COMUNICORE: EL INFORME GLAVE

Ayer, vía IDL-Reporteros y Prensa Libre, se ha conocido parte del contenido del informe de la comisión investigadora de la Municipalidad de Lima sobre el caso Comunicore, presidida por la regidora Marisa Glave. Antes de analizar lo que se ha conocido del informe, recordemos un poco de que va este caso.

En diciembre de 2009, el periodista Daniel Yovera comenzó a presentar los indicios sobre una extraña operación de compra de una deuda de la Municipalidad de Lima, contraida con Relima, la empresa encargada del recojo de la basura.

En resumen, en septiembre de 2005, la Municipalidad Metropolitana de Lima se había comprometido a pagar una deuda de 35 millones de soles a Relima, la empresa encargada de la limpieza de la ciudad, en el plazo de 10 años. Poco después que se terminara de formalizar las condiciones del pago, el 20 de diciembre de 2005, la empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (Comunicorecompró la deuda a Relima por 14.5 millones de soles. En enero de 2006,la Municipalidad pagó en una sola armada la deuda original de 35 millones de soles a Comunicore. Luego de ello, la empresa desapareció del mapa.

De allí comenzaron a destaparse varias cosas que fueron configurando una operación bastante complicada e irregular: la transformación de Comunicore en otra empresa cuyos directivos eran personas con poca capacidad económica, versiones contradictorias sobre las partidas utilizadas para el pago de la deuda, el retiro sistemático de dinero de la cuenta de Comunicore por ciudadanos de escasos recursos económicos (y hasta hoy no se sabe el destino final del dinero), conversaciones sobre el supuesto rol de Castañeda, contactos de alto nivel de los funcionarios implicados en el caso y supuestos ahorros que según la Contraloría no fueron tales.

Tanto la Contraloría como el Ministerio Público confirmaron que el tema merecía investigarse ante tribunales, en un procso que actualmente involucra a 14 ex funcionarios de la Municipalidad, pero en el que el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio ha quedado excluido.

Pero el informe de la MML no solo involucra a Castañeda, sino que termina poniendo el caso en su justo nivel: un daño importante a la Municipalidad de Lima. Veamos los dos puntos claves:

LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE RELIMA

El Informe Glave indica que dos actos aparentemente inconexos tienen relación. El primero de ellos es la renovación del contrato con Relima, a pesar que la empresa no había cumplido con varias condiciones del mismo. Señala Daniel Yovera para IDL-Reporteros:

el Municipio ya había renovado el contrato por diez años más con Relima, el 4 de agosto (de 2005, nota de DTP), pese a que varios informes legales internos y externos de esa época, dieron cuenta de una larga lista de incumplimientos del contrato de parte de la empresa brasileña. Por eso, la comisión Glave considera ‘irregular’ esa renovación, “dado que la administración municipal (en coordinación con Relima y Comunicore) privilegió los intereses privados en desmedro del interés público”.

Ese mismo 4 de agosto, a partir las 4:30 de la tarde, sucedieron tres acciones en tiempo récord: se aprobó la renovación del contrato en la Comisión de Asuntos Legales, pese a no ser punto de agenda; se aprobó lo mismo en Sesión de Concejo, entre 5:05 de la tarde y 7:20 de la noche; y minutos más tarde, se suscribió el nuevo contrato 2005-2015. Gracias a ello, Relima recibe hoy un pago anual de casi S/. 55 millones por el servicio de limpieza del Cercado de Lima.

El tema es que hay un tema en las actas de las sesiones de la Comisión de Asuntos Legales que se debe aclarar:

La primera acta, No 39, corresponde a una sesión extraordinaria que se inicia a las 3 de la tarde, y no indica como punto de agenda la renovación del contrato; la segunda, No 40, es de una sesión ordinaria que indica que “se continuó tratando el tema de la renovación del contrato”. Extraño, pues en la primera sesión este asunto nunca se trató. Se trata, para la comisión, de dos sesiones superpuestas y con contenidos distintos, en las que, coincidentemente, el teniente alcalde Marco Parra –quien presidía la citada comisión– “pasó a retirarse”.

“En consecuencia –dice el informe final– existen indicios razonables de la comisión del delito de falsificación de documentos, el que, aún de no comprobarse, añadiría un hecho más a favor de la hipótesis sostenida sobre la intención de renovar el contrato de todas maneras, haciendo lo que fuera necesario hacer, incluso si se rompía –como parece haber sucedido- la legalidad”.

