ANIMUS MORTICOLI

Parece que el Congreso está empeñado en mandar a la horca a alguien. Según registra El Comercio:

La Junta de Portavoces del Congreso acordó que el proyecto de ley que plantea la pena de muerte para los terroristas, presentado por el Poder Ejecutivo, sea debatido por el pleno en la presente legislatura, que termina el 19 de enero próximo, aún cuando no haya sido dictaminada por las comisiones de Constitución y Justicia“.

Y el argumento que da Javier Velásquez Quesquén es el siguiente:

En otro momento, explicó que la pena capital, planteado para los casos de terrorismo, no es una reforma constitucional por lo que no necesita de dos legislaturas y que, además, está establecida en el artículo 140 de la Constitución. “Estamos hablando solo de una ley de desarrollo”, explicó“.

Tal parece que el congresista aprista ha olvidado sus clases de Derecho Constitucional y Derecho Internacional, que como abogado debe haber llevado. Pero como aquí tenemos Memorex Forte, le recordamos al “padre de la Patria” (y de paso, a todos los demás), lo siguiente:

En 1979, en consonancia con su retorno a la democracia, el Perú eliminó de su legislación penal y de su Constitución casi todas las causales de pena de muerte, con excepción de la traición a la patria en caso de guerra exterior.

Ese mismo año y conjuntamente con la aprobación de la Constitución de 1979, el Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, el instrumento internacional que permite a los peruanos a acceder a mecanismos de protección de los derechos humanos cada vez que el Estado infringe sus deberes. De carácter abolicionista, la Convención estableció lo siguiente sobre la pena de muerte:

Artículo 4. Derecho a la Vida:
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

En otras palabras, ya que el Perú decidió mantener la pena de muerte para un solo supuesto, no podía ampliar su aplicación a otros delitos a los que no se aplique en el momento de ratificación de la Convención Americana.

En 1993, Fujimori, leal como siempre a su máxima “hecha la ley, hecha la trampa” amplió en la Constitución de 1993 – de contrabando – los supuestos de pena de muerte. Este artículo dice a la letra lo siguiente:

“La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.

Para evitar que el Perú pueda “sacarle la vuelta” a la norma y aplicar la pena de muerte por casos de terrorismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, estableció que cada vez que el Estado emita una norma manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado.

Es decir, en términos no jurídicos, la simple expedición de esta norma ya vulneraba la Convención Americana y, en caso de ejecutarse a alguien, el Estado peruano tendría responsabilidades internacionales que asumir muy serias por este tema. Este hecho, sumado al intento de “acuerdo de paz” que Guzman y Montesinos hicieron en 1993, evitaron que se aplique esta pena.

Para decirlo en cristiano, si el Congreso emite una “norma de desarrollo constitucional” vulneraríamos nuestros compromisos internacionales y haríamos otro papelón ante la comunidad internacional, dado que una demanda en la Corte Interamericana (e incluso, aquicito nomás, en el Tribunal Constitucional).

Y en el colmo del desparpajo, Velásquez Quesquén llegó a decir que: “esta decisión es una de las respuestas enérgicas ante el recrudecimiento del narcoterrorismo en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), y que acabó con la vida de cinco policías y tres civiles“.

El efectismo le gana la partida a la inteligencia. La barbarie la pretenden combatir con la barbarie. La estupidez y la insensatez pretenden reducir la solución a meter bala y fusilar gente.

Como hace un tiempo dijimos, el Presidente de la República ha cambiado de canción preferida. Ya no es “El Rey”, como en su periodo anterior, o “La Vida es un Carnaval”, como durante la campaña electoral. Ahora parece que el tema a cuyo son nos quiere hacer bailar es “Yo soy la muerte”, de El Gran Combo de Puerto Rico. Y a ese son nos quiere hacer bailar con esa canción a todos los peruanos, con el aplauso de las Alcortas y las Cuculizas, de los García Miró y los Alditos, olvidando las lecciones de los años que luchamos contra el terrorismo: más inteligencia, menos efectismo, no violar los derechos ciudadanos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Salomón Lerner Febres: Retiro de la CIDH favorecería a Alberto Fujimori.
La República: No existe comando unificado para combatir al narcoterrorismo.
Carlos Tapia: “El problema es socioeconómico”.
La República: Pena de Muerte otra vez.

LA ULTIMA BATALLA CONTRA SENDERO LUMINOSO

El lamentable y condenable suceso del último fin de semana en la provincia de La Mar, donde murieron 5 policías y 3 civiles a manos de miembros de Sendero Luminoso, no solo merece nuestro rechazo y congoja, sino también una reflexión serena, pero firme sobre lo que se debe (y lo que no se debe) hacer en estas circunstancias.

Considero que no debe magnificarse la magnitud del problema. Sendero Luminoso ha sido derrotado militarmente y no supone una amenaza real para la subsistencia del Estado peruano como lo fue en las décadas de 1980 y 1990.

