EL COMANDANTE Y ESPINAR

Anoche el gobierno decidió declarar el estado de emergencia en Espinar, provincia de la región Cusco. Ello luego de que las protestas que desde hace una semana se producen en la zona cobraran el saldo de 2 civiles muertos aparentemente por heridas de bala (otras versiones hablan de 4 fallecidos), varios heridos (tanto policías como ciudadanos) y el secuestro por horas del fiscal provincial de la zona. A ello se suma la destrucción de propiedad privada.

Para variar, el Estado reacciona luego que se han producido ya fallecidos y luego que, el viernes último, el Presidente de la República acusara de radicales a quienes salieron a protestar. Cualquier parecido con los gobiernos anteriores no es mera coincidencia.

Como aquí procuramos analizar más allá de las posiciones que buscan satanizar a la empresa o a quienes se manifiestan, resulta necesario explorar cuales son las razones del conflicto en frío. Aquí van las que consideramos importantes.

1. LAS DEMANDAS MAS VISIBLES: Dos han sido los puntos de protesta más visibles. El primero de ellos, enunciado por dirigentes de Espinar, se refiere a la acusación hecha contra la empresa suiza Xtrata de no cumplir con los compromisos de empleo a favor de los ciudadanos de la zona ni con estándares ambientales. Aquí el video de El 11 Informa:

El segundo punto en disputa es el incremento del aporte voluntario dado por la empresa minera a Espinar. Xtrata da a las comunidades un 3% de utilidades antes de impuestos. Desde la Municipalidad Provincial de Espinar se solicita que este aporte se incremente a 30%. Como indica un informe de Ricardo Uceda para Poder, los detractores del alcalde Oscar Mollehuanca señalan que dicho pedido, además de desmesurado, no se condice con el pobre nivel de ejecución de gasto del municipio.

2. EL CONTEXTO REGIONAL: Como señala la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, estos dos puntos deben ubicarse en un panorama mayor.  Y es que en 2003, BHP Billinton, la empresa que explotaba Tintaya – la mina que está en Espinar – suscribió un Convenio Marco con las comunidades de la zona, en la que se comprometía a una serie de acciones de responsabilidad social y de buenas relaciones con los ciudadanos. En 2006, Xtrata pasa a operar el yacimiento y, luego de 6 años, se acusa a la empresa de incumplir con varios de estos compromisos, así como de contaminación ambiental.  La compañía señala que sí ha cumplido con los compromisos, pero que está dispuesta a dialogar. Claro, esta declaración la dan luego de varios días de silencio.

Frente a ello, la Vicaría ha señalado tanto la necesidad de suscribir un nuevo convenio marco, esta vez con Xtrata, así como de realizar peritajes independientes en materia ambiental, que determinen si existen niveles de afectación de la salud de los ciudadanos de Espinar, así como al ecosistema.

Para muchos resulta curioso que esto ocurra en una zona que, durante varios años, fue vista como sinónimo de buenas relaciones entre la empresa minera y las comunidades. Aunque ya en diciembre del año pasado, La República señalaba algunas dificultades:

El caso de la empresa Xtrata Tintaya es también destacable. Desde el 2003 entrega el 3% de sus utilidades para obras en la provincia de Espinar, en el Cusco. Hasta el 2010 entregó 140 millones de soles para ejecutar 633 proyectos, entre los cuales está la construcción de un hospital. Este acuerdo, sin embargo, no está exento de reclamos. El Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar la denunció por contaminación ambiental y reclama un aumento de su aporte.

Tal vez la explicación más certera sobre el cambio en la relación se genere, además de los reclamos, en lo que señala la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani sobre la percepción de un sector de ciudadanos que percibían preferencias de Xtrata hacia un grupo de pobladores de Espinar. Ya en el plano más coyuntural, habría que poner atención a lo precisado hoy por José López Follegati para La República:

La posición inicial del alcalde Óscar Mollohuanca de demandar un aumento en la participación de las utilidades para mejorar el convenio marco y de hacer que estos fondos sean manejados por una entidad independiente y no por la Fundación Tintaya, además de mejorar el monitoreo ambiental, han sido propuestas al inicio razonables considerando que el proyecto Xstrata va a crecer con Antapacay y posiblemente con Korohuayco.

