LA DEL ESTRIBO


Nuestro comentario final del 2006

Ya se que en estos momentos nos encontramos en esa etapa retratada en la película Madeinusa y que conocemos como “tiempo santo, tiempo santo”. Pero quizás sea pertinente dar una última mirada hacia atrás en el calendario transcurrido y preguntarnos que lo que hicimos como nación y lo que dejamos de hacer.

FRAGILIDAD INSTITUCIONAL

En lo que se refiere a institucionalidad democrática, ciertamente fue un gran logro evitar que una alternativa autoritaria se consagrara como ganador de las elecciones presidenciales. Con los bemoles y críticas constantes que he hecho desde esta tribuna, no niego la legitimidad del triunfo de Alan García y su respeto – hasta este momento – de la Constitución.

Sin embargo, nuestra situación institucional sigue siendo para no reirse.

Ciertamente, Ollanta Humala es más un síntoma de que algo no estamos procesando bien en el Perú antes que una fuerza en sí misma, pero nos dio una clarinada en relación al descontento en varias zonas de nuestro país. También fue preocupante que el fujimorismo lograra introducir 13 congresistas, pero al mismo fue aliviante ver que su mentada fuerza nacional no era tal, como se demostró en las elecciones regionales y municipales.

Lo cierto es que en el Perú la atomización es preocupante. Como lo ha calificado Fernando Tuesta, no nos encontramos ante una crisis de los partidos. Una situación de archipiélago partidario que dura más de una década y media ya no es una crisis, es una situación permanente en el sistema político peruano que nos llama a preocupación. El APRA sigue siendo el principal partido nacional, pero ciertamente está debilitado y su derrota en el norte del país en las elecciones regionales lo comprueba. El horizonte del PPC y Unidad Nacional no pasa más allá de Ancón, Pucusana y Chosica. Las izquierdas no se han podido recomponer y sus votos han sido tomados por los outsiders de turno. Los resultados electorales deben llamar a los partidos a reflexionar sobre cómo ubicarse a la cabeza de las demandas y necesidades de la población y a ser conscientes que ya no son los únicos canales de representación y transmisión de inquietudes en la sociedad.

El otro tema preocupante en lo que respecta a nuestras instituciones es la poca vocación de reforma que parece acompañar a los tres poderes del Estado. Antes que planes serios de reestructuración y reforma institucional, se obedece a golpes de efecto o de manera reactiva frente a problemas coyunturales. Es claro que el gobierno carece de una vocación reformista y que sólo pretende administrar el estado actual de las cosas:
– En lo que se refiere a administración de justicia, recién en noviembre comenzaron a discutirse las propuestas de reforma constitucional y legislativa recomendadas por CERIAJUS en 2004, lo que, a pesar de la demora, es una buena noticia. La implementación paulatina del Código Procesal Penal en Huaura comienza a rendir frutos, por lo que se requerirá mayor presupuesto y voluntad para llevar adelante el proceso en todo el país. Se logró una mayor apertura en la elección del Presidente del Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Judicial no acusó de manera más decidida el golpe de ver a un vocal supremo vender su conciencia por 400 soles. En lo que se refiere a la Justicia Militar, no se cumplió con la sentencia del Tribunal Constitucional para su reforma, aunque el TC emitió un fallo reciente que especifica que las violaciones a los derechos humanos no se encuentran dentro de su competencia. A ello se suman los nombramientos poco adecuados en el Ministerio de Justicia, comenzando por la titular del sector, primera candidata a dejar el cargo.
– Allan Wagner es el único ministro con iniciativa reformista en García II. La búsqueda de un nuevo perfil administrativo en el sector Defensa se ha convertido en la tarea principal del ministro: la reestructuración administrativa del sector con base a la adopción de políticas de gestión por resultados, transparencia y rendición de cuentas; la reestructuración del comando del Ejército luego de serias acusaciones de corrupción y la voluntad de medidas de fomento de confianza mutua con los países vecinos se encuentran en los aspectos positivos.
– En el sector Interior la situación es más preocupante. La seguridad ciudadana fue percibida como uno de los problemas más importantes, sin que se elaborara una estrategia que fuera más allá de lo meramente represivo y no contar con una política penitenciaria que fuera más allá del encierro de delincuentes en las cárceles. A ello se suma la falta de coordinación entre los gobiernos locales y la Policía Nacional. El Plan de Reestructuración de la Policía Nacional elaborado durante el gobierno de Toledo sigue durmiendo el sueño de los justos. A esta situación se añadió, a finales de año, la preocupación por no contar con una estrategia clara para derrotar a los remanentes de Sendero Luminoso, luego del asesinato condenable de 8 personas en la zona del VRAE.
– En lo que se refiere a diseño estatal, desde círculos académicos se viene empujando la idea de ir hacia una organización y reforma estatal que vaya más allá de la mera eficiencia como paradigma de la reconstrucción de un Estado que ha sido incapaz de atender las demandas básicas de la población y desarrollar un sistema político más inclusivo. Sin embargo, hasta ahora nuestros políticos continúan en la bizantina discusión sobre si volver a la Constitución de 1979 o convocar a una Asamblea Constituyente.