LA OPERACION COMUNICORE Y EL CONOCIMIENTO DE CASTAÑEDA

El segundo caso vinculado es el de Comunicore en sí. Para pagar la deuda, la Municipalidad de Lima se endeudó con dos bancos, pero para ello infló las deudas:

Ese crédito debía supuestamente servir para que la comuna pague S/. 23 millones al Wiese Sudameris, otros S/. 17 millones al mismo banco por una deuda de EMAPE, S/. 16 millones a Interbank, y S/. 31 millones al BCP.

Sin embargo, la comisión ha encontrado que la deuda total de S/. 87 millones estaba inflada varios millones. Por ejemplo, la deuda real de EMAPE no era de S/. 17 millones, sino de S/. 13 millones.

Pero EMAPE no necesitaba ese dinero y nunca lo pidió para pagar su deuda con el Wiese. De hecho,semanas después de recibir el dinero, el gerente de Finanzas edil y hombre de confianza de Castañeda, Juan Blest, le pidió que se lo retorne a las arcas municipales. Así es como retornaron S/. 13 millones, los mismos que, sumados a S/. 8 millones que no se precisaron desde el comienzo, generaron los S/. 21 millones que la gestión de Castañeda estaba buscando para pagar el grueso de la deuda a Comunicore.

Según el informe Glave, “los S/. 21 millones sobrevaluados mediante un proceso de encubrimiento, se hicieron pasar como recursos propios y así fueron presentados ante el Congreso de la República”, que el año pasado indagaba por el asunto.

Por eso es que nunca pudo explicarse en la Municipalidad de qué partida salió la plata. En realidad, no salió de ninguna partida, sino que se contrajo una deuda para pagar otra deuda apresuradamente y, como hoy sabemos, con perjuicio a la Municipalidad.

¿Y Castañeda? Yovera explica que:

Pero en los últimos días del 2005, cuando la historia entraba a su fase final y había que tomar decisiones definitivas para concretar la salida del dinero para Relima (y luego, para Comunicore) Castañeda pidió licencia al consejo Municipal, a cuenta de sus vacaciones, y dejó su sillón entre el 9 y el 20 de diciembre.

Entre tanto, el mismo 20 de diciembre, Comunicore le compraba la deuda a Relima y le enviaba al municipio las facturas exigiéndole el pago íntegro y de inmediato. Luego, el 27 de ese mismo mes, el Concejo volvió a conceder al líder ‘solidario’ otra licencia, del 28 de diciembre al 8 de enero del 2006.

Antes de partir, el 27 de diciembre, Castañeda le encargó al gerente financiero Blest, la Gerencia Municipal, la misma que ejerció entre ese día y el 2 de enero del año siguiente, con lo cual tenemos que Blest estuvo a cargo del municipio durante varios días feriados.El hecho es que el martes 3 de enero, primer día hábil del 2006, Comunicore ya recibía los primeros 19 millones en su cuenta. Cinco semanas después, había recibido ya todo el dinero.

Y como ha mencionado la regidora Glave hoy, quien delega responsabilidades no salva su responsabilidad, sino que es doblemente responsable.

Castañeda anunció que mañana se presentará en RPP a dar sus descargos. Esperemos la palabra del Mudo.

BONUS TRACK: Marisa Glave explica a La Mula otras aristas del informe Comunicore:

BONUS TRACK 2: El Informe Comunicore completo

BTR: DETRAS DE LAS DECLARACIONES DE TOMASIO

La noticia bomba del fin de semana se registró en el Poder Judicial. El viernes al mediodía, Carlos Tomasio de Lambarri, marino en retiro sindicado como uno de los participantes en el espionaje político e industrial a través de Business Track, vinculado al caso de los Petroaudios, comenzó a brindar su declaración en el proceso en su contra y con varias municiones. Diario 16 resume lo ocurrido en la audiencia:

el capitán de fragata Carlos Tomasio de Lambarri afirmó que durante las visualizaciones del material incautado a Manuel Ponce Feijoó, se encontró un audio del presidente Alan García cuyo destino es un misterio.

“En una audiencia de verificación (de los audios encontrados a Manuel Ponce en la Dirandro), uno de los mayores dice: ‘es la voz de Alan García’, y en ese momento se paraliza todo. Salen los fiscales (del ambiente donde se chequeaba el material) y las visualizaciones se congelaron”, dijo el marino a la prensa. Tomasio manifestó que estos audios después desaparecieron y que en ninguna de las actas del extenso proceso de BTR figura ninguna grabación con la voz del presidente de la República.

