LA INVENCION DE HUMALA

Humala es Chávez. Esa fue la imagen que el sector más reaccionario del lado diestro del espectro político construyó del hoy Presidente de la República. Un monstruo que iba a estatizar las empresas privadas, un sátrapa que conculcaría la libertad de expresión y hasta – esta es mi favorita – un sujeto que pondría a los niños al servicio de una autocracia bolivariana como la que padecen los venezolanos.  A los dos días que fue elegido, comenzaba el besamanos de ese mismo sector. Hoy, ellos se encuentran entre los principales cheerleaders de su otrora cuco.

Humala no es Chávez, pero ojalá hiciera algo parecido. Esa fue la imagen que un sector radical de nuestra izquierda se hizo de su “candidato natural”, como la de un presidente que sería el que transformaría las relaciones entre el Estado y el capital, dando un giro a la izquierda.  El tema es que ignoraron algunos signos que no veían: un partido cuyo objetivo único era ganar las elecciones, espacios de coordinación que solo servían para planificar el paro o marcha de rigor y no una alternativa política, un “candidato natural” al que nadie podía oponerse, un plan de gobierno al que Favre tuvo que quitarle todas las etiquetas “contra el modelo económico neoliberal” para que Humala pasara del 10%. Y ya en la campaña, tampoco vieron venir el carnaval brasilero, con todo lo que ello tenía en temas ambientales y de inversión.

De Humala tenemos dudas. Me quedo con esta parte de la ya inmortal frase de Steve Levitsky porque, en realidad, no hay muchas certezas sobre Humala. De los perfiles hechos por Rosa María Palacios y, más recientemente, por Marco Sifuentes, tenemos pocos elementos para armar el rompecabezas: un hombre con pocas convicciones ideológicas, que no se mueve de sus esquemas hasta que lo convenzan de lo contrario y sobre todo, sumamente desconfiado y amante de los núcleos reducidos. Ello explica a tanto a un metódico candidato que supo moverse hacia el centro para ganar las elecciones, como a un Presidente que viene superando a Luis Castañeda Lossio en cuotas de mudez. Pero las dudas allí permanecen.

Humala a la carta: Así, cada quien se hizo un Humala a la medida. Y por ello podemos encontrar a quienes denostaban sobre él como su principal respaldo mediático, pidiendo incluso que se vaya más a la derecha, sin ver lo contraproducente que esto sería tanto para la gobernabilidad democrática como para la propia sostenibilidad de la inversión privada. Y de allí que veamos al sector zurdo decepcionado, ensayando una serie de nuevos artículos sobre un nuevo fracaso – echándole la culpa a los otros, sin ver los errores propios – y con algunos elementos radicales que terminan enunciando en privado frases del tipo “o se va Valdés o se va Humala”. Los termocéfalos de ambos lados ganan terreno.

¿Quo vadis, Ollanta Humala? El deseo del sector liberal más sensato es que Humala haga política: un mejor Presidente del Consejo de Ministros del que tenemos, una presencia social que vaya más allá de programas asistencialistas focalizados, ir a las zonas de conflictos sociales a explicar porque varió el discurso de opositor en campaña al de Presidente converso y dejar de darle protagonismo al lado más represivo del Estado. Esa, junto a una mejora del proceso de descentralización, sería la salida cuerda.

El problema es que tiene a dos sectores que han fortalecido su discurso en estos meses. De un lado, una izquierda radical herida por el rechazo de “La Gran Transformación”. De otro lado, una derecha conservadora que quiere ir más allá. Como señaló Fernando Tuesta hace meses, comparten el mismo defecto: en lugar de ver que se necesitan a ambas moderadas y fortalecidas, cada una busca eliminar a la otra.

Y en medio de ellas, un gobierno aislado, que no tiende puentes ni siquiera a quienes le permitieron ganar la elección, que reprime por acto reflejo y que olvida que, luego de diez años de (imperfecto) proceso de descentralización, hay otros actores regionales con los que también tiene que saber jugar.

Por ello, quizás más importante que descubrir quien es Ollanta Humala, resulte cada vez más imprescindible saber cuál será su norte. Y sobre todo, que aprenda a defenderlo políticamente. De lo contrario, se limitará al mutis cuando lo critiquen aquí o en el extranjero. Si ser locuaz como García no te salva de ser un gobernante mediocre, ser mudo como Castañeda no te blinda del mismo defecto.

PIQUEO MIXTO (TRES NOTICIAS POR COMENTAR)

Agenda cargada de noticias, así que hoy comentaremos tres de ellas:

1. LIBERACION DEL ALCALDE MOLLOHUANCA: Esta mañana salió en libertad el alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, luego de estar 10 días en prisión, acusado de supuestos delitos cometidos durante las protestas en dicha zona del Cusco.  Si bien el alcalde salió libre, se tendrá que realizar una nueva audiencia para determinar si continúa el proceso penal en su contra en dicha condición.

El problema con el caso del alcalde está, a mi modo de ver, en lo que hoy registra La República:

Este colegiado concluyó que no consta en la formalización de la investigación preparatoria ni en el requerimiento de prisión preventiva del Ministerio Público imputación necesaria concreta“, por el contrario,  sostiene, solo se reseñan hechos de manera general. Asimismo, señala que en el caso del delito de disturbios,  no se precisa cuál habría sido la participación efectiva del alcalde.

En cristiano, ello quiere decir que el Ministerio Público no ha podido presentar cargos reales y directos contra Mollohuanca. Dado que no hay una imputación clara, el MP tendrá que hacer las precisiones del caso, si es que cuenta con pruebas para ello.

Y he allí un punto que se ha discutido poco en el Perú. Si bien es cierto que el bloqueo de carreteras y los actos violentos realizados en protestas sociales son delitos, también resulta claro que, sin tener imputaciones claras, un caso nunca se podrá resolver. Quienes reclaman el ejercicio del “imperio de la ley” deben tener en cuenta que dicha condición también implica investigaciones serias para la imputación de delitos y no cuestiones vagas como las vistas en este caso.