Sin embargo, quedan aún dos columnas relativamente importantes de esta agrupación. La del Huallaga, liderado por el llamado “camarada Artemio” y la del VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene), que es la que efectuó la emboscada del último sábado.

El gobierno de Alberto Fujimori mantuvo a propósito la existencia de estos dos grupos. Sus afanes reeleccionistas necesitaban de una amenaza que hiciera que la población siguiera prefiriendo el autoritarismo como supuesta salvaguardia frente a la paz – que, por cierto, Fujimori no hizo nada por contribuir – por lo que descuidó cualquier intento de acabar con las organizaciones subversivas durante su periodo final.

En democracia, se tenía plena conciencia de lo que se tenía que hacer: un exhaustivo plan de inteligencia en la zona, un comando policial militar suficientemente coordinado, equipado y conducido bajo una clara dirección política, y un plan de desarrollo integral de las localidades en las que aún se movían las columnas senderistas.

Asimismo, se tenía la convicción que no nos encontrábamos ante el mismo Sendero Luminoso ideologizado y fanático de décadas pasadas, sino ante una agrupación que buscaba aprovechar su posición como “ama de llaves armada” de madereros y narcotraficantes en los dos enclaves que aun conserva.

Sin embargo, a pesar de tenerse este diagnóstico acertado, poco se ha avanzó.

Los planes de paz y desarrollo no fueron adecuadamente implementados, no se dotó de suficientes recursos y capacidad a los comisionados por la paz y desarrollo y en el colmo de la estupidez, Toledo creyó que esos planes eran suficientes para reparar a las víctimas de la violencia, olvidando que su fin era otro: dotar de mecanismos de desarrollo alternativo a la población de la zona para que sintieran la presencia estatal. Este gobierno ni siquiera ha mencionado estos planes como parte de la estrategia (aunque esperaremos a mañana, que Pilar Mazzetti, Allan Wagner y Rómulo Pizarro anuncien lo que tengan que anunciar).

En lo que respecta al trabajo de inteligencia, existían reportes que informaban sobre las actividades en la zona, pero, de acuerdo a lo señalado por la Ministra y a lo que hemos podido confirmar por otros canales, ciertamente existió negligencia por parte del comando que envío a un grupo de jóvenes polícías a patrullar con pocos pertrechos y de noche, cuestión que es bastante arriesgada en el VRAE. Identificar claramente la posición y estrategia del contrincante es lo que se ha hecho a medias y que, en este caso, nos ha costado 8 vidas humanas.

Finalmente, las disputas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieron que no existiera una real colaboración entre ambas fuerzas. Es cierto que la principal responsabilidad – constitucional – de preservar el orden interno es de la Policía, pero, en este caso, son los militares quienes tienen mayor conocimiento y experiencia en la zona. Nuevamente, vemos aquí lo pernicioso de la corrupción: en la reciente visita que varios ministros hicieran a una de las bases militares instaladas en el VRAE, se hizo patente que los colchones de la tropa ni siquiera servían para los ejercicios de un fakir. El Ministro de Agricultura José Salazar tuvo que “poner de la suya” para comprar nuevos colchones, ante la vergüenza del entonces Comandante General del Ejército César Reinoso.

Estos son los verdaderos problemas que aquejan a la lucha contrasubversiva y no las monsergas que algunos políticos y medios comienzan a dar, nuevamente, contra el trabajo de la CVR o de las organizaciones de derechos humanos. Basta señalar que en el tomo IX de su extenso Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo referencia como uno de los retos de la reconciliación a la persistencia del conflicto armado interno en algunas zonas de nuestro país, de la siguiente manera:

La violencia se mantiene en alrededor de dieciocho distritos y afecta la selva de Junín, Huánuco y San Martín. Han seguido las incursiones y las muertes, generando inseguridad. La población pide en algunos casos la presencia de los militares, en otras, su salida. Conviene señalar que las condiciones de combate a la subversión no se han modificado en cuanto a estrategia – que sigue siendo militar y no política. Nos parece que la reconciliación obliga a una nueva estrategia política y militar en las zonas de conflicto para que no se cometan los viejos errores y para conluir el conflicto de forma pacífica con la población en el más breve plazo. Esta nueva perspectiva exige la participación de los poderes del Estado en la toma de decisiones contra la violencia y la inseguridad aún existente“. (IF CVR, Tomo IX, página 79).

Quizás habría que recordar lo que dijo César Hildebrandt hace algunos años, cuando se descubrió la matanza de Cayara y que parafraseo hoy con relación a lo que ocurre en este momento. Soy enemigo viceral, moral, intelectual de Sendero Luminoso. Deseo que la democracia derrote al terror en una batalla complicada, no solo militar sino social, económica, etc. Hay que barrer con los abismos sociales que son el caldo de cultivo de la violencia. Yo quiero que mi país gane la última batalla contra la violencia, por eso me preocupa, porque estamos lejos y a la vez cerca de esa victoria.

