MINISTRA DE JUSTICIA NECESITA CLASES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Cada día que pasa, me doy cuenta que la Ministra de Justicia Rosario Fernández no tiene pasta ni conocimientos para el puesto.

En estos dias, la Ministra estuvo en Panamá, para participar en la Segunda Conferencia Ministerial sobre Cooperación Internacional contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada Transnacional. Según recogió El Comercio, Fernández tomaría en cuenta la experiencia centroamericana de lucha contra la delincuencia juvenil:

El pandillaje juvenil “es un asunto que en el Perú aún está alejado (de) como ya se vive en El Salvador y Honduras”, señaló la ministra tras admitir sin embargo que el fenómeno social es una preocupación ante la posibilidad de que pueda llegar a desbordarse.

“Con las experiencias que podamos recoger vamos a poder enriquecernos y tener una conducta y una política preventiva”, sostuvo la funcionaria peruana.

El fenómeno de las maras, inspirado en las pandillas juveniles de Estados Unidos, se extendió a México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde la población se ha visto afectada por asesinatos, asaltos, narcotráfico y otros delitos.

Luego de leer estas declaraciones, le haré a la Ministra una recomendación literaria, como para este fin de semana.

Hace algunas semanas tuve como libro de cabecera La Ventana Rota y otras formas de luchar contra el crimen, un ensayo del ex Ministro del Interior y ex candidato a la alcaldía de Lima, Gino Costa, en el que se exponen tres modelos de combate contra la criminalidad urbana, cuyo estudio comparado nos sirve para entender limitaciones, aciertos y complicaciones de las distintas fórmulas para enfrentar este problema. 

Comienzo por el tercer modelo presentado por Costa: el de la mano dura, encarnado en la política elaborada por los gobiernos de derecha de El Salvador, justamente, el que quiere poner Rosario Fernández como modelo a seguir. ¿La fórmula empleada? Pues bastante parecida a la que hemos escuchado por aquí antes: incremento de penas, soluciones meramente represivas, planes que no involucraron a los gobiernos locales, carencia de recursos logísticos y poco manejo de inteligencia concentrada. ¿El resultado? Si bien la población apoyó en un inicio estas medidas, éstas fueron perdiendo apoyo popular. Y, peor aún, no se solucionó el problema de fondo. Sin duda, un llamado de atención a nuestras autoridades que siguen pensando en el éxito de fórmulas de este tipo. 

Pero también es interesante ver dos modelos exitosos, uno de los cuales quiso ser llevado a cabo en nuestro medio. Me refiero, en este último caso, al Plan Bratton, que tiene su nombre en el jefe de la Policía Metropolitana de Nueva York que implementó una reforma policial sobre la base de la teoría criminal de “la ventana rota”.

¿En qué consiste? En considerar que el desorden callejero tiene que controlarse para evitar la criminalidad, entendiéndose por desorden a cualquier conducta que no este dentro de una moral pública definida como el sentido común de la “gente decente”. Ello entrañaba como consecuencia la necesidad de establecer el patrullaje a pie en casi todos los puntos de mayor “desorden”. Esta medida se complementaba con un mayor poder a los comisarios, quienes coordinaban con las autoridades locales; un sistema de información computarizado que brindaba estadísticas sobre el crimen; la conformación de equipos especializados y reuniones de retroalimentación constantes. 

Con la aplicación del Plan Bratton se logró disminuir considerablemente los índices de delincuencia. Sin embargo, su aplicación no trajo pocos problemas. Para comenzar, la teoría de “la ventana rota”, aplicada sin muchos controles, hizo que se reprimiera fuertemente a personas pertenecientes a minorías sexuales y raciales, lo que genera serias dudas sobre la compatibilidad de dicha teoría con los derechos humanos. Asimismo, se “policializó” – con el perdón de los lingüistas por el neologismo – en demasía los problemas sociales que acompañan al fenómeno delictivo, con lo que se perdió la oportunidad de aplicar políticas que no recargaran tanto al sistema judicial. Y el sistema informático de la Policía, con lo positivo que es, solo tenía como única fuente los datos policiales, los cuales no podían ser contrastados con otras investigaciones. Con estas limitaciones, uno se pregunta porque Alberto Andrade quería implantar este sistema en Lima. 

Un último modelo presentado por Costa es el de Bogotá. Hagamos memoria. Hace un par de años estuvo en Lima Antanas Mockus, el excéntrico ex alcalde de la capital de Colombia. Entre las experiencias que contó, estuvo la mejora de la seguridad ciudadana en una de las ciudades que se encontraba entre las más peligrosas de la región. ¿Qué hizo Mockus y que continuaron y mejoraron sus sucesores? El elemento fundamental es la “cultura ciudadana”, basada en el real cumplimiento de la ley, sobre la base de la educación de los ciudadanos, a través de estímulos simples como tarjetas ciudadanas, eventos culturales y el acercamiento entre Policía y ciudadanos, entre otros elementos. Más que cambios legales – con excepción de una “ley zanahoria” bastante controvertida – , se apeló a cambios culturales y a pedagogía política, concepto que parece estar lejos de nuestros gobernantes.

Además, se adoptó un modelo de seguridad ciudadana basado en la autoridad civil, con información proveniente de diversos sectores y un observatorio que detectó patrones delictivos. Ello se complementó con una visión de la ciudad en toda su dimensión y una reforma policial apoyada por el Poder Ejecutivo colombiano. Esto costó años, pero, a la larga, dio resultados. 

Cultura ciudadana, responsabilidad de los vecinos, liderazgo claro, apoyo policial. Cuanto nos hace falta un Mockus en Lima. Si fueras peruano, Antanas, ¿no te interesaría hacerte cargo del Ministerio de Justicia?