DERECHOS HUMANOS, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Donde parece que las cosas no van tan bien es en los temas vinculados a la lucha contra la impunidad en materia de derechos humanos y corrupción. Ciertamente, el gobierno de Alan García aun sigue sin establecer un rumbo más claro en relación con estos temas, debido a la falta de consenso en su seno sobre que hacer con ellos.

En lo que se refiere al tema anticorrupción, sigue sin consolidarse una entidad estatal preventiva que dicte políticas destinadas a prevenir las prácticas de corrupción en el aparato gubernamental y en los ciudadanos. Para desviar la atención sobre los casos pendientes de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se nombra un procurador para investigar a Alejandro Toledo que señala que éste fue más corrupto que Fujimori. Dicho lo cual, sí consideramos como una buena noticia la apertura del proceso por la fábrica de firmas de Perú Posible, para que se puedan determinar las responsabilidades reales en este caso.

El jefe de los procuradores, Moisés Tambini del Valle, tiene serias acusaciones en su contra, por vinculaciones con el narcotráfico y por ocultar una investigación sobre el vicepresidente Luis Giampietri. Sobre la extradición del ex dictador Alberto Fujimori nadie en el gobierno se pronunció, hasta que el prófugo dio una declaración en que pretendía involucrar a AGP en los casos del Grupo Colina y cuando se emitieron las sentencias de la Corte Interamericana sobre violaciones a los derechos humanos en los casos La Cantuta y Castro Castro. Sin embargo, queda clara que no hay una voluntad meridianamente clara de seguir apoyando al puñado de jueces y fiscales que, con valentía, honradez, conocimiento y pocos recursos sigue enfrentando a los peces gordos de la corrupción.

En materia de derechos humanos, la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos duerme el sueño de los justos en el Despacho Presidencial. En lo que se refiere a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Presidente del Consejo de Ministros y la Defensora del Pueblo han sido los más activos en ello. La CMAN, entidad encargada de hacer realidad las recomendaciones, ha regresado al ámbito de la PCM, mientras que se creó el Consejo de Reparaciones destinado a crear el Registro Único de Víctimas. La Defensoría del Pueblo se encargó de hacer el mejor seguimiento a la judicialización de los casos de derechos humanos – que tuvieron luces (como las sentencias a la cúpula de Sendero Luminoso y a los responsables de la desaparición de Ernesto Castillo Paez) y sombras (como la desigualdad en la defensa legal dada por el Estado o el archivamiento del asesinato del periodista Jaime Ayala) – y reinauguró la muestra fotográfica Yuyanapaq. RENIEC y el Ministerio de Salud, con sus programas de regularización de la identidad y salud mental, respectivamente, junto a los gobiernos regionales, también han hecho lo suyo.