OTROSI DIGO: Frente a la actitud de asunción de responsabilidades de Pilar Mazzetti y Allan Wagner, resulta poco menos que penosa y patética la actitud del Presidente de la República, quien nuevamente se ha pronunciado en favor de la aplicación de la pena de muerte para quienes sean responsables del delito de terrorismo. García nuevamente demuestra que quiere el aplauso fácil, la aprobación personal de 60% y satisfacer su elefantiásico ego, antes que plantear ideas, pues carece de las mismas. Convertirse en el vocero de una medida poco democrática, inviable jurídicamente y poco eficaz para la disuación del delito nos pinta de cuerpo entero que en Palacio de Gobierno hay una vocación mortícola y nos plantea la duda sobre si entre 1985 y 1990 esa misma vocación estuvo presente en el hombre que dirigía los destinos del país en aquel entonces.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Mazetti admite negligencia en el asesinato de policías. Wagner revela nombres de presuntos terroristas.
La República: El VRAE es el más grande productor de cloridrato de cocaína en el Perú.
Editorial de El Comercio: Por una acción militar policial decisiva.
APRODEH: Solidaridad con víctimas de emboscada subversiva en Ayacucho.
Augusto Alvarez Rodrich: Sendero, otra vez.
Mariella Balbi: El Nudo de Vizcatán.
Mirko Lauer: ¿Conocemos realmente al enemigo?
Fernando Rospigliosi: Es un problema de ineptitud.
Benedicto Jiménez: “Con la pena de muerte se alimenta una discusión esteril”.
Gino Costa: “Para combatir los remanentes subversivos se necesita una estrategia ofensiva con mayor inteligencia y presencia del Estado”.
Carlos Basombrío: ¿Podrán domar al bravo VRAE? (17/11/2006)
Utero de Marita: ¿Quién mató a los policías? VRAE (17/11/2006)

LA MALA EDUCACION

Evaluación a los maestros: entre la improvisación y el radicalismo

Sin duda, el tema más importante de la semana es la anunciada evaluación de desempeño a los docentes de todo el país, la cual ha motivado un enésimo enfrentamiento entre el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) y el Ministerio de Educación.

Como era de suponerse, el SUTEP, a través de su dirigente máxima Caridad Montes ha señalado que no concurrirá a la evaluación, señalando los pretextos de siempre: quieren acabar con el sindicato, van a botar a los maestros, el problema es que el gobierno no quiere pagarnos las capacitaciones, es el primer paso para la privatización de la educación.

La visión que tiene el SUTEP de la educación sigue anclada en los años 70, cuando el mundo era otro y la educación peruana sí merecía el nombre de tal (aunque ya comenzaba a dar signos de su visible deterioro). Aun se sigue pensando en una educación gratuita para todos, cuando es necesario que quienes puedan pagar aunque sea una cantidad simbólica lo hagan. Se continúa pensando en términos de una estabilidad laboral que inmovilice ante el mal rendimiento. Se sigue pensando en términos del “empleador cuco que sólo quiere despedirme”. Se sigue pensando que la confrontación es la única vía para hacer cosas. Y se nota la carencia de ideas que tienen los dirigentes del SUTEP sobre que hacer con la educación peruana, pues siguen pensando que “sólo el cambio del modelo económico” será la condición necesaria y suficiente para que el sistema educativo funcione de verdad.

Nicolás Lynch acierta en que el sindicato de maestros actual – que, a diferencia de lo que piensan algunos, no debe desaparecer, sino democratizarse y contar con una nueva visión – representa “el pensamiento arcaico en la educación peruana” que, en el fondo, lo que busca es mantener mecanismos de poder, como una dirigencia copada por Patria Roja desde hace 35 años y con el control sobre la Derrama Magisterial y sus fondos.

Pero indicar que la posición de la dirigencia del SUTEP es arcaica y atenta contra el futuro de la educación peruana no implica aceptar que la pólítica educativa del gobierno – si es que esta existe – sea la más adecuada.

En principio, la cabeza del Ministerio de Educación no es la persona más idónea para el cargo. No nos engañemos, José Antonio Chang no fue nombrado por sus brillantes ideas sobre la educación peruana, sino por un pago de favores. Chang, mientras se desempeñó como Rector de la Universidad San Martín de Porres, dio el pase para la creación del Instituto de Gobierno dirigido por Alan García y ese fue el real mérito para su designación en el puesto. Chang no llegó con ninguna idea y, al momento de la designación del gabinete, casi todos coincidimos que nos hallábamos ante uno de los puntos más flacos del equipo ministerial.