Por lo demás, hay dos fallecidos en las protestas – Rudecindo Puma y Walter Sencia – cuyas familias requieren saber las circunstancias en que murieron. Y de ello muy pocos hablan. Como tampoco de los sesgos del Ministerio Público ante este tipo de situaciones, como señaló Wilfredo Ardito ayer.

2. URQUIZO Y VALDÉS CONDECORADOS: No con su salida, para mala suerte nuestra, sino con órdenes al mérito otorgadas por el Ejército Peruano. Y para hacer más tragicómico el asunto, Urquizo firma la resolución con la cual él mismo es condecorado. Vean el video vía Willax:

De acuerdo con la nota de prensa del propio Ministerio de Defensa:

El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, y el ministro de Defensa, José Urquizo Maggia, recibieron esta tarde la Condecoración Orden Militar Francisco Bolognesi en el Grado de Gran Cruz, por acción distinguida, en mérito a su contribución al desarrollo institucional desde los altos cargos que ocupan.

El señor Urquizo tiene solo un mes como ministro, tarea en la cual ha tenido, más allá de los días iniciales de gestión, un perfil bastante bajo y varios cuestionamientos por su pasado. Mientras que la labor de Valdés al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene, en su haber, declaraciones como ésta, justamente, sobre miembros de nuestras Fuerzas Armadas en la Operación Libertad:

“La operación ha sido impecable, siempre van a haber muertos”

3. TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE: Hoy Ollanta Humala cumple su penúltimo día en Europa, donde ha dado declaraciones a favor de los TLC y prometió que se terminará de construir el Lugar de la Memoria a finales de este año. Desde Lima, sin embargo, Marco Sifuentes recuerda la precariedad del entorno presidencial:

El presidente, reducido por propia voluntad a simple tuitero, tiene su propia burbuja de filtros. Su timeline privado y con candado. Como ya es de público conocimiento, se trata de una troika básicamente militar: su consejero, el coronel en retiro Adrián Vilafuerte; su primer ministro, el comandante en retiro Oscar Valdés, y su esposa, Nadine Heredia.

El problema es que la única que allí que no ha sido entrenada para obedecer sin dudas ni murmuraciones es precisamente la persona a la que no se le puede exigir ningún tipo de rendición de cuentas, porque legalmente no es parte del gobierno: la Primera Dama.

Y no, no hay nadie más. La comunicación con su partido es casi nula. El asesor brasileño Favre ha sido desplazado. No confía en los medios de derecha que le hicieron la guerra. No confía en la vieja guardia de izquierda que pateó el tablero junto con Lerner. Considera a sus ministros, en el mejor de los casos, dateros ilustrados. Para colmo, su familia en pleno lo trollea. Todos bloqueados y reportados como spam. ¿Qué queda? La soledad del poder. El filtro de la troika.

Dicha precariedad empata por lo dicho hace un año por Rosa María Palacios:

Si algo hizo por él la campaña del 2006 es volverlo un hombre desconfiado. Terco ya era. Creo que es el político más necio que he entrevistado. Nunca me he peleado tanto con alguien sobre política tributaria como con él, a lo largo de muchas noches. Después de leer su autobiografía entiendo por qué. No tiene ninguna convicción ideológica en materia económica. Le interesan determinados objetivos respecto a la pobreza en el Perú y al honor en el Ejército. Eso es lo que más lo mueve. ¿Cómo lograrlos? Eso le es casi indiferente. Pero cuando absorbe una tesis, la cree sin dudas ni murmuraciones. Hasta que lo convenzan de lo contrario.

Quizás allí esté la clave de por qué algunas decisiones en el gobierno no se toman con la velocidad que se espera. Más aún, cuando las bancadas en el Congreso comienzan a fraccionarse.

CASO PALMA: INTERCEPTACIONES Y CLIMA ENRARECIDO

Con el título de este post, no me refiero al otoño primaveral que vive Lima. Sino a algunas cosas que vienen pasando en la política peruana y que, en la coyuntura actual, cobran mayor interés y preocupación.

El último domingo, La República publicó un reportaje de Marco Sifuentes, editor de INFOS, en relación con una arista de las investigaciones en el caso Rudy Palma, ex periodista de Perú.21 que viene siendo procesado por ingresar a los correos electrónicos de varios funcionarios públicos.

En su reportaje, Sifuentes dio a conocer que, a solicitud del Ministerio Público, desde el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial se ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de 18 personas, por un plazo de 60 días (hoy El Comercio indica que eran 21 personas), en vinculación con las investigaciones de este caso. Entre las 18 personas intervenidas se encuentran el congresista Luis Galarreta, 8 periodistas, amigos y familiares de Palma, así como otras personas que se vincularon al periodista por cuestiones laborales y personales.

Si bien el levantamiento del secreto de las comunicaciones ordenado por un juez – a pedido de un fiscal – está contemplado por nuestra legislación procesal penal, toda medida limitativa de derechos debe implicar un análisis de su necesidad y racionalidad.

Y eso es lo que se cuestiona a lo largo del reportaje, por dos razones fundamentales. La primera de ellas, tiene que ver con la hipótesis de investigación que está manejando el Ministerio Público: la existencia de una organización criminal.

Y, hasta el momento, como ha señalado Sifuentes así como otras personas que han podido tener acceso a información sobre este caso, dicha tesis no se sostiene, más allá de las teorías de la conspiración ocasionadas por las antipatías que tiene el medio en el que trabajó Palma (y así no se construye un caso).

Como lo han referido varios medios, fue el ministro de Comecio Exterior y Turismo José Luis Silva Martinot quien denunció la intrusión a su correo electrónico – tema del que se percató por correos amenazantes sobre cuestiones de índole personal y familiar – y así se dio con Palma. El problema para el ministro es que, como ha indicado la revista Caretas la semana pasada, dichos correos han seguido apareciendo, con Palma ya en prisión.  Por la evidencia presentada hasta el momento, cualquiera pudo entrar al correo del referido funcionario.

