POLITICA Y ECONOMIA: TRES CASOS

A inicios de la década, en medio de la debilidad del gobierno de Alejandro Toledo y de protestas sociales en varios lugares del país, varios analistas hablaban sobre como “el ruido político” no afectaba el crecimiento económico. Y comenzaba por allí cierto sentido común, en el cual los escándalos políticos no afectarían la performance económica y que, mientras el país siguiera creciendo, no tendríamos mucho de que preocuparnos.

El problema es que la afirmación anterior es falaz. La forma como se manejan las instituciones económicas y como el Estado maneja la llegada de inversiones al país determina la forma como los inversionistas llegan al país y como los empresarios se desenvuelven con el Estado, lo que, a la larga, repercute tanto en el clima de negocios como en el bolsillo del ciudadano.

El caso de los Petroaudios demostró que era importante que los políticos no se reunieran, en la medida de lo posible, con los inversionistas privados, sino que la promoción de nuevos negocios debía estar en manos de instituciones como Proinversión o de los viceministerios de cada sector. De allí que Augusto Townsend haya recordado hace meses lo pernicioso de estas reuniones sin control:

Como ha evidenciado el caso de los “petroaudios”, en el Perú es absolutamente normal que los políticos (presidentes, ministros, congresistas) se reúnan con las empresas, incluso fuera de sus despachos y sin dejar constancia alguna en sus agendas oficiales. También intercambian correos electrónicos y se hacen recomendaciones mutuas, que en los casos extremos –como en el “Petrogate”- terminan por dar pie a beneficios otorgados al margen de la ley (por ejemplo, cambios en las bases de una licitación pública para favorecer a una empresa en particular).

A veces ocurre lo contrario, y a estas reuniones entre políticos y empresarios se les da, más bien, figuración mediática para evidenciar que el gobierno está apoyando a la inversión. Por más loable que resulte esto último (si efectivamente es el caso y no hay, más bien, un interés velado del político por obtener apoyo financiero o de otro tipo para una posterior campaña electoral), lo que no debe soslayarse es el impacto que genera sobre las otras dependencias del Estado. ¿Se animaría un funcionario de rango medio a rechazar –aunque haya suficientes razones para hacerlo- una solicitud de autorización o concesión efectuada por una empresa que acaba de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno?

Ese es sin duda, un caso extremo de mal manejo de las relaciones Estado – empresas, que llega incluso a ser pasible de una investigacion fiscal, con miras a un juicio penal en el que se dilucide la comisión de delitos.

Pero existen otros casos en los que, sin llegar a pagos o a corrupción, el Estado termina desvirtuando su rol de árbitro. Veamos tres eventos recientes en lo que esto ocurre.

1. Puertos y consulta a políticos: En estas semanas se han recibido diversas propuestas para la modernización del Muelle Norte del puerto del Callao, una de las inversiones necesarias para mejorar nuestra competitividad. Hasta allí todo bien.

El problema vino cuando el ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo dijo que consultaría a los partidos políticos sobre este tema, debido a que la inversión portuaria y la forma como se haría era una política de Estado. Gremios empresariales como CONFIEP y AFIN pitearon porque, según ellos, esto demoraba más las cosas. En respuesta, Cornejo les recordó que en un estado democrático se podía consultar a los partidos – como no entendieron esto en Bagua -.

Aquí hizo bien el ministro, dado que es mejor persuadir a los otros grupos políticos de la conveniencia de la medida, sobre todo, cuando la inversión se hará en el siguiente quinquenio gubernamental.

2. Olmos: Uno de los proyectos de inversión que esperan más los lambayecanos es el de las irrigaciones de cultivos en Olmos. El proyecto ha avanzado en estos años, pero ahora espera una decisión final del gobierno para completar uno de los tramos. Álvarez Rodrich ha resumido los argumentos de este match entre el MEF y la PCM:

Durante el gobierno de Alejandro Toledo se dio el paso decisivo para la fase del túnel de trasvase, pero faltaba que el MEF –a través de Proinversión– tomara una decisión sobre las dos siguientes (etapas, nota de DTP), lo cual se estuvo postergando.