La evaluación no fue una idea del despacho ministerial de San Borja. Por el contrario, surgió del voluntarismo de Alan García. Como lo recuerda el experto en Educación León Trathemberg, fue en una palaciega conferencia de prensa con representantes de varios organismos internacionales cuando AGP señaló: “Vamos a hacer una evaluación de los profesores; entiendo que es así, señor ministro (Chang),… aunque le cueste esfuerzos y problemas, pero tenemos que hacerlo para saber qué metas debemos alcanzar”. El señor le decía a su sirviente que prepare una evaluación sin atenerse a los criterios de la Ley de Carrera Magisterial o al Plan Educativo Nacional y Chang, con la servilidad de la que hace gala, le hizo caso a su patrón, en lugar de priorizar la aprobación del marco referencial de los profesores.

A ello se suma que lo que se evaluará el 20 no dará una idea exacta de lo que necesitamos. Cito a Trathemberg:

“¿Quién es un buen maestro? Un profesional que conoce y domina su especialidad, tiene capacidad práctica para la docencia, logra que los alumnos aprendan lo previsto, es cumplido en lo administrativo, tiene estabilidad sicológica para el vínculo adecuado con los alumnos sin maltratarlos, y tiene calidad ética y honestidad que lo aleja de la falsificación de documentos, venta de exámenes o notas, etc.

Una buena evaluación docente debería abarcar todos estos factores. Siendo una tarea imposible para hacerse de aquí a diciembre, el ministro Chang la ha reducido a un solo criterio: una evaluación de habilidades básicas en lecto-escritura, aritmética y algunos conocimientos del área de docencia, evaluados en una prueba escrita de elección múltiple, fuera del aula y ajena a cualquier consideración sicológica, ética, administrativa o del propio ejercicio docente en el aula. Estará ausente el criterio del director, los alumnos y padres de familia. Por si fuera poco, los resultados no estarán conectados de modo alguno a la carrera docente, cuya ley está congelada en el Congreso”.

Chang ha dicho que esto es una muestra censal para saber en que lugares del país la cosa anda fallando. El Ministro no se percata que lo que falla es el sistema educativo en pleno y que estamos en la cola de América Latina no por gusto, sino porque la educación peruana – ojo, no sólo la estatal, sino también buena parte de la privada – anda por las patas de los caballos.

A esto se suma la fecha de la evaluación, pretexto del que se ha agarrado el SUTEP para oponerse a la misma. El 20 de diciembre es una fecha crítica, ya que en dicha época del año se entregan libretas, se terminan las actas para el Ministerio, comienzan a expedirse los certificados de estudios para los chicos que egresan de quinto de media. En suma, una mala época para hacer el examen, más aún, con las deficiencias antes anotadas.

¿Habrán leído los dirigentes del SUTEP y el Ministro de Educación el Plan Educativo Nacional? ¿Alan García le habrá dado una hojeada? Lo dudamos, pues el debate armado sobre la evaluación demuestra que su prioridad no es la educación, sino, en el caso del SUTEP, mantener sus gollerías de toda la vida, y en el del gobierno, hacer medidas efectistas para mantener el nivel de popularidad del Presidente, la única meta que parecen medir en Palacio de Gobierno. Mientras tanto, la educación sigue pidiendo una reforma a gritos, pues, de no hacerse, seguiremos condenando a miles de peruanos al desempleo y a la falta de oportunidades para salir adelante.

MAS SOBRE EL TEMA:
Consejo Nacional de Educación: Plan Educativo Nacional.
El Comercio: Educación sigue siendo el sector más rezagado del gobierno.
Augusto Alvarez Rodrich: Evalúenlos ¡por Caridad!
León Trathemberg: Evaluación docente: al revés. Otro improntu: Evaluación docente.
Utero de Marita: Evaluando a la bruta.
Nelson Manrique: La evaluación docente.

CONOCE A TUS REGIDORES METROPOLITANOS

Como pocos deben de saber, ya han sido designados quienes serán los regidores metropolitanos que acompañarán a Luis Castañeda Lossio en su nueva gestión municipal. Y como este Tercer Piso tiene vocación de Ferrando (es decir, “yo lo descubrí”), a continuación les van pequeños datos sobre quienes decidirán muchas de las cosas que afectarán a la ciudad en los próximos 4 años.

LOS CASTAÑEDA BOYS

Dentro de los muchachos de Unidad Nacional, hay que lamentar una baja: Pablo de la Flor. El ex Viceministro de Comercio Exterior y ex jefe del equipo negociador del TLC ha renunciado a su puesto por tener que atender temas de índole profesional.

El teniente alcalde Marco Parra tiene un proceso judicial pendiente por estafa, debido a que autorizó la entrega de fondos de la Caja del Pescador a una empresa privada. Además, tiene una denuncia por maltrato a su ex pareja en la Comisaría de San Borja. Postuló sin éxito al Congreso.

