista del Vraem también habría provocado la muerte de una pequeña de 9 años de edad.

Se trata de Zoraida Caso Asparre, quien, según informaron las autoridades, vivía en la zona de Ranrapata, distrito de Santo Domingo de Acobamba, en Junín, lugar donde incursionaron las fuerzas del orden para desactivar lo que, afirmaron, era un centro de adoctrinamiento senderista.

Zoraida Caso es hermana mayor de los tres niños rescatados que pasaron a la tutela del Inabif. Ella habría sido alcanzada por una bala perdida al momento del rescate, según refirieron fuentes policiales.

Y ayer se sucedieron las versiones contradictorias. Reseña el referido diario:

Ayer, cuatro días después, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas ArmadasJosé Cueto, reconoció el deceso de la menor durante lo que describió como un enfrentamiento entre las fuerzas combinadas y terroristas. Dijo que, según información “no oficial”, la menor recibió el impacto de un proyectil cuando con otras mujeres y menores corrían hacia el monte, pero no se sabía “si la bala fue nuestra o de ellos”. También deslizó que la niña podría haber sido usada de escudo humano.

Horas más tarde, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, corroboró lo dicho por Cueto y aseveró que nunca se dijo que los niños que trajeron eran perversamente llamados pioneritos, sino que se trataba de una familia que el senderismo utilizaba para proveerse de alimentos. Tanto así que durante la intervención (que –dijo– tenía por intención capturar a mandos medios) un senderista salió de una choza intervenida, lugar donde se detuvo a la joven de 20 años.

“La situación para nosotros es clara. Por eso la mamá con los tres niños están bajo la protección de un ministerio que nada tiene que ver con la acción policial y militar”, declaró.

El comunicado oficial N° 25-2012-CCFFAA (emitido el 9 de este mes) agrega más confusión: aclara lo dicho por ambas autoridades y no hace ninguna referencia a un enfrentamiento sino que señala que “el operativo se desarrolló con presencia de personal del Ministerio Público que elaboró el acta correspondiente”.

Es más, el documento indica que por parte de las fuerzas del orden no hubo novedades personales ni materiales, y señala que las dos mujeres eran integrantes de un presunto destacamento de mujeres terroristas, las que aparentemente estaban al cuidado de los niños, y que estos últimos se hallaban cautivos.

Papelón por donde se le mire. Como se puede ver, nunca se informó, hasta ayer que el tema reventó en la prensa, de la muerte de la menor de edad. De otro lado, las contradicciones si sobre se trataba de niños secuestrados y la posterior versión del ministro Pedraza – quien viene en tumbo tras tumbo en los últimos días – sobre que era una familia que “apoyaba con alimentos” a los senderistas son bastante serias. Amen de las versiones de los familiares de las menores, aún por corroborar, sobre la no pertenencia de las personas detenidas a SL.

Y a todos nos deja la imagen de que alguna mente iluminada en el gobierno (o más de una) está exagerando con el protagonismo de la Primera Dama, al punto tal que su imagen terminará dañada al salir en la foto junto a los menores supuestamente rescatados y que ahora, no sabemos cuál ha sido la circunstancia en que han sido sacadas de su casa. Lo que además, por cierto, debería llevar de la manito al Congreso a los ministros de Interior y de la Mujer, principales damnificados políticos de esta tragicomedia de equivocaciones.

Muchos coincidimos en que la amenaza de SL en el VRAEM debe ser combatida eficazmente y que se trata de un problema que debe afrontarse con seriedad y rectitud. Y ello implica un trabajo de inteligencia mayor que puede dar resultados poco a poco y no esta suerte de vocación por hacer acciones a lo Rambo (o con napalm) con la que algunos alucinados piensan que se debería enfrentar este problema.

En Palacio de Gobierno deben convencerse que, probablemente, no sea Ollanta Humala quien tenga la foto final de la captura o desarticulación de las bandas armadas senderistas en dicha región del país. Pero que una contribución decisiva a la pacificación nacional puede estar en la generación de una estrategia inteligente y con recursos, en la que probablemente no haya resultados instantáneos o fotos triunfadoras, pero que a la larga, como en el caso del GEIN, puede generar, en el campo militar los resultados que todos los peruanos esperamos. Menos cámara, más chamba.