Y, debemos añadir, más allá que el ministro Silva tenga el derecho de salvaguardar su intimidad personal, es necesario que se pronuncie de una buena vez sobre las repetidas versiones de su presencia en la DININCRI, como posible mecanismo de presión.

La segunda razón, demostrada en el reportaje, es que las 18 personas cuyo secreto de las comunicaciones fue levantado no tenían vinculación alguna sobre el caso, dado que no hablaban con Palma hace meses o solo tenían vinculación laboral o personal con él. Quizás la situación más ridícula sea la vinculada al gimnasio al que Palma acudía:

El caso del gimnasio ilustra muy bien el arbitrario criterio utilizado para determinar qué números se iban a intervenir. Su personal, sin saber que Palma había sido detenido, estuvo llamando a su celular para saber por qué no se había presentado para su rutina habitual.

El caso se complica más por otros personajes interceptados. En el caso de los 8 periodistas, las conversaciones interceptadas pudieron revelar a algunas de sus fuentes. Recordemos que la Constitución salvaguarda que los periodistas mantengan a sus fuentes en absoluta reserva. Y dicha medida se hace aún más gravosa cuando no tiene mayor fundamento.

Pero el tema ha tenido mayor relevancia por el congresista Galarreta. Como parlamentario opositor, no solo ha cuestionado la medida en sí misma – de hecho, ya se armó la discusión sobre si la medida está o no cubierta por la inmunidad parlamentaria – o el plazo final de su ejecución (la Fiscalía dice que fueron 48 horas, al final, mientras que el parlamentario dice que más tiempo). También acusa que esto tiene un móvil político, vinculado a la elección de los directores del BCR o a su posición contraria a la delegación de facultades tributarias.

Si bien Abugattás y Marisol Espinoza han descartado cualquier acción del gobierno en ello y han respaldado a Galarreta, la arbitrariedad de la medida hace que viejos fantasmas y suspicacias aparezcan en el ambiente. De allí que la OCMA anunció ya una investigación sobre el caso.

¿Por qué esta investigación ha terminado yéndose de cauce? Los más suspicaces señalarán que el gobierno tiene una animadversión especial contra Perú.21, un diario que es de nítida oposición a Humala, más aún cuando en Palacio están preocupados por el tratamiento mediático de los conflictos sociales, como señala Mirko Lauer en su columna de hoy (aunque lo de la “humanización” de los líderes de las protestas no aplicaría a este medio). Mientras que otras versiones apuntarían a los defectos de investigación que tiene el Ministerio Público desde hace varios años y que, como hace notar Wilfredo Ardito, también se arrastran a los conflictos sociales.

Ello, más aún, en un clima político que, como señala Carlos Meléndez en su columna de hoy en El Comercio, al estar tan polarizado, hace que todo se vea con el cariz de la manipulación y la desconfianza mutua.

Como señaló el abogado Miguel Morachimo en relación con este caso “si se desestima el cargo de los secretos estatales, esta es una oportunidad excelente para el Estado de demostrar cómo se puede impartir justicia y condenar a periodistas por delitos que efectivamente cometieron sin poner el riesgo las garantías para la libertad de expresión”. Sin embargo, este proceso penal, con todos los errores cometidos – de los que habrá que determinar si hay torpeza o dolo – , ha terminado con tantas irregularidades que, a la larga, parece que importara poco esclarecerlo en serio.

De hecho, al cierre de este post, el Ministerio Publico ha dejado sin efecto el nombramiento del fiscal William Montes, encargado del caso, en tanto duren las investigaciones. Esta novela tiene aún para rato.

(Foto: La República)

¿QUIEN REPRESENTA AL CENTRO?

Hace algunos años, en una entrevista hecha por Eduardo Dargent y Alberto Vergara, Valentin Paniagua definía lo que consideraba como “centro radical” a partir de esta frase: “Bobbio prefiere usar el término libertario y por eso él, siendo un liberal, dice que es un liberal socialista, porque él no entiende la libertad sin un acento social y sin un sentido de responsabilidad y solidaridad elemental con los demás”. Cabe preguntarse, entonces, si es posible la existencia de una alternativa política que represente esta visión de país.

Dargent señaló hace algunos meses que tenemos tres segmentos claros en el electorado peruano. De un lado, existe un sector de ciudadanos críticos que demandan reformas profundas, vinculadas con una mayor presencia del Estado. De otro lado, hay un grupo de ciudadanos beneficiados con el crecimiento económico, con tendencias más conservadoras. Finalmente, aparece un conjunto de peruanos, entre el 40% y 50% de votantes, inclinados hacia cambios graduales en la economía y la política. Esta última fracción ha definido las elecciones presidenciales de la última década.

Esta clasificación de los electores cuadra con algunos datos proporcionados por Alfredo Torres en su libro “Opinión Pública 1921 – 2021”. Ni la izquierda – radical o moderada – ha podido ganar elecciones por sí sola, ni la derecha liberal democrática ha podido sacarse la etiqueta de representante de los sectores más pudientes. Mientras que la mayor parte de peruanos prefiere que el Estado intervenga en el mercado solo en lo necesario.

Sin embargo, a pesar de ganar con los votos del centro, los dos últimos presidentes que tuvo nuestro país terminaron como garantes del orden económico, con poca capacidad para emprender políticas sociales más allá del asistencialismo ni reformas políticas democráticas. Humala va en dirección a convertirse en una réplica de sus antecesores, debido a su precariedad y su idea de orden.

Alejandro Toledo era el llamado a ocupar este espacio centrista. Sin embargo, sus esfuerzos por consolidar Perú Posible sólo han conseguido construir un estado mayor propio. Sin Acción Popular como aliado, queda perdida para él, por ahora, la oportunidad de ser el heredero político legítimo de Fernando Belaúnde o del propio Paniagua. A ello se suman sus indefiniciones en relación con este gobierno, que lo muestran tan vacilante como en la campaña electoral.

A la ausencia de un “líder natural” de este espacio político, se suma un factor enunciado hace un año por Martín Tanaka, quien indicó que en contextos ideologizados y de polarización social y política, el centro termina debilitado. Y en la coyuntura actual se tiende a posiciones extremas, sin matices. Valdés y Santos son ejemplos de ello.