Pedir el aumento es correcto, pero pedir 30% fue demasiado; también fue incorrecta la réplica de la empresa al decir que no aceptará aumento económico. Fue un error no aceptar negociar hace dos meses cuando aún no había conflicto. Hoy Mollohuanca ha sido capturado por una agenda imposible de manejar, como la del dirigente Herbert Huamán, que ya no quiere ni siquiera mejorar el convenio marco sino cerrar la mina engañando a una población que cree que esa es la solución.

3. EL PROBLEMA NACIONAL: Ahora volvamos al panorama nacional. Al igual que en el caso Conga, lo que demuestra el conflicto en Espinar es que el gobierno no tiene en la agenda inmediata los cambios necesarios en la normativa ambiental y para enfrentar la conflictividad social. Puntos que están enunciados hace años, como recuerda Ernesto de la Jara:

Sin ser un experto en el tema, más que propiciar enfrentamientos lo que se debería hacer es buscar alianzas en torno a puntos básicos como los siguientes: 1) Hacer un ordenamiento territorial para saber dónde puede haber industrias extractivas y dónde es mejor preservar tal cual el medio ambiente o priorizar actividades agropecuarias. 2) Establecer estándares medioambientales racionales. 3) Asumir todas las consecuencias que se derivan del hecho de que el Estado es el dueño del subsuelo; pero los pueblos indígenas, del suelo, desde tiempos inmemoriables. 4) Convocar a una instancia independiente para que realice los estudios de impacto social y ambiental. 5) Respetar el derecho de consulta de los pueblos indígenas de acuerdo –ni más ni menos– al Convenio Nº 165 de la OIT. 6) Crear una vía institucional encargada de prevenir y resolver los conflictos a fin de terminar con las mesas de negociación ad hoc. 7) Mostrar transparencia en la información. 8 Aceptar que no es cuento que somos un país pluricultural y que jurídicamente es obligatorio respetar esa diversidad. 9) Precisar claramente y de acuerdo a ley las competencias de los gobiernos centrales, regionales y locales. 10) Pactar y cumplir el derecho que tiene la población afectada a tener un beneficio directo, así como indemnizaciones sobre riesgos. 11) Investigación y sanción penal en caso de delitos, tanto para quienes incurren en actos de violencia durante las protestas sociales como para las empresas y funcionarios públicos que cometen actos de corrupción para lograr beneficios estatales. 12) Establecer formas adecuadas y proporcionales para responder a protestas sociales, de tal manera que se impida los actos de violencia como las muertes y los heridos entre la población civil y uniformada. 13) Asumir que esto va más allá de unos cuantos casos y que, por tanto, se requiere urgentemente un diagnóstico adecuado (no ideológico) que permita una propuesta global. 14) Asumir un cambio de mentalidad que genere una nueva relación entre Estado, empresa, pueblos indígenas, población local y opinión pública para terminar con la desconfianza entre todos. Ni todas las empresas son malas, ni el Estado siempre es unilateral o cómplice, ni la población actúa necesariamente por motivaciones oscuras.

Desafortunadamente, esta agenda resulta difícil de plantear con un Presidente del Consejo de Ministros poco proclive al diálogo y un gobierno que no ha sabido equilibrar las necesarias señales a los inversionistas que estaban asustados con que sus inversiones se afectaran con las expectativas de muchos ciudadanos que esperaban una relación distinta en el manejo de este tipo de conflictos.

Al carecer de un juego político amplio y de operadores en el sentido estricto de la palabra, priman tanto quienes propugnan el “meta bala” como única solución ante los conflictos sociales como quienes interpretan que “hacer caso al pueblo” significa mandar al diablo a todo tipo de inversión privada.