Con dicho fin, contrató a la consultora Nippon Koei para que diseñe un esquema que fuera viable y asegurara que el componente de irrigación repague la ejecución de la garantía soberana por el trasvase Olmos. El MEF cree en este proyecto, pero debe tomarse el trabajo de ir a explicarlo a los lambayecanos.

En el camino, sin embargo, Odebrecht planteó una iniciativa privada –mecanismo previsto en la ley– pero con un esquema que al MEF le produce desconfianza porque, entre otros aspectos, abre opciones de renegociación futura que podrían hacer que, al final, la lavada salga más cara que la camisa al Estado.

A pesar de ello, se ha lanzado un tremendo lobby por el plan de la empresa brasileña. El premier Javier Velásquez Quesquén –chiclayano que sabe que aquí está su reelección perpetua en el Congreso– casi se ha vuelto un agitador de masas por esta alternativa, mientras que el Parlamento aprobó ayer una moción de respaldo al plan de Odebrecht en Olmos.

En suma, se teme que Alan termine como la caricatura de Andrés Edery, con el consiguiente perjuicio al erario nacional, solo para comprometer votos norteños:

3. El Código de Consumo: Uno de los pocos anuncios del aburridísimo mensaje de 28 de julio del año pasado que se movió fue el de la creación de un Código de Consumo.  Se convocó una comisión al respecto, que elaboró un proyecto que fue presentado en octubre último.

Abogados como Mario Zuñiga y Freddy Escobar y anallistas como AAR cuestionaron la norma por diversos motivos que van desde su propia necesidad – salvo mejorar criterios de Indecopi en sus precedentes, así como su refuerzo institucional – la inclusión de criterios difíciles de plasmar en la realidad como “precio justo” y la no consulta del proyecto a Indecopi y al sector privado. Todas ellas, observaciones que hasta cierto punto eran atendibles. (Yo sí considero que debemos tener una mejor norma de protección del consumidor).

Frente a todas estas críticas, el gobierno revisó el proyecto y le ha metido varias modificaciones. Las mismas no han estado exentas de dificultades. Desde las asociaciones de defensa del consumidor, ya hay críticas diciendo que el proyecto “se ha suavizado” en sectores como el bancario y El Comercio ha editorializado en contra de la no inclusión de la información sobre productos transgénicos en las etiquetas de los mismos. Se supone que mañana en Palacio se aprueba el proyecto. Parece que terminamos yendo de un extremo a otro.

Desde la visión del ciudadano común y corriente, Fernando Vivas observa:

Con un código prociudadano no se va a redefinir la lucha de clases, ni siquiera se va a incidir seriamente en la distribución del ingreso, pero sí habría un efecto democratizador que coadyuve a la reforma del Estado.

Que queden en el pasado los mercantilistas de la “mecida” en cláusulas enanas, del “spam”, de las ofertas de gato por liebre y del ingenio al servicio del engaño, para que venza la transparencia en la publicidad, en las etiquetas, en los contratos y en la propia relación humana entre consumidor y proveedor. Que “el cliente tiene la razón”, sabiendo que todos somos clientes, no sea una frase hipócrita, sino una máxima de la igualdad en la democracia.

Ya sabe, la próxima vez que le digan que la política no afecta a la economía, tiene a un interlocutor candidato a Pinocho.

9 thoughts on “POLITICA Y ECONOMIA: TRES CASOS

  1. García invocó a dejar de lado la “politiquería barata” para dedicarse a la ejecución de obras. “Nosotros queremos hacer obras, concretar. Que este gobierno y los sucesivos usen la filosofía de que las obras hablen por los gobiernos. Nuestra filosofía es de “pocas palabras” muchas acciones y construcciones”, afirmó. Si eso significa que Alan va a dejar el floro barato y dar menos discursos palabreros para trabajar honestamente, en buena hora. Aunque eso lo debe imponerlo en el APRA primero. Aunque no es el momento oportuno para guardar silencio cuando la ciudadanía esta pidiendo que miembros de su gabinete, de la cúpula de su partido y de su entorno amical y masónico cercano rindan cuentas por los Petroaudios, la desaparicion de pruebas de BTR, el espionaje clandestino y el indulto de Crousillat. Incluyendolo a el mismo.