El marino no quiso dar mayores detalles sobre el tema afirmando que será el ex almirante Manuel Ponce Feijoó quien dará mayores detalles de este incidente cuando acuda al Poder Judicial para su juicio oral, al finalizar el interrogatorio de Tomasio. Sin embargo, negó que sus declaraciones sean el detonante de algún tipo de represalia en su contra. “Lo máximo que me puede pasar es que me maten. Al señor Ponce y a mí, más no nos puede suceder”, expresó.

Según el también fundador de Business Track, el presidente de la República ordenó al actual ministro del Interior, Miguel Hidalgo, entonces jefe de la Dirandro, la realización de la investigación a los integrantes de BTR cuando era la Dirincri la entidad encargada de realizar dichas pesquisas. Incluso denunció que ellos fueron detenidos de forma irregular por 15 días en los calabozos de las instalaciones antidrogas, plazo que sólo está indicado para los investigados por terrorismo y narcotráfico.

Ante la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel, Carlos Tomasio denunció la pérdida de su computadora personal, la misma que se encontraba en las oficinas de BTR y que al igual que el audio presidencial, no tiene paradero conocido. Afirmó que su ordenador portátil contenía información importante “del frente externo” y de otros temas que revelará en las posteriores audiencias de su juicio oral.

El marino también reconoció la compra de los equipos de interceptación Triggerfish 4080, cuando era integrante activo de la Marina. Afirmó que no tuvo jamás el equipo y que los fabricantes los entregaron directamente al Estado como correspondía. Negó que estos aparatos hayan sido usados para ‘chuponear’ celulares de nuestro país porque “fueron comprados para ser llevados a un país de interés. Funcionaban con CDMA (la tecnología de los celulares análogos), que en este país ya no existe desde el 2001 o 2002, (los Triggerfish) no sirven para GSM (los móviles que utilizan chips); estos equipos no son de interés para el Perú”.

Todo esto invita a varias preguntas y recapitulaciones en el caso:

1. LOS AUDIOS DE ALAN: Hasta el momento la mayor vinculación que se había encontrado al actual Presidente de la República con la gente de BTR eran los supuestos trabajos que Ponce Feijóo habría hecho para la campaña electoral de 2006, denunciados por Gustavo Gorriti en su libro Petroaudios. García intentó desmentir el asunto, pero Gorriti presentó más datos sobre la reunión sostenida entre el ex marino y el entonces candidato. Hasta el momento, ese tema no se aclara.

En dicha reunión, de acuerdo con la narración del periodista, Ponce le dijo a Alan que se habían interceptado sus correos electrónicos y que los mismos no habrían salido porque él lo evitó. Esa fue su carta de presentación ante el hoy Presidente. En efecto, en junio de 2009, el Ministerio Público indicó que se habían encontrado en las computadoras de la gente de BTR correos de García del año 2000, cuando aún gobernaba Alberto Fujimori.

Pero la existencia de audios sí es un elemento nuevo, que deberá ser confirmado, no sólo por las versiones de los presuntos chuponeadores, como por el propio Presidente de la República, quien ha sido llamado a este proceso como testigo.

2. EL TEMA DE LA DINANDRO: Polémico punto. Cuando se realizó la captura de los integrantes de BTR, Gorriti indicó las razones que tuvo García para la intervención de esta unidad policial:

¿Por qué intervino la Dirandro en el caso “Petroaudios”? Formalmente, por oficio (Caso Nº 289-2008) del fiscal Walter Milla, el 22 de noviembre de 2008. En realidad, por disposición del presidente de la República, Alan García, quien coordinó el inicio de la investigación con Gladys Echaíz, fiscal de la Nación. Luego que éstos compartieran inteligencia que señalaba a marinos vinculados con inteligencia naval como autores del chuponeo, García recurrió al único grupo en el país que tenía tanto el equipo como el entrenamiento necesario para llevar a cabo la investigación. Posteriormente volvería a hacerlo en el caso del espía Ariza.

Pero luego la DINANDRO ha sido cuestionada por Giselle Gianotti y Martín Fernández Virhuez, acusados en este proceso. Ambos personajes señalaron haber sido presionados por miembros de esta unidad para incriminar a los directivos de la empresa Petrotech como financistas del chuponeo. Ello ha sido desmentido tímidamente por Hidalgo, hoy Ministro del Interior, pero ha merecido la exigencia de la periodista Rosa María Palacios para que se investigue esta presunta presión, debido a que una de las personas a las que querían incriminar era a su esposo.