(Foto: La República)

GEIN

Hoy es el aniversario de la captura de Abimael Guzmán, el mayor criminal que ha tenido el país en toda su historia republicana, así como de buena parte de la cúpula de Sendero Luminoso. Sin duda, una fecha que el país debe recordar con alegría y que, por cierto, también debe llevar a la reflexión sobre el periodo de violencia que vivimos en el país.

Siendo el vigésimo aniversario de este acontecimiento y a pesar del ruido político en torno al legado de la violencia (y las investigaciones sobre el mismo) que hemos tenido en estos días, pueden verse los hechos con algo más de distancia. Y quizás por ello, en esta fecha, se ha recordado más a quienes fueron los hacedores de la captura: los 82 policías que conforman el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN).

La historia del GEIN y su revindicación constituye un reconocimiento a una parte de la Policía Nacional del Perú que se encarga de una tarea bastante delicada: la investigación del crimen. Con pocos recursos y utilizando adecuadamente la información que fueron obteniendo a través de sus indagaciones y operativos, los miembros de este grupo policial pudieron cercar a la cúpula de la organización subversiva y terrorista que había mantenido en zozobra al Perú durante más de una década. Y con ello, obtener el mayor logro que la PNP puede exhibir hasta el día de hoy en su historia.

Mejor aún, la principal lección que dio el GEIN al país fue que, en el marco de la lucha contrasubversiva, se podían obtener grandes resultados sin vulnerar los derechos humanos. Lección que no había sido aprendida en los años anteriores y que tampoco estuvo en el ADN del gobierno que se ganó con las glorias políticas de los éxitos policiales. Cuestión, además, que debe ser recordada en estos días en los que algunos miembros de la PNP son severamente cuestionados y procesados por muertes derivadas de métodos policiales poco compatibles con el respeto de la dignidad humana.

Y ello también debe recordarse hoy cuando, frente a un grupo como el MOVADEF, la clase política intenta responder torpemente, con proyectos de ley como el del negacionismo, sin hacer trabajo de bases en calles, universidades y gremios o descuidando una reforma educativa que vaya más allá de la discusión sobre sueldos de docentes.

Es cierto, algunas de las cabezas del GEIN o de la DINCOTE de aquel entonces han recibido serios cuestionamientos por su actuación posterior al exitoso operativo de rescate. Y también es cierto que la liquidación del GEIN por parte del gobierno de Fujimori fue uno de sus peores errores en toda su carrera, lo que impidió que muchos oficiales y suboficiales pudiera llegar a puestos altos en la institución policial. Por ello, el recuerdo de esta eficiente acción policial deberá tener como correlato tanto el uso de la experiencia de los ex GEIN para combatir a SL-VRAEM, como la necesaria reflexión personal para quienes, en algún momento, pasaron de la heroicidad al cuestionamiento público.

Finalmente, más allá de reconocimientos y medallas, el mayor homenaje que el Estado puede hacerle a este grupo de valerosos policías es reformar el cuerpo policial para hacer que grupos como el GEIN no sean islas de eficiencia en medio de una institución a la que varios ciudadanos pueden sentir como lejana y abusiva. Por el contrario, el ejemplo de estos policías demuestra que se pueden obtener grandes resultados, que son aplaudidos por todos los peruanos.

LIOS DE FAMILIA (PRESIDENCIAL)

Como ya lo hemos mencionado en otros momentos en este blog, en términos generales, lo que hagan o declaren los familiares del Presidente no debería importarnos. Salvo con una excepción, que sus actos tengan repercusiones directas en la acción directa del gobierno.

Y ese es el caso de Alexis Humala. Tanto sus contratos ganados con el Estado como el aún no esclarecido viaje a Rusia le vienen costando una factura cara tanto a él como al gobierno. Como ya se ha dicho, Ollanta Humala cometió un error de campeonato mundial al no cortar tan tajantemente con su hermano luego de la pascana moscotiva. Más aún cuando Panorama hizo pública esta carta el último domingo:

La misiva de Alexis deja varias preguntas en el camino: ¿por qué los rusos aceptaron tan alegremente una carta sin sellos para que este personaje se reúna con varias de sus altas autoridades?, ¿los “técnicos de alto nivel” a los que llevaría a Rusia no eran otros que el congresista Josué Gutiérrez y sus amigos empresarios?, ¿por qué no botaron del partido a Alexis luego que usurpara el cargo de Nadine Heredia?, ¿por qué el interés en tantos y tan variados rubros de negocio? Y esto me hace recordar algunas interrogantes que en su momento planteara Rosa María Palacios (ver aquí y aquí).