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  2. Definitivamente hay empresas que le dan un mal nombre al sector privado en general. Por ejemplo, la jugada que impulsó Cementos Lima en el Tribunal Constitucional para restituir el arancel de 12% a la importación del cemento es indefendible. No obstante, no juzguemos a todo el sector privado por esos causas. Sería como juzgar a toda la izquierda peruana por las arengas del sector más radical.

    Con respecto al Código del Consumidor, no dejes pasar el hecho de que el anteproyecto del año pasado era un mamotreto. Ojo, no estoy defendiendo el proyecto que entra en debate esta semana. Pero el del año pasado era una payasada. El Estado -en el que el público en general no es que confíe mucho que digamos, tampoco…- decidía por nosotros, por ejemplo, que no nos convienen “condicionar la venta de un producto o la prestación de un servicio a la adquisición de otro u otros, incluso en el caso de ofertas, o aunque fueren complementarios”. Claro, por supuesto que hay casos en los cuales se abusa de esto. Pero al prohibirlo quedan fuera las ofertas del dos por uno. Ni qué decir de las ofertas tipo “gratis, por la compra de tu kolynos, un cepillo de dientes”. El Estado estaba decidiendo que eso no nos convenía.

    Y eso por mencionar apenas uno de los artículos de ese código.

    No está mal que se defienda al consumidor. Por ejemplo, está mal que en la nueva versión no se obligue a los productos con transgénicos a que lo informen. De hecho. Pero justamente ahí está el detalle. A lo que se tiene que aspirar es a que el consumidor sepa escoger y a quejarse cuando lo amerita. Y que cuando se queja se le haga caos y se llegue a buen puerto. De hecho, si uno ve las estadísticas verá que el porcentaje de quejas que son resueltas en Indecopi a favor del consumidor es bastante alto. Lo que pasa es que la gente no se va a quejar o no sabe a qué instancia ir.

    Cuando cedemos control del mercado al Estado, mejor asegurémonos de que se trate de un Estado imparcial y eficiente. ¿Es actualmente el Estado peruano imparcial y eficiente? ¿Sí? ¿En serio?

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  3. Señor Godoy:

    1. De lo que vengo siguiendo su blog, me da la impresión que es la primera vez que se toca la profundidad más honda de la actual política peruana: su vinculación con el gran capital.

    2. En varias de mis “pesadas” intervenciones he manifestado que nada se explica en el país sino se investiga la participación de los sectores empresariales en las decisiones políticas (cosa nada novedosa, por cierto). No se puede entender la administración de los actuales gobiernos si no se comprenden las influencias de, por ejemplo, transnacionales como Cemex, o gremios como la CONFIEP.

    3. Lamentablemente estos temas del poder siempre se manejan de manera oculta (de ahí que el caso BT sea de prioridad máxima para todos) porque el poder es per se oculto (si no no sería poder). Bueno fuera que las decisiones se tomaran pensando en el “bien común”, pero lo cierto es que se hacen en función de una lucha de poderes interna para arrebatarse los mercados mediante el Estado.

    4. Y aquí llegamos al meollo de todo: el Estado, en el Perú, es el botín. Solo mediante él se obtienen los grandes negocios (las carreteras, los lotes, etc.) y se hace empresa. Lamentablemente es así. Difícil es hacer dinero si no se cuenta con “contactos” en el Congreso y en Palacio (como el caso SOAT o las placas de automóviles, por poner dos ejemplos). Todo empresario lo sabe. El mismo Hernando de Soto, liberal confeso, lo denunció en su ya famoso libro El otro sendero al acusar a la economía peruana de “mercantilista”.