Cabe mencionar que no se ha encontrado evidencia alguna que Petrotech o sus directivos tuvieron algo que ver con el espionaje industrial. Y de allí que sea importante establecer el rol que cumplió la DINANDRO en la investigación, sobre todo, si se sabe que “en algún lugar” se perdieron y/o cambiaron pruebas vinculadas a este proceso.

3. LOS EQUIPOS DE ESPIONAJE SUPUESTAMENTE COMPRADOS POR LA MARINA: No es la primera vez que Tomasio hace referencia a ellos. De hecho, en enero de 2009, Daniel Yovera señalaba lo siguiente en un reportaje para Perú.21:

El marino procesado por presunto espionaje telefónico, Carlos Tomasio de Lambarri, entregó – el jueves 29 de enero – nueva información que pretende demostrar que fue la Marina de Guerra, y no él, la que en junio de 2000 adquirió dos equipos de interceptación telefónica Triggerfish 4080 por US$110,000.

Desde el penal Castro Castro, Tomasio le envió una nota a su abogado Fernando Silva La Rosa indicándole que los dos equipos adquiridos por la Agregaduría Naval de la Marina, en Washington, a la firma estadounidense Harris fue pagada a través de una cuenta bancaria que la sede de la Armada tenía en el entonces First Union Bank, hoy Wachovia Bank.

El marino en retiro no le había contado nada de esto ni a la Policía ni a la Fiscalía durante la etapa inicial de la investigación. Por ello, el abogado dio cuenta del nuevo elemento a la jueza instructora del caso, María Martínez Gutiérrez, a través de dos oficios con solicitudes concretas. Ese mismo día, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado descartando cualquier “transferencia bancaria” a la empresa Harris.

El interrogatorio a Tomasio continuará mañana martes. Ojo que también debería preguntársele sobre sus trabajos para un gerente de una compañía azucarera, cuyos competidores fueron materia de espionaje industrial. Este último punto es importante para comenzar a esclarecer quien financió el chuponeo, la pregunta sobre la que se tienen algunas pistas, pero aún no certezas.

CONFLICTOS SOCIALES Y EL NUEVO GOBIERNO

A raíz de la permanencia de 30 horas de Walter Aduviri en Panamericana Televisión, Lima “se acordó” que hace cerca de 40 días existe un conflicto social fuerte en Puno. Y lo ocurrido señala algunos derroteros y preguntas para el siguiente gobierno acerca del manejo de este tipo de conflictos.

1. LA HERENCIA DE ALAN:

Hoy Diario 16 registra una interesante discusión presentada ayer en la CADE Universitaria entre Beatriz Merino y el Ministro del Interior Miguel Hidalgo sobre el manejo de conflictos sociales. Aunque más que discusión fue un buen cuadre de la ex Defensora del Pueblo al representante del gobierno por la no promulgación de la Ley de Consulta Previa. Gracias a La República, tenemos el video registrado por Canal N. Oido a la música.

De hecho, el esquema que se ha repetido en los conflictos sociales, una de las bombas de tiempo que le deja García a Humala, es el que ha mostrado la edición más reciente de Poder en este cuadro:

El primer desafío de Humala va a ser cómo salir de este esquema de manejo de conflictos y como tener una mejor institucionalidad para manejarlos.

2. RETOS DE MEDIANO PLAZO DE HUMALA EN ESTA MATERIA

Son planteados por Giselle Huamaní, investigadora del CIES, en el ya mencionado artículo de Poder:

Dotar de imparcialidad al Estado en la gestión de conflictos a través de una institución políticamente autónoma, como la Defensoría del Pueblo.

Evaluar/rediseñar los procesos administrativos técnicos que están siendo los nudos en los conflictos y que tienen el potencial de determinar el real potencial de un proyecto de inversión: estudios de impacto ambiental (EIA).

Involucrar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales —con transferencia de competencias— y a otros actores de sociedad civil en los procesos de manejo de conflictos a través de procesos participativos y transparentes.

Integrar los procesos de ordenamiento territorial, zonificación económica y ecológica con las evaluaciones de impacto ambiental y estratégico, de manera que haya procesos regionales coherentes e integrados de desarrollo.

3. LA VARIABLE MINERIA:

He aquí un problema importante. La mayor parte de conflictos sociales se generan por la variable socioambiental, por lo general, vinculada a la actividad minera. Y lejos de los maximalismos “minería si o sí” o “con la minería ni a la esquina”, debe llegarse a un nuevo esquema de entendimiento entre el Estado, el inversionista privado y la sociedad. Comenta Santiago Pedraglio:

El gobierno de Alejandro Toledo y, en especial, el de Alan García son los principales causantes de este desmadre. Se han negado de manera sistemática a hacer que el Estado cumpla simultáneamente con su papel de promotor de la inversión, de regulador de la relación entre capital, trabajo, ciudadanos y medio ambiente, y de defensor de los derechos de las personas, incluido el de discrepar y exigir más concesiones o participación en los beneficios de la utilidad minera.