Por ello ha resultado solitaria la propuesta de Álvaro Vargas Llosa de un Presidente de Consejo de Ministros centrista. Si bien coincido con dicha propuesta, es más importante la construcción de un partido en esa línea, para que este sector no quede a expensas del mal menor de turno. Una tarea a contracorriente, pero imprescindible.

(Columna publicada en El Comercio el 08.06.2012)

MAS SOBRE EL TEMA:

Un análisis sobre la representación de la izquierda en la columna de Eduardo Dargent

(Foto extraída de aquí)

REVOCATORIAS, AUDIOS Y RADIOS

Como lo señalamos hace algunas semanas, al ser el rostro más visible de la frustrada revocatoria contra Susana Villarán, el abogado Marco Tulio Gutiérrez adoptó casi todos los pasivos del proceso.

Desde su cercanía a Castañeda Lossio – cuya falta de cálculo al apoyar la revocatoria confirma la falta de visión política que la campaña electoral del año pasado mostró -, pasando por los famosos audios en los que reconoce que su verdadero interés en la consulta era promocionar su Instituto, hasta comprarse enteritos todos los argumentos de Correo en contra de la revisión hecha por la RENIEC: como no hubo firmas suficientes, se acusó a la RENIEC de “roja y caviar” y se hizo campaña en contra de uno de sus funcionarios, quien alertó sobre un usuario apócrifo en Facebook que lo suplantaba.

En la última semana, dos revelaciones han sacudido aún más este tema. La primera, que no lo involucra directamente al no ser promotor formal de la revocatoria, aunque si tendrá que dar alguna explicación por ser el vocero, tiene que ver con el hallazgo de firmas falsas, como se demostró en un reportaje de Daniel Yovera para Tribuna Abierta:

Pero el segundo tema si complica al abogado. Nuevas conversaciones grabadas a Gutiérrez revelan parte de la pista de los financistas de la revocatoria. En este caso, al menos parte de la misma, de lo que se desprende de los audios presentados, Marco Tulio alude como financistas iniciales a la familia Capuñay, propietaria de Corporación Universal, una cadena radial que en Lima transmite las señales de La Caribeña, La Kalle (ambas musicales) y Exitosa (noticias y música). Aquí los audios presentados anoche:

Gutiérrez dijo hoy por la mañana a Canal N lo siguiente, de acuerdo con La República:

No hemos recibido un real, ni en plata ni en cosas. En ningún momento he señalado que el señor Higinio Capuñay ha dado un centavo, lo que sí puedo dejar en claro es que la reunión se realizó, sí. Ofrecieron que iban a sacar sus firmas, pero finalmente no lo hicieron. ¿Por qué no pasó? Ellos lo deben responder”, señaló.

Según dijo, el otro revocador del que hablan los audios es el señor Antonio Astete (quien es muy amigo de Higinio Capuñay). Según Marco Tulio, Astete lo invitó a él a una reunión con los hermanos Capuñay, en la cual la congresista “no dijo ninguna palabra”.

“Al menos a mí, jamás me convocaron para decirme que me entregaban un planillón”, agregó Gutiérrez quien no ve nada raro en que Capuñay (Esther) sea parte de una iniciativa revocadora.

Por su parte, esta tarde, luego de las declaraciones de Gutiérrez, Capuñay envío una carta notarial al abogado, en el que le indica que aclare porque hizo referencia a él como posible financista de la revocatoria. Esta es la carta en cuestión, vía La República:

Sin duda, hay aquí dos temas a aclarar. De un lado, quienes financiaron un proceso de revocatoria que ha tenido hasta firmas falsas. Si no fue la familia Capuñay, como ahora niegan ambos, ¿quién fue?

De otro lado, en los audios presentados por Tribuna Abierta, sí hay cosas que son ciertas. Como la relación entre familia Capuñay y la campaña de Castañeda Lossio. De hecho, como registró la revista Siete, en octubre de 2010 se produjo un almuerzo en un conocido restaurant de La Molina en el que estuvieron Castañeda, Esther Capuñay, Michael Urtecho y Martín Belaúnde. Los tres últimos serían electos como congresistas para este periodo parlamentarios.

Asimismo, Corporación Universal tuvo a dos de sus miembros como candidatos. Uno es la señora Capuñay, quien obtuvo su curul. El otro fue el señor Víctor Omar Castro Morales, quien registró en su hoja de vida ser gerente de radio La Caribeña, perteneciente a la corporación. De hecho, ambos hacían campaña conjuntamente, como se puede ver en este volante:

Además, hay algunas cuestiones vinculadas a los aportes de Solidaridad Nacional que se vinculan con la referida corporación radial. En el primer informe de verificación de información financiera de la campaña electoral hecho por la ONPE, Solidaridad Nacional no registró como gasto de la misma la suma de S/. 370,785.51, referido a publicidad en las radios La Kalle y La Karibeña. El tesorero de la agrupación indicó que este fue un aporte en especie no referido originalmente. En el segundo informe de la ONPE, este tema estaba aún en verificación de cumplimiento de la regularización del aporte.

El informe final de verificación de la ONPE sobre la información financiera de la campaña de Solidaridad Nacional, emitido el 24 de junio de 2011, indicó que el partido no había declarado cerca de 2 millones de soles en gastos de publicidad en radio y televisión. El grueso corresponde a Corporación Universal: S/. 1’528,958.94. Según un informe de la ONPE emitido en marzo de 2012, hasta dicho momento, la agrupación de Castañeda no había regularizado este tema.

Finalmente, cabe recordar un dato curioso emitido por este blog en abril de 2011. Cuando informamos sobre los gastos de campaña de Keiko Fujimori, encontramos entre los aportes lo siguiente:

Corporación Universal SAC donó S/. 84,382 en publicidad radial. La donación no sorprendería tanto si es que su gerente general, Esther Capuñay, no fuera parlamentaria electa por Solidaridad Nacional. Otro directivo de la empresa también postuló en la lista de Castañeda.