    5. Y sigo pensando que tiene razón, por ello es que se ha convertido en un expatriado de los grupos de poder locales, porque denuncia sus operaciones con el Estado. ¿Qué posibilidades habría de cambiar esto? Existen, pero implican cambios (de ahí que García Sayán, ex mandamás de la CONFIEP, dijese siempre “no pidamos cambios, sino modernización”) y esos cambios pasan por reformular a quiénes beneficia el Estado: a un pequeño grupo de empresarios (Brescia, Picasso, Graña o Romero) o a la mayoría de empresarios de Lima y de provincias (muchos de ellos agrupados en ADEX, la gran competidora de CONFIEP).

    6. Pienso que solo con esa mirada se tendría más control sobre la influencia de la empresa privada en el Estado y éste tendría más capacidad de administrar mejor los recursos al no estar amarrado a entregar las concesiones a los mismos de siempre. La democracia tendría que empezar por ser practicada entre nuestros empresarios nacionales. A eso es a lo que le temen, a los cambios. Todo parece indicar que el único candidato que tiene esas banderas es Humala, nos guste o no; los demás están apostando por la perpetuidad del modelo CONFIEP y ello parece que está a punto de colapsar.

    Muchas gracias.

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  4. Mildemonios:

    En efecto, juzgar a todas las empresas por los que hacen algunas es realmente tonto. Como también lo pongo en el post, el proyecto anterior se iba hacia un bandazo y ahora se va hacia otro, ambos equivocados. Justamente, uno de los grandes temas que pongo de relieve en el post es que el Estado tiene poco de imparcial y de eficiente. Y claro, también hace falta que la gente sepa donde y en que casos reclamar.

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  5. Las empresas no pueden ser las acusadas por el lobby y por intentar influenciar ‘reglas de juego’ para su beneficio mutuo. Eso recae en el Estado y la eficiencia e vigencia de sus instituciones.

    La clase politica falla en el Peru rutinariamente, por falta de etica. La torcida de mano, el ‘comues’, y la corrupcion institucionalizada lamentablemente priman.

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  6. Señor Godoy:

    1. Una aclaración: en todo acto de corrupción siempre hay dos partes: el corruptor y el corrompido.

    2. La corrupción siempre se realiza entre una empresa privada (por lo general, las más grandes, pues las chicas son cerradas por la SUNAT) que es la que propone gracias a su dinero y el Estado que siempre está lleno de necesitados y aprovechados.

    3. De modo que tratar de exculpar a las empresas y decir que “son solo unas cuantas” es caer en el absurdo de que, siguiendo esta lógica, “solo unas pocas empresas privadas” corrompen al Estado peruano. ¿Solo unas pocas? Si es así, que el señor C. Zapata nos diga cuáles son, puesto que, según él, son una minoría.

    4. Pero no es así. No son solo “unas pocas” que perjudican a la mayoría: son la mayoría, y todas grandes. Si solo se tratara, señores Godoy y C. Zapata, de algunas, pues hace rato que las habríamos identificado y ajusticiado, con lo que la corrupción se habría acabado.

    5. Aquí no cabe esa forma de pensar exculpadora de los grandes consorcios nacionales y extranjeros. Ni las bodegas, ni los vendedores de Gamarra ni los pequeños empresarios tienen el poder de corromper a los funcionarios estatales de la talla de Mercedes Araoz o PPK. Solo pueden hacerlo empresas como Hunt Oil o Cemex.

    6. Basta ya de poner en el altar de la santidad a los llamados “empresarios” como si de inmaculados y sacrosantos se tratara. Los grupos Brescia, Picasso, Romero, Benavides, Graña o Rodríguez Banda no son inocentes palomas que no mueven un dedo para ganar licitaciones o no hablan con nadie en el Congreso (y eso que no he mencionado a Telefónica, la que tiene el récord de congresistas asalariados). Lo que pasa es que es más fácil hacer cargamontón sobre la otra parte, el Estado, ignorando a los verdaderos beneficiarios de la corrupción, con lo que nadie se mete por miedo.