Para complicar más la situación de Alexis, hoy El Comercio deja aún peor al hermano del Presidente al dar a conocer un dato que complica aún más su situación:

Ayer El Comercio tuvo acceso a una carta enviada por el notario Manuel Noya al presidente de este grupo de trabajo, Gustavo Rondón, en la que aclara que la venta de las acciones de la empresa Krasny, pertenecientes al hermano menor del presidente, no se ha realizado hasta el momento.

Según la misiva, el proceso de firmas para la transferencia de esas participaciones no se ha concluido, por lo que no ha podido ser inscrito en Registros Públicos.

Además, Noya precisó que “los comparecientes no han exhibido medio de pago sobre la transferencia de las participaciones”.

Dado que Krasny del Perú es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la transferencia de responsabilidad sobre lo que ocurra en la empresa solo se da cuando se inscriba la venta de sus participaciones en la empresa. Y como indica el notario, ello no se ha producido. Suficiente motivo como para que el Ministerio Público haga las investigaciones del caso en forma rápida. Más aún cuando hay una potencial simulación de venta de participaciones que debe ser esclarecida.

Y esto lleva a una pregunta más grande: ¿por qué Alexis Humala ha podido hacer estos negocios con total impunidad? Una respuesta puede llevar a Palacio de Gobierno – razón por la cual Ollanta debería deslindar, apenas bajado de Rusia, cualquier cuestión vinculada a los negocios de su hermano -, pero la otra posibilidad es igualmente inquietante: la cultura de algunos servidores públicos que, “por quedar bien con la familia del jefe”, posibilitan cualquier pedido o contrato que los favorezca. Y lamentablemente, eso ocurre en algunas entidades del Estado desde hace décadas. Es casi un clásico de nuestra música criolla.

Pero no es el único familiar que pone en problemas al Presidente de la República. Varios analistas comienzan a poner sus dudas sobre lo beneficioso de la influencia de Nadine Heredia para el gobierno, lo que se grafica en la siguiente caricatura:

Veamos las cosas en frío. La señora Heredia es, en efecto, un activo importante para el gobierno. Es carismática, inteligente, la principal consejera del Presidente de la República (en medio de la soledad en la que éste se encuentra, en términos políticos) y, para algunos, una de las principales responsables de su moderación política. Y sí, algunas de las críticas que le han hecho tienen un sabor a machismo.

Pero tampoco uno es ciego para dejar de ver que, desde hace buen rato, Nadine ha pasado del activo político a generarle problemas al Presidente. Y no me refiero a los chistes de “saco largos” que uno puede escuchar en reuniones informales, sea con cerveza o con whisky. La sensación que deja es la de ser la “Premiera Dama” (Patricia del Río dixit), sin controles institucionales al ser su cargo, en términos formales – desde el gobierno de García -, una mera entidad protocolar.

Y para muchos, vuelven las suspicacias sobre una posible postulación presidencial, lo que implicaría un cambio legal bastante controvertido. Más que en CFK, como recordó hace poco más de un año Carlos Meléndez, el modelo sería Sandra Torres de Colom, a quien el Tribunal Constitucional de Guatemala no dejó pasar su candidatura porque entendió que su divorcio era solo para postular como candidata.

Quizás este ejemplo debiera hacer que el matrimonio Humala – Heredia pase del ambiguo “no está en agenda” cada vez que le preguntan sobre el futuro político de Nadine, a un “no por el 2016” rotundo que despeje cualquier duda. Y claro está, sin dejar de recibir los consejos de su esposa, Humala debería abrir su juego político más de lo que lo ha hecho en el último año y medio.

(Caricatura de Alexis Humala: Andrés Edery para Gestión)

(Caricatura de Nadine y Ollanta: Carlin para La República)

VACIOS FUJIMORISTAS

Si hay un libro que Keiko Fujimori debería tener en la mesa de noche es “Perú en la era del Chino. La política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador”. Este volumen, escrito por el politólogo japonés Yuzuke Murakami, deja de lado las tesis antagónicas sobre el legado de la década de 1990 para tratar de interpretar dicho periodo de nuestro pasado reciente a la luz de la historia peruana y de las instituciones políticas existentes en el Perú.