Sin duda, estos audios, que no corresponden a interceptaciones telefónicas, han abierto otra caja de Pandora. Y aun quedan pendientes otras aclaraciones. Este tema tiene aún para largo.

UNA SENTENCIA INJUSTA

Hace dos días los periodistas Juan Carlos Tafur y Roberto More, director y ex redactor de Diario 16, respectivamente, fueron condenados a 2 años de prisión suspendida y al pago de 120,000 soles a favor del ex ministro del Interior Antonio Ketin Vidal Herrera, quien les planteó una querella por una supuesta difamación.

El caso se basa en la publicación de un artículo que reproduce tanto un atestado policial como pasajes de un libro escrito por el periodista Carlos Paredes, sobre una posible relación entre el ex jefe policial y la familia Sánchez Paredes, investigada por varios años por lavado de activos y presuntos vínculos con el narcotráfico. La noticia fue publicada en enero de 2011, en plena campaña electoral, cuando se especulaba que Vidal podría tener presencia dentro de los candidatos a la vicepresidencia o al Congreso de la República.

Los fundamentos de la demanda tenían algunos problemas. Se imputaba a ambos periodistas emprender una “campaña sistemática” en contra del presunto agraviado, cuando solo se publicó una nota sobre el personaje en cuestión. Asimismo, se atribuía que ambos hombres de prensa habían empleado adjetivos bastante gruesos al momento de presentar la información. Sin embargo, al leer la noticia en cuestión, no se encuentran algunas de las palabras mencionadas por el ex ministro.

Para complicar aún más la situación, en cuatro oportunidades el juez de la causa llamó a sentenciar, sin escuchar el alegato de la defensa legal de Tafur y More, lo que es una clara vulneración a las reglas básicas del debido proceso. Esta situación motivó una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura por esta afectación al derecho a la defensa. Y si bien una unidad al interior de la OCMA había recomendado sancionar con una multa al magistrado por esta razón, hasta el momento la sanción no se hace efectiva.

A pesar de ello, el martes se dictó la sentencia. De acuerdo con lo señalado por Diario 16, hay dos defectos centrales en la misma. El primero, es que el juez considera al documento policial que sustenta la nota como apócrifo. Sin embargo, al no poder enunciarse los alegatos de defensa ante el magistrado, dicha afirmación resulta difícil de sustentar. Tafur señaló anoche en una entrevista con Milagros Leiva que tiene pruebas y testigos de que el documento resulta cierto y que presentará los mismos en la apelación del proceso ante una Sala Superior.

El segundo se refiere a que la nota se emitió en un contexto de campaña electoral, por lo que la afectación al supuesto agraviado era mayor. Sin embargo, la sentencia ignora en este punto que la protección a la libertad de expresión frente a funcionarios públicos o postulantes a serlo resulta mayor. Veamos lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia:

39. Las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ejercer cargos públicos también gozan de un nivel especial de protección bajo la Convención Americana, por las mismas razones que explican la protección especial del discurso político y sobre asuntos de interés público.

40. Como se mencionó, el control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre su gestión, así como la participación ciudadana más amplia. Por ello, en el contexto democrático, las expresiones sobre funcionarios públicos o personas que ejercen funciones públicas, así como sobre los candidatos a ejercer cargos públicos, deben gozar de un margen de apertura particularmente reforzado. En este sentido, los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo, en una sociedad democrática, tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública. En efecto, debido a su condición — que implica una mayor influencia social y mayor facilidad de acceso a los medios de comunicación — éstos tienen más posibilidades de dar explicaciones o responder a los cuestionamientos o las críticas que se les formulen.

Además, no se ha considerado que la información en cuestión hacía un reporte fiel de los documentos que sustentaron la nota. La CIDH ha señalado lo siguiente acerca de la doctrina del “reporte fiel”:

Los fundamentos de esta doctrina se encuentran también en la importancia de la libertad de expresión e información para la existencia de una sociedad democrática. La democracia requiere que el debate público sea fluido y amplio. La publicidad de información proveída por terceros no debería verse restringida por la amenaza de responsabilizar al informador simplemente por reproducir lo manifestado por otro. Indudablemente esto implicaría una restricción innecesaria que limita considerablemente el derecho de todas las personas a estar informado.

Por estos motivos, esperamos que la sentencia contra ambos periodistas pueda ser revertida en una instancia superior. Nadie se niega a que los periodistas asuman responsabilidades cuando no hacen bien su trabajo. Pero tampoco resulta factible que se sancione, sin fundamento alguno, a quienes sí lo cumplieron adecuadamente.

(Foto: La República)

LA ENCRUCIJADA DE SANTOS

Desde este espacio, siempre hemos señalado que los gobiernos deben cumplir con el periodo para el que fueron elegidos. Lo expresamos cuando Ollanta Humala señaló que debía vacarse a Alan García por su mal manejo de conflictos sociales. Y lo volvemos hacer ahora, luego que Gregorio Santos instara a sacar a Humala en forma similar a la ocurrida en Bolivia y Ecuador.

La declaración de Santos resulta imprudente y temeraria. Para comenzar, por el contenido de la misma, que si bien no llega a configurar una conducta delictiva – a nuestro criterio, no encaja siquiera en la apología del delito de sedición, como pretende señalar el congresista Alberto Beingolea -, sí sugiere un modo de acción que, al menos en las formas, intenta llevar al país por un cauce distinto al elegido incluso en la primera vuelta.

Pero, además, porque ha terminado echándose a toda la clase política en su contra. Peor aún, le acaba de entregar al sector más achorado de nuestra derecha el pretexto perfecto para descalificar cualquier protesta en Cajamarca, dado que, a partir de ahora, se ignorará que existen actitudes y comportamientos de Yanacocha que debieran ser corregidos si es que la empresa quiere continuar con sus labores, por solo mencionar una de las aristas que los amantes del pensamiento binario van a ignorar una vez más.