El inversionista privado no puede sustituir al Estado ni podrá hacerlo. Es lógico –es la lógica del mercado– que la tendencia de la inversión sea maximizar sus utilidades, más aún cuando se le da luz verde para ello. Este esquema está fracasando en el Perú. No se pretende que este país deje de ser un país minero, pero urge modificar los términos (para que todos ganen bien) de la relación entre el Estado, la inversión privada y los ciudadanos, en especial del entorno o de la región donde se produce la explotación.

La producción minera peruana debe tener valor agregado y superar la producción de enclave. Es necesario evitar las concesiones-sorpresa. Asimismo, respetar el derecho a la consulta, el cuidado del agua (en la costa, su falta está anunciada ) y la preservación del medio ambiente. Se debe pensar no solo en el canon, sino incluso en una participación de las comunidades en las utilidades. No hay que olvidar que la minería trabaja con recursos que se agotarán, por más que se diga que en el Perú de hoy no se explota sino el 10% del potencial minero.

Y esto requiere una operación de alta política, en la que no sólo deben estar involucrados los sectores Energía y Minas y Ambiente, sino tener un manejo prudente desde las señales que se brinden desde la propia Presidencia de la República.

4. ¿Y PUNO?

Este gobierno tiene el deber de apagar este incendio hasta el 28 de julio. Pero, la verdad, la solución final de la problemática de la región compete a la administración Humala. ¿Qué problemas de fondo debe enfrentar? Indica Noticias Ser:

En tal sentido, corresponderá al nuevo gobierno plantear una plataforma que permita superar los agudos conflictos que atraviesa Puno, definiendo de manera coordinada con las autoridades regionales y locales, una posición clara sobre las condiciones en que debe desarrollarse la inversión privada. Así mismo, es imprescindible que de una vez por todas, se enfrenten los recurrentes problemas de la contaminación minera informal, el contrabando y el narcotráfico que constituyen la principal amenaza para la plena vigencia del estado de derecho en dicha región.

De allí que sea importante no sólo el nombramiento de los titulares del MEF y del BCR, sino de sectores sociales y de la propia Defensoría del Pueblo. El mercado de valores importa, pero también los mercados de Cuzco, Puno o el de cualquier barrio limeño.

MAS SOBRE EL TEMA:

Patricia Wiesse: Baguazo: libres de polvo y paja

CORCOVADO EN LIMA

Cristo del Pacífico

El controvertido Cristo del Pacífico, presentado por el Presidente de la República el viernes pasado, ha merecido la defensa a ultranza del Ministerio de Cultura, de los voceros oficialistas más controvertidos y de la prensa ayayera de este gobierno. Y han dado argumentos que confirman que la obra es innecesaria y caprichosa.

Para quienes apelan a la religión, debo señalar que no todos los católicos estamos a favor de la escultura y del uso de imágenes religiosas para que un presidente mediocre eleve unos puntos de popularidad. En octubre, en esta columna, escribí en contra de la utilización de la imagen del Señor de los Milagros para los mismos fines, incongruentes con un Estado laico.

El argumento del Ministerio de Cultura sobre el homenaje a los héroes caídos en las Batallas de San Juan y Chorrillos es insostenible. A pocos metros de donde se levantará la copia de Corcovado existe un monumento al Soldado Desconocido, que está bastante descuidado desde hace varios años.

Desde el punto de vista arquitectónico, dos han sido las críticas centrales. Augusto Ortiz de Zevallos ha cuestionado la alteración de la bahía de Lima por la copia de un emblema de una ciudad extranjera, que además representa la vuelta a colosos dignos de gobiernos totalitarios. Mientras que el arquitecto José Arispe Chávez, decano del CAP-Región Lima, ha mencionado la subvaluación de la obra para su aprobación, así como la necesidad de otros estudios para su implementación.

A ello sumemos que la obra no tuvo concurso público para su ejecución, cuestión empleada para otros espacios en la Costa Verde, como el Lugar de la Memoria.

Culminemos con el aspecto económico. Ya la Municipalidad de Chorrillos, que autorizó esta obra – como otros célebres mamarrachos estéticos – ha dicho que no se hará cargo del mantenimiento de la misma y que eso competirá a la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿De dónde saldrá la plata para ello?