Efraín Aguilar, el popular “Betito”, repite el plato como regidor. El autor intelectual del mamotreto conocido como “Así es la Vida” fue durante este periodo el responsable de la cultura en la Municipalidad, es decir, fue el verdugo de las bienales, el que boicoteó la labor del Patronato para la recuperación del Teatro Municipal, el que se peleaba con la gente de Quilca, el que tenía (y sigue teniendo) una visión obtusa sobre lo que es cultura. ¿Veremos en el Segura actuando a Papá Chuiman o a Olga Zumarán?

José Tisoc Lindley fue jefe de la Policía Nacional. Fue el responsable de la salida de Gino Costa del Ministerio del Interior, por oponerse a los mecanismos de transparencia en los ascensos de oficiales durante el año 2002. Será seguramente la ficha de Castañeda en temas de seguridad ciudadana.

Angel Delgado Silva, profesor de Derecho Municipal y Regional en la PUCP, es otro jale de Castañeda. Delgado ha sido regidor metropolitano por Izquierda Unida y ex director del diario “Liberación”. Hasta hace unos meses fue parte de Fuerza Democrática, el movimiento político de Alberto Borea.

Otro regreso a la política es el del historiador y antropólogo Luis Enrique Tord, quien fuera parte del CCD por Coordinadora Democrática, en ese entonces, camiseta política de José Barba Caballero.

Algunos regidores de otras agrupaciones han cambiado de camisetas: Lincoln Okuma y Roxana Rocha fueron regidores por Somos Perú hasta hace poco. Lo mismo ocurrió con Freddy Davelois, regidor por el movimiento de Jaime Salinas Diálogo Vecinal.

El más controvertido personaje de los “Castañeda Boys” es Ricardo Palma Michelsen. Palma es el propietario de “tu vieja” Radio Miraflores, que durante el gobierno de Alejandro Toledo alojó a todo el relleno sanitario mediático fujimorista: Luis Alberto Morey, Fernando Viaña, Jorge Morelli y Nicolás Lucar. Curiosamente, hace algunos años tuvo unos problemas de impuestos que lo llevaron a prisión y allí pretextó “persecusión política” de parte de Fujimori. Fue regidor metropolitano por Somos Perú.

LOS HERMANOS DE LAY

Lo que prima en los representantes del partido del pastor Humberto Lay es la camiseta partidaria. De los 6 regidores que tiene, 4 son dirigentes de su partido: Marcos Morón (Deportes, fue campeón nacional de Karate), José Luis Collantes (Organización, ex oficial FAP), Jorge Márquez (Ideología y Doctrina) y Euding Maeshiro(Imagen Institucional).

Maeshiro es el más conocido de ellos. Es el presidente de la Asociación Civil Voluntarios por la Vida, que regenta el Pub Voluntarios, cuyas ganancias van hacia diferentes obras sociales y donde quienes atienden son empresarios jóvenes de relativo éxito. También cuenta con una agencia de servicios para publicidad, donde se graban jingles. Dato anecdótico: Maeshiro aparece en Indecopi, con el número de expediente 436-2000-ODA de la Oficina de Derechos de Autor, como autor de la música de “El ritmo del Chino”, el sonsonete con el que Fujimori nos quiso vender cumbia y yuca en el año 2000.

Y hablando de Fujimori, al chino Lay se le coló un fujimorista. Esteban Uceda Guerra – García conocido en la política como Diego Uceda, el fujimorista que se peleó con el resto de sus compinches y ha dejado la agrupación, sino que fue Sub Secretario Nacional de Sí Cumple, el movimiento del extraditable.

CON LA ESTRELLA DEL SHERIFF

Vaya que tuvimos cierto trabajo para encontrar algo sobre los nuevos regidores del APRA. Pero los dos datitos que encontramos serán su delicia chismográfica: Luis Jiménez Borra y Luis Llanos Cabanillas son dignos representantes de la juventud aprista, heredada por el lado materno: sus progenitoras son Virginia Borra, Ministra de la Mujer, y Mercedes Cabanillas, Presidenta del Congreso.

LOS OTROS

Marisa Glave ha sido presidenta de la FEPUC, fue activa en las marchas estudiantiles contra Fujimori y ha terminado su carrera de sociología. La conozco desde hace varios años, pues es mi compañera de promoción de colegio, y se de su capacidad y ganas de hacer bien las cosas. El único inconveniente: es la representante (activa, por cierto) del Partido Nacionalista Peruano en la comuna limeña.

Somos Perú tiene 3 representantes, de los que destacan Germán Aparicio, ex Teniente Alcalde de Lima en las gestiones de Andrade, y Rafael García Melgar, sociólogo y ex Director de Migraciones en la época en que Fernando Rospigliosi y Gino Costa estuvieron al frente del Ministerio del Interior.