Más allá de la condena a las declaraciones de Santos, que compartimos, también conviene entender porque las ha señalado. Y es que, además de todo el telón de fondo del conflicto en Cajamarca, explicado ya hasta la saciedad, tenemos aquí una disputa política regional. De un lado, frente a quienes pretenden representar al sector que sí está de acuerdo con las actividades mineras de Yanacocha, como el ex congresista Luis Guerrero y el ex ministro y operador fujimorista Absalón Vásquez. Del otro, dentro del propio espacio contrario a Yanacocha, frente a Marco Arana y Wilfredo Saavedra.

Hace algunos meses, Manuel Ayulo, en Noticias SER, señalaba lo siguiente:

Goyo y la alianza de organizaciones regionales que lo respaldan está apostando por convertirse en el rostro de la nueva izquierda peruana. En política no existen vacíos y Ollanta Humala dejó un gran vacío luego de la elección presidencial. Para ganar la presidencia, Humala tuvo que moderar sus propuestas electorales y dejó descuidado el flanco izquierdo del espectro.

De hecho, Santos no se plegó en un inicio a las protestas. Como lo indica Ricardo Uceda, tuvieron que transcurrir algunos gestos del gobierno que el presidente regional interpretó como ninguneadores. En realidad, Goyo es el caso extremo de la pobre relación que el actual gobierno ha tenido con los presidentes regionales y, en general, con el proceso de descentralización. Claro está, en el caso de Santos, también hay harta responsabilidad suya en este corto circuito. Y no cabe duda que busca ser el nuevo caudillo de una izquierda invicta en auparse a uno de ellos para asegurar su subsistencia, a pesar que no logra articular una alternativa programática, como ya se viene advirtiendo hace meses.

Advertir esta arista política no debe llevar, para empezar, a errores de interpretación como el incurrido hoy por Fritz Du Bois en su editorial de Perú.21, al calificar a Santos como un aliado de Humala. En realidad, nunca lo fue. Esto fue lo que dijimos en diciembre:

Datos más precisos. Patria Roja no postuló en las últimas elecciones. De hecho, bajo el membrete de Movimiento Nueva Izquierda decidió no ir con Humala por dos choteadas consecutivas en 2005 y 2010. Y casi terminan postulando junto a Fuerza Social. Gregorio Santos no tuvo presencia en la conformación de la lista de Gana Perú en Cajamarca.

Que PR y muchos de los miembros del Frente de Defensa hayan votado por Humala, porque era más afín a sus banderas (y por oposición al fujimorismo), no los convierte automáticamente en aliados.

Tener en cuenta este factor, además, resulta indispensable para que el gobierno, por fin, pueda tener algo de trabajo político en la zona, que vaya más allá de calificar como extremistas a quienes protestan, o lanzar tuits interpretando a Basadre como les da la gana. En Cajamarca, más allá de los líderes, hay un problema de relación de la minería con un sector de dicha región que debe ser solucionado y analizado más allá de si “va o no va” un determinado proyecto minero. Pero para ello resulta necesario tener la información completa y tener tacto, si es que realmente no queremos seguir enfrentando a peruanos contra peruanos.

Y la otra pregunta flotando en el ambiente es ¿cuál será el futuro político de Gregorio Santos?

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A TRES AÑOS DE BAGUA

La historia peruana tiene memorias de valor y de coraje. Pero también de grandes tragedias. Peor aún, de muertes entre peruanos que pudieron evitarse. La historia de Bagua fue, en buena parte, la crónica de un conflicto anunciado. Para entender mejor las razones, vean este video preparado por Fernando Vilchez, con una cronología sobre los sucesos previos al Baguazo. Vilchez hará el próximo año una película que tendrá como base los hechos de hace tres años.

Desafortunadamente, la historia de Bagua también se está volviendo una historia de injusticia. El caso más visible es el de la familia del mayor PNP Felipe Bazán, que hasta el momento no pueden cerrar su periodo de duelo, al no encontrarse los restos de su hijo. Si bien una reciente declaración de muerte presunta les ayudará en todo lo que se refiere a los aspectos patrimoniales, lo cierto es que siguen bregando por hallar su propia paz. La búsqueda de esta familia, encarnada en el padre de este oficial, es la muestra que, cuando ocurren tragedias como ésta, no bastan las reparaciones económicas. Es necesario seguir buscando los restos, para que el tiempo de duelo prolongado pueda encontrar, por fin, un cauce.

Pero tampoco hay sanciones por estos hechos. Como sabemos, en el periodo parlamentario pasado se salvó de la censura a los ministros más involucrados en la cadena de errores que produjo la muerte de policías y de civiles, a pesar que el entonces congresista Güido Lombardi las señaló con claridad. Como recuerda Paco Bardales, aún no responden:

Aquellos, por ejemplo, que segmentaron a la gente, indicando quiénes eran ciudadanos de primera categoría y quiénes no. Como si los peruanos tuviésemos que ser calificados entre quienes tienen el nivel requerido para acceder al paraíso del progreso mercantilista y quienes deben conformarse con seguir siendo testigos lejanos, indignos.

Aquellas, por ejemplo, que dieron la orden de atacar a policías que no tenían la menor idea en dónde estaban. Policías que eran también seres humanos, aterrados de atacar a una población enardecida, sin la debida planificación, sin intentar mantener el diálogo, sin hacer caso a los reportes de Inteligencia.

Y en el Poder Judicial las cosas no andan mejor, como indica Katherine Subirana en El Comercio:

Los tres años que han pasado tras aquel triste día recordado como el “baguazo”, no han hecho sino reafirmar ese dolor. Sobre todo porque a pesar de contar 33 muertos (23 policías y 10 nativos),un desaparecido, decenas de afectados y al menos siete procesos judiciales abiertos, la justicia no señala aún a ningún responsable. Los procesos se dilatan y los expedientes se empolvan en las oficinas de los juzgados de Bagua.

Hay dos civiles en la cárcel esperando juicio, y un tercero cumpliendo arresto domiciliario. Los
afectados aún esperan justicia.