Y lo mismo nos preguntamos acerca de la donación hecha por el señor García Pérez. El Comercio señaló ayer que los 100,000 soles otorgados representan el 10.4% de la remuneración presidencial en los 5 años de gestión, lo que merecería una investigación sobre su “capacidad de ahorro”.

Similar cuestionamiento cabe para las donaciones de empresas brasileras, cuyas ganancias dependen mucho de contratos estatales y con las que el presidente electo debe mantener saludable distancia, a pesar del padrinazgo carioca.

(Columna publicada en Diario 16 el 16.06.2011)

MAS SOBRE EL TEMA:

Las columnas de Augusto Álvarez Rodrich, Juan Carlos TafurJavier Torres Seoane, Ricardo Vásquez Kunze y Fritz Du Bois

Más irregularidades detectadas en La República y Perú.21

HUMALA Y LA POLITICA EXTERIOR

Ollanta Humala acaba de terminar la primera parte de su gira sudamericana, que lo ha llevado por el bloque de países pertenecientes al MERCOSUR. La visita ha sido una mezcla de presentación en sociedad ante sus nuevos pares latinoamericanos, con un mensaje claro: a la mejora de las relaciones con el vecindario de esta administración, se añadirá un mayor énfasis en la relación con América Latina.

De los cinco países visitados, los encuentros más significativos se han producido en Brasil y Chile. En el caso de la potencia sudamericana, la visita ha reforzado los lazos entre Humala y un gobierno que le brindó un espaldarazo durante la última campaña electoral. Ello se representa en el hecho que OH haya visitado tanto a Dilma Rousseff como a Lula.

Sin duda, Perú no puede dar la espalda al país más importante de la región, pero tiene que cuidar mucho los límites de esa relación. Jacqueline Fowks indicaba lo siguiente al diario El País de España:

“Hay muchas empresas brasileñas de construcción que ya han hecho grandes negocios con el Gobierno de Alan García a las que les interesa mantener esos privilegios. Brasil y Perú firmaron un acuerdo de cooperación energética del que los peruanos nos enteramos por los medios brasileños. El pacto prevé la construcción de varias centrales hidroeléctricas para proveer de energía a Brasil, entre ellas la de Inambari, la más próxima a la frontera”, añade la periodista. Brasilia además ha invertido mucho en el trazado de dos carreteras interoceánicas (una terminada y la otra en construcción) para tener acceso a los puertos del Pacífico peruano y de ahí saltar al mercado asiático.

De hecho, la mayor polémica por el denominado Cristo del Pacífico se encuentra en las donaciones de estas mismas empresas brasileras que basan sus ganancias en contratos con el Estado.

En el caso chileno, las precauciones son otras. Humala ha señalado que pasará a una “relación integral” con el vecino del sur, luego que el tema del diferendo marítimo está ya encausado en la Corte Internacional de Justicia. La visita del presidente electo ha tenido como objetivo central bajar el tono a las preocupaciones sobre un giro en la relación, sobre todo, debido a sus declaraciones poco amables con el capital chileno de los últimos años. Incluso ha señalado que se podría exportar gas a Chile, una vez que se resuelva la demanda interna de este recurso.

Humala debe tener precaución con algunas declaraciones. El tono con el que anunció el posible ajuste en el equipo que ve el tema martítimo con Chile en La Haya no fue el más adecuado, aunque se debe reconocer que es una potestad suya reforzar el equipo. Afortunadamente tiene en Allan Wagner un interlocutor bastante experto en no hacer notar su malestar. El embajador, jefe del buen equipo con el que cuenta Torre Tagle para esta materia, debería quedarse hasta el final del litigio.

Gana Perú ha planteado una agenda ambiciosa en política exterior. La misma implica el refuerzo ya señalado en las relaciones con los países de la región, así como otros objetivos que señalamos en su momento:

En cuanto a Estados Unidos, el plan señala que las relaciones “se basaran en el respeto a nuestra independencia, en la reducción de las actuales asimetrías económicas, en la promoción de un comercio justo, en la defensa del medio ambiente y de nuestra biodiversidad, en una política de seguridad que parta de nuestros propios intereses nacionales y en la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.”

También señalan que impulsarán la generación de un mundo multipolar, incrementando la participación peruana en todas las instancias de Naciones Unidas, profundizando la relación con la Unión Europea, China, Rusia y la cuenca del Pacífico.  También señalan el planteamiento de contar con una mayor representación de los países en desarrollo en el FMI y el Banco Mundial. Señalan el apoyo a la creación de un estado para Palestina y para la república Sarahui, el fin del bloqueo económico a Cuba y el respaldo del reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Sobre los peruanos en el exterior, los nacionalistas proponen reforzar la política consular, a fin de tener un contacto más profundo y directo con las necesidades de las comunidades peruanas en el extranjero.

