LA FALTA DE ESTADO NOS HACE PERDER VIDAS

Muchos nos hemos visto conmovidos por la muerte de Paola Vargas, una joven contadora quien falleció por un golpe en la cabeza, luego de haber sido arrojada de una unidad de transporte público por presuntos miembros de una barra brava. La indignación de muchos se ha visto reflejada en grupos en Facebook y en la atención que los medios de comunicación le han puesto a este caso.

Viendo el caso con más detalle y, además de sancionar drásticamente a los responsables directos de este lamentable fallecimiento, conviene analizar algunos de los factores que, siendo cotidianos, incidieron en los hechos ocurridos y en el desenlace fatal de esta historia. Como veremos, aquí el gran ausente es el Estado peruano.

Todos a quienes nos gusta el fútbol sabemos que vamos al estadio con cierto riesgo. Y es que, además de los hinchas que compran su entrada en la tribuna de su preferencia y adsequibilidad económica, tenemos barras bravas cuyos actos violentos todos conocemos. Existen normas para sancionar y prevenir estos actos, pero hasta el momento, la Policía Nacional no cuenta con un protocolo para poder proceder en estos casos, dejándose a la mera experiencia las formas en como proceder.

Además de la respuesta represiva, necesaria por la comisión de delitos por parte de estos grupos, conviene entender por qué se producen estos comportamientos para las necesarias políticas de prevención. Marcel Velásquez, sociólogo especialista en temas de jóvenes, explica:

En el Perú, el fenómeno de la delincuencia juvenil crece incontrolablemente. Según cifras extraoficiales, en Lima hay más de 500 pandillas juveniles con cerca de 20.000 miembros. Se pueden clasificar en pandillas escolares, barras bravas o pandillas delictivas. El 14% de los limeños ha sido víctima de agresiones de pandillas en los últimos doce meses y el 93% considera que este problema es muy grave (IPSOS Apoyo).

¿Por qué florecen las pandillas en un mundo global y en una sociedad con cifras macroeconómicas de crecimiento sostenido? ¿Cómo se gestan las relaciones entre las barras bravas y las pandillas delictivas? ¿Cuál es el papel de los nuevos medios tecnológicos entre estas tribus urbanas?

La neotribalización de la sociedad de masas es un fenómeno propio del mundo contemporáneo. Por un lado, se imponen formas de sensibilidad, sociabilidad y consumo cultural comunes, con la consecuente desindividuación; por el otro, se incrementan las microsociedades que garantizan al sujeto un vínculo social perdurable, una cohesión de ideales y un refugio emocional que el mercado no puede ofrecer.

La mayoría de las pandillas juveniles son una respuesta social que busca reconocimiento e inclusión en sociedades donde las formas institucionales tradicionales (familia, escuela y trabajo) están en crisis o abierta descomposición. La adhesión incondicional al líder, la red de lealtades y el territorio delimitado manifiestan una desesperada voluntad de afirmar una identidad individual/social y filiarse con un espacio propio.

Las pandillas juveniles poseen estructuras tradicionales regidas por el orden y la jerarquía, pero están, simultáneamente, globalizadas. Los Latin Kings, la Mara Salvatrucha, la Mara 18, entre otros, son parte de los rostros globales de nuestros tiempos. Sin embargo, ante un mundo desterritorializado por la lógica del capitalismo global, el cuerpo de los pandilleros busca recuperar la plena integración con el territorio físico o simbólico. El imperativo de goce del capitalismo tardío se vive entre las pandillas juveniles a costa del daño o perjuicio de los otros, su goce se funda en la trasgresión social y el dolor ajeno.

En la ciudad de Lima, los distritos con más pandillas son Comas, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, El Agustino y el Callao. El perfil del pandillero típico remite a las cicatrices de la pobreza, la violencia familiar, la exclusión social, el desempleo y el consumo de drogas. A pesar de ello, el fenómeno no puede ser reducido a los típicos problemas de los barrios periféricos pobres; hoy, las pandillas ganan terreno entre las clases medias.

El Decreto Legislativo 990 del año 2007 define a la pandilla perniciosa como aquel “grupo de adolescentes cuyas edades fluctúan entre los doce y dieciocho años y que actúan en forma conjunta para atentar contra la integridad física, la vida, el patrimonio o la libertad sexual de las personas o dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el orden público”. Esta norma ha aumentado las penas contra los miembros de pandilla que cometan actos ilícitos. Sin embargo, la mera represión legal nunca ha solucionado un problema sociocultural.

Las barras bravas del fútbol peruano constituyen una minoría social que posee el monopolio de la representación simbólica de los aficionados a este deporte. Ellas han sido siempre refugio para delincuentes de menor monta. Los equipos más populares se precian de tener varios conjuntos de hinchas capaces de enfrentarse violentamente contra los rivales, y esto satisface la lógica machista de este deporte: “Mi equipo pierde el partido, pero yo le pego a los hinchas rivales”. En el peregrinaje hacia el estadio, las barras bravas suelen robar y saquear; durante los partidos consumen alcohol y se drogan.

Las pandillas juveniles de delincuentes tienen en las numerosas barras bravas una cantera para sus miembros. Los más “faites”, los más avezados se convertirán en los futuros asaltantes o secuestradores. Se multiplican las leyendas urbanas que celebran la vida breve pero intensa de quienes no tienen nada que perder. El cuerpo tatuado con las banderas de los equipos empieza a incorporar las cicatrices de los puñales enemigos o las huellas de las balas: el reino del fútbol es reemplazado por el imperio del crimen.