El prefacio de la segunda edición de este trabajo analiza el curso de la campaña electoral de 2011, en la que el fujimorismo obtuvo una posición expectante y luego fue derrotado en última instancia. La tesis de Murakami, que compartimos, es que el fujimorismo supo aprovechar bien la división de sus rivales que se ubican entre el centro y la derecha, a partir de una identidad forjada a partir de los juicios contra sus líderes, la misma que se volvería en su contra al no atenuar los mensajes que recordaban al legado autoritario de los noventa y por la comisión de serios errores de campaña.

De continuar esta senda, concluye el analista japonés, resultaría bastante fácil que el fujimorismo tenga el mismo destino que otros partidos caudillistas peruanos, es decir, su desaparición a mediano plazo.

Es cierto que un sector del fujimorismo ha buscado maquillar esta imagen, a través del cambio de nombre de su agrupación a Fuerza Popular, la instalación de un thinktank para los técnicos fujimoristas y hasta la asistencia de Jaime Yoshiyama a la convención del Partido Demócrata, entre otros elementos que buscan darle una imagen de agrupación organizada a un conglomerado que siempre ha renegado de los “partidos tradicionales”.

El problema es que no han resuelto aún sus resortes autoritarios. Luego de la sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, varios parlamentarios de la bancada naranja defendieron un fallo cuyos principales beneficiarios son los miembros del Destacamento Colina y Vladimiro Montesinos, de quienes han tratado de desmarcarse en estos años.

Luego de un periodo de silencio, obligado por el control de daños ejercido por Keiko y Kenji Fujimori, esta semana volvieron a la carga, atacando al procurador Julio Arbizu – responsable de los embargos a los miembros de la mafia – y aplaudiendo la penosa intervención del ex procurador Segundo Vitery ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la revisión de la sentencia del caso Barrios Altos. Todo un recuerdo de sus penosos antecedentes en materia de corrupción y derechos humanos.

Si se suma su nula reacción en temas calientes como las huelgas en los sectores educación y salud (¿alguien conoce una propuesta de este partido en ambos temas?), que importan directamente a su electorado popular, el fujimorismo se encuentra en un dilema bastante grave. No solo por su crisis de identidad, sino porque su principal competencia en el espacio que representa es Alan García, el político más talentoso en campañas electorales. Con ello, complican sus opciones para el 2016.

(Columna publicada en El Comercio el 07.09.2012)

MAS SOBRE EL TEMA:

Eduardo Dargent discute en su columna en Diario !6 otra tesis de Murakami: Keiko perdió por no tener los votos del sur del país. Promete tener segunda parte.

(Foto: Diario 16)

OJO CON LA COMISION DE ETICA DEL CONGRESO

Porque se la quieren bajar, o, al menos, cortarle las facultades.

Vamos por partes, dado que el tema es bastante relevante para una tarea que este Congreso necesita a gritos: puesta en orden de algunos anticuchos o aclaraciones pertinentes sobre asuntos que no quedan aún del todo definidos para la opinión pública.

Hace algunos años, cuando las críticas al Congreso llegaron a su peor nivel, se les ocurrió a los parlamentarios establecer una Comisión de Ética Parlamentaria que viera las faltas que, sin necesariamente implicar la ocurrencia de un delito, eran demasiado rochosas como para dejarlas pasar piola. En algunos casos, esto funcionó, en otros, se hicieron de la vista gorda.

Pero en esta gestión, hay que decirlo, el congresista Humberto Lay (evangélico, ex miembro de la CVR, miembro de Alianza por el Gran Cambio) le ha imprimido un tono mucho más enérgico a las intervenciones de este grupo de trabajo. Razón por la cual es temido. De hecho, las sanciones a congresistas como Amado Romero, Celia Anicama u Omar Chehade provinieron de aquí (en las cuestiones penales, eso sí, allí si primó el consabido “otorongo no come otorongo”).

Y en esta legislatura han seguido. De hecho, hace unos días recomendaron la suspensión del parlamentario Alejandro Yovera (un ex fujimorista que ahora está en la bancada “Acción Popular – Frente Amplio”), quien presuntamente falsificó una conciliación extrajudicial para evitar el pago de una pensión de alimentos para su cónyuge. Y se va por la segunda suspensión.