Unión por el Perú presenta 2 regidores. Uno de ellos es el ex alcalde de La Victoria Juan Olazabal Segovia, elegido por Somos Lima en 1995. El resúmen de su gestión en Caretas 1530:

El municipio de La Victoria, por ejemplo, ha tenido una de las peores gestiones de la historia y la administración se ha llenado de deudas, dice Villegas. “Su estado financiero está en rojo, cuando debería ser el distrito con mayores recursos de Lima Metropolitana. No hay que olvidar que cuenta con zonas comerciales como Gamarra”. Tremendo desprósito le ha costado al alcalde Juan Olazábal no ser considerado para la reelección en la lista de Somos Perú, además“.

Finalmente, Sí Cumple lleva como único representante al General retirado Walter Chacón Málaga, último Comandante General del Ejército de la era Fujimori, procesado por varios casos de corrupción.

OMISIONES A LA JUSTICIA

Algunos nombramientos, elecciones y casos que sacan roncha

Como bien me dijo Marco Sifuentes vía su página web, la elección de Francisco Távara como presidente del Poder Judicial era más un lunar en medio de la ciénaga en que se ha convertido la administración de justicia en nuestro país. Cuestiones que han pasado en estos días, entre elecciones, nombramientos y decisiones judiciales o políticas dan mucho que pensar sobre esta materia. Veamos:

1. En el Colegio de Abogados de Lima, ha sido elegida como Decana Luz Aurea Saenz. Para los más jóvenes, Saenz fue Contralora General de la República nombrada por Alan García Perez en 1987 y nada de la corrupción de aquel gobierno fue investigado. Su premio: ser candidata al Congreso por el Partido Aprista en el 2001. Para mayores señas “compañeriles”, es profesora principal de la Universidad Federico Villareal, la universidad más aprista del país (más incluso que la Nacional de Trujillo).

Muchos dirán, pero si el CAL es un órgano privado. Sin embargo, esta entidad debe velar por la ética profesional de los abogados – no en vano nos obligan a hacer un curso de 200 soles para poder tener el título y obligarnos a colegiarnos para ejercer la profesión – y ser un actor importante en el impulso de la reforma de la justicia. Pero de un tiempo a esta parte el CAL viene reflejando el deterioro de la profesión en todos sus aspectos, tanto en su calidad académica como ética. En esta década los abogados de Lima no han tenido un Decano que merezca tal nombre. Tengo que remontarme a los nombres de Andrés Aramburú, Jorge Avendaño, Raúl Ferrero y Delia Revoredo, durante la década pasada, para encontrar nombres de fuste a la cabeza de una institución que debería velar mejor por los abogados y por su calidad. No lo olvidemos: todos los magistrados que tenemos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público son abogados. Allí está la cantera de los malos jueces y fiscales.

2. La Corte Superior de Lima estará encabezada por un personaje cuestionado: Angel Romero Díaz. Romero Díaz es también vinculado al Partido Aprista, pues fue su personero legal en el 2001, en la campaña del come back de Alan.

Pero Romero es conocido también por ser abogado de casinos y tragamonedas, entidades que para operar han convertido al proceso de amparo en una broma y a la competencia de un juzgado en el peor chiste de Carbonell. Así, un casino de Jesús María puede operar con un amparo emitido en el juzgado civil de Cajamarca. No, no es broma.

Romero Díaz, además, fue abogado defensor de Luis Duthurburu Rojas, uno de los testaferros de Vladimiro Montesinos.

Buscando información sobre este vocal, me encontré que también es un incipiente blogger.

3. La Ventana Indiscreta ha publicado un reportaje sobre Moises Tambini del Valle, el jefe de los procuradores, o para decirlo en bonito, el Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado.

El reportaje da cuenta de los vínculos de sus familiares con Fernando Zevallos, il capo di tuti capi del lavado de dinero, vía Aerocontinente. (Con razón su lema era “nacidos para volar”).

Como no podía ser de otra manera, el doctor Tambini está comprometido con los compañeros. Ha sido abogado de Alan García, ex jefe del Departamento Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, ex candidato al Congreso por el APRA y promotor del Frente Social en el Cono Este. Por si fuera poco, fue diputado aprista entre 1985 y 1990.

Además, Tambini ha sido cuestionado en una anterior oportunidad, por poner obstáculos a la extradición del ex dictador Alberto Fujimori y a la investigación que la Procuraduría Ad Hoc hacía sobre Luis Giampietri, primer vicepresidente de la República, por malversación de fondos en compras de la Marina durante el fujimorato.

4. Como lo informamos hace unos días, el segundo juzgado penal supraprovincial ha archivado el caso de la desaparición y asesinato del periodista Jaime Ayala, ocurrida en 1984, así como otros casos de derechos humanos ocurridos en Huanta por miembros de la Infantería de Marina, como la masacre de 39 campesinos en Pucayacu.