4. ¿EL FACTOR ARANA?: Como el alcalde Mollehuanca pertenece al movimiento liderado por Marco Arana, inmediatamente han surgido las versiones que buscan vincular al lider de Tierra y Libertad con estas protestas, señalando que se busca generar un “efecto pinza” antiminero tanto en el norte como en el sur del país.

No se puede dejar de lado que desde esta agrupación se tiene una visión que busca priorizar otras actividades (agricultura, turismo, etc.) antes que a la minería. Nosotros discrepamos de este punto de vista, pues consideramos que todas las actividades económicas deben integrarse en planes de desarrollo que las hagan conjugar en la medida de lo posible. Sin embargo, creemos que poco contribuye a entender lo que ocurre en estos conflictos sociales tanto la satanización como la sobreestimación de la fuerza de esta agrupación política.

Como señaló hace algunos años Carlos Meléndez, en relación con el Humala opositor:

Segundo, no existe tal actor social o político organizado y poderoso que esté detrás de generar un clima de desgobierno (como lo fue el MAS en Bolivia). Son –y voy a insistir en esto—operadores políticos con discursos radicales pero aislados, producto de una política fragmentada y abandonada por los partidos. Patria Roja tiene importancia secundaria, a mi parecer, pues su alcance y legitimidad no convocan multitudes.

De hecho, como señaló Santiago Pedraglio, dentro del propio espectro de izquierda existen posiciones distintas sobre los recursos mineros: una posición enfatiza más en el tema de la renta y otra en el tema del medio ambiente. Arana está más cercano a esta última posición. Estos matices deben distinguirse para apreciar mejor el fenómeno y los distintos intereses en juego.

5. EL MAL MANEJO POLICIAL DE ESTAS SITUACIONES: Finalmente, cabe insistir que mantener el orden en protestas sociales puede hacerse de otra manera. Hace algunos meses, señalaba Carlos Basombrío:

armas no letales y de última generación (altísima disuasión + protección de vida de manifestantes y policías) es lo que debe usarse en protestas sociales. Hemos regresado a la época de las cavernas en la que o se permite que los manifestantes hagan destrozos o se los mata. Falsa disyuntiva. Ni una ni otra. A diferencia de antes, hoy el dinero existe.

Pero lamentablemente, la voluntad no está presente en el gobierno, en este y en otros temas. Un mundo sin conflictos es imposible, el tema es saber como manejarlos. Y hasta ahora, Humala anda tan despistado como sus antecesores.

MAS SOBRE EL TEMA:

Javier Torres Seoane: Un gobierno sin reflejos

Editorial de El Comercio: Las coincidencias no existen

En Ideele Radio, Javier Diez Canseco pide la renuncia de Valdés

Vicaría de la Solidaridad de Sicuani denuncia detención arbitraria de algunos de sus trabajadores

Actualidad Ambiental: 14 fallecidos por conflictos sociales en gobierno de Humala

One thought on “EL COMANDANTE Y ESPINAR

  1. El buen Basombrío, que reconozco conoce sobre el tema, debió aplicar lo que dice con sus armas disuasivas en la época que era gobierno con Toledo. ¿Qué no había plata en esa época? En vez de gastar millones en crear gobiernos regionales improductivos, que encima terminaron en su mayoria en manos del APRA, se debió hacer algo con las protestas en ese sentido. Toledo llegó a tener 8% de aprobación y hasta se censuró a Rospigliosi por lo de Arequipa. Los antauristas-ollantistas también dieron su cuota de violencia en Andahuaylas.

    El problema, que hasta ahora pervive es que los fundamentalistas de la tibiesa política y el político correctismo, nos han hecho creer que poner orden y autoridad es caer en el autoritarismo. Con esa bobería la democracia sucumbe.
    Slds.

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