Precisamente es Yovera, junto al congresista Emiliano Apaza, quienes han presentado una propuesta para evitar que cuestiones como la hoja de vida, o asuntos previos a asumir como congresistas (y que son destapados por la prensa) puedan ser vistos por la Comisión de Ética. El jueves, El Comercio recordó en su editorial la “trayectoria” de ambos parlamentarios y el serio conflicto de interés que supone la presentación de este proyecto. Oído a la música:

Quizá podamos encontrar la explicación del sospechoso pedido de estos congresistas recordando su trayectoria reciente. Para empezar, el señor Apaza es un miembro de la bancada nacionalista que “olvidó” consignar en su hoja de vida una sentencia que lo sancionó con tres años de prisión suspendida al momento de postular al cargo. Según el diario “La República”, el delito que cometió el congresista por Puno fue tipificado en la sentencia como receptación de contrabando: el señor Apaza vendió un camión Volvo de origen boliviano con documentos fraguados y declaró haberlo adquirido de una desconocida que, según se demostró luego en el proceso judicial, vivía en su casa.

Por su parte, al igual que al señor Apaza, al señor Yovera la memoria parece jugarle malas pasadas cuando de escribir declaraciones juradas se trata. Pero, a diferencia del primero, que simplemente olvida datos, el segundo tiende a creer que sucedieron cosas que realmente no ocurrieron: que fue gerente general y administrador de dos empresas, y que siguió una maestría universitaria, por ejemplo. La imaginación del señor Yovera es tan fértil que, además, le permitió inventar una supuesta conciliación extrajudicial con el único propósito de tener una excusa para no pagar la pensión a su cónyuge. Estas faltas llevaron a que los fujimoristas lo separaran de su bancada (y luego fue adoptado por la de Acción Popular, que, al parecer, no tuvo reparo en pasar por alto sus antecedentes con tal de sumar otro voto).

El tema es serio, dado que, como señala La República, de los 7 casos pendientes que tiene la Comisión, solo quedarían 2 en pie. Entre los casos pendientes están el del congresista oficialista Rubén Condori (el mismo que marcó el voto de la congresista Rosa Mavila sin que ella se diera cuenta), el de la parlamentaria fujimorista Cecilia Chacón (por falsedades en su hoja de vida) y, agárrense, el del parlamentario Josué Gutiérrez, congresista del partido de gobierno que es investigado por el viaje a Rusia junto a Alexis Humala, quien el viernes hizo gala de sus desplantes a este poder del Estado.

Para poner la cereza sobre el pastel, el ciudadano Juan Quispe Ramírez le interpuso una denuncia a Lay ante la Comisión de Ética por una supuesta omisión en su hoja de vida. Lay ha hecho sus descargos sobre la misma y ha indicado que Quispe Ramírez no registró su ingreso al Congreso, lo que le hace sonar bastante sospechoso.

Ojo con el pleno del lunes, que puede ser decisivo en una materia que, para todos los ciudadanos, es bastante sensible.

ACTUALIZACIÓN (10.09.2012): Ayer en La República, Sinesio López publicó una columna francamente penosa, en la que intentó bajar el nivel del trabajo de la Comisión de Ética por dos motivos: a) señalar que, en el fondo, Lay busca santos en el Congreso. Quizás el maestro López olvide que en las iglesias evangélicas no se buscan santos, dado que esa calidad solo la otorga la Iglesia Católica. Asimismo, tampoco recuerda que en la Comisión de Ética hay más miembros que el conocido pastor evangélico y que finalmente, quien sanciona es el pleno del Congreso de la República.

b) López también señala que la Comisión de Ética no ve “peces gordos” y hace alusión a que deberían verse “el enriquecimiento de los políticos de los últimos gobiernos y la probable corrupción que habría detrás de los virajes programáticos”. Sobre lo primero, cabe recordarle al doctor López que es un tema a cargo de la Contraloría, de la comisión de Fiscalización del Congreso y en el que Ética no tendría nada que ver, a menos que tengamos una acusación formal. En cuanto a lo segundo, dado que no hay pruebas de ello (hasta ahora), la alusión sigue respondiendo al dolor que produce la salida del gobierno de Humala, cuyo viraje político deberá ser evaluado justamente en esa línea.