Como comentaba Roberto Bustamante en el Twitter, lo mismo está pasando con otros conflictos sociales:

verdad. a nadie le importan los dos muertos en espinar, ni saber bajo que circunstancias ocurrio su muerte. lastima

Andamos, hasta ahora, entre claroscuros. Se promulgó la Ley de Consulta Previa y se expidió su reglamento, pero, como bien informa La República, hay 9 conflictos sociales latentes en la Amazonía y aun no se aplican estas normas. Si bien la radio La Voz de Bagua pudo recuperar su licencia de operaciones, aún continúa la persecución judicial a sus propietarios, como me indicó hace dos semanas el abogado Roberto Pereira. Y aún no logramos entender que los conflictos sociales no se resuelven a balazos. Hace un par de años, Carlos Meléndez señalaba lo siguiente:

Los conflictos sociales son, en el fondo, demandas sociales insatisfechas, y en tanto éstas logren convertirse en plataformas políticas viables, esa brecha de crisis de representación que repetimos hasta el cansancio podrá acortarse. Pero nuestras élites políticas se han quedado en un país pre-ajuste y se confiesan inútiles para representar al ciudadano peruano del siglo XXI. Y ese ciudadano no eres tú, compadre, que paras todo el día en Facebook, sino el campesino que vive al lado de una explotación minera, el amazónico que de un día al otro se encuentra con un pozo petrolero al frente suyo, pero también es el mototaxista que trabaja en las afueras de las paraditas, el chofer de combi que se pelea por 10 centavos. Bagua importa sobre todo si no dejamos de preguntarnos cómo hacemos para construir un país viable sin que nos cueste tanta sangre.

Quizás la lección más dolorosa que aún no aprendemos de los sucesos de Bagua es que unas vidas no valen más que otras. Y que la discusión política entre peruanos no se debe basar en destruir al otro, como muchos piensan. Ni tampoco en ver las cosas en los reducidos planos de “infiltrados” y “violentistas”. Que la memoria, tan vapuleada en estos años, nos sirva para cambiar, no solo en el plano de las reformas que requiere el Estado, sino también de actitud frente a nuestros propios compatriotas.

RENUNCIAS EN GANA PERU

Hoy la bancada oficialista ha sufrido un golpe duro con la salida de tres congresistas.

La primera salida se produjo en la mañana. Verónika Mendoza, representante por Cusco, hizo pública una carta en la que señalaba su desacuerdo con el rumbo que venía tomando el gobierno. El segundo párrafo de la misma lo resume todo:

A casi un año de gestión del actual gobierno, quiero expresar mi profunda decepción por su actual orientación y comportamiento. El gobierno ha seguido una senda que lo ha alejado progresivamente de los objetivos y de los principios de la Gran Transformación, y en muchos aspectos, también de la Hoja de Ruta.

Mendoza no era una invitada, sino una militante fundadora del Partido Nacionalista. De allí que el golpe haya sido duro y las reacciones encontradas. De un lado, el congresista Sergio Tejada indicó:

le di públicamente mi respaldo frente al cargamontón pero no comparto su decisión de renunciar.

Mientras que, en el lado más duro del nacionalismo, Fredy Otárola enunciaba (vía El Comercio):

“Tenía mucho futuro, tenía mucha proyección, pero cayó, pues, en posiciones extremistas que le hacen daño a nuestra bancada” dijo de la cusqueña, que criticó la represión policial de las protestas antimineras en Espinar .

Otárola añadió que ya había indicios de que Mendoza iba a tomar esta decisión: “Es una opción democrática la que ella ha elegido y como bancada no queda otra cosa que desearle lo mejor, sin dejar de rechazar tajante y enfáticamente las antojadizas declaraciones de su comunicado”.

A pesar de que los también oficialistas Rubén Coa (actualmente en Espinar) y Hernán De La Torre respaldaron las protestas en la referida provincia, Otárola indicó que se trataron de “discrepancias coyunturales” y la bancada “está sólida”: “Seguimos siendo la más grande, la más ideológicamente cohesionada”

Claro, a esta altura, las últimas frases bien pudieron haber sido pronunciadas en “Los Chistosos”.

Acusando el golpe, Nadine Heredia volvió a tuitear, luego de varios días, con el siguiente mensaje:

La esencia no ha cambiado: “la transformación gradual y persistente”. El diálogo el mejor y más seguro camino, con voluntad de ambas partes.

Y cuando ya todos se preguntaban – para variar – que habría querido decir la esposa del Presidente de la República, llegó la noticia bomba: Javier Diez Canseco y Rosa Mavila también se apartaban del oficialismo. Según indica escuetamente la cuenta oficial de la bancada en Twitter:

Congresistas Diez-Canseco y Mavila presentaron hoy renuncia a Grupo Parlamentario a las 17:12 horas en carta dirigida al Presidente Humala.

La carta de ambos es bastante dura. En ella se menciona que se faltó a la palabra empeñada y se mencionaron como factores coyunturales la propia ruptura de Gana Perú como alianza, la presencia de Valdés en el gabinete, Conga, el incumplimiento de varias promesas electorales o su deformación, Espinar, así como las divergencias por el manejo de la bancada.

Aún no se sabe si habrán más renuncias en la bancada y si también se producirá la salida, por voluntad propia, de Aida García Naranjo de su puesto de embajadora en Uruguay.  Tampoco se sabe si estos tres congresistas formarán grupo propio, aunque hoy Juan Sheput prácticamente les abrió las puertas de Perú Posible a los posibles disidentes.

¿Qué factores hay para la crisis en la bancada de gobierno, más allá de la carta? El factor central fue la notoria divergencia entre el gobierno y un sector de la bancada. Dos son los temas centrales. El principal, un manejo de los conflictos sociales que se asemeja en mucho, en términos represivos y en pobre comprensión de las realidades regionales, a los gobiernos anteriores. El segundo es la presencia de Óscar Valdés como cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ambos enunciados en la misiva de Diez Canseco y Mavila y, el primero, parte central de la salida de Mendoza.