    Muchas gracias.

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  7. Para que proyectos como Olmos salgan adelante, por lo pronto, debe haber plena transparencia y suma limpieza en el proceso de convocatoria, organización y evaluación. Sin esos criterios de por medio, con ese comienzo fatídico, el proudcto desde el nacimiento saldra mal. Principlamnete en un pais en donde la justicia de administra tan mal. El inversionista extranjero sabe eso, lo toma en cuenta y lo suma a su formula de costos.

    La lista de víctmas de juicios sin razón, basados en denuncias falsas y establecidos sin fundamento de causa, ni ninguna prueba es interminable. Los periodistas y los políticos no son los únicos enfoques. Como en el caso BTR, hay una cantidad inmensa de civiles que tuvieran la mala suerte de toparse con los cómplices, testaferros y/o familiares de aprofujimontesinistas que utilizan al PJ y el MP para destruir a sus detractores. O los agraviados de sus delitos a quienes estos maleantes tienen la costumbre de inventarle denuncias para contrarrestar su propios abusos cometidos precisamente contra esos mismos individuos. El sistema judicial se presta para esos despropósitos. Por eso debe romperse el estigma de que solo periodistas y politicos son victimas de juicio-reglajes. Todos los dias inocentes son sentenciados por delitos ajenos o penalizados por falsos testamentos con la complicidad de procuradores, jueces, hasta policias y fiscales también.

    Es por ello que este tema de la corrupcion es serio y no debe dejarse de lado. Porque el conflicto contiene varias verdades que deben ser destapadas e investigadas para erradicarlas. El espionaje clandestino en plena boga, por ejemplo, es un pulpo inmenso cuyos tentáculos alcanzan al PJ, la PNP, el Congreo, la Marina de Guerra, la alianza aprofujimontesinista, el CNM y el MP. Si este hecho no es de un nivel de gravedad espantosa, eso significa de verdad que los peruanos nos hemos impermeabilizado ante la corrupcion que domina el sector publico. Y que no comprendemos que cuando a la corrupción no se le para y para bien, esta prosigue su curso y crece más fuerte; tal es el caso del montesinismo. Si al Doc y sus secuaces los hubieran encarcelado por mas tiempo y hecho devolver cada centavo que se robaron, sin su enriquecimiento ilicito y todavia en carcel, estarian debilitados. Pero ese no es el caso. Venero, Chacon, Chavez, Joy Way, Rodriguez Medrano, Vasquez, Tudela, Giampietri, Duthurburu, Hermoza y todo el resto de miembros de la gran mafia y sus testaferros y complices han sido favorecidos por el PJ.

    Todo esto, sumado a la corrupcion aprista que ha copado al estado peruano. Lo que va a hacer del pais muy poco gobernable, mucho mas que durante la presidencia de Toledo. Eso es muy peligroso. O ahí tenemos el crecimiento abismal del narcotráfico y el lavado de sus activos. Después no lloremos sobre mojado una vez que medio país esté controlado por el narcoterrorismo como en Colombia, se desate una violencia campal como en México y los inversionistas se retiren.

    El primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, señaló que no tiene ningún vínculo con el responsable de Seguridad del PJ y amigo de Ponce Feijoo, Carlos D’allorto. Desmintió de manera tajante que se le vincule con la supuesta pérdida de información en el PJ. “Han sacado que el comandante D’allorto, quien es jefe de seguridad en Palacio de Justicia, tendría relación conmigo porque yo habría trabajado con él y habría sido miembro de mi estado mayor junto el comandante Ponce Feijoo y esto es falso. A D’Allorto lo conocí cuando estuvimos secuestrados en la embajada de Japón y luego lo vi eventualmente”, indicó. ¿Es acaso mera coincidencia que el Superagente G tenga tantos amigos ex marinos vinculados al caso BTR? No creo que sea nada positivo tener en la vicepresidencia a una suerte de la versión criolla de Dick Cheney (también masón y super ultraderechista, para colmo). Sobre todo porque su partido políitico Chimpum Callao tiene una agenda ambiciosa con miras al futuro; Alex Kouri es prueba de ello, por más de que no postule bajo ese partido. Esos son detalles menores, la verdad.