Hoy Humberto Lay ha dado una extensa entrevista a La República, en la que ha señalado que el interés central para recortarle facultades a la Comisión de Ética está en que 5 casos tienen que ver con las hojas de vida de los congresistas, cuyos errores o falsificaciones no solo constituyen faltas éticas, sino también delitos, motivo por el cual ven este tema en el referido grupo de trabajo. Y también le respondió a Sinesio López al señalar que:

No sé por qué cuestiona que no sé distinguir entre religión y política, y dice que pretendería aplicar principios religiosos en mi labor. Para nada, solo aplico el Código de Ética y no los estándares morales y éticos de la iglesia. Además, las decisiones se toman por mayoría.

Lay ha anunciado que, si las facultades de la Comisión se recortan, él y otros tres parlamentarios renunciarían a este grupo.

SI NO HAY SOLUCION (DOS HUELGAS CONTINUAN)

Terminamos esta semana con dos huelgas en dos sectores importantes. De un lado, los médicos de Essalud llevan un mes de paralización, con el correspondiente malestar de pacientes y asegurados que no pueden atender sus dolencias a tiempo. De otro lado, la facción mayoritaria del SUTEP inició esta semana una huelga que entra hoy al tercer día.  La diferencia es que, mientras que el gobierno, luego de un mes de tira y afloja, parece estar cerca del acuerdo con los médicos, la negociación con los maestros está aún muy lejos de llegar a un buen término.

Sin embargo, hay varias similitudes en ambas paralizaciones que merecen un mayor análisis.

Para empezar, se trata de dos áreas que impactan directamente en los ciudadanos de a pie. El seguro social es una de las entidades más recurridas para la atención médica primaria y, sobre todo, para pacientes de edad avanzada, además de ser la alternativa para operaciones complicadas que, en un seguro privado, costarían un ojo de la cara. Mientras que una importante parte de niños y adolescentes en el Perú asisten a la escuela pública, en un país donde la educación sigue siendo vista como uno de los principales motores de movilidad social y en un contexto en el que el conocimiento es la clave de la generación de bienestar.

A su vez, se trata de dos sectores donde sus trabajadores son bastante mal pagados. Tanto el magisterio público como los médicos de Essalud ganan cantidades bajas en comparación con sus pares privados, para no hablar de lo que ocurre en otros países de la región. Por ello, hasta cierto punto, resultan comprensibles los reclamos de personas que estudiaron varios años y que, obviamente, esperan una mejor remuneración.

Pero, de otro lado, también se trata de dos servicios públicos cuya calidad se ha deteriorado en los últimos años. Y aquí hay cuotas de responsabilidad de todos los actores: desde un Estado que no ha sabido invertir en salud y educación de calidad, hasta los mismos profesionales de la salud y la educación que, más allá del tema salarial, requieren de un mayor compromiso con su vocación, como lo reclamaba ayer Patricia del Río, sobre todo, en torno al magisterio. Aquí se mezclan desde un aparato estatal que no ha visto la importancia de dar servicios de calidad para asegurar los derechos de las personas, hasta cuestiones como el buen trato a los demás, que no requieren de un ajuste salarial sino de un cambio de actitud. Y de allí que exista en un sector de ciudadanos el pedido de vincular el aumento de sueldos a una mejora de la calidad en la atención o en la capacitación.

A su vez, se trata de dos sectores con sindicatos bastante fuertes. Sobre el SUTEP se ha escrito mucho acerca de su capacidad de movilización, sus dificultades para salir de un esquema sindical maximalista y sobre los ajustes que deben hacer para convertirse en una representación moderna. Mientras que, en el caso del seguro social, Marco Sifuentes describió a un sindicato bastante cercano al APRA, con lo que implica ello en términos de respaldo político y de otros gremios.

Por ello es que el gobierno tiene que enfrentar un panorama complejo que no sólo se agota en la solución a los reclamos laborales. Hay temas de cultura laboral, atención estatal y derechos ciudadanos que están en juego. De allí que los problemas no acaben con las soluciones a corto plazo que se den a ambas huelgas sino, en general, con las políticas que tenga para mejorar la educación y la salud públicas. Se trata de áreas importantes, pero en la que los cambios no se notan para réditos electorales. Y aquí no solo se requiere voluntad política, sino también ideas y saber transmitirlas.