Un segundo factor, en el que los sectores más hacia la izquierda cometieron un error, fue en pensar que el plan que se aplicaría era el original. Y no sólo porque las gestiones de Lerner – más cercana a la Hoja de Ruta – o de Valdés – más a la derecha que el citado documento – no iban en esa dirección. Desde la izquierda no cayeron en cuenta hasta después de la toma de mando que la real gran transformación era la de Ollanta Humala, quien nunca tuvo mayores convicciones ideológicas. A ello sumemos que no tenían mayor base social para presionar por dichos cambios.

Un tercer factor a considerar es el mencionado esta mañana por Carlos Meléndez en RPP: la tensión entre la gobernabilidad económica y la representación política. Claramente, los congresistas disidentes del oficialismo optaron por esta última. Y en un gobierno con reflejos meramente reactivos (y crecientemente represivos), esta tensión se hizo aún más notoria. De hecho, el gobierno pudo evitar esta crisis en su bancada si es que jugaba algo más al centro o si, desde el vamos, aclaraba internamente cuál iba a ser el rumbo de su gobierno.

Y he allí el cuarto factor de la ruptura: la pobre comunicación entre la bancada Gana Perú y Palacio de Gobierno. Desde hace meses algunos medios mencionan la notoria vocación desde el Poder Ejecutivo porque su bancada sea una mera mesa de partes de sus iniciativas, sin mayor discusión. Y ello, sumado al manejo dado por Otárola al grupo parlamentario, ha creado tensiones, resistencias y, ahora, renuncias.

Finalmente, en el centro de todo, está una cuestión política que Ollanta Humala no puede ignorar. Como señala Álvarez Rodrich:

Pero el fondo del asunto es político, en la manera de plantearlo y encararlo, y eso pasa por la necesidad de que el gobierno obtenga la capacidad de dialogar y explicarle al país y a cada región y localidad específica, sus planes y por qué ha cambiado de ideas sobre la relación entre la gente, la inversión y el gobierno.

El camino más fácil para el gobierno, sin duda, es dejarse aupar por quienes ya están solicitando subirse al coche, como el sector más extremo de nuestra derecha criolla. Pero el más efectivo, sin duda, es el arriba enunciado. Y para el sector disidente, sin duda, queda como lección que, si no construyen una alternativa propia y viable, serán presas fáciles del caudillo de turno.

GESTIONANDO EL CONFLICTO

Duele lo ocurrido en Espinar. Esta semana hemos vuelto a vivir un drama que cada cierto tiempo se repite: fallecidos en protestas sociales (frente a quienes algunos peruanos no sienten empatía, a pesar de vivir en el mismo país), problemas para hacer respetar el Estado de Derecho, posiciones maximalistas, caricaturización de las posturas encontradas y, sobre todo, una nueva comprobación de las dificultades del Estado peruano para gestionar los conflictos sociales.

Sobre este último tema, resulta calamitosa la situación de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros. No solo se ha incumplido la promesa de Oscar Valdés de convertirla en una Dirección Nacional de Prevención y Solución de Conflictos Sociales, con capacidad de reacción y oficinas en todo el país, sino que esta dependencia no cumple con la función para la que fue creada. Y lo ocurrido en Espinar lo demuestra.

Basta hacer una búsqueda en Google para encontrar un estudio efectuado por el ex viceministro José de Echave sobre la conflictividad alrededor de la mina Tintaya durante las últimas décadas. Este documento, elaborado en 2009, muestra los cambios en la propiedad o concesión del yacimiento, narra las protestas producidas casi siempre en mayo e incide en dos puntos permanentes de reclamos en Espinar: mejora de las condiciones ambientales y mayor participación en los beneficios de la actividad minera en la zona.

Asimismo, se puede ubicar un diagnóstico sobre conflictividad minero – ambiental en Cusco, elaborado en febrero de 2011 para el CIES, en el que se halla una información importante: “El conflicto Tintaya – contra lo que afirma la minera – está lejos de ser resuelto y con ocasión del nuevo proyecto minero (Antapacay) puede reeditarse en niveles mayores cuando se presenten las condiciones”. Peor aún, este diagnóstico señala la inexistencia de un sistema regional en Cusco de gestión de este tipo de conflictos, siendo tardía y centralista la reacción frente a ellos.

Luego de leer ambos estudios, concluyo que el esfuerzo de buenas relaciones comunitarias impulsado por BHP Billiton y que continuó Xstrata no tenía bases sólidas. Más allá de la buena voluntad de los funcionarios de ambas empresas en estos esfuerzos, obviar al Estado en las negociaciones con las comunidades, más allá que pudiera hacerlas más lentas, demostró ser un grave error. De un lado, porque cada negociación buscaba apagar el fuego de la protesta coyuntural. De otro lado, al afianzar la idea que las empresas debían reemplazar el rol estatal como suministrador de servicios e ignorar su necesidad como árbitro ante el desencuentro de intereses.

Precisamente el diagnóstico encargado por el CIES tenía como objetivo final proponer la creación de un sistema nacional de gestión de conflictos, que tenga autonomía, recursos y carácter descentralizado. Pero dado el estilo y precariedad actual del Presidente del Consejo de Ministros, dicha idea deberá esperar a su sucesor. Claro está, si Humala no yerra al reemplazarlo por alguien del mismo perfil.

(Columna publicada en El Comercio el 01.06.2012)

POST SCRIPTUM: El viernes último, en Canal N, se le preguntó al Presidente del Consejo de Ministros sobre esta columna y el tema central de la misma. Valdés señaló que “estaban trabajando en ello” y luego indicó que era difícil conseguir personal que pudiera asumir las responsabilidades posteriores (léase, juicios) que a veces conllevan los cargos públicos. Esta última muletilla fue repetida, en torno a otro tema, ayer domingo en Cuarto Poder. A mi modo de ver, dicha respuesta confirma mis impresiones publicadas el viernes en EC.

MAS SOBRE EL TEMA:

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Ojo al dato: en Puno el 50% de los conflictos sociales se vinculan a minería

(Foto: El Comercio)