Los reportajes televisivos o periodísticos solo sirven para avivar el fuego. Los pandilleros posan, actúan violentamente, muestran su cuerpo y lanzan gritos de guerra contra los otros. “Maté a dos con un desentornillador”, “mi pistola goza disparando”, “yo solo busco respeto”. El sensacionalismo obtiene un buen titular y el líder de la pandilla ratifica su poder.

Las nuevas tribus urbanas son adictas a las tecnologías de comunicación. Las pandillas juveniles emplean el celular, el Chat, las páginas Web, el Hi5. No les basta el territorio acotado de un barrio o unas cuadras, también luchan por una cuota en el ciberespacio. Allí obtienen respeto, narran sus gestas épicas, sueñan, pero, sobre todo, buscan el reconocimiento y la visibilidad social que la ciudad hegemónica les niega.

Aquí, clubes de fútbol, municipalidades y el gobierno central – así como los propios hogares – tienen una tarea pendiente desde hace dos décadas, por lo menos. ¿Políticas para atender los problemas de adolescentes y jóvenes? Parece que eso no existe en la mente de nuestras autoridades, sean locuaces o mudas.

Esta carencia de accción ocurre también frente al transporte público, co-responsable en no detener lo ocurrido el sábado. El Comercio indica una de las causas porque buena parte de quienes manejan una combi o una coaster tratan a los pasajeros peor que al ganado vacuno u ovino:

¿Qué hay detrás de aquella —bien ganada— mala imagen que tenemos hoy de los choferes de los ómnibus, coasters y combis que inundan una ciudad de pavimento caliente como esta? ¿Qué los llevó a ganarse esa fama de vivarachos, correteadores y prestos para la coima y la sacada de vuelta? Un trabajo de Claudia Bielich, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), analizó esta problemática desde un ángulo certero e innovador: la influencia del sistema laboral de las empresas de transporte en el caótico tránsito limeño.

En el estudio, para el cual se entrevistó a choferes, cobradores, accionistas, dirigentes y dueños de tres empresas del rubro, Bielich comprobó que la avezada forma de manejar de los primeros, que ocasiona incontables accidentes y congestión vehicular, es producto de la falta de un sueldo fijo y la inestabilidad laboral en la empresa para la cual trabajan. El resultado de ello, según las conclusiones, no podía ser peor, aunque sí evidente: hoy, las jornadas de los conductores y cobradores suelen ser de 15 o 17 horas, seis días por semana, y en ellas se debe luchar por recoger la mayor cantidad de pasajeros para obtener así mayores ganancias.

La especialista recuerda que el origen de la informalidad en el transporte público se originó en los tiempos de Fujimori, exactamente en julio de 1991, con la promulgación del Decreto Ley 651, que permitió a cualquier persona natural y jurídica prestar este servicio. “Nació como una solución a la poca oferta del transporte que había en aquel tiempo, pero terminó con una caótica sobreoferta”, sostuvo.

Esta realidad dio origen a tres personajes que hasta hoy se incluyen dentro de la problemática: la empresa a la que, por ley, cada municipalidad autoriza una determinada ruta de transporte (en la capital es el concejo metropolitano); el propietario de un vehículo destinado a prestar el servicio; y el operador del mismo o chofer. En la mayoría de casos, explica Bielich, son los propios dueños de los carros quienes los manejan.

De acuerdo con el estudio, son las empresas formales, como Etupsa, las que brindan una mayor estabilidad al conductor, pues estas son responsables del mantenimiento del vehículo, gasolina, multas e incluso la alimentación de sus trabajadores. Sin embargo, el mayor porcentaje del transporte público, las coasters y combis, delegan esto al propio chofer. “De esta manera —indicó Bielich— estos deben manejar y crear sus propias reglas y la lucha por captar más pasajeros”.

“Además, las empresas formales y las que no tienen unidades suelen castigar monetariamente a los conductores si es que no llegan a un lugar en un tiempo específico; pese a que es un intento de ordenar el transporte, esto puede alentar la competencia irresponsable”, agregó.

Dejar el transporte sin regulación – gracias Fujimori y los gobiernos que le siguieron – nos ha costado miles de vidas en el Perú. Formalizarlo es una tarea pendiente que, si comienzan a trabajar en ella el gobierno central y los gobiernos locales, junto a las empresas de transporte, puede ser uno de los pocos legados buenos que la administración García le lege a su sucesor.  Quizás si comenzamos a ver el transporte como un servicio público podríamos comenzar a variar de actitud.

Finalmente, me sorprende que la víctima de este lamentable hecho haya tenido que ser atendida en tres centros de salud, en tres puntos distintos de Lima. Ello nos demuestra la carencia de un sistema de salud integrado, en el que ninguno de los actores se salva, ni públicos ni privados.  Basta escuchar el Rotafono de RPP todos los días para saber las carencias que la salud en el país tiene.

Peor aún, el gasto en inversión pública en salud es bastante pobre. Veamos lo que ocurre en el Ministerio de Salud. De acuerdo con las cifras del portal de Transparencia Económica del MEF, actualizadas al día de ayer, el presupuesto ampliado del Ministerio es de S/. 3,732,104,265. Para la adquisición de activos no financieros, es decir, para la inversión en equipos e infraestructura, solo se destinan S/.499,549,44. ¿Cuánto se ha gastado efectivamente? S/. 75,936,079, lo que representa apenas el 16.6%.

Así que, más allá de discursos gastados, leyes efectistas y artículos triunfalistas, el Perú debe avanzar, pero hacia reformas que nos impidan que más vidas se pierdan por inacción estatal.