    García, por su lado, invocó a dejar de lado la “politiquería barata” para dedicarse a la ejecución de obras. “Nosotros queremos hacer obras, concretar. Que este gobierno y los sucesivos usen la filosofía de que las obras hablen por los gobiernos. Nuestra filosofía es de “pocas palabras” muchas acciones y construcciones”, afirmó. Si eso significa que Alan va a dejar el floro barato y dar menos discursos palabreros para trabajar honestamente, en buena hora. Aunque eso lo debe imponerlo en el APRA primero. Lo único es que no es el momento oportuno para guardar silencio cuando la ciudadanía está pidiendo que miembros de su gabinete, de la cúpula de su partido y de su entorno amical y masónico cercano rindan cuentas por los Petroaudios, la desaparición de pruebas de BTR, el espionaje clandestino y el indulto de Crousillat. Incluyéndolo a él mismo que, después de todo, fue quien firmó el indulto.

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  8. Hola José Alejandro,

    Esta semana en entrevista con Rafael Rey en RPP, Patricia del Río levantó un punto interesante: existe una “Ley de Lobbies” y no se aplica. Nadie la respeta, los registros que contempla no se han (hasta donde sé) implementado. La palabra “lobby” tiene una connotación negativa, aunque en mi opinión no es malo per se. Las reuniones y conversaciones entre el sector privado y el público muchas veces mejoran los procesos de toma de decisiones e implementación de políticas públicas. Pero la clave es que haya transparencia. Todos debemos saber quiénes se reunen, cuándo y qué hablan.

    En cuanto al tema del Código de Consumo: creo que en efecto hay que reforzar el sistema de protección al consumidor, pero las carencias y oportunidades de mejora vienen más por el lado institucional. Quienes abogan por una mayor protección aducen que la “protección al consumidor no es sólo transparencia”. Se afirma que también es necesario “combatir los abusos” y “establecer estándares mínimos de calidad”. Yo personalmente creo que la ley de protección al consumidor sí debe ser principalmente una herramienta para combatir las denominadas “asimetrías de información”. El regular la calidad puede ser bueno, pero a la larga terminamos encareciendo los productos, lo cual puede ser muy grave en un país pobre como el Perú. Los denominados “abusos” en la gran mayoría de mercados no son tales, pues el consumidor puede elegir alternativas si un producto no satisface sus expectativas. Esto lo explico en el artículo que gentilmente linkeas (gracias por cierto!).

    Pero más allá de estas opiniones (con las que muchos no estarán de acuerdo), hay un tema bastante práctico. Creo que se está cometiendo el error típico de nuestros legisladores: “regular por anécdota”. Lo que hace el Código de Consumo (aparentemente con la idea de tener mayor claridad) es regular una gran cantidad de supuestos que en realidad ya estaban cubiertos por las reglas generales de la Ley actual y por los precendentes del Indecopi. Yo personalmente prefiero leyes cortas y con normas generales, que le dan mayor flexibilidad al Indecopi para adaptarse a los cambios del mercado y la tecnología. El caso de los transgénicos por ejemplo: se está haciendo mucha bulla respecto de que la última versión del texto no incluye la obligación de informar acerca del contenido de transgénicos en ciertos productos. Pero la ley actual ya contempla que si un producto es riesgoso el proveedor está obligado a informar ello al consumidor. Así, si en un caso puntual un transgénico es riesgoso (que no todos lo son, y de hecho actualmente ya consumimos muchos productos con ingredientes transgénicos), su proveedor deberá informarlo. Así protegemos al consumidor del transgénico riesgoso, pero no obligamos al productor/comercializador del transgénico comprobadamente/normalmente seguro a incurrir en costos adicionales.

    La mayoría de veces, menos es más.

    Saludos,

    Mario

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