CASO PALMA: INTERCEPTACIONES Y CLIMA ENRARECIDO

Con el título de este post, no me refiero al otoño primaveral que vive Lima. Sino a algunas cosas que vienen pasando en la política peruana y que, en la coyuntura actual, cobran mayor interés y preocupación.

El último domingo, La República publicó un reportaje de Marco Sifuentes, editor de INFOS, en relación con una arista de las investigaciones en el caso Rudy Palma, ex periodista de Perú.21 que viene siendo procesado por ingresar a los correos electrónicos de varios funcionarios públicos.

En su reportaje, Sifuentes dio a conocer que, a solicitud del Ministerio Público, desde el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial se ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de 18 personas, por un plazo de 60 días (hoy El Comercio indica que eran 21 personas), en vinculación con las investigaciones de este caso. Entre las 18 personas intervenidas se encuentran el congresista Luis Galarreta, 8 periodistas, amigos y familiares de Palma, así como otras personas que se vincularon al periodista por cuestiones laborales y personales.

Si bien el levantamiento del secreto de las comunicaciones ordenado por un juez – a pedido de un fiscal – está contemplado por nuestra legislación procesal penal, toda medida limitativa de derechos debe implicar un análisis de su necesidad y racionalidad.

Y eso es lo que se cuestiona a lo largo del reportaje, por dos razones fundamentales. La primera de ellas, tiene que ver con la hipótesis de investigación que está manejando el Ministerio Público: la existencia de una organización criminal.

Y, hasta el momento, como ha señalado Sifuentes así como otras personas que han podido tener acceso a información sobre este caso, dicha tesis no se sostiene, más allá de las teorías de la conspiración ocasionadas por las antipatías que tiene el medio en el que trabajó Palma (y así no se construye un caso).

Como lo han referido varios medios, fue el ministro de Comecio Exterior y Turismo José Luis Silva Martinot quien denunció la intrusión a su correo electrónico – tema del que se percató por correos amenazantes sobre cuestiones de índole personal y familiar – y así se dio con Palma. El problema para el ministro es que, como ha indicado la revista Caretas la semana pasada, dichos correos han seguido apareciendo, con Palma ya en prisión.  Por la evidencia presentada hasta el momento, cualquiera pudo entrar al correo del referido funcionario.

Y, debemos añadir, más allá que el ministro Silva tenga el derecho de salvaguardar su intimidad personal, es necesario que se pronuncie de una buena vez sobre las repetidas versiones de su presencia en la DININCRI, como posible mecanismo de presión.

La segunda razón, demostrada en el reportaje, es que las 18 personas cuyo secreto de las comunicaciones fue levantado no tenían vinculación alguna sobre el caso, dado que no hablaban con Palma hace meses o solo tenían vinculación laboral o personal con él. Quizás la situación más ridícula sea la vinculada al gimnasio al que Palma acudía:

El caso del gimnasio ilustra muy bien el arbitrario criterio utilizado para determinar qué números se iban a intervenir. Su personal, sin saber que Palma había sido detenido, estuvo llamando a su celular para saber por qué no se había presentado para su rutina habitual.

El caso se complica más por otros personajes interceptados. En el caso de los 8 periodistas, las conversaciones interceptadas pudieron revelar a algunas de sus fuentes. Recordemos que la Constitución salvaguarda que los periodistas mantengan a sus fuentes en absoluta reserva. Y dicha medida se hace aún más gravosa cuando no tiene mayor fundamento.

Pero el tema ha tenido mayor relevancia por el congresista Galarreta. Como parlamentario opositor, no solo ha cuestionado la medida en sí misma – de hecho, ya se armó la discusión sobre si la medida está o no cubierta por la inmunidad parlamentaria – o el plazo final de su ejecución (la Fiscalía dice que fueron 48 horas, al final, mientras que el parlamentario dice que más tiempo). También acusa que esto tiene un móvil político, vinculado a la elección de los directores del BCR o a su posición contraria a la delegación de facultades tributarias.

Si bien Abugattás y Marisol Espinoza han descartado cualquier acción del gobierno en ello y han respaldado a Galarreta, la arbitrariedad de la medida hace que viejos fantasmas y suspicacias aparezcan en el ambiente. De allí que la OCMA anunció ya una investigación sobre el caso.

¿Por qué esta investigación ha terminado yéndose de cauce? Los más suspicaces señalarán que el gobierno tiene una animadversión especial contra Perú.21, un diario que es de nítida oposición a Humala, más aún cuando en Palacio están preocupados por el tratamiento mediático de los conflictos sociales, como señala Mirko Lauer en su columna de hoy (aunque lo de la “humanización” de los líderes de las protestas no aplicaría a este medio). Mientras que otras versiones apuntarían a los defectos de investigación que tiene el Ministerio Público desde hace varios años y que, como hace notar Wilfredo Ardito, también se arrastran a los conflictos sociales.

Ello, más aún, en un clima político que, como señala Carlos Meléndez en su columna de hoy en El Comercio, al estar tan polarizado, hace que todo se vea con el cariz de la manipulación y la desconfianza mutua.

Como señaló el abogado Miguel Morachimo en relación con este caso “si se desestima el cargo de los secretos estatales, esta es una oportunidad excelente para el Estado de demostrar cómo se puede impartir justicia y condenar a periodistas por delitos que efectivamente cometieron sin poner el riesgo las garantías para la libertad de expresión”. Sin embargo, este proceso penal, con todos los errores cometidos – de los que habrá que determinar si hay torpeza o dolo – , ha terminado con tantas irregularidades que, a la larga, parece que importara poco esclarecerlo en serio.

De hecho, al cierre de este post, el Ministerio Publico ha dejado sin efecto el nombramiento del fiscal William Montes, encargado del caso, en tanto duren las investigaciones. Esta novela tiene aún para rato.

(Foto: La República)

3 thoughts on “CASO PALMA: INTERCEPTACIONES Y CLIMA ENRARECIDO

  1. Señor Godoy:

    1. Primer acto: La Fiscalía pasa por encima todo y encarcela al alcalde de Espinar. Aplausos a la Fiscalía (“Estamos en un estado de derecho”).

    2. Segundo acto: La Fiscalía interviene los teléfonos de un congresista de derecha. Pifias a la Fiscalía y piden la cabeza del los implicados. (“Ha sobrepasado sus funciones”).

    3. Tercer acto: La Fiscalía se pone rodilleras para pedirle perdón a los poderes económicos que gobiernan al Perú (“La ley no es igual para todos”).

    Muchas gracias.

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