OTRA VEZ LA LEY MORDAZA

En diciembre del año pasado, el Congreso de la República aprobó un proyecto de Ley para penalizar con 2 a 4 años de prisión a quienes difundan comunicaciones obtenidas ilícitamente. Esta iniciativa, presentada por el congresista Javier Bedoya de Vivanco, contemplaba como única excepción a la divulgación las comunicaciones que revelen “un contenido delictivo perseguible por acción penal pública”.

En dicho momento, criticamos esta norma por dos motivos claves. La primera, su motivación real. Como expuso el congresista Bedoya, esta iniciativa surgió a partir del caso de los famosos audios de Lourdes Flores difundidos por Jaime Bayly en las últimas semanas de la campaña electoral municipal de 2010. Para Bedoya y un grupo de militantes del PPC, existe aún la creencia que Flores perdió gracias a los audios, cuestión que es bastante discutible, tanto a la luz de las encuestas de la época, como de un análisis más fino de lo que fue dicha campaña electoral.

La segunda era la redacción poco feliz de la norma en cuestión. Roberto Pereira, abogado del Instituto Prensa y Sociedad, mencionó los errores:

El problema de esta ley es que exime de responsabilidad únicamente los casos donde lo que se difunda sea perseguible penalmente o que contravenga el ordenamiento legal. Esto limita la difusión de contenidos.

Va a pasar que muchos contenidos de interés público no van a poder ser difundidos porque no califican como contenido delictivo o no contravienen el orden legal. Por ejemplo, si un funcionario público acuerda con otro dilatar una negociación en una protesta social, tener actitudes contrarias a un determinado órgano o conspirar políticamente desde el gobierno, esas conductas no son necesariamente delictivas ni contravienen el orden legal, pero sí son éticamente reprobables.

Lo clave es el interés público. Si hubieran puesto que está exenta de responsabilidad la información que contenga interés público, habría sido una mejor salida. Con esta ley se limita la libertad de prensa, pues muchas cosas de interés público no se van a poder difundir.

En enero pasado, el Presidente de la República observó la llamada “ley mordaza”, contemplando varios de los argumentos esgrimidos en contra de la misma. Dos de ellos son los más significativos:

4. Asimismo, en el último párrafo es pertinente sustituir la frase “(…) o que contravengan el ordenamiento legal vigente” por la frase “o que sean de interés público”. Se debe tener en cuenta que en algunos casos una conducta puede no contravenir el ordenamiento legal vigente pero sí podría ser de relevancia pública y por lo tanto, su difusión debería estar permitida. El interés público deberá ser concretado teniendo en cuenta cada caso concreto y a partir de la técnica de la ponderación de determinados criterios que han sido establecidos por la práctica jurisprudencial de los tribunales nacionales e internacionales así como por la doctrina especializada en la materia.

5. Por último, debe precisarse que la referida difusión de comunicaciones que tuviesen un contenido delictivo perseguible por acción penal pública o que sean de interés público estarán exentas de responsabilidad penal siempre y cuando el que difunde no haya tenido intervención directa ni indirecta en la obtención ilícita de dichas comunicaciones.

A pesar de estas observaciones atendibles y bastante bien fundamentadas, la Comisión de Justicia del Congreso de la República, en votación dividida, aprobó insistir con el proyecto original. Para que dicha insistencia sea válida, el pleno del Congreso de la República deberá aprobarla con 66 votos como mínimo. Si ello llega a ocurrir, la norma no podrá volver a ser observada. Y claro, se tendrán los mecanismos del Tribunal Constitucional y las instancias internacionales pertinentes para sacar del ordenamiento jurídico una norma que, desde nuestra consideración, es inconstitucional.

A los argumentos ya señalados, se suma otro, mencionado por Roberto Bustamante: la difusión de este tipo de contenidos en redes sociales, que no es contemplado en la norma:

Por otro lado, podría provocar que cierto material solamente sea accedido por un público privilegiado que hoy por hoy accede a ciertas redes en internet (por ejemplo, las encuestas que se filtraron días antes de las elecciones, a través del uso de metáforas tipo “el wantán viene bajando de precio”). La Ley Bedoya sin ser una mordaza perfecta, en la práctica va a ser una prohibición que lo único que va a generar es una mayor circulación ilícita por las redes. ¿Y qué van a hacer cuando eso suceda? ¿Prohibir acceso a sitios web? Más castigo no necesariamente resuelve el problema (como cuando piden pena de muerte para los violadores).

Este argumento, mencionado esta mañana por Anibal Quiroga como por Víctor García Toma como un defecto más de esta norma, debería llevar, junto con los demás motivos antes expuestos, a que los miembros del Congreso de la República hagan una reflexión mayor sobre un tema delicado, que puede afectar la libertad de expresión y que puede ser el refugio de políticos cuestionados. Claro está, desde el lado del periodismo, debe acompañarse la protesta con una reflexión más nítida sobre los límites de la profesión y los mecanismos de autorregulación.

3 thoughts on “OTRA VEZ LA LEY MORDAZA

  1. Muchas veces discrepo contigo, pero en esta estoy TOTALMENTE de acuerdo con el rechazo por completo a una norma de este tipo.
    Yo propongo la libertad del ser humano como regidora de sus decisiones, cada uno debería ser capaz de tomar las mejores decisiones sobre lo que hace en su vida y con su vida, ellas incluyen escoger la fuente de información y la validez y valor que cada uno le da.
    No deberían existir normas u organismos que limiten el acceso de los ciudadanos a información, sea conseguida de manera legal o no.
    Lo que debe estar restringido es la creación y difusión de información falsa o que atente contra la intimidad de las personas.

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  2. Actualmente es imposible poner en práctica la llamada ley de la mordaza. No se olviden de los Wikileaks.
    Hoy, es posible saber todo por miles de millones de canales informáticos.
    Nuestros parlamentarios todavía siguen en la edad de las cavernas con disculpas de los trogloditas.

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  3. Normas de este tipo lo único que pretenden es que la corrupción siga reinando.
    Lo que deben de penalizar es la mentira que difunden diarios que se consideran dueños de la verdad, o que con comportamientos sibilinos intentan transformar las mentiras en verdad. Menos mal que los ciudadanos cada día mejoramos nuestra capacidad reflexiva.

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