Como señala La República:

La mayoría de las 300 denuncias de desaparición recogidas por el Ministerio Público en Huanta entre el 1 de enero de 1983 y el 23 de agosto de 1984 sindican al cuartel de la Marina de esa ciudad como el lugar a donde eran trasladados los detenidos. La instalación militar estaba en el estadio de Huanta, ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Entonces contaba con una cancha de fútbol, tribunas y camerinos donde dormían los oficiales.

Detenidos que fueron liberados relataron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que estuvieron en carpas ubicadas detrás de las tribunas que se escuchaban los gritos de los que eran torturados por las noches; y que los guardias que los cuidaban rotaban turno de día y noche. Por un mínimo de sentido común es imposible pensar que todo esto pudo haber sido hecho sin contar con el conocimiento de las autoridades militares de la zona“.

El caso también fue documentado en esa época por el programa Documento, dirigido por César Hildebrandt, e incluso mereció la salida del programa por presiones de la Marina de Guerra.

El principal responsable, Alvaro Artaza Adrianzén, conocido como “comandante Camión”, es no habido desde 1986. Viviría en Estados Unidos.

5. Finalmente, el Congreso de la República ha vulnerado una sentencia del Tribunal Constitucional. En dos oportunidades durante el presente año, el TC se ha pronunciado sobre la Ley N° Nº 28665, Ley de Organización y Funciones de la Justicia Militar Policial, ha cual ha sido cuestionada por una serie de razones que en su mayor parte han sido acogidas por el Tribunal.

En su sentencia Nº 0006-2006-PI/TC, el TC dijo:

Disponer, respecto de las disposiciones inconstitucionales, una vacatio sententiae que, indefectiblemente, vencerá el 31 de diciembre de 2006 y que será computada a partir de la publicación de la presente sentencia, plazo que, una vez vencido, ocasionará que la declaratoria de inconstitucionalidad surta todos sus efectos, eliminándose del ordenamiento jurídico tales disposiciones legales. Precisar que el plazo de vacatio sententiae no debe servir solamente para la expedición de las disposiciones que el Legislador, en uso de sus atribuciones constitucionales, pudiera establecer, sino para que en dicho lapso se cuente con una organización jurisdiccional especializada en materia penal militar compatible con la Constitución“.

En cristiano, el Congreso estaba obligado por esta sentencia a tener lista una ley que regulara la justicia militar antes del 31 de diciembre. Sin embargo, vulnerando el respeto que todas las instituciones deben tener a los fallos del Tribunal Constitucional, nuestros otorongos aprobaron una norma que prorroga hasta el 15 de junio del 2007 la Ley de justicia militar cuestionada.

Con ello, el parlamento intenta tapar su inoperancia para hacer una norma y también delata las presiones que sufre de parte del Consejo Supremo de Justicia Militar, que sigue pretendiendo que los jueces y fiscales sean oficiales militares en actividad y que, además, vean otros delitos y, además no desean control alguno por parte del Poder Judicial. A través de su periodista favorito, Uri Ben Schmuel, ahora pretenden ver casos de narcotráfico, basados en las amenazas a jueces y fiscales, como si la solución real no fuese instalar mayores elementos de seguridad a los magistrados (o, como algunos pensamos, legalizarla).

Sin duda, la reforma judicial es uno de los temas pendientes que este gobierno debe resolver. Pero con personajes y decisiones como los antes comentados, el camino seguirá siendo empedrado.

FEDERICO DANTON: ULTIMAS REPERCUSIONES


El día miércoles aparecieron dos novedades relacionadas con el célebre caso del sexto hijo de Alan García, Federico Dantón García Chessman.

La primera, una larga columna de César Hildebrandt donde da cuenta con bastantes detalles de la persecusión judicial de la que viene siendo objeto. Como hemos mencionado ya en esta columna, Hildebrandt es continuamente hostigado por el Poder Judicial para que preste su declaración en el caso de Fernando Zevallos. Hace unas semanas, en el programa “Panorama”, el ex lugarteniente de Zevallos, Jorge Chávez “Polaco”, sindicó a CH como periodista comprado por el narcotraficante a cambio de 35,000 dólares americanos.

Aunque el periodista no deja de dar sus “chiquitas” a su eterna némesis – El Comercio, donde trabaja su archienemigo, Fernando Ampuero -, la verdad es que el interrogatorio presentado a Hildebrandt es realmente risible y que la intención de citarlo de grado o fuerza francamente ridícula. CH no deja de percibir un tufillo a vendetta por la revelación del hijo de AGP.

Y a ello se suma lo más preocupante de su columna:

Hace más de un mes, aduciendo razones comerciales difíciles de entender, el dueño de Radio San Borja me dejó sin ingreso económico alguno. Eso me ha llevado a la determinación de suspender Al día con Hildebrandt hasta que pueda comprar el espacio y financiarlo por mi cuenta, cosa que no parece agua de rosas en la escena política que vivimos“.