Por ello, además de las giras que seguirá realizando, Humala y su equipo de transferencia deberán tener una larga conversación en la Cancillería, a fin de tener claro como llevarán adelante este programa, ambicioso en metas y que en algunos casos supone toma de posiciones en temas que tradicionalmente Torre Tagle se había abstenido de dar una opinión positiva o negativa. Un reto más para el nuevo gobierno.

INDULTO A FUJIMORI FOR DUMMIES

Este mediodía, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas descartó que Alberto Fujimori tenga una enfermedad terminal. Con ello, cualquier pretexto para solicitar el indulto por razones humanitarias queda, por el momento, cerrado. Su baja de peso se debe a un cuadro depresivo severo y deberá seguir su tratamiento regular en la DIROES, a la que volverá hoy en la tarde.

Esto debería poner punto final a la campaña que algunos apristas y fujimoristas han querido impulsar luego de la derrota de Keiko Fujimori en las últimas elecciones presidenciales y que periodistas como Claudia Cisneros anticipaban como un severo riesgo político y ético.

Sin embargo, aprovecho la ocasión para dejar claros algunos puntos legales sobre el indulto en general.

Fujimori tiene cerradas las puertas del indulto regular por dos causas. La primera, es que la sentencia que lo condenó por violaciones a los derechos humanos indicó que los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta se consideran como de lesa humanidad. Esta calificación, de acuerdo a todo lo que se ha avanzado en jurisprudencia y doctrina internacional, implica que no se puede amnistiar ni indultar a las personas procesadas o sentenciadas por este tipo de conductas.

La segunda causa tiene que ver con la legislación vigente sobre el delito de secuestro. Durante este periodo parlamentario se aprobó una norma que elimina la posibilidad de indultar a quienes sean condenados por este delito. Como sabemos, Fujimori también fue condenado como autor mediato de las privaciones ilegales de la libertad del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti.

Estos dos candados legales dejan a Fujimori solo una opción: la del indulto por razones humanitarias. Y para su otorgamiento, tiene que acreditarse fehacientemente una enfermedad terminal en estado avanzado. Y a ello sumemos que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Crousillat, el juez constitucional puede controlarlo, por lo que requiere un mínimo de motivación al momento de su concesión.

Si en algún momento Fujimori se encuentra con una enfermedad terminal en fase final, el Presidente de la República tiene la potestad – no la obligación, dado que el indulto no es un derecho – de otorgar este beneficio. Es en ese momento en el que se reabrirá el debate sobre el otorgamiento del mismo, antes no cabe hacerlo.

Finalmente, un tema en el que el Estado debería tomar una decisión en su momento es sobre el carácter de los funerales de Fujimori. Mi opinión es que, dado que es un delincuente sentenciado por crímenes graves y fue vacado por incapacidad moral permanente, no le corresponderían los funerales de Estado. Tenemos un precedente cercano en América Latina: Pinochet.

Meses antes que el ex dictador falleciera, Michelle Bachelet, la ministra de Defensa Vivianne Blanlot y el jefe del Ejército Ricardo Izurieta decidieron que, ante la eventualidad de la muerte del ex dictador, no tendría funerales de Estado, sólo la ministra de Defensa concurriría a nombre del Estado chileno y sí se concedería a sus partidarios un espacio seguro para que puedan ver el ataúd, como era la Escuela Militar. Y ojo, Pinochet nunca fue sentenciado tanto por los crímenes de lesa humanidad como los robos al tesoro público chileno acreditados en su gobierno.

Por ello, por más que el doctor Alejandro Aguinaga intente demostrarnos lo contrario por interés político, lo que dice el INEN es claro. Y este tema debe quedar zanjado hasta la eventualidad de la agonía del ex autócrata.

EL FAENON DEL CODIGO PENAL

El viernes pasado, se promulgaron una serie de cambios en el Código Penal vinculados a los delitos contra la administración pública, es decir, los que sancionan actos de corrupción. La norma, que cogió desprevenido a todo el mundo, tiene varias fallas que varios especialistas han comentado tanto en La República como en Diario 16. Aquí un resumen de las modificaciones, comentadas por varios expertos:

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Carlos Rivera (IDL) precisó que:

(…) hay dos modificaciones significativas al Código Penal, la primera se refiere al delito de tráfico de influencias, considerado en el artículo 400, al que se le ha agregado la palabra “real”. La norma dice ahora que el funcionario debe hacer un ofrecimiento o tener una influencia real, algo que antes no existía en la legislación.