Sin embargo, el clima de intolerancia frente a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, lucha contra la corrupción, reforma institucional y defensa del medio ambiente se hizo patente durante este año desde dos flancos principales. El primero, el mediático, encabezado por los diarios Expreso, La Razón y Correo, quienes han emprendido una campaña sistemática por desacreditar a estas organizaciones vinculándolas con Sendero Luminoso, como millonarios sin derecho a criticar o con deseos de controlar políticamente algunas organizaciones estatales, sin presentar pruebas de sus acusaciones. El segundo, el político, donde las bancadas del APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo impulsaron una inconstitucional ley para controlar a las organizaciones no gubernamentales, con el pretexto de generar mayor transparencia en entidades que cumplen con todos los controles estatales y los impuestos por las agencias cooperantes del exterior. A ello sumémosle el ánimo mortícola del Presidente de la República, que busca solucionar problemas de seguridad aplicando la pena capital.

A ello se suma el seguimiento del que fuera objeto el sacerdote Marco Arana y los miembros de la ONG Grufides, hecho que nos recuerda a las épocas de Montesinos y que deberá esclarecerse su autoría. En lo que se refiere a este punto, además, aún no se concreta la creación de una autoridad ambiental independiente y mecanismos de solución de conflictos que vayan más allá de la mediación de los ministros de Estado.

LA EXCLUSION: EL GRAN TEMA DEL AÑO

Pero si hubo un tema que ha marcado la discusión política y social del presente año – y esperemos que de los siguientes – es la conciencia de las desigualdades sociales, políticas y económicas existentes en el Perú: en suma, de una exclusión que es perjudicial a la democracia, a la estabilidad social y al bienestar económico que tanto ansiamos.

Si bien, por primera vez en muchos años, el Perú ha tenido cinco años de crecimiento económico sostenido y diversificado y una transferencia política ordenada, nos comienza a quedar claro que estamos en un país injusto en el que el mero crecimiento económico ya no basta. Las recetas del llamado Consenso de Washington fueron necesarias para ordenar la casa, pero no para que los beneficios de la economía social de mercado llegaran a todos.

La puerta no ha sido tocada por políticos y empresarios. Más bien, el miedo los hizo reflexionar luego que 47% de la población electoral optara por Ollanta Humala en la segunda vuelta electoral. La última CADE fue síntoma de ello, pero cabe preguntarse si la misma clase política y empresarial que atacó (y ataca) virulentamente a la CVR por mostrar un diagnóstico que nos saltó a la cara será capaz de sostener en el tiempo este tema como preocupación y horizonte de las políticas públicas.

Sin embargo, no notamos en el gobierno aún signos de ir en esa dirección. Ciertamente que el óbolo minero puede contribuir en algo, pero sigue siendo algo de coyuntura por el alto precio de los minerales internacionales y una transacción para no hacer lo que un gobierno en cualquier parte haría – subir los impuestos – sin horizonte de futuro. Se carece de una fecha para el inicio de la implementación de un Centro de Planeamiento Estratégico que nos permita fijar políticas de largo aliento. En salud y educación los logros son más bien pobres y las acciones anunciadas se muestra más hacia el fuego artificial propio de estas fechas antes a medidas concretas. El gobierno parece impulsar un proceso de llegar de manera directa a los pobres, pero sin pasar por un proceso de descentralización, fiscalización y desarrollo de capacidades, con miras a la fotografía de rigor y a la portada del día siguiente, lo que te da réditos en el corto plazo pero sigue prolongando el drama de un país que seguirá votando antisistema si es que no percibe cambios de fondo.

COLOFON

Panorama complejo, con razones para creer, pero también para desconfiar. En este tiempo de reflexión será necesario que todos los peruanos – comenzando por quienes dirigen nuestros destinos – asumamos la parte de responsabilidad que nos toca. Desde este pequeño espacio seguiremos bregando para que así sea.

PD: Esta columna regresa el 3 de enero, fecha de nuestro segundo aniversario.

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