La segunda, es un extenso reportaje de Paola Ugaz en la revista Ideele sobre el caso Federico Dantón.

La nota en cuestión da cuenta de los entretelones del reconocimiento paternal hecho por el presidente, así como las visiones que sobre este tema – en particular, las actitudes de AGP y de Pilar Nores – tienen analistas como Jorge Bruce y Martín Tanaka e incluso la célebre congresista Luciana León se anima a opinar sobre la materia (obviamente, justificando al jefe).

No escapó al análisis la relación de los blogs con este caso y el rebote que se le dio desde la chologósfera a un caso que fue cubierto de manera tímida por la prensa establecida. Una frase de Jorge Bruce llama al debate:

“Lo que los medios de comunicación callaron apareció por otras vías. En Internet, a través de sus blogs, se dice todo lo que no se está diciendo en los medios y más. Lo que está apareciendo en los blogs es lo prohibido, lo proscrito, lo excluido, lo que no es políticamente correcto. Viene con carga de agresividad, de obscenidad, en algunos casos, y de chisme, en otros”.

Pero, como el “animus Magaly” no podía dejar de estar presente, el reportaje culmina con el siguiente dato:

“Tras el anuncio presidencial, la tormenta no ha amainado en Palacio de Gobierno, porque, de acuerdo con fuentes allegadas al Presidente consultadas por ideele, los cuatro hijos de la pareja Nores-García se han puesto del lado de la
madre y le han criticado su aparición junto a su padre durante el anuncio. En estos días la Primera Dama se debate en una tormenta interna de sentimientos encontrados y
aún no termina de decidir si se separa o no de García, quien también estaría pasando por una atribulada situación”
.

La tormenta desatada aun no amaina, según parece. Bien lo pueden decir César Hildebrandt y Alan García.

MAS SOBRE EL TEMA:
Paola Ugaz: En el nombre del Hijo.
César Hildebrandt: ¿El costo de Federico Danton?

IMPUNIDAD EN ASESINATO DE PERIODISTA

El emblemático caso de Jaime Ayala Sulca, archivado en decisión polémica

Jaime Ayala Sulca. Periodista. Corresponsal de La República en Huanta en 1984. Estaba casado y tenía un hijo al momento de los hechos que relataremos a continuación.

Huanta, Ayacucho. Desde mediados de 1983 la Infantería de Marina estaba a cargo del control de la zona durante el conflicto armado interno. Entre 1983 y 1984, las operaciones contrasubversivas de los infantes de marina terminaron un un alto saldo de desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias. Jaime Ayala denunció estas afirmaciones.

Alvaro Artaza Adrianzén. Conocido como “Comandante Camión“. Responsable del destacamento de Huanta. Sindicado incluso por sus compañeros de armas como responsable de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Convirtió el Estado Municipal de Huanta en un centro clandestino de detención y tortura.

2 de agosto de 1984. La vivienda de la madre del periodista Ayala es allanada. El periodista acude a instalaciones de la Marina para averiguar lo ocurrido. Varios testigos lo ven entrar. Nunca lo ven salir.

El periodista había sido amenazado por miembros de la Marina por las denuncias que hacía sobre violaciones a los derechos humanos. Un infante de marina declaró a la Comisión de la Verdad y Reconciiación que Jaime Ayala fue vícitma de torturas y fue confirmada por otros testimonios. El mismo infante de marina señaló que el hombre de prensa fue asesinado, descuartizado y enterrado un día antes que llegara el Fiscal de la Nación, Alvaro Rey de Castro, al lugar de los hechos.

En 1985, se inicia una acusación fiscal. El fuero militar abre contienda de competencia y, milagrosamente, la Corte Suprema de Justicia decide que es el Poder Judicial ordinario el competente para ver este caso.

Ante ello, la Marina decide desaparecer al “Comandante Camión”. En 1986, se informa que Artaza había sido secuestrado. Sin embargo, informes periodísticos recientes demuestran que se encontraría viviendo en Estados Unidos.

Diciembre de 2006. En una decisión vergonzosa, el segundo juzgado penal supraprovincial de Lima decide archivar el caso de Jaime Ayala, por considerar que Alvaro Artaza está muerto. Además, archivó el caso de otros 12 detenidos desaparecidos y por la ejecución extrajudicial de 50 personas enterradas en las fosas de Pucayacu, que también implican a miembros de la Marina. Curiosamente, un marino es Primer Vicepresidente de la República.

¿Hasta cuando se seguirá produciendo esta impunidad?

MAS SOBRE EL TEMA:
La República: Juez archiva denuncia por la desaparición de periodista Ayala.
Comisión de la Verdad y Reconciliación: La Desaparición del periodista Jaime Ayala (1984)