“Esa es una incorporación que podría terminar beneficiando a quien incurre en esa conducta de tráfico de influencias, porque es bien complicado determinar cuándo ocurre un delito de esa naturaleza, si una persona tiene o no una influencia real sobre el otro funcionario”, explicó.

COLUSION:

Rosa María Palacios en Prensa Libre indicó el viernes que se adiciona un requisito adicional que ayudaría a limpiar a varios funcionarios de este gobierno. Lo que dijo Palacios fue lo siguiente

ENRIQUECIMIENTO ILICITO

Rivera y Avelino Guillén en La República señalaron que:

excluye la pena de inhabilitación que prevé el artículo 401 para casos de enriquecimiento ilícito.

Carlos Rivera, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal, advirtió que al eliminar esta sanción se busca favorecer a los funcionarios públicos salientes de esta gestión que puedan ser eventualmente sentenciados.

“Ex ministros, ex congresistas o hasta el ex mandatario, que hayan sido condenados por incurrir en enriquecimiento ilícito, podrán ejercer puestos públicos sin ninguna restricción. Es un contrabando hecho para los apristas y los fujimoristas”, alertó.

(…) esta exclusión deriva a los jueces al artículo 426 del mismo código, que impide asumir la función pública entre uno y tres años, cerrando la posibilidad de que el magistrado se remita al artículo 39, que permite que el sentenciado sea inhabilitado por un tiempo similar a la condena impuesta.

“Antes se podía extender la inhabilitación a la pena principal. Por ejemplo, si un funcionario es sentenciado a 10 años de pena privativa de la libertad por enriquecimiento ilícito, los incisos 1 y 2 del artículo 36 impiden ejercer mandato, empleo o condición de funcionario público”, señaló.

Refirió que el mismo artículo suprime la obligación para que el funcionario público justifique razonablemente algún incremento irregular en su patrimonio.

DEFRAUDACION PATRIMONIAL

El ex procurador Ronald Gamarra manifestó que:

otra de las modificaciones peligrosas es haber incluido en el artículo 384 la precisión de que un acto de colusión se produce cuando existe una defraudación patrimonial contra el Estado, es decir, haya un daño económico.

“Esto fue incluido por la Comisión de Justicia del Congreso, que preside Rolando Sousa, pero los demás congresistas también son responsables, pues no cuestionaron este tema durante el debate, cuando bien pudieron plantear la imprescriptibilidad de estos delitos”, manifestó.

La pregunta es: ¿cómo llegamos a esta ley? Pues bien, el Poder Judicial – que tiene iniciativa legislativa para temas como éste – propuso unas modificaciones al Código Penal en este tipo de casos, pero para hacer precisiones en los tipos. ¿Dónde vino el mamarracho? El Comercio lo cuenta:

Cuando el congresista fujimorista Rolando Sousa sustentó el pasado 19 de mayo, en el pleno del Parlamento, el dictamen de la Comisión de Justicia que modificó el Código Penal respecto a los delitos contra la administración pública (ver recuadro adjunto), solo dos colegas suyos pidieron la palabra para comentar la iniciativa: Aldo Estrada (UPP) y Carlos Torres Caro, pero ninguno de ellos la criticó. Solo hicieron algunas observaciones.

Inmediatamente después, el presidente del Parlamento, César Zumaeta, llamó a votación. El resultado final de esta fue: 69 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. O sea, se aprobó por unanimidad (al igual que en la anterior instancia, la Comisión de Justicia). Nadie se quejó. Rafael Yamashiro (Unidad Nacional), Aurelio Pastor (Partido Aprista), Carlos Bruce (Perú Posible) o Daniel Abugattas (Partido Nacionalista) estuvieron entre los legisladores que votaron a favor.

En otras palabras, hubo un descuido de parte de congresistas normalmente acuiciosos como Abugattas, Bruce o Güido Lombardi – quienes ya están proponiendo que se derogue esta insensatez – y en otros casos sólo Dios y su conciencia saben cuál fue la motivación para votar a favor de esta norma. Y la verdad, cualquier cosa que venga de la Comisión de Justicia presidida por el fujimorista Rolando Souza debería ser examinada hasta 3 veces antes de ser votada en el Pleno.

Todo un faenón que puede ser revertido, pero al que los acusados por corrupción tratarán de ampararse como sea.